CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (131)

Con el propósito de fortalecer el marco legal para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y establecer el acoso sexual como delito, y garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, las diputadas Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva, y María Ester Alonzo Morales (PRI), impulsan una iniciativa de modificaciones al Código Penal Federal.

 

El documento, que analiza la Comisión de Justicia, busca asegurar para las mujeres la protección del derecho penal y no estén expuestas a la discriminación.

 

Señala que el hostigamiento y el acoso son delitos sexuales que afectan el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y son obstáculos para el goce y ejercicio integral de sus derechos humanos. La violencia ejercida, en gran medida, contra mujeres transgrede su derecho a una vida libre, restringen su desarrollo, coartan su libertad y menoscaban su dignidad.

 

Falta mucho por hacer para que el sistema jurídico mexicano proteja y garantice integral y plenamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

 

Consideran responsabilidad de los legisladores sentar las bases de la igualdad y crear condiciones legales e institucionales para que mujeres y niñas ejerzan todos sus derechos libre, plena e igualitariamente.

 

En la actualidad, el tipo penal para el hostigamiento sexual presenta insuficiencias para sancionarlo de manera adecuada, porque condiciona a una ejecución reiterada, a intención lasciva y al daño que cause, cuando debe castigarse por su simple comisión, no por los motivos, por cuántas veces ni por los efectos que ocasione. 

 

La iniciativa sostiene que es obligación del Estado proteger el derecho a la libertad sexual, al libre desarrollo de la personalidad y a una vida libre de violencia, que son afectados por estas conductas.

 

Propone que el hostigamiento y acoso sexuales sean delitos instantáneos, cuya consumación se agote cuando se realice, “y basta con que suceda una sola vez”.

 

Respecto al acoso sexual, el Código Penal Federal no contempla sanciones para personas agresoras que no tienen relación jerárquica con la víctima, que representa una importante omisión, si se considera la elevada incidencia de esta conducta; de ahí la importancia de incorporarla como delito.

 

La reforma al artículo 259 Bis plantea que comete el delito de hostigamiento sexual aquella persona que valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación realice uno o más actos lascivos o de connotación sexual a otra persona, sin su consentimiento.

 

Propone que sea sancionado con hasta 800 días de multa y la misma pena en el artículo 259 Ter, donde establece que comete el delito de acoso sexual quien realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva contra otra persona, sin su consentimiento, en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

 

De aprobarse esta reforma, cualquiera de estos dos delitos prescribiría en tres años a partir de la fecha de su comisión; si la persona acosadora u hostigadora fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.

 

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PT) planteó exhortar a la Secretaría de Salud para que haga del conocimiento público los diagnósticos, estadísticas, estrategias y medidas realizadas sobre prevención de embarazos en adolescentes. Asimismo, establezca un plan emergente de salud con transversalidad institucional, visión integral, amplia e incluyente del problema.

 

El punto de acuerdo que analiza la Comisión de Salud para dictamen, señala que este fenómeno demanda una atención emergente por parte del gobierno, autoridades del sector y diversas instancias institucionales encargadas de proveer información y difusión para la población entre 15 y 19 años de edad.

 

Este tema es asunto de Estado, minimizarlo es negar el derecho a los jóvenes de aspirar a un futuro y a un presente con dignidad y seguridad social.

 

Evaluaciones y datos recientes revelan el crecimiento de casos de embarazos no deseados en adolescentes; producto de la desinformación, pobreza, bajos niveles de educación y violencia sexual, que dibuja un diagnóstico desalentador para un sector que está bajo riesgos y amenazas latentes.

 

El documento agrega que información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en 2016 nacieron 399 mil 140 niños de mujeres menores de 20 años, equivalente a 17.4 por ciento del total en el país. Asimismo, cifras del Consejo Nacional de Población indican que de una población de 124.7 millones de habitantes, cerca de 22.2 millones son adolescentes, de entre 10 y 19 años de edad. Advirtió que en los años recientes se observa una desaceleración de la cobertura y uso de métodos anticonceptivos.

 

México encabeza la lista de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta de embarazos en jóvenes. Que, de acuerdo a este organismo internacional en promedio se atienden mil 252 partos  de este grupo de la población.

 

Ante los esfuerzos transversales y gubernamentales por inhibir los embarazos en el país, las cifras arrojan resultados que evidencian las fallidas estrategias o las medidas insuficientes para contener un fenómeno social, que modifica y altera los procesos biológicos, sociales, económicos, educativos y culturales de los jóvenes en México al asumir responsabilidades prematuras.

 

Recordó que en 2015 se estableció la estrategia nacional para la prevención, donde participaron alrededor de 10 instituciones como los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Nacional de las Mujeres, Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Población, entre otras, para, de forma interinstitucional, paliar el grave problema público.

 

Sin embargo, añade el punto de acuerdo, los resultados no fueron los deseados porque las cifras se incrementaron.

 

Las acciones para combatir este desafío son fallidas. En tal sentido, urge que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, oriente sus esfuerzos de forma transversal para inhibir este fenómeno de salud pública.

 

  • Necesario, crear conciencia entre la sociedad sobre este trastorno: Hernández Pérez

 

El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) planteó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a establecer programas de capacitación para el personal docente y administrativo, con el fin de incorporar al sistema educativo a niñas, niños y adolescentes con condición de espectro autista.

 

Asimismo, propuso que se realicen campañas inclusivas dirigidas a los padres de familia y alumnos, con el objetivo de erradicar la estigmatización.

 

También solicitó que la Secretaría de Salud  emprenda campañas de concienciación social sobre el autismo, a fin de lograr un mejor conocimiento que contribuya a la inclusión de estas personas.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que uno de cada 160 niños tienen un Trastorno del Espectro Autista (TEA), y que este comienza desde su infancia prolongándose hasta la adolescencia y vida adulta; se sabe que algunas personas pueden vivir de forma independiente, pero que existen otras que sufren un mayor número de discapacidades, lo que ocasiona que requieran de una constante atención.

 

El legislador señaló que entre los síntomas o señales que permiten detectar una persona con autismo se encuentran repetir constantemente las mismas palabras y otras ciertas conductas; tener demasiado interés en cosas u objetos; poco contacto visual; no escuchar a las personas; interés prolongado en ciertos temas o detalles; demora al responder interrogantes; dificultad para seguir una conversación, y problemas para comprender el punto de vista de los demás, entre otras.

 

Dijo que un tercio de las personas con autismo no se comunican de manera verbal, es decir no hablan; el 31 por ciento de los niños con este trastorno poseen una discapacidad intelectual que les dificulta la vida cotidiana; aproximadamente 28 por ciento registran comportamiento de autolesión. Mientras que  7 por ciento suelen ser afectados por depresión, y en los adultos en un 26 por ciento.

 

“Quienes viven con  espectro autista no tienen una enfermedad sino una condición y la única diferencia es que ellos procesan la información que reciben de una forma distinta, pues sus sentidos son mayores a los de una persona regular”, comentó.

 

Indicó que las familias de las niñas, niños o adolescentes con este trastorno enfrentan situaciones difíciles ante la sociedad, pues la mayoría de estos infantes no tiene rasgos físicos respecto de esta condición, lo que hace que la gente no se pueda percatar a simple vista de su estado y mucho menos sabe cómo interactuar o ayudarles ante una posible crisis. “Esto sucede debido a la poca información que existe, que en ocasiones hace que estos niños sean blanco de bullying”.

 

“Quienes tienen hijos que padecen esta condición, argumentan que no hay escuelas públicas incluyentes o que con medidas y estrategias para educar a estos infantes, porque las escuelas regulares y su personal no están capacitados para atenderlos y, en caso de recibirlos, no les instruyen o los tienen aislados”.

 

Por otro lado, las academias privadas piden a los padres que los menores asistan con una maestra “sombra”, lo cual hace que los costos se multipliquen más o, incluso, que no puedan ser costeables.

 

Hernández Pérez expresó que los familiares refieren que faltan instituciones públicas en materia de salud que brinden apoyo a los niños que viven con autismo, ya que todo se ha concentrado en capacidades diferentes o especiales, pero a la hora de buscar específicamente este espectro, no hay personal capacitado que brinde apoyo para que estos niños sean incluidos en la sociedad de forma asertiva.  

 

El documento, turnado a la Comisión de Educación, señala que es importante considerar que los niños con condiciones diferentes deben tener alternativas que les permitan ejercer sus derechos humanos a la salud y a la educación.

 

Asimismo, tener oportunidades en igualdad de condiciones que una persona regular, como asistir a una escuela pública con inclusión social.

 

 

México tiene el mayor número de especies de cactáceas en el mundo y su gran reserva de flora y fauna silvestre es motivo de orgullo y admiración, pero también botín fácil para saqueadores internacionales, coleccionistas que pagan miles de dólares por una de estas plantas sin importar poner en riesgo la existencia de los ejemplares, denunció Armando Contreras Castillo, diputado de Morena.

 

        Precisó que expertos de la Universidad Autónoma de Chapingo denuncian que Japón, Corea y Tailandia buscan patentar las cactáceas mexicanas ante el “boom” que ha surgido en torno a ellas. Existen alrededor de mil 400 especies en el mundo, 669 son de México y 518 endémicas.

 

        En los desiertos de Chihuahua y Sonora, así como algunos valles de Hidalgo y Querétaro se ubica el 60 por ciento de los géneros de México;  25 por ciento son propios o exclusivos del país; en la región de Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca existe una gran diversidad de cactus. En Nochixtlán, en la región de la Cañada, en Cuicatlán, en Teotitlán y en la Región mixteca alta, Oaxaca, ya casi están en extinción.

 

        En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), establezcan un cerco en las zonas de reserva donde se encuentran las cactáceas y sus similares, con el fin de evitar saqueos masivos y llevar a cabo acciones eficientes y eficaces en las aduanas del país.

 

        México, dijo, es un país donde casi la mitad de su territorio es árido o semidesértico, posee más de la mitad de las casi dos mil variedades de cactáceas y suculentas registradas ante la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

 

        Contreras Castillo relató que las leyes mexicanas declaran ilegal la sustracción y comercio de especies endémicas, que sólo se reproducen en las zonas donde fueron descubiertas. La vida silvestre de México está protegida por la Ley General de Vida Silvestre y bajo una norma oficial de la Semarnat. La protección de las cactáceas está dividida en tres niveles: en peligro de extinción, amenazadas y bajo protección especial.

 

        Sin embargo, y a pesar de leyes y convenios, “el país es blanco fácil del comercio ilegal internacional. Europeos y asiáticos son señalados como los principales saqueadores. Los traficantes burlan sin problema los acuerdos internacionales de cactáceas y comercian incluso con las semillas de las especies. Al tener una biodiversidad tan rica y tan exquisita, eso atrae a gente de todo el mundo, lamentablemente a favor de la depredación”.

 

        Es difícil cuantificar la cantidad de plantas extraídas ilegalmente “ya que siempre hay contacto mexicano, no son solo los extranjeros. Se necesita el contacto que conozca las especies y el lugar para luego extraerlas como sucede con la dudleya que son flores, la bertoli, estequio valdes o mamidalia. Estas, son preciadas por su material genético”.

 

        El diputado de Morena consideró necesario proteger esta riqueza natural porque una ley que decreta zonas de reserva no es suficiente, porque si bien no se puede tocar la planta no existe un papel que supervise que se cumpla esta orden.

 

        Se requiere de personal calificado de la Semarnat y Profepa, así como coordinación con universidades agrónomas para supervisar el saqueo ilegal y preservar la vida de estas plantas, que ya están consideradas en peligro de extinción, dado que desde hace años es una “moda” tener en las casas este tipo de vegetaciones por su naturaleza rara y peculiar.

    Por Nancy Rodríguez

La diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) propuso incorporar en la legislación el derecho de las niñas y niños menores de cinco años a recibir servicios de intervención temprana, interacción oportuna, terapias del lenguaje, nutrición y escuela para padres, con el objetivo de garantizar su desarrollo.

 

A través de una iniciativa de modificaciones a las leyes generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la legisladora propuso establecer servicios garantizados durante la primera infancia mediante políticas públicas, programas, apoyo y fortalecimiento para el desarrollo integral de niñas y niños en sus primeros cinco años de vida.

 

El documento, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, indica que, según el último censo, en 2015, la población de menores de entre cero y 5 años de edad, era de 12 millones 713 mil, lo que equivale a 10.6 por ciento de la población total; 51 por ciento, niños y 49 por ciento, niñas.

 

Refiere que es obligación del Estado garantizar el interés superior de la niñez y velar por su derecho al desarrollo integral, lo cual tiene carácter prestacional en la medida en que conlleva obligaciones positivas de los poderes públicos, por lo que debe proporcionar el servicio a las y los infantes.

 

Además, precisa que madres, padres de familia y, más adelante, educadores, deben brindar un buen ambiente para despertar el potencial de las y los pequeños. “Con esto lograremos, en el futuro, niñas y niños más seguros, audaces y capaces de alcanzar la satisfacción de sus necesidades con aprendizajes significativos”.

 

Los avances en la investigación sobre la interacción oportuna en el desarrollo integral infantil han permitido que no se vea como simple objetivo de política pública, sino un derecho del que todos puedan disfrutar. Por ello se deben establecer dispositivos e instituciones para hacerlo realidad.

 

La diputada Mónica Bautista refirió que es indispensable apoyar a las niñas y niños desde el nacimiento para llegar al máximo de sus capacidades y potencialidades, a fin de brindarles un futuro donde todos tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

 

La iniciativa propone incluir la fracción XVI Bis al artículo 4 de Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para definir como primera infancia, la etapa de la vida que abarca de los cero a los cinco años de edad, decisiva en el desarrollo de las capacidades, físicas, intelectuales y emotivas de cada infante.

 

Agrega el párrafo segundo al artículo 43 del mismo ordenamiento, con el propósito de incorporar que durante esa etapa, las niñas y los niños tienen derecho a la detección oportuna, tratamiento y reforzamiento en el monitoreo de sus capacidades físicas, cognoscitivas y emotivas.

 

Finalmente, plantea adicionar el párrafo segundo y las fracciones I a VI al artículo 9 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y estipular los servicios que se deben brindar a niñas y niños en los primeros cinco años de vida.

 

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar implante una estrategia que permita a hijos de madres recluidas en centros de reinserción social, acceder a programas de apoyo.

 

        Plantea que las secretarías de Salud y de Educación Pública refuercen la atención y acceso a la salud de estos menores y a una enseñanza de calidad, facilitando la validación de los centros de Desarrollo Infantil.

 

        Se pide a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la de Economía, que impulse medidas de apoyo para que mujeres en condiciones de internamiento en los centros de Readaptación Social Femenil reciban capacitación en materia laboral que les permita generar una fuente de ingresos a pesar de encontrarse en esta condición.

 

        La legisladora refirió que existen 16 centros femeniles estatales donde se encuentran 3 mil 284 mujeres; uno federal que alberga 4 mil 441 reclusas, y 75 centros mixtos en los que se localizan 5 mil 264 mujeres, dando un total de 9 mil 705 mujeres privadas de su libertad censadas en 2017. En 60 centros de Readaptación Social Femenil, se ubican 444 niñas y niños que viven con sus madres.

 

        La mayoría de las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales, de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”, que podría caracterizarse como una de las razones para que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, al no contar con recursos para solventar los gastos que representa su atención.

 

        Las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben ser excluidos de sus derechos, libertades, ni pueden ser discriminados por ningún motivo.

 

        Loya Hernández mencionó que el estudio “Menores que viven con sus madres en los centros penitenciarios”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que niñas y niños que viven en las prisiones, no lo hacen en condiciones de dignidad, carecen de las mismas necesidades básicas que sus progenitoras; no son considerados en el ciclo de las políticas públicas; se desconoce si tienen un acta de nacimiento y no reciben atención médica de calidad.

 

        De acuerdo con un estudio publicado por Reinserta AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres, sobre el Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, lo que más solicitaban las mujeres es: leche, pañales, servicio médico, medicinas, alimentos, fuentes de trabajo, ropa, guarderías, visitas más seguidas y largas, juguetes, espacios especiales para que duerman los menores, talleres, mejor trato de las custodias hacia los pequeños y apoyo legal.

 

        Según dicho estudio, el 30 por ciento de las mujeres considera que recibe alimentos suficientes para las necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34 por ciento los considera insuficientes y el 36 por ciento no respondió a esta pregunta.

 

        El tema de salud para hijas e hijos de madres en prisión, “es muy delicado”, pues “el 58 por ciento de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34 por ciento no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que no, 13 por ciento no sabe por qué; 13 por ciento no tiene acceso a vacunas; 50 por ciento mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 25 por ciento por otra situación.

 

        Cuando los menores se enferman, el 40 por ciento recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; el 13 por ciento afuera; el 12 por ciento no recibe; el 34 por ciento no respondió y el 1 por ciento dentro y fuera, esto en virtud de que algunos salen temporalmente con algún familiar, sin embargo son muy pocas las que tienen el apoyo.

 

        Asimismo, el 39 por ciento recibe las medicinas sin costo; 35 por ciento lo consigue en el mercado negro; 15 por ciento las tiene que buscar por otro medio; el 7 por ciento a través del centro penitenciario pero las pagan y el 4 por ciento otra.

 

        La diputada aclaró que si bien, el análisis presentado por Inmujeres, sobre los 11 centros de Readaptación Social, no refleja una generalidad, es una muestra de la tendencia de una pequeña parte de la población femenil carcelaria; “esto nos da la pauta para incidir en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en estas circunstancias”.

 

        Consideró que los infantes deben ser atendidos mediante una estrategia y esfuerzo coordinado de las dependencias de la administración pública federal, que garanticen además los principios del interés superior de la infancia. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

El diputado Lenin Nelson Campos Córdova (PRI) propuso exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a que, en coordinación con las entidades federativas, fortalezca las acciones para promover los derechos de las personas adultas, con el propósito de prevenir la discriminación y exclusión social.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) el 27.9 por ciento de esta población ha sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados debido a su edad; 40.3 por ciento describe como sus problemas principales, los económicos; 37.3 por ciento refieren las enfermedades, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9 por ciento las dificultades laborales.

 

El Conapred señala que al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la gran parte de las personas mayores depende casi por completo de su familia o de los programas sociales, pero allí también experimentan discriminación. En ocasiones, son considerados como “una carga” por sus familiares y en consecuencia  se les maltrata, abandona o invisibiliza.

 

El legislador indicó que, desafortunadamente, las personas discriminadas y excluidas ven violentados sus derechos fundamentales y su dignidad, lo cual los orilla al aislamiento, a vivir con violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

 

Dijo que los adultos mayores constituyen uno de los sectores de la población más vulnerable, ya que todas sus capacidades se ven reducidas en gran medida por el paso del tiempo, afectando su condición física y mental, lo que influye de manera directa en el desarrollo de sus actividades diarias.

 

Consideró que es imperativo garantizar los derechos fundamentales de todas las personas mayores, así como continuar trabajando en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, creando redes de protección de las personas mayores para hacer efectivos sus derechos.

 

“Los retos son mayúsculos, ya que a pesar de que existe un número importante de disposiciones en las que se reconoce la igualdad de oportunidades, sus garantías se ven restringidas; por ello, el Estado mexicano debe seguir impulsando políticas públicas tendentes a incrementar las oportunidades para que los sectores más vulnerables ejerzan su derecho a desarrollarse de manera plena”, agregó.

 

Comentó que erradicar la discriminación y la exclusión social constituye un principio indispensable declarado en todos los tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos, de los cuales México ha sido signatario e importante promotor.

 

Sin embargo, en nuestro país aún existen personas que día a día son víctimas de esta práctica, ya sea por su origen étnico, edad, sexo, discapacidad, condición social o económica, condición de salud o preferencias sexuales; por ello, es necesario trabajar en este tema.

 

El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, plantea necesario que el Conapred realice las campañas encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de las personas mayores en todo el país y hacer valer sus derechos.

 

 

El diputado Armando Contreras Castillo (Morena) promueve exhortar al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) a que lleve a cabo acciones para la promoción y venta de artesanías mexicanas indígenas en el extranjero y en el ámbito nacional.

 

También que las secretarías de Cultura y de Turismo extiendan sus invitaciones de gobiernos extranjeros, a los artesanos nativos, a fin de que participen en foros y exposiciones nacionales e internacionales con la finalidad de promocionar y vender artesanías mexicanas.

 

En la escala internacional, las artesanías mexicanas tienen un gran reconocimiento y valoración, por ser productos que manifiestan la diversidad cultural de una sociedad, lo que ha permitido al sector, convertirse en un atractivo mercado con potencial de crecimiento.

 

 Los principales destinos de exportación de artesanías son Australia, Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos e Italia.

 

En México hay  62 etnias y cada una de ellas tiene sus características de arte popular. El origen de las artesanías proviene de las zonas rurales, gracias a que los trabajadores han aprovechado los recursos naturales de su región, como el barro, madera, textiles, talavera, cobre, entre otros, para crear sus diseños.

 

El legislador señaló que las mercancías elaboradas  a base de plata, ónix, barro, madera, cerámicas y los cuadros prehispánicos, así como las telas hechas a mano, son las que tienen mayor participación en el comercio internacional.

 

Indicó que la exportación de las artesanías mexicanas en los diversos mercados internacionales ayuda a incrementar la utilidad, además de fortalecer la economía de los creadores.

 

Dijo que aunque aún existen diversas limitantes para las exportaciones de estas artesanías que van desde la logística, calidad de los productos, así como las restricciones arancelarias del comercio exterior, las mercancías fabricadas por manos mexicanas representan una aportación valiosa en los mercados extranjeros.

 

Contreras Castillo manifestó que el comercio de estos productos mexicanos es privilegiado, debido a que tiene texturas y patrones tradicionales que han sido bien recibidos en zonas turísticas nacionales e internacionales.

 

El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía señala que es importante que las instituciones antes mencionadas,  sean los promotores de preservar la cultura artesanal ancestral de cada comunidad indígena, promoviendo sus productos en actividades culturales.

 

También tienen la tarea de fomentar foros y exposiciones artesanales en las distintas capitales del país,  para promocionar las piezas de las poblaciones indígenas.

 

El diputado José Salvador Rosas Quintanilla (PAN) planteó adicionar la Ley de Vías Generales de Comunicación, con el objetivo de que las concesiones de construcción caduquen por no presentar la autorización de manifestación de impacto ambiental prevista en la respectiva legislación, previamente al inicio de las obras y de explotación de estas vías.

 

        El legislador consideró que adicionar la fracción I del artículo 29 de esta ley es una forma pertinente para tener un control de la situación, evitar espacios de acción de quienes cometen actos de corrupción y realizar estudios que den seguimiento a los efectos de mediano y largo plazos de ciertos proyectos, considerando viabilidad y efectos como la prioridad para que se desarrollen con eficacia.

 

        Señaló que la falta de atención que tienen los estudios de impacto en periodos posteriores a la conclusión de la obra, denota una carencia en la comprensión de los efectos de estos proyectos en los procesos biológicos y sociales de los ecosistemas.

 

        Reconoció que la consideración ecológica en la elaboración de megaproyectos de infraestructura es obligación para las necesidades de los tiempos actuales. El desequilibrio existente en los ecosistemas debido a la actividad humana desregularizada “ha derivado en efectos que tomarán siglos de revertirse ante un escenario optimista, caracterizado por una deseable cooperación y pronta respuesta”.

 

        Subrayó que considerar la manera en la cual el marco normativo se aproxima al impacto de la actividad humana en el ambiente requiere de una legislación integral que, desde múltiples frentes, se haga cargo de sentar las bases para combatir prácticas que pudieran tener un buen propósito, pero con consecuencias que derivarían en pérdidas de mayor relevancia a las ganancias inmediatas.

 

        Mencionó que el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece que entre otras, las vías generales de comunicación necesitan autorización que otorga la Semarnat. Asimismo, el artículo 34 señala la obligación de la secretaría de realizar consulta pública para integrar las observaciones de los interesados a la manifestación de impacto ambiental.

 

        Respecto de los estudios de impacto social, agregó, “no es un procedimiento o requisito para los proyectos y obras en vías de comunicación”. Consideró que la manera en que se llevará a cabo debe ser detallada y no sólo mencionada en la legislación correspondiente.

 

        Adaptar los proyectos acorde a los condicionantes de los espacios geográficos y recursos disponibles debe de asumir protagonismo en la planeación actual y futura de los proyectos de infraestructura, enfatizó.

 

        Comentó que, a escala mundial, la inversión en megaproyectos representaba ocho por ciento del Producto Interno Bruto global, inversión que parece ir en aumento ante la apertura del mercado internacional a la inversión privada y pública de diversos países.

 

        Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se espera que el gasto necesario en proyectos de este tipo sea de 70 billones de dólares, lo que lo torna en un ámbito de interés para actos de corrupción a fin de sacar provecho de estos esfuerzos.

 

        “Una adopción de estándares de altísima calidad para el desarrollo de obras enfocadas a asumir sus efectos para la protección ambiental y social son propias de una nación aspirante a ser potencia, la cual necesita un marco normativo consistente y definido que determine un operar responsable de nuestras obras en favor del desarrollo”, puntualizó.

            Por Nancy Rodríguez
• La Cámara de Diputados sigue aprobando reformas transformadoras para el país: Mario Delgado.
 
La reforma en materia de democracia sindical y justicia laboral recientemente aprobada por la Cámara de Diputados, no sólo ofrece mejores condiciones para los trabajadores del país, sino que también es una buena noticia para los empresarios que ya no serán más extorsionados por líderes charros, sostuvo el diputado Mario Delgado Carrillo.
 
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena resaltó que la Cámara de Diputados sigue aprobando reformas de la mayor trascendencia y transformadoras para el país y en el caso de la laboral, el beneficio no sólo es para los trabajadores, sino también para los empleadores.
 
El legislador comentó que la reforma laboral permitirá mejorar las condiciones de todos los trabajadores mexicanos, quienes podrán elegir libremente a qué sindicato pertenecer y elegir democráticamente a sus dirigentes mediante el voto libre, directo, secreto y personal.
 
Pero además, cambiará para siempre su relación con los sindicatos y con los empleadores, ya que los contratos de protección negociados en lo oscurito también se van a terminar; de aquí en adelante, todos los contratos colectivos tendrán que ser conocidos, aprobados y votados por la mayoría de los trabajadores.
 
En ese sentido, reiteró, para los empresarios es una buena noticia ya que dejarán de ser extorsionados por esos líderes corruptos que han sido un obstáculo para que haya más inversión y nuevos empleos.
 
“Los sindicatos blancos, esos dirigidos por líderes abusivos, que nunca veían por los intereses de los trabajadores, pero sí por el interés de sus bolsillos, van a desaparecer”, dijo.
Mario Delgado destacó si bien la charrería es el deporte nacional del que todos nos sentimos orgullosos, “el charrismo sindical quedará desterrado para siempre en el México de la Cuarta Transformación”.
 
Asimismo, el legislador aseguró que el Gobierno y el Legislativo seguirán trabajando en la garantía de derechos para todos los trabajadores, tanto los que están contratados por el sistema outsourcing como los trabajadores agrícolas.
 
 
 
  • Disponibilidad por habitante disminuyó drásticamente; cerca del diez por ciento no tiene acceso: Zagal Ramírez

 

  • Necesario, crear nueva ley en la materia; la actual está “muy parchada”: directora general de Conagua

 

En la inauguración de la semana temática “Agua, saneamiento y conservación” en la Cámara de Diputados, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo expresó que este tema es fundamental para el país, pero desafortunadamente la corrupción ha llevado a tener muchos problemas de agua.

 

        “Si uno va a cualquier estado hay problemáticas y la disponibilidad que se tiene como país ha bajado dramáticamente; la explicación es única: la corrupción y una visión privatizadora que ha prevalecido en los últimos años”, afirmó el también coordinador del grupo parlamentario de Morena.

 

        Indicó que desde 2010 la Organización de las Naciones Unidas reconoció el derecho del agua potable y saneamiento como garantía humana esencial y la Constitución mexicana lo retomó en 2014. Desde ahí se intentó reformar la Ley de Aguas Nacionales, “pero se volvieron polémicas, porque aprovechando la iniciativa para hacerlo humano, siempre había visiones privatizadoras, las cuales afortunadamente no avanzaron”.

 

        Delgado Carrillo resaltó que ésta es la oportunidad de legislar en esta materia. El gobierno de la república está analizando el tema y preparando una iniciativa y también en esta Cámara hay esfuerzos para revisarlo, ya que es fundamental.   

 

        La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez (Morena) expresó que en México la disponibilidad de agua potable por habitante ha ido disminuyendo drásticamente, pues cerca del diez por ciento de la población no tiene acceso, siendo los estados más afectados Guerrero, Oaxaca y  Chiapas, mientras que en América Latina y el Caribe es del seis por ciento.

 

        Mencionó que la dependencia de este líquido es alta, pues va desde la generación de energía, industria y el desarrollo de la agricultura, siendo esta última la que usa casi 80 por ciento del recurso vital. “Todas estas actividades se han hecho de manera poco eficiente, lo que provoca que muchos acuíferos estén sobreexplotados y el número se incrementó considerablemente en las últimas cuatro década. Para 2015, el 16 por ciento de los acuíferos estaban sobreexplotados”.

 

        Externó su preocupación por la calidad, ya que se estima que en el ámbito mundial entre 85 y 95 por ciento del agua residual se descarga directamente a ríos, lagos y océanos sin recibir tratamiento previo. En México, sólo 31 por ciento del volumen generado en aguas industriales recibe tratamiento, pero cuando no reúne los requisitos de calidad puede ser vehículo de enfermedades diarreicas, “causa importante de mortalidad infantil en el mundo y en el país”.

 

        Zagal Ramírez precisó que en México, la última reforma en materia de agua se realizó en 2012, cuando se reconoció su acceso como un derecho fundamental; no obstante, esta modificación en los hechos no es efectiva, entre otras cosas porque la Ley de Aguas Nacionales es reglamentaria del artículo 27 constitucional y no del 4º; además se expidió en 1992, “por lo que presenta un atraso significativo a la realidad actual”.

 

        Mencionó que en la ley no permea el enfoque de derechos humanos ni de sustentabilidad. No existe una legislación que haga cumplir los principios del artículo 4º constitucional; es decir, “no hay cumplimiento eficaz del acceso, abastecimiento, disposición y saneamiento en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles. Además, existen múltiples vacíos y contradicciones normativas, así como problemas institucionales que impiden sostener que el agua es un derecho para todas y todos”.

 

        El manejo del líquido en el país, subrayó, no es adecuado, por lo que se requiere revisar legislativa y reglamentariamente sus problemáticas, como es el uso, calidad, conservación y aprovechamiento sustentable. Las dificultades que en la actualidad enfrenta, añadió, encuentran su origen en las deficiencias normativas que se han profundizado desde la emisión de la Ley de Aguas Nacionales.

 

        La diputada de Morena expuso que se debe revisar lo referente a la supervisión y vigilancia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la cual actualmente tiene una gran cantidad de atribuciones, a pesar de que en la norma se pretenda la descentralización.

 

        Se pronunció por analizar el actual diseño institucional de la política nacional hídrica: si está funcionando para conciliar las necesidades de todas las personas; si atiende la visión sostenible, ambiental, social y si el acceso es para todos. El compromiso, añadió, es revisar y, en su caso, transformar las normas que rigen a Conagua; crear un órgano que supervise su actuación y haga efectivo lo dispuesto en las normas.

 

        Precisó que el tema de la regulación de las aguas subterráneas es una de las deficiencias más grandes de la Ley de Aguas Nacionales, pues si bien hay distintas disposiciones sobre esta problemática, están dispersas, lo cual genera dudas y contradicciones al momento de su aplicación. “Para resolver este conflicto debemos generar un capítulo específico dentro de la ley para que agrupe las normas dispersas y se le dé debido sentido”.

 

        Con esta semana temática, añadió, se busca nutrir el articulado, con el fin de proteger el uso de las aguas subterráneas y generar los requisitos adecuados para su explotación;  también que la Ley de Aguas integre un capítulo que se aboque al funcionamiento, organización y efectividad de los consejos de cuenca, ya que sólo se determinan conceptualmente pero no hay atribuciones efectivas de su participación en la toma de decisiones; es necesario vincularlos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para optimizar su funcionamiento; esta semana se garantizará una ley completa que nos dé agua para todos.

 

        La diputada Claudia Martínez Aguilar (Morena) comentó que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se tiene un gran problema con la invasión en manantiales y contaminación; las concesiones a empresas refresqueras han provocado escasez de agua. Resaltó que todo el recurso va destinado a los sindicatos y en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), más del 60 por ciento de lo que ingresa es para sueldos y un porcentaje mínimo hacia mantenimiento y saneamiento del agua.  

 

        De la misma bancada, la  diputada Leticia Arlett Aguilar Molina señaló que el Cañón del Sumidero es emblemático para el estado de Chiapas; sin embargo, ha sufrido durante años la fuerte contaminación del Río Grijalva y “no es posible dejar que pase desapercibido”. Advirtió que en esta entidad el agua se está agotando, se sufre de escasez y este vital líquido es muy caro.

 

        También de Morena, la diputada Leticia Díaz Aguilar preguntó cuáles son las obras prioritarias que tiene contempladas Conagua para mitigar la escasez del recurso en la zona metropolitana del Valle de México y cuál es la necesidad financiera para estos proyectos. Comentó que en Iztapalapa hay una lucha constante por el agua y se adhirió a las propuestas de cómo coadyuvar a resolver esta problemática.

 

        La directora general de Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, dijo que es necesario crear una nueva ley general de aguas porque la actual está “muy parchada” y no es sencillo componerla. Su elaboración, agregó, no debe ser cerrada y tiene que empezar por acordar ideas principales.

 

        “México es de contrastes, por lo que se tiene que entender cuál es la situación del país para hacer una ley ad hoc sin copiar la de otras naciones. Es importante buscar una legislación que refleje la diversidad  de recursos naturales y culturales”.

 

        Durante su conferencia magistral “El agua en México: retos en la legislación y cumplimiento de la normatividad vigente”, puntualizó que la norma tendrá que basarse en los principios del derecho humano al agua, su concepción como recurso renovable, y tiene que haber una autoridad que defienda y asegure que todos cuenten con ella.

 

        Recomendó no privatizar los recursos ni el servicio y preservar el ambiente. Es necesario recuperar  el tema de que el agua debe pagar el agua, porque, agregó, “ésta genera recursos; sin embargo no van directo al sector; el dinero que se paga no se invierte en ello”.

 

        Es relevante mejorar la colaboración con los estados y municipios a nivel central; tener corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos; planear con justicia social porque a los que más se les ha quitado el recurso es a los pobres, añadió.

 

        En el tema de la administración, consideró importante lograr una técnica sustentable por cuenca y acuífero, así como fomentar la participación de usos y usuarios.

 

        Subrayó que los ejes rectores de la política nacional son avanzar en el tema de seguridad hídrica privilegiando la prevención, tener más y mejores servicios para la población, agricultura y todas las actividades productivas.

 

        Mencionó que Conagua no tiene atribución de definir quién es usuario. “En lo personal, el fracking o fracturación hidráulica no me gusta, pero si se decide que va a haber fracking, éste es un usuario y la Conagua le tiene que dar agua, por lo que la discusión de éste no debe estar en la ley”.

 

        Al mencionar los retos a los que se enfrentan, subrayó que la sobreexplotación de agua subterránea es un asunto grave en México y en el ámbito mundial debe ser atendido. “Hay varias cuencas en el país en donde hay veda absoluta y completa”.

 

        “Es prioritario atender la falta de eficiencia del saneamiento y la reutilización del líquido vital; tradicionalmente no se ha reconocido que el agua es un recurso renovable, de ahí la importancia de tener una autoridad clara y lo suficientemente fuerte para su manejo”.

 

        Hay que poner atención a la falta de cobertura adecuada para el suministro del sector hidro-agrícola. La seguridad  y mantenimiento de las presas, ya que no se atendió la infraestructura; hay 55 en estado de riesgo.

 

        No hay transparencia en la administración del agua, por lo que es necesario contar con un sistema en línea en donde se revise quién solicita una concesión y darle seguimiento para garantizar certeza jurídica, transparencia y evitar la corrupción, finalizó.

 

        La funcionaria consideró que la ley general de aguas debe coordinar tareas de Federación y estados, ya que el dinero del agua ni siquiera va a la Conagua, sino a Hacienda y, además el recurso de los derechos que pagan se regresa a los estados y municipios. “Lo que nos hace falta es la coordinación”.

 

        Estimó que es complicado recuperar el Lago de Texcoco porque es enorme; toda la zona representa prácticamente el área de Oaxaca y otra mitad más, entonces recuperar eso sería imposible. Consideró que sí se debería recuperar el Lago Nabor Carrillo que actualmente está al  40 por ciento, “muy costosa su operación y se está evaluando”.  

 

        El tema del aeropuerto, precisó, no es únicamente el lago, “el área de impacto es una zona tremenda”, por eso la Secretaría de Gobernación está coordinando la participación de cerca de 30 instituciones, entre ellas Conagua, para analizar el problema, cuantificarlo y establecer prioridades. “Componer todo va a ser muy difícil, pero hay que ir estableciendo prioridades junto con la comunidad”.   

 

        Mencionó que se trabaja en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México sobre las soluciones para Iztapalapa y refirió que la ciudad resolvió un presupuesto de  17 mil millones de pesos por parte del gobierno, “casi igual al de la Conagua”. Entonces, dijo, “creo que es ahorita cuando se va a resolver el problema” y tiene dos prioridades: tapar las fugas y darle agua a esta alcaldía.  

 

        En  tanto, Larisa Ortiz Quintero, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México, comentó que en la ciudad hay cerca de 160 pueblos originarios, 56 barrios y casi un millón de personas que se autoinscriben como indígenas y muchas comunidades todavía tienen sus territorios con mantos de agua y “tienen una gran presión por tratar de abastecer su propia necesidad y, al mismo tiempo, compartir en una gran urbe este líquido tan vital”.

 

        Planteó que Conagua se reúna con todas las secretarías de pueblos indígenas del país, incluyendo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para que sean facilitadores de las comunidades y que ellos expresen sus problemáticas y perspectivas.

  • Se reunió la titular de la Función Pública con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción 

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez, se reunió con la titular de la  Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien expuso a los legisladores la labor de la dependencia en favor de la transparencia y el combate a la corrupción e impunidad. 

Sandoval Ballesteros expuso que la ASF aprobó un programa anual de control y fiscalización de casi 3 mil tres auditorías, que se concentran en 25 programas prioritarios. “Es un mito que no vamos a fiscalizar nuestros proyectos, somos los más interesados en que los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador sean claros, transparentes y limpios”. 

“Vamos a concentrarnos en cuatro: El Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y proyecto Transístmico en Oaxaca”, comentó.

Detalló que se tienen más de 100 expedientes de evaluación patrimonial y de investigación por incompatibilidades patrimoniales; 68 constancias de inhabilitación y no inhabilitación, y más de una centena de audiencias por controversias concretas y directas en la administración pública federal”. 

Además, destacó, se abrió un expediente muy amplio, profundo y profuso de la estafa maestra, en donde el punto de partida fue Petróleos Mexicanos, que es donde más se concretaron abusos a universidades públicas y a la excepción de la licitación; es decir, cómo esas instituciones públicas de educación superior han sido utilizadas por defraudadores de la nación, estableciendo “convenios” para hacer corruptelas muy grandes. 

En Pemex, continuó, se concentraron convenios de producción y exploración y la lógica siempre fue la misma: instituciones poco conocidas a nivel internacional, sobre todo en el sureste, donde Pemex estableció acuerdos con universidades muy vulnerables, sin capacidades técnicas y donde, evidentemente, había servicios fuera del objeto de estas instituciones educativas, ausencia de entregables o, incluso, burlas a la fiscalización. 

“Sabemos por el análisis de los expedientes que muchos de los entregables costaban 20, 25, 30, hasta 40 millones de pesos, porque eran centenares de convenios, que eran documentos que sacaban de Wikipedia; además, había sobrecostos para las instituciones del Estado, desvíos claros a empresas fantasmas, pagos no justificados y falta de supervisión”. 

“Estamos haciendo un esfuerzo por analizar, desde nuestros órganos internos de control, el caso de Pemex y de todas las dependencias del gobierno federal; por ello, hemos creado un frente interorgánico para el análisis de la corrupción en la estafa maestra”. 

Agregó que en el plan anual de la SFP se contemplan realizar 950 auditorías y 50 visitas de control con recursos propios, con un nuevo diseño organizacional de sólo dos subsecretarías y órganos internos de control. Además, se efectuarán mil 813 auditorías más, a una gran diversidad de entidades de la administración pública federal, y a donde lleguen los recursos públicos en las entidades federativas. 

Informó que el 15 de marzo se concluirán los primeros 300 dictámenes financieros correspondientes a más de 150 entidades paraestatales. “Vamos a analizar 104 fideicomisos, mandatos y contratos análogos y también vamos a dar resultados de 220 dictámenes presupuestarios”. 

“También se atenderán observaciones que se hicieron en años pasados; es decir, que no hicimos nosotros, pero que estamos comprometidos a que se lleven a buen puerto, en términos de recoger el dinero que corresponde al gobierno, o sea reintegrarlo al erario público”. 

Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Óscar González Yáñez, enfatizó que la transparencia es un elemento que fortalece a la democracia y los ciudadanos; “mientras ellos tengan más conocimientos sobre los asuntos públicos van a tener más elementos para influir”. 

Subrayó que la SFP debe ser el área que ayude al pueblo de México a terminar con la corrupción y “nosotros seremos grandes aliados de ella”. Preguntó cómo ayudar a la dependencia para que tenga los elementos jurídicos necesarios para ir a fondo en el combate a la corrupción y la impunidad. 

Aclaró que “no legislamos para el Ejecutivo, pero tenemos que ser grandes aliados” porque los tres poderes están convencidos de acabar con la corrupción; “entonces, tenemos que ser grandes aliados, sin perder nuestra autonomía”. 

Sostuvo que “no coincido con el perdón y olvido, no estoy de acuerdo”, porque estimula a que vuelva a suceder. “Que quede claro que este país se está transformando”. 

Consideró que se debe avanzar en el tema de Odebrecht, ya que en países como Colombia, Perú y Brasil ya se ha hecho mucho en este caso y en México, nada.  Subrayó que el huachicoleo dañó a la sociedad con tanta ausencia de combustible. “Nos ha costado muertes y dinero y no hay personas detenidas, ni juicios y procesos”.  

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) expuso que el plan de la titular de la Función Pública es fundamental para la transformación del país, dado que dará mayor transparencia; por lo que desde esta Cámara se tendrán que hacer modificaciones al marco jurídico para tener un adecuado funcionamiento. 

Añadió que un tema medular del gobierno es el servicio civil de carrera con perspectiva de género; en ese sentido, cuestionó qué método o cómo se hará para que haya equidad en los cargos y cómo se va a combatir el acoso sexual. 

Gloria Romero León, diputada del PAN, consideró preocupante que de las investigaciones, observaciones y auditorías realizadas entre 2012 y 2016, donde hubo más de 45 mil sanciones a quienes incurrieron en irregularidades, apenas el uno por ciento se tradujo en sanción o destitución, y menos del dos por ciento en multa económica. “Eso hace que los mexicanos tengamos la percepción de que la corrupción se traduce en que no hay consecuencias para los  servidores públicos que incurren en algún tipo de desviación o irregularidad”. 

Preguntó si en el portal donde se va a transparentar, tanto la nómina como las empresas certificadas habría la voluntad de proporcionar información del estatus de cumplimiento de las resoluciones, pues eso ayudaría a evitar otra “estafa maestra” o “socavón”. Además,  celebró que las licitaciones serán en su mayoría públicas. 

Por el PRI, la diputada Ximena Puente de la Mora se congratuló con el mensaje de la transparencia democrática expansiva, las declaraciones patrimoniales tres de tres y el cambio de los funcionarios. 

También inquirió sobre el aumento de rubros de los 216 a 781 y quiénes estarían en esa obligación como funcionarios y servidores públicos, dado que permea a nivel federal, estatal y sobretodo en el ámbito municipal, en donde hay mucho por trabajar para tener mayor certeza de información. 

La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (Morena) indicó que en esta comisión se requiere conocer las acciones que la Secretaría de Función Pública implantará para combatir la corrupción y evitar que las cosas sigan como en las otras administraciones. 

La diputada sin partido, Luz Estefanía Rosas Martínez preguntó a la funcionaria cuál es su postura para otorgarle facultades al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que emita las recomendaciones vinculatorias y qué sugerencias haría para evitar la mala contratación en obra pública, toda vez que se está generando una ley en la materia. 

El diputado del PT, José Luis Montalvo Luna expresó que si bien una de las pretensiones de la Secretaría de Función Pública es crear un nuevo Código de Ética, también debe atenderse el principal reclamo de la ciudadanía al gobierno: sancionar a los corruptos y aquellos que desfalcaron al erario y se llevaron millones de pesos de las entidades  y municipios. 

Asimismo, requirió saber cómo intervendrá la dependencia para promover acciones, leyes, normas con perspectiva de género y en las denuncias en materia de acoso, el pago justo, entre otros asuntos que vulneran la igualdad. 

El diputado Rubén Cayetano García (Morena) se pronunció por cambiar la forma de hacer política y crear de la honestidad una forma de  vida. Resaltó la importancia de combatir a fondo a la corrupción y la  impunidad, y “hay que entrarle de manera responsable y con la verdad”. 

Preguntó cómo se evaluará toda la función pública “porque pareciera que existe una tremenda contraloría, pero hasta dónde llegan estas facultades y hasta dónde se permiten ser ejercitadas”. Además, cuestionó si en el ejercicio de su cargo hay algún conflicto de interés. 

Al dar respuesta, la funcionaria subrayó que la ASF firmó un convenio con la Fiscalía General de la República para coadyuvar en las investigaciones administrativas y sancionatorias que surjan. “Sí, le daremos cumplimiento a esta sed de combate a la impunidad que nos exige la sociedad”, aseguró. 

Sobre el acoso sexual, expuso que es una lacra en la vida pública, en la administrativa, en el Estado y en el gobierno. “Lo hay y existe la posibilidad de sancionarlo, frenarlo y poner un alto. No se trata nada más de piropos, sino de violencia; se agrede la dignidad de las mujeres”. 

Precisó que se buscará estudiar la posibilidad de aplicar las estrategias de cuotas cuando haya dos competidores en igualdad de méritos y evitar la discriminación en todas sus formas en el Servicio Profesional de Carrera. 

Sandoval Ballesteros dijo que habrá responsabilidad con la aplicación de lo que antes se llamaba tres de tres, y afirmó que ya se dialogó con los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción para darles a conocer este nuevo estatus. “No queremos que las prisas nos lleven a decisiones que nos compliquen y burocraticen más y meternos en una lógica sin fin de no cuidar los conflictos de interés”. 

La litis real de esto, añadió, “es que hay que controlar, prevenir y exigir el castigo o la resolución a los conflictos de interés que acosan toda la vida pública administrativa, por lo que si estas más de 780 entradas de los nuevos formatos no nos están ayudando a descubrirlos sino meternos en terrenos de la privacidad de las personas o de los funcionarios, pues no vamos a llegar muy lejos en este objetivo de coordinación anticorrupción”. 

Señaló que quienes estarían obligados a declarar son quienes manejan recursos públicos, posiciones de mando, responsabilidades de representación o de administración o ejecución de política pública, pero no los maestros, doctores, soldados ni la gente más vulnerable o la que ha sido realmente víctima de la corrupción. “No tiene que ser el chivo expiatorio de un sistema de simulación”.  

Destacó que el uso de las tecnologías es fundamental para el combate a la corrupción y coincidió que es primordial darle más facultades al Sistema Nacional Anticorrupción, porque en la actualidad sólo emite recomendaciones, ya que es una instancia de coordinación y no tiene el espíritu federalista. 

Precisó que ahora mismo se audita a los contralores internos de la dependencia. “Si el Ejecutivo va a poner a refrendo su cargo, pues con mayor obligatoriedad todos los que le seguimos. Todos estarán a prueba y se implantará un esquema de rotación para evitar los feudos”. 

Agregó que la misma tarea ocurrirá en Petróleos Mexicanos, Sedatu, Bansefi, SAT, Comunicaciones y Transportes, IMSS, CFE, no estamos simulando. “Vamos a buscar hasta la más profunda de las instancias de qué manera se utiliza la riqueza nacional”. 

Aclaró que no es verdad que tenga integrantes de su familia en el Poder Ejecutivo, ya que su marido trabaja como catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ése es un órgano autónomo. Segundo, su hermano labora en el Poder Judicial, por lo que no tiene competencia con la Secretaría de la Función Pública”. 

“De la corrupción ya estamos todos hartos y nadie puede decir que es cultural y no se puede combatir; estamos en un gran momento histórico en donde hay cero tolerancia a la corrupción, pero lo que nos lacera más es la impunidad”. 

Aseguró que México es uno de los países con mayor avance normativo, una Ley de Transparencia de primer mundo con procedimientos expeditos, una Constitución de avanzada, por lo que existen los elementos necesarios para realizar el trabajo. 

“Qué bueno que se ofrece a modificar las normas que exige la sociedad y modernidad democrática, pero no es una situación de legislación, sino de voluntad política, pero en esta administración esta no faltará”. 

Precisó que la secretaría buscará dar transparencia e informó que en 2018 llegaron más de 11 mil 864 expedientes de responsabilidades, los cuales involucran a 13 mil 384 servidores públicos, de los cuales en la presente administración, es decir del primero de diciembre a la fecha, se han resuelto 5 mil 597, pero queremos terminar con la obligación y llevar a la posibilidad más extrema la sanción directa administrativa. 

Sandoval Ballesteros señaló que en lo que va de la administración se tienen 8 mil 631 expedientes de investigación, se han atendido 10 mil 581 peticiones ciudadanas, 4 mil 906 asesorías telefónicas, 5 mil 745 vía chat, 706 presenciales y 650 a órganos internos de control, 929 en aclaraciones sobre declaraciones patrimoniales. 

En su intervención inicial, Sandoval Ballesteros destacó que el cien por ciento del gabinete legal y ampliado hizo pública su declaración patrimonial e, incluso, por instrucción del Presidente de la República, se modificó el sistema de Declaranet. “Si ustedes lo checan, no hay otra posibilidad más que de obtener  transparencia total o reserva total de las declaraciones patrimoniales”. 

Precisó que el universo de los servidores públicos obligados a declarar en la Administración Pública Federal subió de un cuarto de millón de personas -250 mil sujetos obligados-, a más de dos millones de servidores públicos que “son los menos responsables de la corrupción de una estructura que nos aqueja como nación”. 

Indicó que se apuesta por la ciudadanización del control, la prevención y la transparencia; por ello, la funcionaria anunció que “tenemos una iniciativa de ley para la protección y estímulo de los informantes y alertadores internos de la corrupción”. 

Sobre el principio de austeridad republicana, comentó que los legisladores “tienen en su cancha el balón”, porque en esta Soberanía se encuentra la propuesta de la Ley de Austeridad Republicana de Estado. 

“Proponemos que el derroche se elimine y, bajo esta visión, queremos terminar con la ineficacia; ello dependerá mucho de la fiscalización de los fondos públicos y de garantizar la claridad mediante la transparencia democrática y no discursiva, de relaciones y politizada”. 

Enfatizó que la austeridad ha sido criticada porque se conceptualizó cómo hacer recortes sociales, pero la Ley de Austeridad Republicana tiene que ver con avanzar en una austeridad que no disminuya, ni merme los recursos dedicados a los programas sociales, sino que los robustezca y permita una interacción más directa con los beneficiarios finales. 

La iniciativa, continuó, transita en sentido totalmente contrario al neoliberalismo; es decir, se orienta a velar por el interés social, evitar el despilfarro y nutrir el gasto social. 

Sandoval Ballesteros precisó que la SFP trabajará a través de dos subsecretarías: la de Combate a la Corrupción, que adopta muchas de las funciones centrales de la secretaría para controlar, vigilar, auditar y fiscalizar los recursos federales, así como ejercitar el control interno o preventivo. 

También por medio de la subsecretaría de Combate a la Impunidad, que se encargará tanto de la asignación de responsabilidad que surja la violación de la normativa, así como de tareas muy importantes de profesionalización y, en particular, del relanzamiento del servicio civil de carrera con perspectiva de género. 

“Queremos que ese servicio profesional de carrera sea una llave en donde la entrada sea muy pequeña, para que entren realmente las y los mejores, y con una puerta de salida muy amplia, para los no comprometidos, los que derrochen, corruptos, abusivos, acosadores y los que no tengan respeto por la vida en el servicio público”. 

Sandoval Ballesteros resaltó los logros que la dependencia a su cargo ha alcanzado en sus primeros 100 días; por ejemplo, el código de ética. “Contamos ya con un código en esta materia, lo cual es muy importante y me interesaría mucho distribuir masivamente, porque es para toda la administración pública federal”. 

“Trabajamos también en una Cartilla de Integridad y en un nuevo marco que certifique a las empresas más probas, más cumplidas, las que no evadan impuestos y que no se dejen caer en cuestiones de colusión y defraudación al erario”. 

Indicó que “es un código de avanzada que establece las limitaciones a recibir todo tipo de regalos, viajes o prebendas, que no tienen nada que ver con la actividad pública”. 

En los gobiernos del pasado, señaló, el 80 por ciento fueron asignaciones directas y la excepción era la licitación. En este nuevo gobierno, en los 25 proyectos estratégicos, vamos a caminar sobre la regla de la licitación y de las licitaciones verdaderas que auspicien el mercado y a los empresarios más probos.

“Nuestra convicción es hacer de la transparencia lo más importante en la visión del nuevo gobierno, con el propósito de poner fin a la impunidad y castigar la corrupción”, concluyó.

 

  • El Estado debe garantizar la reparación del daño material y moral e indemnizar a familias ofendidas

 

  • Existen 424 municipios del país en Alerta de Género

 

  • Mujeres víctimas habían denunciado en sus localidades; se  hizo caso omiso, sostienen activistas

 

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) consideró primordial crear un consejo ciudadano que dé seguimiento a todos los casos de feminicidio. “No pediremos que se conceda la aplicación de la ley, sino exigiremos el cumplimiento de las recomendaciones y lo que establece la legislación en favor de la integridad, dignidad, libertad y los derechos de las mujeres”.

 

Durante la tercera mesa de la audiencia pública “Feminicidios, Emergencia Nacional: Impunidad Institucional”, la legisladora expresó que se realizará un marcaje directo a las autoridades competentes, a fin de que cumplan con sus responsabilidades. Anunció que presentará un punto de acuerdo ante el Pleno, con el objetivo de solicitar información de los 424 municipios del país que están en Alerta de Género”.

 

Detalló que entre las actividades del consejo ciudadano se buscará realizar una ruta de trabajo que permita dar seguimiento a todos los casos de feminicidio y con ello alcanzar su reclamo de justicia. “Apoyaremos a las familias de las víctimas y solicitaremos a  las autoridades una respuesta inmediata”.

 

La diputada Lorena Villavicencio Ayala se pronunció por exigir cuentas a las autoridades competentes, revisar el marco jurídico y que funcione la Alerta de Género. “Queremos un presupuesto para el próximo año que atienda claramente una política integral para combatir el feminicidio y violencia hacia las mujeres. Además, se privilegie la prevención de las agresiones”.

 

Reiteró su compromiso social, legislativo y humano para que las propuestas presentadas por los familiares de las víctimas dirijan la ruta de trabajo para adecuar las leyes en la materia.

 

Subrayó la necesidad de un Estado de derecho y un sistema de justicia pronta y expedita que no existe, para atender a las mujeres víctimas. “Son historias de dolor que requieren atención inmediata y empatía de todos”. 

 

Reconoció el trabajo realizado por las asociaciones de la sociedad civil para construir una comunidad que asuma su responsabilidad y que las autoridades cumplan cabalmente sus responsabilidades.

 

La diputada del PES, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, sostuvo que el feminicidio es un delito de gran impacto y genera alarma colectiva que perjudica el tejido social. Propuso fortalecer las políticas públicas para prevenirlo, son pieza fundamental para combatirlo, porque agravia a víctimas y familias.

 

Las mujeres dejan a sus hijos desprotegidos y el Estado debe garantizar la reparación del daño material y moral, así como una indemnización y las sentencias se garanticen conforme a derecho y que no se tuerzan. Llamó a las autoridades a cumplir los tratados internacionales que protejan los derechos humanos de niñas y mujeres.

 

Externó el compromiso de los legisladores para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre sin violencia. Destacó que combatir este flagelo exige vocación de servicio por parte de los servidores públicos, ya que la justicia es para todos en igualdad.

 

Al participar, Cynthia Galicia Mendoza, defensora de derechos humanos y consultora, se pronunció por contar con mecanismos contra la violencia que sirvan y que permitan la aplicación de una política pública nacional “que ya está en la ley, la cual crearon las diputadas en la LIX Legislatura, está como un derecho ganado que no se ha aplicado”.

 

Manifestó la importancia de contar con presupuestos para poder aplicar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “donde hay un mapa de acciones del Estado que no ha cumplido, que producen impunidad y que hablan de evitar los feminicidios, las violaciones, la prostitución, la explotación y el hostigamiento sexual”.

 

Pablo Vázquez, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, refirió que la problemática de los feminicidios está vinculado a la delincuencia organizada y a las omisiones de las autoridades. "No está desvinculada de los conflictos generados por la delincuencia organizada, ni de las omisiones de la autoridad”.

 

Consideró que para combatir los feminicidios es necesario resolver primero el problema de la impunidad.

 

Destacó la importancia de contar con datos que permitan visibilizar el problema, de la violencia y los feminicidios. “Ese es el reto para las autoridades y lo tenemos muy presente desde las áreas de prevención y de seguridad. Tenemos muy presentes las cosas que hay que hacer y esperamos hacerlas de la mano con ustedes”.

 

En este sentido, señaló que hay una tendencia a querer construir soluciones estándar para todo el país desde la Ciudad de México, “es algo que debe modificarse y para lo que les pediremos su apoyo”, indicó.

 

De la Red Nacional de Seguridad, Justicia y Paz para Mujeres, Lucero Cirse López  Riofrio, dijo que es fundamental generar y reconocer el contexto, lugar y espacio en donde las mujeres caminan, trabajan y donde están siendo asesinadas, porque así se reconocerían como ciudadanas y no sólo como víctimas.

 

Agregó que Michoacán tiene 14 municipios con Alerta de Violencia de Género. Es importante señalar que muchas mujeres asesinadas habían denunciado la violencia en sus localidades e instancias y se hizo caso omiso, existen más de 200 casos de mujeres asesinadas con armas de fuego.

 

“En 2018, en cinco municipios de Guanajuato hay 42 muertas con características de ejecución, pareciera que están dentro del crimen organizado y no es así, porque se escucha el discurso que participaban en narcotráfico y esto no es así”; es importante realizar un análisis de estos contextos porque ninguna fiscalía nacional o estatal lo ha realizado, enfatizó.

 

Asimismo, expresó que no hay una política pública respecto a la violencia en espacios públicos, y éstos siguen siendo un lugar en donde se puede agredir, asesinar o secuestrar. “Hay un vacío de acceso a la justicia. Consideramos que en las fiscalías tiene que haber una coordinación con las direcciones de seguridad pública para fortalecer los procesos de investigación y litigación”.

 

Es necesario, agregó, realizar estadísticas por sexo, porque no es posible que se sigan publicando documentos en los que no se puede saber cuántos homicidios son de mujeres o en qué etapa van. “Es necesario replantear la Guardia Nacional en ese contexto”.

 

• El objetivo es contar con una iniciativa que pueda ser formalmente inscrita y turnada a comisiones en este periodo de sesiones.
 
En conferencia de prensa, la diputada Rocío Barrera Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, anunció la intención de reiniciar las mesas técnicas para analizar y enriquecer la propuesta ciudadana que busca expedir una Ley General para Prevenir y Sancionar Delitos contra Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
 
“El objetivo de esta iniciativa es trabajar de la mano -en un parlamento abierto- con todos los ciudadanos involucrados, para que sea una iniciativa que ninguna comisión de este Legislativo pueda objetar, y pueda ser aprobada sin ningún problema ante las comisiones y ante el Pleno. Hay interés de todos los involucrados, tanto del Gobierno Federal como de las organizaciones”, aseguró.
 
Barrera Badillo explicó que la iniciativa fue redactada por la organización Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh), el Comité Cerezo México y el Colectivo Infrarrealismo Jurídico; y suscrita por 117 organizaciones y más de 80 personas, misma que ya fue analizada en 6 mesas técnicas previas.
 
“El objetivo es contar con una iniciativa que pueda ser formalmente inscrita y turnada a comisiones antes del actual cierre del periodo de sesiones. Coincidimos con las organizaciones aquí presentes, que es necesario que por parte de las comisiones se continúen generando las condiciones idóneas para lleva a cabo una discusión amplia, profunda e incluyente”, agregó.
 
Rocío Barrera comentó que se impulsa el proyecto con la finalidad de solventar las insuficiencias del actual mecanismo federal, que abone a la creación de una política integral de protección, y considere los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos.
 
“Es un documento base que busca la retroalimentación para lograr una ley general adecuada e idónea a las necesidades de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, atendiendo los particulares de cada gremio”, aseveró.
 
La legisladora estuvo acompañada de defensores de derechos humanos, como Alejandro Cerezo de Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (Acuddeh); Quetzalcoatl Fontanot de Red TDT; Pascual de Jesús González del Movimiento Unificador de Lucha Triki (Mult); Andrea González Cornejo, Colectiva Feminista Interseccional y Ramón Landaverde Salinas del Colectivo Infrarrealismo Jurídico. 
 
Los representantes de la sociedad civil, coincidieron en la urgencia de aprobar un instrumento jurídico sólido en esta materia, a fin de garantizar de manera explícita el derecho a defender los derechos humanos, evitar la criminalización de los defensores de derechos humanos y terminar con la opacidad que hay en el manejo de los recursos destinados a este propósito.
 
En su oportunidad, Alejandro Cerezo informó que las mesas se llevarán a cabo los días 4, 6, 11, 13, 19, 20, 25, 27 de marzo, 1, 5, 22 y 26 de abril, iniciando a las 17 horas en la Cámara de Diputados.
• El diputado de Morena también pidió trabajar cuanto antes en las 4 leyes reglamentarias que deberán quedar listas a más tardar en 90 días.
 
La Guardia Nacional será una de las herramientas que utilice el Gobierno federal para establecer una política de largo aliento en el combate a la inseguridad pública, con apego irrestricto a los derechos humanos y la actuación regulada en la Carta Magna de las Fuerzas Armadas en esas tareas, por ello el diputado Mario Delgado Carrillo exhortó a los congresos locales a aprobar a la brevedad esta reforma constitucional para hacer realidad este nuevo cuerpo policial.
 
No obstante, de encontrarse en espera que por lo menos 17 congresos estatales aprueben la reforma en materia de Guardia Nacional, el diputado de Morena pidió trabajar cuanto antes en las 4 leyes reglamentarias que deberán quedar listas a más tardar en 90 días.
 
Enumeró las leyes que deberán ser aprobadas para darle viabilidad y reglamentación a la Guardia Nacional: Ley de la Guardia Nacional, Ley Sobre el Uso de la Fuerza, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
 
“Estamos listos para trabajar a la brevedad en la elaboración de estas leyes, así como las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera abierta, como lo hemos hecho a través del parlamento abierto”, adelantó el diputado de Morena, quien mencionó la importancia de un trabajo coordinado entre representantes del  Congreso, del gobierno federal, especialistas, académicos y de la sociedad civil, en la construcción de estos instrumentos legales.
 
Mario Delgado comentó que en el caso de la Ley de la Guardia Nacional, debe quedar lista en 60 días, y es de gran importancia ya que en ella se establece lo concerniente a la estructura jerárquica; regímenes de disciplina, delitos y sanciones; responsabilidades y servicios; ascensos; prestaciones; ingreso; educación; capacitación; profesionalización, y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologarse en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente.
 
Sobre la Ley Nacional del Registro de Detenciones, Mario Delgado comentó que se deberán incorporar, entre otras cosas, las características del Registro y los principios que rigen su conformación; el momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento detención; el tratamiento de los datos personales del detenido.
 
En lo que respecta a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, (que debe quedar lista en 90 días) dijo que se establecerá la finalidad y el alcance; los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, y la sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad.
 
Mientras tanto, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública servirá para fijar la normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la seguridad pública, y la regulación del sistema nacional de información en seguridad pública.
 
El presidente de la Junta de Coordinación Política recalcó que la Guardia Nacional es una institución Federal que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas, protegiendo su seguridad y patrimonio, su actuación se regirá bajo las condiciones, límites y contrapesos que establece la Constitución y las leyes.
 
No obstante, esta herramienta es una parte solamente de la estrategia de seguridad y paz que implementará el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacan acciones como la aplicación de programas para atender las causas sociales que desataron la violencia.
 
Por lo tanto, el desafío es recobrar no sólo la tranquilidad de los ciudadanos sino de recuperar y construir la confianza en una institución policial altamente especializada como lo será la Guardia Nacional, aprovechando el reconocimiento de 7 de cada 10 mexicanos en la labor que las fuerzas armadas han desplegado en esta materia.
 
Acompañado a estas acciones están los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, subsidios para dinamizar el campo mexicano y generar valor agregado en muchas regiones que hoy están tomadas por la delincuencia, así como un plan integral para erradicar la corrupción y construir un verdadero Estado de derecho.
 
 
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