CÁMARA DE DIPUTADOS

CÁMARA DE DIPUTADOS (80)

    Por Nancy Rodríguez

La Comisión de Justicia, presidida por la diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez, inició el análisis de la minuta que contiene proyecto de decreto que crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, con la participación de ciudadanos, expertos y representantes de diversos grupos de la sociedad civil. 

La legisladora reconoció la importancia de la participación ciudadana en este ejercicio, para enriquecer el proyecto de dictamen, cuya presentación, análisis y discusión se prevé el 5 de diciembre, en esa instancia legislativa. 

La ruta de trabajo acordada por la Comisión, establece que su Junta Directiva se reunirá el 28 de noviembre, a fin de validar el proyecto de dictamen, que deberá circularse el mismo día a sus integrantes, para efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 177, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados. 

La minuta del Senado, recibida por la Cámara de Diputados el 20 de noviembre, tiene como objetivo reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de la Fiscalía General, como órgano público autónomo, a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación. 

Propone establecer como funciones del fiscal, investigar y perseguir los delitos; ejercer acción penal; procurar la reparación del daño de las víctimas; adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección en favor de éstas y de testigos u otros sujetos procesales. 

Dotar al titular de la Fiscalía General de la facultad para elaborar el Plan de Persecución Penal que deberá considerar las prioridades nacionales, establecidas en la política criminal, para orientar las atribuciones institucionales y prioridades en la investigación, persecución y ejercicio de la acción penal, así como los objetivos de la institución en el corto, mediano y largo plazos. 

La Fiscalía General de la República contará con cuatro Fiscalías Especializadas: en materia de Derechos Humanos; Delitos Electorales; en Combate a la Corrupción y en Asuntos Internos. Los titulares serán designados y removidos por el Fiscal General. 

La presidenta Ortega Martínez indicó que la Fiscalía General tiene connotación federal, por lo que preocupa la persecución de delitos del orden local y la desaparición de fiscalías especializadas. 

La diputada Dolores Padierna Luna (Morena), vicepresidenta de la Mesa Directiva, precisó que con la Ley Orgánica se cambia toda la visión del funcionamiento de las fiscalías, y que lo valioso del ordenamiento es que habrá un plan de persecución penal para diseñar la ruta de trabajo y priorizar los delitos. 

“Es la primera vez, en esta materia, que una ley expresamente lo mandata tener. Es un gran aporte”. Se priorizarán las zonas de mayor índice delictivo, las que tengan mayor necesidad de despliegue territorial y de personal de recursos; además, no estará en 32 lugares, sino en 266 lugares o microrregiones. 

Agregó que se identifican los principales patrones socio-delictivos del crimen, incluyendo las zonas de mayor incidencia basándose en información estratégica de diagnósticos institucionales, estadísticas de prevención de violencia, análisis de información elaborados por centros de especialistas y en informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Verónica Juárez Piña, diputada del PRD, manifestó que la preocupación de su bancada radica en la autonomía e independencia que debería tener la Fiscalía General, la cual tendría que ir más allá de sólo reformar el artículo 102 constitucional. 

La intención es discutir y, en su caso, aprobar el dictamen, con todas las propuestas que la sociedad haga llegar, el 5 de diciembre. “El objetivo es escuchar los distintos puntos de vista y también coincidencias”. 

Juan Carlos Villareal Salazar, diputado de MC, consideró que se observan algunos problemas en la autonomía de Fiscalías; la aspiración es despartidizarlas, hecho que no se logra en el dictamen. “Además, tiene deficiencias orgánicas; el flagelo de la impunidad es grave, así que no debe haber resquicios en la ley”. 

Comentó que la Comisión de Justicia acordó abrirse a las opiniones de las organizaciones civiles, por la importancia de promover un Parlamento Abierto en todo el proceso de esta ley, a fin de consolidarla. 

Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada del PRI, estimó que se plantea que la fiscalía especializada en derechos humanos englobe asuntos de alta trascendencia y “no vemos, por ejemplo, el tema del secuestro”. 

Su partido, dijo, está en la mejor disposición de construir y es prioridad mejorar el dictamen que viene del Senado, para que sea efectiva la procuración de justicia, clamor principal de la ciudadanía. 

De Morena, el diputado Rubén Cayetano García, secretario de la Comisión, apuntó que hay un gran compromiso ético y moral para lograr impartición de justicia. Explicó que la Ley Orgánica es sólo una norma administrativa; la situación mejorará cuando se apliquen los códigos Penal Federal, y el de Procedimientos Penales. 

“Es una legislación que da vigor a las instituciones de procuración de justicia; sin embargo, para materializarla deben trabajar juntos Ministerios Públicos, Fiscalías y Poder Judicial”, precisó. 

Aseguró que no se busca crear una procuraduría ad hoc, sino que será para la República. Pidió evitar consignas políticas porque “cuando se politiza la justicia tenemos un grave retroceso”.

María Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, consideró que la minuta operativamente no es funcional. “Puede generar corrupción; además, el artículo 20 da facultades extralimitadas al Coordinador de Investigaciones y Persecución Penal, pero no establece un control”. 

Destacó que es prioritario crear una fiscalía especializada en extinción de dominio, y alertó del problema que puede provocar que se elimine la certificación de Ministerios Públicos.

Señaló que al generar una entidad autónoma es necesario fortalecer el régimen de rendición de cuentas. “Una ley orgánica no debe regular aspectos procesales; desaparecer al MP propiciará que la declaren inconstitucional”.

Explicó que en las funciones se omite la intervención del amparo, la extinción de dominio, y las asistencias jurídicas internacionales, así como la representación de menores o incapaces en el fuero federal. 

“Más que un plan de persecución, parece el reglamento de la ley para establecer las funciones de los servidores. Lo que estamos buscando es que este ordenamiento no nazca con deficiencias, porque los que pagan los platos rotos son las víctimas; no se va a acabar la corrupción sólo con amor y paz, debemos entrar a la realidad y ver qué se requiere”, aseguró. 

David Alejandro Jiménez Padilla, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, señaló que el modelo que se plantea en la nueva ley proviene de diagnósticos del CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las disfunciones que hay en la PGR. 

Uno de los principales problemas es que el modelo de persecución penal es altamente disfuncional y se tiene un archipiélago de información donde cada fiscalía especializada no alcanza a compartirla, respecto a fenómenos delictivos altamente complejos, dijo. 

Agregó que la delincuencia y la forma en que se despliega en nuestro país, no obedece a la forma en que se intenta procurar justicia, ya que ésta funciona únicamente como reacción a la actividad que hace la policía, y no tiene una política de persecución penal clara, con prioridades y metas que permita evaluar si fue un buen año o una buena gestión al frente de la fiscalía. 

Aclaró que la propuesta de ley refleja la intención de construir un nuevo modelo de procuración de persecución penal más estratégica, con prioridades claras, flexible y efectiva que rinda cuentas. Reconoció que ésta puede ser perfectible, pero no se intenta hacer una camisa de fuerza para que la política pública se empiece a desarrollar en un esquema legal que permita tomar decisiones estratégicas. 

Samuel González Ruiz, representante de Alto al Secuestro y doctor en Derecho por la UNAM, pidió especificar todas las facultades de los Ministerios Públicos que actuarán en los casos, de otra forma los abogados van a controvertir sus funciones.

Debe decirse con claridad, de acuerdo al artículo 78 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que la  Fiscalía está facultada para tener policía investigadora, porque así lo exige la ley, esos son los elementos esenciales para complementar las actividades”. 

Desde que se analiza la autonomía del Fiscal, pero para el 95 por ciento de los delitos, esa facultad es intrascendente y no se aplica; sólo en delitos vinculados a la corrupción, violación de derechos humanos y delitos electorales. 

A falta de un Fiscal, dijo, no existe coordinación entre el MP, ya que sin  liderazgo, éstos no se sienten fuertes si no tienen un jefe que los respalde, además no se aclara si son o no autónomos, si es técnica esa facultad y en qué consiste. Se carece de reglas claras con el riesgo de caos, porque los abogados tratarán de presentar amparos para argumentar en contra de dicha autonomía.

 

 

*En comparecencia, expresa que encima de las diferencias, hay coincidencias de que los niños de escuelas públicas deben tener las mismas oportunidades que los de planteles particulares 

*Destaca los avances educativos en cobertura y combate al analfabetismo 

*Plantea que toda transformación educativa es un proceso complejo que madura a largo plazo

 

Otto Granados Roldán, secretario de Educación Pública, manifestó ante diputados que la política educativa tiene avances innegables y asignaturas pendientes, y expresó que más allá de políticas y enfoques distintos, por encima de las diferencias, hay coincidencias de que los niños de escuelas públicas deben tener las mismas oportunidades que los de planteles particulares.

 

Al comparecer en el recinto legislativo de San Lázaro con motivo de la glosa del informe de gobierno, destacó los avances educativos en cobertura y combate al analfabetismo, y previó que, en este punto, en diciembre se alcanzará una tasa neta de cuatro por ciento, con lo que de acuerdo con estándares internacionales México será un país libre de analfabetismo.

 

Granados Roldán dijo que con la Reforma Educativa hay avances y áreas de oportunidad, y planteó que toda transformación en educación es un proceso complejo que madura a largo plazo.

 

Señaló que los alumnos del sur y norte del país deben tener piso parejo para alcanzar educación de calidad con equidad, para enfrentar la vida con éxito.

 

Granados Roldán destacó la importancia del manejo de la nómina educativa federal en los estados, con transparencia y eficiencia, con lo que se regularizaron 44 mil plazas, a lo que se destinaban 5 mil millones de pesos al año, y se cumplieron con obligaciones fiscales por 84 mil millones de pesos, hasta 2017.

 

Planteó la complejidad para ofrecer el servicio educativo en un país diverso, que alcanza 9.5 grados de escolaridad, y abundó que hay un desafío político y moral para que los niños y jóvenes tengan educación de calidad.

 

El secretario de Educación Pública también informó que en esta administración se habrán invertido unos 139 mil millones de pesos en programas y fondos de infraestructura educativa, la más alta en las últimas cinco décadas. 

 

Se refirió al Servicio Profesional Docente, a través del cual más de un millón 520 mil maestros de educación básica y media superior han participado en los distintos procesos de evaluación; 242 mil ingresaron al servicio y alcanzaron una promoción gracias a su mérito y esfuerzo, y más de 133 mil reciben algún tipo de estímulo por su desempeño. 

 

Granados Roldán explicó que con la transformación educativa se busca que México tenga mejores maestros, mejores alumnos, mejores escuelas y mejores logros de aprendizaje.

 

Informó sobre la atención a las escuelas dañadas por los sismos, y al precisar que los planteles de los estados dependen de los gobiernos locales, señalo que en la Ciudad de México se han atendido nueve centros educativos que requirieron reestructuración total; 789 con daños moderados, y mil 106 con afectaciones menores.

 

Otto Granados Roldán refirió, además que en este sexenio se llegó ya a 25 mil 134 escuelas de tiempo completo, en las cuales se obtienen los mejores niveles de desempeño.

 

En cuanto al avance de los logros del aprendizaje, planteó que en las últimas pruebas Planea, 18 estados mejoraron en matemáticas, y 11 en lenguaje y comunicación.

 

Resaltó que los maestros trabajan hoy con el Nuevo Modelo Educativo, que define los logros esperados, y articula los principales componentes, con los aprendizajes clave que requieren niños y jóvenes en el desafiante Siglo XXI, para tener las capacidades que requieren para triunfar.

 

La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, presidida por el diputado Eraclio Rodríguez Gómez, se reunió con el titular del Consejo Nacional Agrario (CNA), Bosco de la Vega Valladolid, para conocer la situación actual, perspectiva y visión del sector agroalimentario en México. 

El legislador por Morena, llamó a no olvidar al sector social del campo, pidió atenderlo y encontrar la manera de confluir en esfuerzos para sacarlo adelante, para lo cual será necesario “un Presupuesto de Egresos de la Federación donde se vea reflejado y quede perfectamente identificado y protegido”. 

Planteó empezar a trabajar sobre el presupuesto en temas de desarrollo rural, agricultura, autosuficiencia alimentaria y Reforma Agraria, para que cuando llegue la propuesta del Ejecutivo Federal, se cuente con “una contrapropuesta, o veamos dónde empatamos y dónde hay divergencias que debamos resolver”. 

Se debe revisar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, respecto a créditos, tenencia de la tierra y la producción, así como las leyes de Sanidad y la de Variedades Vegetales, ya que México está enrolado en el mercado internacional y son imprescindibles para permanecer en los tratados en la materia. 

Se tiene una gran responsabilidad, pues a ningún campesino que llegue a solicitar atención se le puede mandar a otro lado, “nos toca a todos nosotros. No debemos regresarlos sin una solución, o un caminito por donde ir para resolver la situación de sus comunidades”, aceptó. 

Hay que trabajar conjuntamente, “no se deben poner colores a los surcos, sino sacar adelante la productividad del campo por el bien de todos”. 

El diputado Jesús Salvador Minor Mora (Morena), señaló que el sector agropecuario ha estado abandonado en los últimos 30 años. Las políticas públicas han sido muy equivocadas y los impactos lo resintieron los pequeños y medianos productores. “El jalón no ha sido parejo, vimos las consecuencias, las conocemos y las sentimos; los gobiernos no le dieron importancia a la seguridad alimentaria”.

Derivado de ese abandono hay muchos problemas en el campo y es necesario destinarle “recursos y ganas”. Sostuvo que hay crisis en el campo y políticas erróneas para una actividad muy riesgosa. “Los gobiernos son responsables de lo que sucede en el sector agropecuario”. 

Se pronunció por impulsar estrategias para dar valor agregado a la producción y comercializarla mejor, “si no, no nos metamos a arriesgar, como la gente que está en carteras vencidas, que invirtió, sembró y el banco les quita su patrimonio”. Ante ello, solicitó la intervención de la Comisión para acordar una reunión con el virtual secretario de Agricultura y abordar esta problemática 

Del PT, la diputada Hildelisa González Morales (PT) destacó la necesidad de impulsar la innovación en el campo, que es fundamental e invertir en tecnología e innovación para realizar actividades encadenadas con valor agregado que generan trabajo y desarrollo. 

La Cámara, que define el presupuesto, debe trabajar de la mano con el nuevo gobierno para alcanzar la autosuficiencia alimentaria, “porque somos importadores de granos maíz, frijol, que son parte de la alimentación tradicional de México”. 

Teófilo Manuel García Corpus, diputado del PRD, dijo que la elaboración de la agenda legislativa para este sector requiere un diagnóstico de su situación social, económica y ambiental. 

En el campo se viven graves problemas como la pobreza que en 2016 se estimó en 16.5 millones de personas y en pobreza extrema. 4.9 millones. “La magnitud de esas cifras indican que la mayoría de la población del medio rural está muy lejos de vivir en bonanza”. 

Además, en 2017 la importación de arroz representó 87 por ciento del consumo; trigo 62 por ciento, maíz 37 por ciento y frijol 12 por ciento, y el total de las importaciones fue de 41 por ciento del consumo. También persiste una alta dependencia de insumos agropecuarios industriales, pues se estima que 70 por ciento de la superficie cultivada utiliza fertilizantes químicos. 

Hay grandes niveles de degradación de recursos naturales que utiliza el agro. En el caso del agua, 55 por ciento está contaminada; de 653 acuíferos, 115 están sobreexplotados, 18 afectados por intrusión marina y 35 con fenómeno de salinización. En materia de suelos, 94 millones de hectáreas con síntomas de degradación, de los cuales, casi la mitad ha perdido su fertilidad.

 Planteó revisar las leyes de Reforma Agraria, de Sanidad Vegetal, de Salud, General de Aguas y de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Además promover nuevos ordenamientos en materia de fomento a agroecología, de conservación y restauración de suelos, de derechos campesinos y trabajadores rurales, de alimentación y planeación de autosuficiencia. 

Bosco de la Vega Valladolid señaló que el CNA representa el 75 por ciento del PIB Agroalimentario; a más de un millón de productores agrícolas, ganaderos, lecheros, avicultores, porcicultores que realizan el 80 por ciento de las Exportaciones Agroalimentarias y dos tercios de sus agremiados son productores primarios pequeños y medianos. 

Expresó que éste es un sector con demanda creciente pues para el año 2050 habrá más de 150 millones de personas en México, y en el mundo serán más de nueve mil millones, lo que implica 60 por ciento más de producción. 

Ello constituye un gran reto y una oportunidad por lo que es necesario un trabajo conjunto. Destacó que es fundamental el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 para el campo, y planteó que sea multianual para poder responder a sus necesidades. 

Su objetivo es generar propuestas de política pública con visión de mediano y largo plazo para el sector agroalimentario mexicano; reposicionarlo y hacerlo más productivo, competitivo, sustentable e incluyente. Presentó la Visión 2030, “Propuesta de modelo de política pública del sector agroalimentario y forestal”, que busca dar certidumbre y elevar la productividad y competitividad.

Posteriormente, el pleno de esta Comisión acordó crear las subcomisiones de Desarrollo Rural, de Agricultura, Autosuficiencia Alimentaria y de Reforma Agraria para abordar de mejor manera estos temas, y cada una elabore un proyecto de trabajo para el año legislativo, que organice un evento anual con productores y presente un informe trimestral de sus actividades.

 

Por Nancy Rodríguez

En un video difundido en su cuenta de twiter el expanista y precandidato a la gubernatura por Coahuila, se abre de capa a favor del proyecto que encabeza el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

“MORENA es un partido de reciente creación, pero de gran potencia”. Dice el exsenador y ahora ex panista.

“Me he reunido con nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador y le he manifestado mi determinación de sumarme al proyecto que él encabeza"

Luis Fernando Salazar, Diputado Federal por Coahuila, señaló que tras 20 años de militancia en Acción Nacional decidió trasladar sus esfuerzos y experiencia a MORENA

“Soy un mexicano joven y conscientes de que nuestro país no tiene tiempo que perder”

Y agrega, “hay que estar siempre donde se nos necesita y donde nos lo permitan”.

Me uno a esta esperanza con gran entusiasmo y sabiendo que pondré el corazón en cada iniciativa que emprenda con mis nuevos compañeros”.

“Gracias a la gente que creyó y cree en mis capacidades”. Puntualiza el exsenador por Coahuila.

Video

  • Esta actividad es, ha sido y será la solución económica de México: Miguel Torruco
  • En 2017, el país recibió a 39.3 millones de visitantes internacionales: Salvador Sánchez 

Al instalar la Comisión de Turismo, su presidente, Luis Javier Alegre Salazar (Morena), señaló que este sector representa alrededor del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y México, enfatizó, ascendió al sexto lugar en el mundo, al registrar casi 40 millones de visitantes en 2017. 

Indicó que al primer semestre de este año, llegaron a México 20 millones de turistas internacionales, 7.3 por ciento más, en comparación con los 19 millones que arribaron en el mismo periodo de 2017. Las divisas por visitantes extranjeros registraron un aumento del 4.3 por ciento, al pasar de 11 mil 107 millones de dólares a 11 mil 582 millones cifras importantes para la economía mexicana. 

Aseguró que México es un país privilegiado, el cual ofrece turismo cultural, gastronómico, religioso, arqueológico, colonial, rural, ecológico, de aventura y deportivo, entre otros. El legislador se comprometió a proteger el medio ambiente, para entregar a las futuras generaciones uno mejor.  

El Poder Legislativo dará impulso al turismo, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de la población, en especial de los jóvenes, y de los pequeños, medianos y grandes  empresarios, así como de los artesanos, de las mujeres y hombres, a fin de coadyuvar con el gobierno federal al crecimiento y progreso integral del sector; fomentar el bienestar social, a través de un desarrollo integral, incluyente y equitativo, y ampliar la oferta turística internacional hacia mercados identificados como potenciales y emergentes, enfatizó. 

Agregó que el sector turístico en México ha venido creciendo; sin embargo, es necesario tener un marco legal actualizado desde una perspectiva inclusiva y abierta y, sobre todo, sustentable.  

La diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (Morena) expuso que se tiene el reto de entregar resultados que favorezcan y garanticen que esta actividad  se consolide como un factor dinámico, en beneficio de cada uno de los estados de la República. Asimismo, implementar acciones para que viajeros internacionales vengan a conocer los diferentes destinos turísticos que existen. 

De la misma bancada, Abelina López Rodríguez señaló que hay preocupación por la inseguridad en algunas zonas turísticas del país y se debe dar prioridad a este tema. También, por tener una política sustentable, “no solo tiene que ser sol y playa, sino también turismo rural, de aventura y religioso, con el fin de combatir a la violencia”. 

La legisladora Carmen Patricia Palma Olvera (Morena) indicó que el turismo abre un abanico de oportunidades, con las que se cobijan cientos de miles de familias. Los visitantes de otras nacionalidades, comentó, disfrutan no solo de la buena calidad de los servicios que se ofrecen, sino de la hospitalidad y amabilidad de la gente. Sin embargo, pidió considerar la inseguridad que hoy prevalece en algunos pueblos turísticos, ya que daña esos beneficios. 

La diputada Guadalupe Ramos Sotelo (Morena) resaltó que este motor favorece la economía del país, por ello se debe mejorar a través de los ordenamientos jurídicos en la materia. “Una de las principales acciones en las que esta Legislatura debe poner vital atención, es en la revisión de dichos ordenamientos, con el objetivo de recuperar la seguridad, el orden y la paz social, con las que podemos brindar protección a los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que visitan los diversos destinos turísticos”.  

En su intervención la legisladora Dulce Alejandra García Morlan (PAN) comentó que nuestro país es el segundo sector empleador de mujeres y cuenta con una diversidad turística, posicionándose como el sexto más visitado del mundo con casi 40 millones de turistas que ingresan al año. También, dijo, será importante contar con herramientas que permitan potencializar este sector, como el velar por un presupuesto digno y responsable, y dar certeza y seguridad para que lleguen más inversiones. 

Su compañera de la misma bancada, Martha Elisa González Estrada, manifestó que es importante impulsar acciones  a favor de esta actividad y con ello beneficiar a la economía y el desarrollo social. En programas de fomento turístico, continuó, es necesario favorecer a todos los sectores de la población, ya que existen grupos con menor oportunidad de conocer el patrimonio cultural y la diversidad de nuestro país. 

La diputada Olga Patricia Sosa Ruíz (PES) argumentó que este potencial demanda fortalecer los instrumentos jurídicos y administrativos que garanticen un proyecto integral, versátil y sustentable. Esta Comisión, apuntó, debe tener como eje principal adecuar el marco normativo que ayude a su fortalecimiento, para potencializar el desarrollo regional, la internacionalización y el posicionamiento de nuestro país dentro de los mejores destinos. 

Dentro de su participación, la legisladora Martha Angélica Zamudio Macias (MC) sostuvo que el turismo representa una de las industrias más nobles con las que cuentan los mexicanos, cuenta con 111 pueblos mágicos y  tiene grandes maravillas que ha hecho falta difundirlas; por ello, enfatizó, se necesita un mayor presupuesto para promoverlas.    

El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba (PAN) comentó que Guanajuato es la quinta potencia turística a nivel nacional y solo está por debajo de las opciones de sol y playa. “Se ha generado interés dentro de los pueblos mágicos”.

Miguel Torruco Marqués, designado Secretario de Turismo del próximo gobierno federal, sostuvo que este sector será considerado como una herramienta de reconciliación social, con el que la ciudadanía logrará mejores oportunidades para elevar el gasto y las divisas per cápita en su beneficio. 

Detalló que si bien ha habido logros como conseguir un sexto lugar en el mundo y el sitio 15 en la captación de divisas, es justo en esto último donde “enfocaremos los esfuerzos en la próxima administración”. 

Expresó que actualmente existen 134 plazas de promoción turística; sin embargo, cinco de ellas captan el 80 por ciento del total de internación nacional, por lo que “tendremos que superar ese gran desequilibrio y lograr que el beneficio de esta actividad repercuta en los diversos sitios”. 

Informó que el presidente electo decidió aplicar una inversión sin precedente, pues lo considera un eficiente instrumento de bienestar social, ya que genera empleos y desarrolla las regiones más alejadas del país. “El turismo es, ha sido y será la solución económica de México”, resaltó. 

José Salvador Sánchez Estrada, subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo, dijo que esta dependencia ha trabajado con el Poder Legislativo, los tres órdenes de gobierno, el sector privado y social, y la académica, de manera transversa, para impulsar el desarrollo del sector. 

Añadió que las acciones implementadas por la actual administración han logrado posicionar al país entre las principales zonas turísticas del mundo, al promover el orgullo mexicano por sus riquezas culturales y tradiciones. 

Refirió que en 2017, se recibió a 39.3 millones de viajeros internacionales, colocándonos como la séptima nación más visitada, debido a las mejoras en la conectividad aérea, terrestre y marítima, y por convenios con diversos países. 

Finalmente, destacó que en 2017 alcanzó el lugar 15 en captación de divisas al obtener 21 mil 300 millones de dólares, el 8.7 del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

 

  Por Nancy Rodríguez

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, se reunió con el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, con quien coincidió en la necesidad de impulsar una agenda para salvaguardar las garantías de cada persona.

 

En el encuentro, realizado en la Mesa Directiva, al que también asistió la vicepresidenta Dolores Padierna Luna, el diputado Muñoz Ledo recibió el documento “Agenda de propuestas legislativas en materia de derechos humanos que formula la ONU-DH a la LXIV Legislatura”.

 

En el texto se destaca que la Oficina en México de ONU-DH ha mantenido colaboración estrecha con el Poder Legislativo. La cooperación, resalta, ha rendido frutos importantes en términos de leyes y reformas trascendentes, y la intención es continuar la contribución con la actual Legislatura, por lo que “manifiesta su entera disposición para brindar apoyo y asistencia técnica”.

 

Entre los temas abordados, se habló de la necesidad de impulsar, desde la Cámara de Diputados, diversas legislaciones en seis temas: Seguridad; Justicia; Igualdad y no discriminación; Movilidad humana; Libertad de expresión y espacio democrático; y, Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, derechos de las personas con discapacidad y de los pueblos indígenas.

 

En materia de seguridad, recordaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en 2017, a pesar de la “fuerte oposición”. Se refirió también a que dicha norma es contraria a estándares internaciones y diversas recomendaciones al Estado mexicano.

 

ONU-DH, dice el documento, “expuso razones por las que esa ley no fuera avalada, pues no aportaría soluciones reales para enfrentar los retos en materia de seguridad”.

 

Además, se plantearon observaciones sobre su articulado y se recomendó su abrogación, para sustituirla por un marco legal que establezca la subsidiaridad de la actuación de militares; transparencia y rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas, así como su retiro gradual de tareas de seguridad.

 

De igual manera, en la misiva presentada, se recomienda la adopción de una ley sobre el uso de la fuerza a nivel nacional, a través de reformar el artículo 73 de la Constitución. Agrega la necesidad de modificar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en cuanto a detenciones.

 

Respecto a justicia, refiere la importancia de la reforma en el rubro de la Fiscalía General de la República, y que ésta cuente con un área especializada en violaciones graves a derechos humanos, que cuente con autonomía para investigar hechos y procesar responsables.

 

El documento entregado al diputado Muñoz Ledo también plantea la eliminación de la figura del arraigo que, todos los organismos internacionales, han determinado que es violatorio de derechos humanos. En tanto, propone acabar con la prisión preventiva oficiosa, al ser “un resquicio del sistema de justicia inquisitivo”.

 

Sobre competencias de la Corte Penal Internacional, ONU-DH recomendó la derogación o modificación del párrafo octavo del artículo 21 constitucional, a fin de que esa corte pueda ejercer jurisdicción cuando así se determine.

 

En cuestión de Igualdad y no discriminación, se aborda la regulación del derecho de las mujeres a la interrupción legal del embarazo, pues aunque varias entidades federativas se han pronunciado por dar mayor protección a las mujeres, otras han optado por normas que las criminalizan. Por su parte, ONU-DH ha recomendado a México despenalizar esa práctica. También hace referencia a la recomendación de impulsar las reformas necesarias para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

 

Para Movilidad humana, se reconoce en el texto la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como un instrumento de avanzada para la protección de ese sector poblacional. No obstante, ONU-DH recomienda adecuar la norma para la tutela de menores extranjeros y detenciones de infantes migrantes.

 

El texto plantea, además, la necesidad de una reforma integral a la legislación en materia de derecho de asilo, así como la regulación sobre desplazamiento forzado interno.  Propone, además, adoptar un marco legal que atienda los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de Naciones Unidas. Asimismo, proyecta realizar la ley reglamentaria del artículo 33 constitucional, relacionada con trabajadores migrantes.

 

 En tanto, sobre la Libertad de expresión y espacio democrático, se plasma la necesidad de emitir una nueva ley para regular la publicidad oficial, en función de que la reglamentación actual no cumple con lo requerido para normar de forma adecuada esta materia, ya que “deja utilizar ese tipo de publicidad como forma indirecta de restricción de la libertad de expresión y acceso a la información”.

 

El documento entregado por la Alta Comisionada al diputado presidente, también aborda la eliminación de los delitos contra el honor, dado en los 33 códigos penales locales que existen; 19 contemplan al menos un tipo penal con relación a este tema y ONU-DH ha recomendado reiteradamente despenalizar las figuras que criminalizan la libre expresión. Igualmente, plantea emitir una legislación sobre protección a denunciantes.

 

Finalmente, en la “Agenda de propuestas legislativas en materia de derechos humanos que formula la ONU-DH a la LXIV Legislatura”, se manifiesta la necesidad de expedir una ley general sobre el derecho al agua, a fin de que sea un tema prioritario en materia de consumo humano. De igual modo, se proponen reformas en el sector salud y de los derechos de las personas con discapacidad. Además, se  plantean generar mecanismos legales para cuidar la tierra y territorios de las comunidades originarias.

 

En la reunión, el diputado Muñoz Ledo ofreció al representante de la Alta Comisionada y a su comitiva, la apertura para que hagan llegar propuestas concretas a la Presidencia de la Mesa Directiva, con el contenido específico, a fin de materializar las reformas y legislaciones solicitadas.

 

Se garantizó la total disposición para que las propuestas puedan presentarse a la brevedad ante las comisiones de dictamen y dar cauce al proceso legislativo que permita su discusión al interior de la Cámara o, en su caso, recuperar el trámite de aquellas que ya han sido discutidas y aprobadas por legislaturas anteriores y que por diversos motivos se han quedado en el camino, después de ser turnadas a la Cámara revisora que haya correspondido.

 

  • Joaquín Coldwell recomienda no reducir IEPS a gasolinas; “se haría un boquete a las finanzas públicas” 
  • Afirma que prohibir fracking de manera generalizada, sería un error; “nos condenaría a seguir importando gas”   

      En el análisis del VI Informe de Gobierno, diputados expresaron sus inquietudes a los titulares de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández Martínez, y de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina, sobre los precios de la gasolina, tarifas eléctricas y gas, así como la producción y suministro de estos energéticos. 

        También, hicieron cuestionamientos respecto al proceso de fractura hidráulica y sus daños ambientales; los contratos petroleros; los avances de la Reforma Energética y en cuanto al mercado de fuentes renovables. 

        Joaquín Coldwell afirmó que la decisión de reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas, no está en sus atribuciones. Sin embargo, dijo, “no lo recomiendo” porque “se haría un boquete enorme a las finanzas públicas” y se afectaría al gobierno electo en la restricción o cancelación de programas sociales que se han anunciad

        En la primera ronda de preguntas, el diputado Manuel Rodríguez González (Morena) mencionó que la Reforma Energética se vendió como la herramienta para detonar mayores inversiones, empleo y crecimiento económico; sin embargo, los resultados son alarmantes.

        Preguntó ¿por qué si esta administración pretendía hacer de Pemex una empresa competitiva a nivel internacional decidieron disminuir la inversión por arriba del promedio de la industria? 

        El también diputado de Morena, Carlos Enrique Martínez Aké, mencionó que la disminución de la producción de la plataforma petrolera, tuvo como consecuencia pasar de ser exportadores a importadores de hidrocarburos. Tan solo en septiembre de 2016 el país compró 330 mil barriles de crudo a Estados Unidos. “Hoy Pemex se encuentra en una situación de indefensión financiera, a pesar de que aquí nos vengan a decir lo contrario”.

        En su respuesta, Pedro Joaquín Coldwell afirmó que el contexto internacional resultó adverso, la caída en el precio del petróleo fue la más profunda y persistente en los últimos 25 años, la mezcla mexicana se desplomó de 110 hasta 18 dólares el barril. 

        El golpe a las finanzas pública de Pémex fue muy fuerte, perdió 75 por ciento de sus ingresos y se tuvo que ajustar el PEP en cerca de 57 por ciento y cancelar muchos portafolios de inversión. Esta es una de las principales razones por las cuales no se ha alcanzado la meta de los 3 millones de barriles. 

        Por el PAN, la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván dijo que las malas prácticas implementadas por Pemex contra el ambiente impactan en la salud de los ciudadanos y la calidad del aire. Cuestionó si ¿ya se inició alguna investigación para saber qué funcionarios de Pemex están implicados en el delito de huachicoleo? ¿Qué acciones ha hecho para detener la emisión de gases de efecto invernadero? 

        Al responder, el secretario Coldwell precisó que este gobierno ha impulsado las energías limpias, y uno de cada cuatro megawatts que consuman las familias será limpio cuando concluya el sexenio; además, se posicionó a México como uno de los seis países más atractivos para inversión en energías renovables no solo por el buen clima, sino por las buenas regulaciones ambientales.

        Sobre el venteo de gas, agregó, que Pemex lo redujo por 500 millones de pies cúbicos al día en 2016, a sólo 200 millones de pies cúbicos en 2017, es una disminución de 60 por ciento. Respecto a gasolinas, 100 por ciento de ésta, desde 2016 es de ultrabajo azufre. Informó que se armó un grupo de trabajo con los institutos Mexicano del Petróleo y el de Energías Limpias, con el fin de no dejar rezagos a la próxima administració 

        Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI, preguntó ¿por qué cayó la producción de gas natural en el país a 17 por ciento, qué se está haciendo para garantizar el suministro oportuno del mismo para fomentar la industria y apoyar al sector eléctrico, cuál sería el costo adicional para los consumidores de energía eléctrica si en lugar de generar energía con gas natural se utilizará el combustóleo y cómo afectaría el uso del mismo en el medio ambiente? 

        Su compañera de bancada, diputada Soraya Pérez Murguía indicó que se buscará contribuir en la elaboración del marco jurídico que sea necesario para elevar la producción del gas natural que requieren las empresas industriales de México, el sector productivo y por supuesto el sector eléctrico.   

        El secretario Joaquín Coldwell expuso que la declinación en la producción de gas natural de nuestro país obedece a diversas causas, como la  caída de la producción por el agotamiento de Cantarell y la madurez de los campos de Petróleos Mexicanos. La Comisión Reguladora de Energía por muchos años mantuvo bajo control el precio de primera mano que Pemex vende el gas natural, restándole incentivos económicos porque le resultaba más caro producir el gas y lo que recuperaba con su comercialización. 

        Manifestó que se están tomando varias medidas como el recurrir al nuevo sistema industrial privado, mediante las licitaciones para que también las empresas privadas  produzcan gas. Respecto a la última pregunta, dijo que el precio relativo en dólares, una medida como la que plantean implicaría y tendría un efecto sumamente negativo sobre el bolsillo de los mexicanos, porque le pegaría a las tarifas eléctricas muy fuerte, dado que el combustóleo es 4 veces más caro que el gas natural y, desde luego, muchísimo más contaminante 

        Del PES, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz dijo que la fractura hidráulica es una técnica para extraer del subsuelo el petróleo y gas natural de yacimientos llamados no convencionales, sin embargo es un procedimiento altamente dañino debido a que el gas que se libera y haciende junto con el agua se convierte en un líquido que vuelve  a la superficie arrastrando sustancias muy peligrosas, radiactivas y metales pesados como el mercurio o el plomo.

        Cómo es posible que ante los graves efectos al medio ambiente se autorice el uso del  fracking que tanto daña, causando a nivel nacional e internacional efectos directos e indirectos con daños irreparables para el desarrollo sustentable de nuestro país. Por ello, cuestionó sobre ¿qué medidas y no solo de mitigación se están tomando por parte del gobierno mexicano para afrontar esta situación que pone en riesgo la salud de las familias mexicanas?

        En respuesta, el titular de la Sener explicó que la fractura hidráulica  se hace en México desde 1960; el 22 por ciento de los pozos que se han explotado en yacimientos convencionales han usado de alguna u otra forma este procedimiento. "El 53 por ciento de nuestras reservas de gas están en recursos no convencionales y solo lo podemos extraer mediante el fracking”.

        “Yo lamentaría el día que se apruebe una iniciativa de prohibir el fracking de manera generalizada en nuestro país, sería un error, ese día habrá una fiesta en Texas del regalo que le estamos dando los mexicanos porque nos condenaría a seguir importando gas”, argumentó. 

        El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo a los funcionarios que el pueblo de México “paga su traición” en los precios de la gasolina, del gas y de la energía eléctrica. “Es el pueblo de México el que está pagando con sus impuestos ocultos a la gasolina, con los altos costos a la tarifa eléctrica y al gas, el boquete dejado por Petróleos Mexicanos”. 

        Refirió que de acuerdo con el Informe de Gobierno, se demuestra “el brutal daño a la economía nacional generada por la mal llamada Reforma Energética”. Inquirió por qué “traicionaron al pueblo que juraron defender y al marco constitucional, y por qué permiten el remate del patrimonio nacional y de la riqueza más importante del país, así como el sufrimiento del pueblo con las “tarifas criminales” de luz, de petróleo y de gas que empobrecen y matan de hambre al pueblo de México.  

        El secretario de Energía sostuvo que “asignar contratos petroleros en las mejores condiciones para la nación, con ingresos de 74 por ciento, sin que el Estado arriesgue un sólo centavo, no es un acto de traición a la patria”. Precisó que la Reforma Energética y la apertura a la inversión privada responden a circunstancias. “Se nos acabó Cantarell” y se ha venido afrontando una declinación de un millón de barriles diarios, desde 2004 a la fecha, afirmó. 

        Señaló que se requiere invertir 30 millones de dólares anuales en los próximos 15 años, si se quiere volver a la plataforma petrolera de tres millones de barriles al día. “Es imposible que eso lo asimile el techo de endeudamiento de Petróleos Mexicanos. Forzosamente necesitamos, por el bien del país, además del valioso esfuerzo de Pemex, la participación con capital y tecnología de las empresas privadas”. 

        Jacobo David Cheja Alfaro, diputado de MC, señaló que, de acuerdo con el último Informe de Gobierno, lo más sobresaliente del sector energético fue que la inversión privada será de más de 200 mil millones de dólares en los próximos años y que la tarifa eléctrica doméstica de bajo consumo, no ha subido desde hace cuatro años; sin embargo, el pueblo no encontrará una justificación sobre el incontrolable aumento al precio de las gasolinas que tanto ha dañado al bolsillo de los mexicanos, pues al inicio de este sexenio estaba en 13. 98 por litro y actualmente en 20. 77 pesos.

        Recordó que con la Reforma Energética se ofreció que bajarían los precios de los combustibles en México y que no habría más “gasolinazos”; pidió explicar  por qué durante este sexenio los hubo y qué le faltó a la Reforma. “Podrían antes de irse, en un acto de solidaridad con el pueblo de México, dar real reversa al gasolinazo reduciendo las cuotas del IEPS”, y cuestionó si el incremento gradual de las gasolinas en este sexenio buscaba solamente la eliminación del subsidio o para que el precio se abriera y se ajustara al libre mercado”.    

        El secretario de Energía indicó que todos quisiéramos que “el precio de la gasolina fuera lo más barato posible”, pero el costo se integra por el precio de referencia internacional, la logística de transporte, los márgenes comerciales, las mermas, más la carga fiscal del IEPS federal y estatal, así como el impuesto al carbono, más el IVA.

        Precisó que lo que llevó al gasolinazo, que fue tan controvertido, fueron dos factores que inciden en los precios de los combustibles y que contienen un efecto muy grande sobre las finanzas públicas: cuando se incrementa el precio del crudo o el valor de las gasolinas y cuando hay una gran volatilidad del tipo de cambio, y los dos casos se presentaron en diciembre de 2016; el peso se devaluó considerablemente por el efecto Trump y hubo un incremento importante en el costo de las gasolinas. “No haberlo incrementado hubiera implicado poner en riesgo la calificación crediticia del país y, sobre todo, cancelar programas sociales”. 

        Por el PRD, la diputada Mónica Almeida López enfatizó que México no ha consolidado un mercado de energías renovables, su consumo apenas representa el 15 por ciento y los precios de combustibles derivados del petróleo, incrementan no sólo sus precios, sino la contaminación del aire. Consideró necesario impulsar estrategias presupuestales para lograr que, a través del uso de los biocombustibles, se disminuya el costo de gasolinas y se cuente con un medio ambiente más saludable. 

        Preguntó cuáles son las acciones, estrategias y montos de inversión que están dentro de los planes de desarrollo establecidos por la Secretaría de Energía,  para que los mexicanos tengan acceso a energías limpias, más económicas, accesibles y sustentables, y en qué plazo lo tienen proyectado. 

        El secretario de Energía señaló que el desarrollo de las energías limpias ha sido uno de los objetivos que más avances ha tenido en las políticas públicas y se ha recurrido a diversos mecanismos para impulsarlas como las subastas de largo plazo, que permitieron en tres de ellas, captar 66 centrales renovables, eólicas y solares, de las cuales cinco ya entraron en funcionamiento y están proporcionando energía comercial; cuatro están en pruebas, 21 en construcción y 36 están en trámites o en procesos de acuerdo con los dueños de la tierra o consultas indígenas. 

        Afirmó que estas subastas provocaron una reducción importantísima del costo de las energías renovables. En estos años, explicó, las tecnologías han proporcionado una caída de casi 60 por ciento en los costos de generación de la energía solar, y el mecanismo permitió que de la primera subasta que se obtuvo, cuyos precios fueron de 31.89 dólares por megawatt, cayeran a la tercera a 21.83. “Una enorme reducción. En la eólica bajó de 35.82 a 19 dólares”.

        El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) refirió que, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cinco presuntos sobornos de Odebrecht por cinco millones de dólares, que fueron transferidos entre 2013 y 2014, coincidieron con las fechas clave de la asignación de un contrato con Pemex por mil 436 millones de pesos de la refinería de Tula.

        Subrayó que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho múltiples de observaciones que van desde el ocultamiento de información, pagos excedidos y otras anomalías por un monto total de 927 millones de pesos. A pesar de  todo, al interior de Pemex no se han ordenado acciones para la investigación, sanción y transparencia de estas acusaciones y, por el contrario, se ha favorecido la opacidad y el ocultamiento de información. Cuestionó qué acciones se han llevado a cabo para transparentar los contratos que se firmaron y qué medidas de investigación y sanción se han tomado en contra de los funcionarios. 

        El director de Pemex señaló que la PGR ha interrogado a 20 funcionarios de la empresa estaral, así como a dos ex funcionarios de Odebrecht, incluyendo a Marcelo Odebrecht. Detalló que el 30 de enero de 2017 se exhibieron 23 contratos individuales de trabajo de diversos servidores públicos, solicitados por la PGR, la gran mayoría de los cuales ya no lo son. También se mostraron cuatro contratos que se tuvieron con Odebrecht y la investigación sigue en curso. 

        Comentó que la Secretaría de la Función Pública inició ocho procedimientos administrativos en contra de la empresa y de los diferentes servidores públicos que participaron en los procesos de contratación o supervisión de esos trabajos.  Ya emitió cuatro resoluciones, dos inhabilitando a la empresa y dos en contra de un servidor público. 

        Por su parte, la Unidad de Responsabilidades de la SFP que trabaja dentro de Pemex, remitió a la Dirección Jurídica un dictamen en el cual se desprende que durante esa gestión de ese contrato, en la Refinería de Tula, hubo pagos en exceso por 122 millones de pesos. El 25 de enero de 2017, después comunicarse con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Pemex presentó una denuncia de hechos ante la PGR y se contrató un despacho para hacer una investigación interna.  Afirmó que, a la fecha, la empresa productiva del Estado no tiene ningún contrato con la empresa Odebrecht y presentó una denuncia reclamando el pago de los 122 millones de pesos. 

        Luego de rendir protesta de decir verdad,  el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, expresó, en su intervención inicial, que en los últimos seis años el sector energético cambió profundamente, pues se aceleró la transición hacia fuentes limpias, para sentar las bases de una economía libre de carbono, y se modernizó a Pemex, para impulsar un sistema industrial privado altamente diversificado. 

        Sostuvo que con la Reforma Energética se crearon mecanismos para que la CFE y otras empresas desarrollen proyectos de energías limpias. Entre 2015 y 2017, se realizaron tres subastas eléctricas, en donde se comprometieron inversiones por  ocho mil 600 millones de dólares para construir 65 nuevas centrales de generación renovable, y como resultado, a finales de este año, se cuadruplicará la capacidad instalada solar y eólica que se tenía al inicio del sexenio. 

        Las nuevas plantas se ubican en 17 estados. Es decir, más de la mitad contará con al menos un proyecto de generación verde que, además de traer beneficios ambientales, detonarán la creación de empleos y derrama económica regional. Las centrales aportarán casi siete mil megawatts, suficientes para cubrir las necesidades eléctricas de 6.5 millones de viviendas, por lo que uno de cada 5 hogares tendrá elección verde por las subastas de energías limpias. 

        Joaquín Coldwell mencionó que para los pequeños consumidores, el esquema de generación distribuida les permite producir su electricidad en los techos de sus hogares, comercios y pequeñas empresas. De 2012 a la fecha, se pasó de dos mil a 63 mil contratos. De mantener esa tendencia, para 2023 habrá 600 mil techos solares en el país, es decir, un aumento de mil por ciento a lo que se tiene ahora. 

        Para los 1.8 millones de habitantes que viven en pobreza energética, se implementó el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Con recursos excedentes del nuevo mercado eléctrico mayorista se instalaron pequeños sistemas fotovoltaicos y se extendió las redes de distribución de CFE, beneficiando a 591 mil habitantes, con una inversión de 4 mil 311 millones de pesos. 

        Relató que de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía 2017, a nivel global las emisiones de contaminantes asociadas con la generación eléctrica aumentaron en 1.4 por ciento, en México disminuyeron 4 por ciento, “gracias a un menor uso del petróleo y carbón, y una mayor eficiencia del sistema eléctrico y al incremento en las energías renovables y el uso de gas natural”. 

        Se puso en marcha un programa para ampliar los gasoductos y llevar gas a más regiones del país. El gas natural permite generar electricidad a mejores precios y es un insumo fundamental para el desarrollo de la industria nacional. La expansión de la red será del 66 por ciento y se espera cerrar el sexenio con 18 mil 800 kilómetros en operación.

        El gobierno destinó recursos financieros para la negociación del pasivo laboral de Pemex; se realizó la Ronda Cero, en la que el Estado asignó a esta empresa el 83 por ciento de las reservas probadas y probables del país y el 91 por ciento de los recursos prospectivos, a fin de garantizar su viabilidad durante al menos 20 años.

        Para completar la exploración y extracción, se realizaron 9 licitaciones; resultaron ganadoras 73 empresas de 20 nacionalidades, 35 son mexicanas, entre ellas, Pemex, quien ganó nuevas áreas licitadas. Se adjudicaron 107 áreas contractuales que a lo largo de la vida de los contratos y en caso de éxito geológico total, detonarán más de 900 mil empleos e inversiones por cerca de 161 mil millones de dólares, con una utilidad para el Estado del 74 por ciento, “sin arriesgar un solo centavo de recursos públicos”.

        El funcionario expresó que todos los procesos de licitación se realizaron bajo estándares de máxima transparencia y publicidad, y fueron difundidos por Internet en tiempo real. Además, se otorgaron  61 permisos para que más empresas realicen exploración superficial.

        “Hay avances en el sector; quedan enormes retos y para enfrentarlos México tiene hoy un nuevo modelo energético, capaz de responder a los desafíos globales. Se  ha  priorizado a las fuentes limpias y la mitigación del cambio climático. La industria de hidrocarburos es más dinámica, diversa e incluyente. El sector tiene las bases para un mejor futuro”, afirmó.

        Jaime Francisco Hernández Martínez, director de la CFE, indicó que de 2013 a la fecha se ha impulsado un programa de infraestructura que se traduce en inversiones mayores a 560 mil mdp, acción que incluye la construcción de 25 nuevos gasoductos con una inversión mayor a los 250 mil mdp y una longitud de 7 mil 400 kilómetros.

        La conversión de 7 centrales para que puedan funcionar a partir del gas natural, representa una inversión de más de 4 mil mdp y una capacidad instalada de 4 mil 500 megawatts adicionales. El desarrollo de 24 nuevas centrales de generación, significa invertir más de 124 mil mdp y agregar al sistema eléctrico nacional una capacidad mayor a los 10 mil megawatts. 

        La construcción de 65 nuevas centrales de generación renovable, resultado de las subastas de largo plazo del mercado eléctrico, representan una inversión mayor a 160 mil mdp y adicionar una capacidad instalada de 7 mil megawatts, así como el establecimiento de 15 mil proyectos de infraestructura de transmisión y distribución, que equivalen a una inversión mayor a 55 mil mdp. 

        Al día de hoy, expuso, más del 85 por ciento de estas obras ya están en operación y el resto, durante los próximos 18 meses, con lo cual se podrá atender la nueva demanda que traen consigo clientes que se suman a la CFE, actualmente estimados en al menos un millón por año. 

        Con estas obras, CFE avanza en su estrategia de sustituir combustibles caros y contaminantes, como combustóleo y diésel por otros menos costosos y más amigables con el medio ambiente, como el gas natural o las fuentes renovables. 

        Actualmente el gas natural es 68 por ciento menos contaminante y 80 por ciento menos costoso que el combustóleo y el diésel. Tiene un precio promedio de 2.9 dólares por millón de unidades térmicas británicas; el combustolio y el diésel tienen uno de 12.6 dólares por millón de BTU. “Desde la entrada en operación de las seis centrales que se han convertido para que puedan generar energía con gas natural ya se registran ahorros por más de 14 mil 300 mdp”. 

        La tarifa que recibe el 99 por ciento de los hogares del país es 16 por ciento menor en términos reales a la que existía al cierre de 2012, y acumula 46 meses consecutivos sin registrar aumentos, y “puedo adelantar que no tendrá incrementos durante lo que resta del año en beneficio de la economía familiar”. 

        El funcionario expuso que el segundo pilar con el que cuenta CFE es el fortalecimiento de sus finanzas, y hoy con el Programa de Reducción de Costos y Disciplina Financiera se presentan resultados alentadores. Hace dos años concluyó una negociación del contrato colectivo de trabajo de la CFE que permitió, reconfigurar el sistema de pensiones y reducir el pasivo laboral, a la mitad, resultando en una disminución de más de 320 mil mdp. 

        Se implementó una estrategia de disciplina financiera que permitió reducir gastos de operación en más de 17 por ciento, y de nómina de siete por ciento en términos reales, durante los últimos cinco años. Esta estrategia disminuyo el límite de endeudamiento neto de la empresa. Entre 2016 y 2017 la empresa no solamente regresó a números negros, sino registró las dos mayores utilidades en su historia. 

        CFE, afirmó, cerrará el año capitalizada. El patrimonio ascenderá a más de 600 mil mdp, 460 por ciento mayor de lo que existía en 2012. También, logró disminuir las pérdidas de energía para llevarlas a niveles comparables de 11 por ciento en relación con lo que pierden las economías más desarrolladas del mundo. Al cierre de este 2018, todas las centrales contarán con certificados de industria limpia. 

        El director de Pemex, Carlos Alberto Treviño Medina, señaló que la empresa ha aprovechado la Reforma Energética, pues se ha enfocado en el desarrollo de proyectos a través de asociaciones y migraciones para compartir costos y riesgos, obtener tecnología, conocimientos y mejores técnicas en la producción y exploración. 

        Pemex, dijo, ha participado en las rondas del Estado, donde ha ganado 14 bloques con siete diferentes socios. Además, conserva más del 90 por ciento de las reservas de hidrocarburos de México. “Hay 21.1 miles de millones de petróleo crudo equivalente en reservas prospectivas 3P, y en recursos prospectivos hay 23 mil 400 millones de barriles de petróleo crudo equivalente”. 

        Argumentó que Pemex se ha enfocado en mejorar el balance financiero y ser más eficiente en su gasto, sobre todo, en ser disciplinado en el uso del presupuesto. En el 2017, se cerró el balance en menos 93 mil mdp y para este año, se proyecta concluir en  menos 49 mil mdp, en lugar de 79 mil mdp negativos que se habían programado al inicio de 2018. “Hemos mejorado el balance en estos tres años, de aproximadamente 150 mil a 49 mil millones de pesos, esto es una mejora del 66 por ciento”. 

        En Pemex, se implementó una política de pago a los proveedores en 2015 la deuda total estimada a los proveedores era más de 147 mil mdp, pero con la disciplina financiera, éstos se han reducido en casi 66 por ciento. En 2017 esta cifra fue de 58 mil mdp y al cierre del año será una cifra similar. 

        Los recientes descubrimientos en seis campos (Esah, Xikin, Koban, Kinbe, Manik y Mulach) aportarán  cerca de 850 millones de barriles de petróleo crudo equivalente a las reservas.

        El titular de Pemex mencionó que pronto se iniciarán las licitaciones de las obras de desarrollo de Esah y Xikin, que aportarán a la plataforma de producción alrededor de 90 mil barriles de crudo al día y más de 90 millones de pies cúbicos diarios de gas. Xikin deberá iniciar la producción en septiembre de 2019, mientras que Esah, en marzo de 2020. 

        Respecto a Koban y Kinbe, afirmó que se han iniciado estudios para llevarlos a la etapa de desarrollo de campos. Se estima que aporten más de 80 mil barriles de crudo al día y más de 100 millones de pies cúbicos diarios de gas. La producción de Kinbe ya inició en 2018 y está produciendo 5 mil barriles diarios, y la de Koban podría empezar en 2022. 

        En cuanto a los recientes campos Manik y Mulach, fortalecerán el portafolio de oportunidades de desarrollo de Pemex en aguas someras y podrán contribuir a mantener e incrementar la producción en los próximos años. “Entregamos un Pemex con finanzas estables, en una ruta para mejora de su balance y llegar al superávit”.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) señaló que los nuevos yacimientos anunciados por Petróleos Mexicanos (Pemex) en Tabasco, permitirán aumentar las reservas petroleras en un momento estratégico para el país.

Sin embargo, indicó, “será a la mitad del próximo sexenio cuando se encuentren en su máxima explotación, aportando casi un 15 por ciento de la producción actual”.

Precisó que este descubrimiento de la empresa productiva del Estado contribuirá a la meta sexenal del nuevo gobierno federal, “ya que los recursos que se obtengan permitirán desarrollar proyectos estratégicos”.

Robles Montoya calificó como extraordinarios estos nuevos yacimientos y afirmó que “la investigación y exploración petrolera de Pemex otorga la posibilidad de encontrar más petróleo en aguas poco profundas”.

Mencionó que la estrategia de apoyar esas acciones permite, en este momento, incrementar las reservas en 180 millones de barriles, que repercutirán en el aumento de la producción de crudo contribuyendo a la meta sexenal de 2.6 millones de barriles diarios.

El también vicecoordinador del PT consideró factible acelerar el proceso de producción para 2019, toda vez que para explotar los nuevos yacimientos se requerirán 10 mil millones de pesos.

En reunión con integrantes de la Fraternidad de Reporteros, puntualizó que el Presidente electo “anunció una inversión de 75 mil millones para la exploración y perforación”.

 

 Por Nancy Rodríguez

Los diputados de Morena eligieron “con un criterio de paridad de género” a los 16 integrantes de su mesa de coordinación, la cual estará encabezada por Mario Delgado Carrillo, informó el grupo parlamentario. 

Entre dichos integrantes figuran Tatiana Clouthier Carrillo, electa como vicecoordinadora general de la bancada, y Pablo Gómez Álvarez, quien será el coordinador de Procesos Parlamentarios, indicó en un comunicado. 

“La fracción parlamentaria de Morena eligió a través de un procedimiento democrático, libre y directo a la diputada Tatiana Clouthier Carrillo como vicecoordinadora general, para fortalecer la dirección de este órgano”, externó. 

La mesa de coordinación quedó integrada por 16 diputados, de los cuales ocho son mujeres y ocho hombres: 

1. Coordinador Parlamentario, Mario Delgado Carrillo;

2. Vicecoordinadora general, Tatiana Clouthier Carrillo; 

3. Coordinador de Procesos Parlamentarios, Pablo Gómez Álvarez; 

4. Coordinador de Administración, Austeridad y Transparencia, Moisés Ignacio Mier Velazco; 

5. Coordinadora de Parlamento Abierto, Lorena Villavicencio Ayala; 

6. Coordinador de Finanzas Públicas y Fiscalización, Jorge Luis Montes Nieves; 

7. Coordinadora de Economía y Competitividad, María de los Ángeles Huerta del Río; 

8. Coordinador de Derechos Sociales, Bienestar y Pueblos Indígenas, Armando Contreras Castillo; 

9. Coordinador de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Irán Santiago Manuel; 

10. Coordinadora de Justicia y Derechos Humanos, Lorenia Iveth Valles Sampedro; 

11. Coordinadora de Diversidad, Género e Inclusión Social, Merary Villegas Sánchez;

12. Coordinadora de Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y Políticas Urbanas, Flor Ivone Morales Miranda;

13. Coordinadora de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez; 

14. Coordinador de Desarrollo Rural y Asuntos Agrarios, Fortunato Rivera Castillo; 

15. Coordinador de Relaciones Exteriores y Población, Miguel Ángel Chico Herrera; 

16. Coordinadora de Asuntos Constitucionales y Gobernación, Aleida Alavez Ruiz. 

En declaraciones a la prensa, el coordinador Delgado Carrillo destacó que su grupo parlamentario también cumplió con el criterio de paridad de género en la elección de presidentes de comisiones ordinarias, ya que de las 23 que presidirá Morena, 12 estarán encabezadas por mujeres y 11 por hombres.

El próximo miércoles 26 de septiembre, se celebrará en un salón de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el foro abierto “Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de Reforma Legal para su combate eficaz”, para analizar reformas legales que implementen medios de control efectivos para atacar los beneficios millonarios y evitar la sangría de recursos públicos que genera la comercialización de comprobantes fiscales, emitidos por empresas fantasma, con las que amparan operaciones simuladas.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar considera que el Ombudsman fiscal, presidido por la licenciada Diana Bernal, ha desempeñado un papel relevante en el combate a las empresas fantasma y a la facturación falsa y ha presentado propuestas para erradicar este ilícito.

La propuesta que se requiere consiste en que todas las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, ya sean sociedades de la iniciativa privada o entidades del sector público federal, estatal o municipal, retengan dos terceras partes del IVA que se cause en la contratación de servicios, así como un 10% del monto que ampare el comprobante fiscal como pago provisional de ISR.

Adicionalmente, se analizarán los cambios en la legislación penal, para identificar como delito grave el uso de facturas falsas.

En ese sentido, tanto Diana Bernal como Ramírez Cuéllar, se refirieron a la urgencia e importancia de formular y presentar una iniciativa que eleve a delito grave y delincuencia organizada, la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados. También se requiere aumentar la penalidad de este delito para llevarla hasta 10 años de prisión.

Urge poner un semáforo de alerta a la corrupción que se ha presentado en diversas entidades del sector público --- comentó el diputado de Morena ---, ya que es frecuente que dichas entidades contraten supuestas prestaciones de servicios como “asesoría”, “diseño de logotipos”, “publicidad”, “estudios” y “servicios de logística”, entre otros, de los cuales es difícilmente rastrear su efectiva prestación.

Al foro acudirán como expositores, la propia Diana Bernal, así como importantes fiscalistas, como Ricardo Cervantes ex presidente de la ANADE, Alejandro Marín de la Asociación de Especialistas Fiscales en Jalisco, Jorge Covarrubias, socio de la firma Parás Asesores Fiscales, así como el Presidente del Grupo Questro, Eduardo Sánchez Navarro.

 Por Nancy Rodríguez

El Pleno avaló el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Cámara de Diputados y reconociendo la pluralidad y composición de esta LXIV Legislatura, se promueve que, en la integración de las comisiones, comités, grupos de amistad y delegaciones para los organismos internacionales permanentes, se observe la paridad de género.

        Desde su curul, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) se congratuló de que se busque la paridad en las comisiones y comités, pero “no solamente en eso, también en las áreas administrativas”. Calificó como impostergable la igualdad de género en la ocupación de los espacios de toma de decisiones. “Esta legislatura pasará ya a la historia como la legislatura de paridad. Es necesario que se inicie y practique la democracia paritaria, que sea en igualdad de condiciones tanto horizontal como verticalmente”. 

        Martha Angélica Tagle Martínez, diputada de MC, indicó que se le dará seguimiento para que las comisiones ordinarias, especiales, grupos de trabajo, la integración de las mesas directivas y las presidencias de esos espacios estén integrados de manera paritaria. “Queremos mujeres, en el poder con poder, con poder para cambiar la vida de las demás mujeres, porque para eso llegamos a este Congreso, para mejorar la vida de las demás mujeres y, por ende, de la sociedad”. 

        La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) mencionó que este acuerdo es significativo para las mujeres que “hoy estamos representando a miles, a millones de mujeres en este país. La violencia ha crecido significativamente, pues todos los días nos damos cuenta de feminicidios y la representación que hoy tenemos en esta LXIV Legislatura debe ser para trascender, para que las mujeres que hoy esperan de nosotros sepan que las representamos con dignidad y no solamente estamos ocupando una silla en esta Cámara”. 

        Su compañera de bancada, diputada Lizeth Sánchez García celebró que “estemos ocupando estos puestos y demostremos gran capacidad. No solamente es una cuota de género, sino que las mujeres tenemos la fuerza y podemos gobernar, porque además de ser la base de una familia, de una sociedad, sin duda alguna hoy estamos aquí porque podemos ser grandes mujeres y grandes legisladoras”. 

        La diputada del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña, precisó que este acuerdo refleja lo que muchas mujeres han venido exigiendo, que es la paridad. “La hemos logrado cuantitativamente y ahora la queremos cualitativamente. Queremos estar en la mitad de las presidencias y en la mitad de la integración”. 

        Por Morena, la diputada Lorena Villavicencio Ayala destacó que son 241 legisladoras y “tenemos en nuestras manos la posibilidad de que esta Cámara actúe de manera distinta. Venimos las mujeres aquí para demostrar que se puede hacer otro tipo de política, donde los argumentos sean lo más importante y podamos actuar de manera conjunta”. 

        Marcela Torres Peimbert, diputada del PAN, argumentó que el que las comisiones y las presidencias de las comisiones estén integradas de manera paritaria, traerá enormes ganancias a México. “Seremos las legisladoras quienes estemos trabajando con una visión transversal de perspectiva de género incluyente”. 

        De ese mismo grupo parlamentario, la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas aplaudió la voluntad política para integrar las comisiones de manera paritaria e hizo un llamado “para recordar que la paridad no es el único pendiente que tenemos no solamente con las mujeres que hemos llegado a la toma de decisiones, sino con todas las del país. Que el trabajo legislativo se realice, siempre con miras de la defensa de la vida de las mujeres, y que realmente podamos tener una vida libre de violencia”. 

        Del PRI, la diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez expresó que este es un primer paso y se está mandando un mensaje a México y a todos los congresos locales para que puedan seguir con esta visión. “Que las próximas legislaturas puedan gozar de estos derechos, y las mujeres podamos seguir participando a plenitud”. 

        Beatriz Manrique Guevara, diputada del PVEM, manifestó que este acuerdo “no es una dádiva, sino es algo conseguido por la lucha de las mujeres por muchos años. No solamente basta que a las mujeres se nos mande a competir en condiciones de igualdad, tenemos que llegar a los espacios en donde se están tomando las decisiones”.

  • Piden revisar reglas de operación, asignación de recursos y  legislación en este rubro 
  • Realizan en San Lázaro foro para evaluar requerimientos y fortalecer funcionamiento de estas unidades para la niñez

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a que analice la problemática relacionada con las reglas de operación y la asignación de recursos de las nueve mil 653 estancias infantiles de todo el país, que atienden a 313 mil 450 niños. 

Durante el foro “Retos y desafíos para el fortalecimiento de estancias infantiles”, al que asistieron representantes de estos centros de desarrollo de la niñez de las 32 entidades federativas, el legislador indicó que la propuesta busca que en las reglas de operación de estas unidades, para el próximo año, se tomen en cuenta sus demandas y les lleguen los recursos requeridos. 

“La actual administración aún tiene dos meses y medio para atender este asunto y, sobre todo, dejar claras las condiciones en que dejará las estancias para los próximos años”, comentó. 

Dijo que el gobierno federal, a través de la Sedesol, da un apoyo de 950 pesos por niño, y los responsables determinan si con esa aportación es suficiente o se solicita una cooperación más al padre o madre de familia para la atención del infante. 

Añadió que estas problemáticas deben ser atendidas con las actuales autoridades de la Sedesol, “para concluir este periodo del Ejecutivo federal, es decir, liquidar todos los pendientes, los adeudos, que no dejen nada rezagado y revisar lo relacionado con lo que será la Secretaría de Bienestar Social, además del tema de las reglas de operación o cambiarlas”. 

Además, indicó que se buscará una reunión con quien ha sido propuesta como nueva titular de esa secretaría de Estado en el próximo gobierno federal, a fin de lograr el apuntalamiento de las estancias. 

Montalvo Luna expresó su disposición a trabajar de la mano con los representantes de este sector en un proyecto de estancias infantiles, ya que “estamos buscando que le vaya bien a México, a los niños y a las guarderías”. 

En tanto, el diputado Óscar González Yáñez, vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, sostuvo que es necesario revisar la legislación en materia de estancias infantiles, ya que existen vacíos jurídicos que propician que los encargados de estos espacios incurran en responsabilidades legales que no les corresponden. 

Destacó que se debe garantizar certeza jurídica a estos centros de atención a la infancia y brindar tranquilidad a los padres sobre el bienestar de sus hijos.

Afirmó que son un espacio fundamental, ya que son el primer lugar donde los pequeños reciben protección por el Estado, por lo que, enfatizó, “debe ser un espacio maravilloso”. 

Refirió que a nivel mundial, cada segundo nacen tres o cuatro infantes, lo que representa una gran responsabilidad con este sector. “Lo que hagamos con los niños hoy, es lo que ellos van a hacer por el mundo y ustedes tienen una gran tarea en su educación, por medio del  respeto y el amor, para que estén orgullosos de su país.” 

González Yáñez subrayó que la idea es no sólo aumentar la cobertura, sino elevar la calidad de las estancias infantiles, a través de la Sedesol; por ello, consideró primordial llevar a cabo una reunión con la futura y la actual autoridad de esta dependencia federal, para revisar los avances y pendientes en la materia. 

“Nuestra tarea es ayudar a la Sedesol para que cumpla con la tarea de velar por el interés superior de la niñez”, subrayó. 

Expuso que se debe discutir el modelo educativo de estas unidades para la niñez, a fin de cambiar el concepto de estancia infantil porque “ni se guardan niños, ni son lugares para estar”; se llaman Centros de Atención y Desarrollo Infantil (CADI) o Centro de Desarrollo Infantil (Cendi). 

Al participar, los integrantes del Grupo Nacional de Estancias Infantiles propusieron optimizar el funcionamiento del programa de estos espacios y mejorar sus reglas de operación. 

Además, solicitaron que las decisiones de los supervisores regionales de las estancias se adapten a las características y necesidades de cada zona geográfica, ya que requieren atención específica debido a los climas en cada una de ellas.

  • Cadenas comerciales venden lábaros patrios, vírgenes de Guadalupe y muñecas de trapo de mala calidad, fabricados en China

La diputada Sonia Rocha Acosta (PAN) plantea exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Economía, prohíba la comercialización de productos artesanales de origen extranjero, en particular los provenientes de países asiáticos, como China, porque “constituyen verdaderas imitaciones de artesanías mexicanas que atentan contra la identidad y economía de los pueblos indígenas”.

        En un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria, también propone que estos bienes sean protegidos y se apoye a los artesanos y productores prohibiendo a las grandes cadenas la venta y distribución de artículos asiáticos. Además, plantea impulsar las piezas  nacionales para enviarlas al extranjero, y se les otorgue el reconocimiento de creación cien por ciento mexicana. 

        Rocha Acosta subraya que esta propuesta no atenta contra las tiendas departamentales, las cuales deben contribuir a la comercialización de lo hecho por las manos de los artesanos mexicanos, en apoyo de la economía nacional.

        México es un país con una diversidad cultural amplia, sustentada en sus pueblos indígenas u originarios, donde su principal medio de subsistencia lo conforman las artesanías que elaboran  y en las cuales plasman la identidad de cada uno de estos pueblos. 

        Precisa que para las comunidades indígenas, la actividad artesanal representa una fuente de empleo y sustento económico de sus familias; por tal motivo, se debe dignificar y proteger ese trabajo, pues además de ser un medio de subsistencia, constituye una expresión artística. 

        Sin embargo, la legisladora añade que en un mundo globalizado y con la intención de generar ganancias comerciales, países como China han hecho una producción en serie de baja calidad y costo mínimo, lo que permite realizar imitaciones de piezas que se asemejan a las artesanías originales, y que son vendidas en tiendas de autoservicios y departamentales. 

        Ello denigra el trabajo de los mexicanos y atenta contra la identidad, cultura, tradiciones y economía de los pueblos indígenas del país. 

        Un ejemplo, añade, es la muñeca de trapo colorida de origen mazahua u otomí, típica del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, que es imitada por chinos y comercializada en  tiendas de cadena, “poniendo en riesgo la identidad y preservación de una de las artesanías más representativas del país, confeccionada por mujeres indígenas de esa zona”. 

        La diputada del PAN destaca que con esta muñeca, las mujeres indígenas tratan de identificar sus raíces vistiéndolas con atuendos y accesorios que ellas mismas utilizan y reflejan su identidad originaria; de esta manera, “se transmite a las niñas los valores, actividades y parte de su indumentaria tradicional que rige en su comunidad”. 

        Incluso, en China, se ha hecho e impreso uno de los símbolos nacionales, como el lábaro patrio, o creado, piezas de bulto de la Virgen de Guadalupe, o prehispánicas como las pirámides del Sol y la Luna o la Serpiente Emplumada. Todas se comercializan en grandes almacenes, lo cual lesiona la identidad cultural del país y afecta la economía de miles de familias dedicadas a esta actividad. 

        Por último, reitera la importancia de proteger el trabajo de artesanos de diversas regiones del país, como son los cantereros, alfareros, ceramistas, productores de artículos de ixtle, licores, dulces y otras golosinas, y con ello generar un impulso comercial y posicionar nuestra identidad cultural en el extranjero.

 

13 de septiembre, 2018

• SE ACABARON LOS PRETEXTOS, SE VAN LOS PRIVILEGIOS.

Con la minuta que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el concepto del presupuesto como un botín, llega a su fin, sostuvo el diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

En el marco de la presentación de reservas respecto a la minuta, el líder de la principal bancada en el recinto legislativo de San Lázaro aseveró que con este proyecto se pone fin al despilfarro que caracterizó las administraciones del PRI y del PAN.

Al defender la minuta en sus términos, Mario Delgado argumentó que durante los gobiernos del PRI y PAN se tenían ministros de la Corte, consejeros del INE, magistrados del Trife, presidentes de organismos como la Cofece, IFETEL y el INAI, que ganan más de 2 millones 300 mil pesos al año.

Además, durante la actual administración, el costo de la alta burocracia se incrementó en más de 20 mil millones de pesos; “en total, en el sector público tenemos 103 mil 177 plazas que ganan más de un millón de pesos anuales y el costo total de las mismas asciende a 146 mil millones de pesos”.

Mario Delgado llamó a comprender que la austeridad no es un discurso sexenal ni una pose política, “entendamos que los recursos públicos deben ser tratados como sagrados, que vienen del esfuerzo, del sudor de la frente de miles de trabajadores, millones de trabajadores mexicanos, y de cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que con mucha tenacidad luchan por salir adelante”.

El diputado apuntó que si bien los opositores a la minuta argumentan que tiene inconsistencias, “la inconsistencia que más nos preocupa es la que ha prevalecido en los últimos años, donde tenemos funcionarios ricos con pueblo pobre”.

“Nos dijeron también que si aprobamos esto nos van a corregir la plana, ya nos corrigió la plana la gente el primero de julio, porque está cansada de tanto dispendio en el presupuesto público”, dijo.

“Se dijo por ahí que es una minuta que viene del invierno, no; es una minuta que viene de la revolución de las urnas del verano pasado, hace 2 mil 863 días que esta minuta estaba esperando este día; se acabaron los pretextos, se van los privilegios”, subrayó.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 433 votos a favor, nueve en contra y una abstención, el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y adiciones al Código Penal Federal, a fin de regular las percepciones de los empleados federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. 

Para la discusión en lo particular se reservaron los 17 artículos contenidos en cinco capítulos de la minuta, aprobados en sus términos, por 246 votos a favor y 111 en contra, luego de la participación en tribuna de 28 oradores y la presentación de 13 propuestas de modificación. El documento se turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales. 

Esta ley, reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostiene que todo servidor público no puede tener una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Se adiciona al Título Décimo Libro Segundo “Delitos Cometidos por Servidores Públicos” del Código Penal Federal, un Capítulo V Bis denominado “Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los Servidores Públicos”, en el que se establecen sanciones económicas hasta de 3 mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, y prisión, destitución e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos hasta por 14 años. 

El ordenamiento considera remuneración a toda retribución en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra cosa, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

En tanto, define como servidor público a quienes desempeñan una función, empleo, cargo o comisión en los Poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo, entes públicos incluidos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia, tribunales administrativos, Procuraduría General de la República, Presidencia de la República, dependencias federales y organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal.   

El documento plantea que ningún funcionario puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios puestos, siempre que éste cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales. 

Asimismo, por el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo, cuando su desempeño exija una preparación, formación o conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología, entre ot  ros. Bajo las anteriores excepciones, la suma de las remuneraciones no podrá exceder la mitad de la percepción establecida para el Ejecutivo. 

Estipula que las remuneraciones y tabulaciones son públicas, por lo que no puede clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. Los ejecutores del gasto público federal y demás entes públicos las darán a conocer en sus respectivas páginas de Internet, de manera permanente. 

Se establece que la Auditoría Superior de la Federación podrá hacer observaciones, iniciar procedimientos para el financiamiento de responsabilidad administrativa sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas, determinar los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal, promover denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de juicio político, cuando procedan. 

Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna de control respecto de las conductas de los servidores públicos contrarios a las disposiciones de esta ley para que se inicie procedimiento de responsabilidad. 

Cuando la denuncia se refiere a alguno de los servidores públicos definidos en el artículo 110 Constitucional, podrá presentarse denuncia también ante la Cámara de Diputados para iniciar el procedimiento de juicio político. 

Previamente a su aprobación, la Mesa Directiva informó que dicha minuta fue aprobada por el Senado de la República el 8 de noviembre de 2011 por unanimidad de 95 votos, y remitida a la Cámara de Diputados para los efectos de la fracción A del artículo 72 de la Constitución Política. 

        La minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 10 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a comisiones y se venció su plazo para ser dictaminada el 23 de mayo de 2013. Sin embargo, en la LXIII Legislatura se autorizó prórroga a la minuta en cuestión hasta el 29 de abril de 2016, toda vez que el plazo para que este proyecto fuera dictaminado ha precluido. 

        En términos del artículo 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los coordinadores de los grupos parlamentarios, en reunión celebrada el pasado lunes 3 de septiembre, solicitaron a la Mesa Directiva que con fundamento en el artículo 184 del mismo ordenamiento, acordara la presentación de esta minuta ante el Pleno en sus términos por vencimiento de plazo, conforme a lo dispuesto por el artículo 95, numeral 2, fracción II del Reglamento. 

        Por ello, en el orden del día de este jueves se incluyó el apartado correspondiente a la discusión y votación de esta minuta. 

        Antes, se desechó la moción suspensiva de la diputada Claudia Pastor Badilla (PRI), quien expresó estar a favor de regular las remuneraciones de los funcionarios; sin embargo, consideró que el documento que se propone aprobar no tiene actualizado el marco jurídico en siete años. “No cometamos el error de aprobar esta propuesta con las notorias inconsistencias para que otros nos corrijan la plana”.

Durante los posicionamientos, el diputado Pablo Gómez Álvarez, de Morena, enfatizó que no se trata sólo del salario máximo del Presidente. Es acabar con los elevadísimos sueldos ilegales y abusivos porque se ha convertido a México en un país de privilegios, y “si en algo habremos de concluir después de la histórica jornada del primero de julio es en convertir a México en un país sin privilegios, en un país de iguales y respeto a la ciudadanía donde el pueblo pueda ejercer con su voto la soberanía verdadera a través de los Poderes”. 

Subrayó que harán valer la Constitución en materia de remuneraciones de los servidores públicos, porque ésta ha sido violada durante nueve años y se han puesto sueldos muy por encima de los topes. 

“Hemos venido aquí a hacer algo que dijimos durante toda la campaña. Vamos a hacer valer la Constitución del país en materia de remuneraciones en todos los tonos, hemos venido a cumplir aquí, hoy”, afirmó. 

Recalcó que se les acusa de legislar a la carrera, rápido y mal, por lo que cuestionó ¿por qué no dijeron eso hace siete años? Y agregó: “hemos esperado todo el tiempo, tenemos casi nueve años en omisión legislativa, pueden señores y señoras explicarnos esto. El PAN, PRI y PRD son responsables de esta omisión legislativa y por eso tienen que dar cuentas a la nación”. 

Por el PAN, Laura Angélica Rojas Hernández dijo que votarán a favor de la minuta en lo general, pero agregó que presentaría reservas, porque su texto está totalmente desactualizado en relación a una diversidad de reformas que han sucedido en los últimos 7 años;  anunció que a la brevedad propondrán una iniciativa al respecto. 

“Lamentamos que siendo esta la primera ley que la Legislatura votará, el resultado será un texto anacrónico, con claros y evidentes errores en la forma e insuficiente en el fondo, ni siquiera propone los mecanismos ni los criterios técnicos por los cuales se fijarán los salarios. Es esta la Cuarta Transformación, de eso se va a tratar, de legislar rápido y mal, pues vaya cambio, el pueblo necesita leyes que le sirvan para ejercer los derechos”, afirmó. 

Aseveró que el PAN está a favor de topar el salario de los servidores públicos; muestra de ello, dij, es su voto a favor de esta minuta en el Senado de la República. Recordó que la primera iniciativa en la materia no fue presentada por la izquierda, sino por el entonces diputado Felipe Calderón, en 2002. 

El PAN, añadió, no olvida que este es uno de los temas más sensibles para la sociedad, sobre todo por la gran brecha que existe entre las percepciones de algunos funcionarios de los distintos órdenes del gobierno y de los tres Poderes de la Unión, en comparación con el salario de una familia promedio, por lo que la atención del mismo se convierte en un asunto de justicia social, transparencia y equidad. 

La diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI) se manifestó a favor de una legislación que regule las remuneraciones de los servidores públicos; sin embargo, pidió que se haga bien. “Votaremos a favor del proyecto, pero no de la forma de una minuta salida del invierno legislativo; no compartimos que se apruebe sin cambios”.

        Añadió que el documento genera incertidumbre jurídica y plantea problemas de aplicación. Las razones: obsolescencia legislativa y falta de armonización. La ausencia de consideración sobre regímenes especiales, apuntó, provoca choque presupuestario y genera conflicto constitucional. 

        Manifestó que, de 2011 a la fecha, el marco constitucional ha tenido grandes reformas que han fortalecido al Estado mexicano, generando una nueva estructura administrativa, como la creación de nuevos órganos autónomos y de nuevas figuras. “Aprobarla en sus términos, implicaría no incorporar un mecanismo de vinculación con el nuevo Sistema Nacional de Anticorrupción ni con la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, ni su armonización con la desindexación del salario mínimo”, advirtió. 

        Estimó que se requieren disposiciones transitorias que permitan operar la ley en coordinación con el nuevo Presupuesto de Egresos y lograr su aplicación efectiva. Consideró fundamental actualizar la minuta. “En lo particular, presentaremos reservas para que sea la norma que esperan las y los mexicanos y no un ejercicio demagógico o de simulación”.  

        Ernesto Vargas Contreras, diputado del PES, precisó que esta minuta tiene su fundamento en un reclamo de los ciudadanos, en relación con los privilegios y altos sueldos que recibe la clase política y los funcionarios públicos. “No es una petición, sino un grito de justicia, de desesperación y un reclamo justo”, expresó.

        Preguntó a sus homólogos si no les duelen los 50 millones de pobres que hay en el país. “Muchos mexicanos no saben lo que significa comer tres veces al día; cinco de cada 10 niños se alimentan una vez al día. El pueblo se muere de hambre aquí cruzando la calle y en toda la nación”. 

        Se debe tener una legislación que obligue a los Poderes de la Unión, a los órganos autónomos y demás entes federales a cumplir reglas y principios de austeridad, con el fin de edificar una sociedad más igualitaria y justa, puntualizó. 

        Aclaró que la reducción en los sueldos de los servidores públicos no se deriva de una imposición ni es una revancha política. “Es la exigencia de una nación que cada día tiene más pobres, mientras existen funcionarios públicos obesos y desconectados de la realidad. Necesitamos un cambio, nuestro voto es  a favor de la familias mexicanas”, añadió.  

        El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) señaló que es fundamental ajustar los salarios y “ganar y vivir como lo quería Juárez, en la honrosa medianía”. Afirmó que el presupuesto público debe ser austero e invertir ese dinero en programas que beneficien a la gente y a los más pobres. 

        Se requiere, dijo, dar señales claras y hechos de que realmente se busca combatir la desigualdad en México. “A la gente le molesta que se regatee la baja de salarios de los altos funcionarios o se eliminen los lujos y las casas blancas, porque ofrecen desigualdad, que es tan grande en el país”. 

        Llamó a no ignorar la desigualdad, por lo que pidió a las fuerzas políticas de esta Cámara, a los miembros de los otros Poderes, de los organismos y demás dependencias, “a no aplicar una política de regateo, de anteponer su interés u ambición”. 

        Es fundamental, precisó, cerrar las brechas entre unos mexicanos que ganan como reyes y otros que sólo reciben recursos para sobrevivir. Hizo votos para abrir nuevas oportunidades legítimas y concluir negocios al amparo del poder público o ganancias a costa del dinero del pueblo. 

A nombre de Movimiento Ciudadano, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla afirmó tener “un firme compromiso con el combate al derroche”, ya que hacen falta recursos para programas urgentes y atender múltiples prioridades. “No es justo que gran parte de los recursos públicos se vayan a privilegios salariales”. 

Sostuvo que en términos generales, la minuta es positiva porque busca ordenar las remuneraciones de servidores públicos; sin embargo, tiene deficiencias, incluso hay excesos, y “debemos tener cuidado en discutir un tema tan importante, porque podemos dar paso a la judialización de esta reforma”. 

La Constitución señala, desde hace años, que no debe haber remuneraciones por arriba del sueldo del Presidente; no obstante, cada año se aprueban presupuestos que permiten las  partidas para que esos sueldos se sigan pagando en contra de dicho texto, aseguró. 

También, por muchos años, se ha utilizado el Presupuesto de Egresos de la Federación como espacio para la simulación y otorgar privilegios discrecionales de toda la naturaleza, para garantizar ingresos muy por arriba de los tabuladores regulares. Expresó su preocupación por caer en demagogia y en un discurso de simulación en materia de austeridad, que no se distinga entre poner orden en las finanzas públicas y votar un decreto de forma pulcra y cuidadosa.

 

Del PRD, el diputado Antonio Ortega Martínez sostuvo que se está generando un problema en la administración pública con la solicitud de separaciones voluntarias, renuncias, amenazas de amparo y jubilaciones adelantadas ante la expectativa de reducir los sueldos a altos funcionarios. Destacó que “no se cuida con responsabilidad una iniciativa que atiende una demanda popular y social, y que solo provoca la división del pueblo malo contra el bueno”. 

Lo que hay en el fondo es que se quiere cerrar el círculo entre la aplicación constitucional, la ley reglamentaria y establecer las percepciones, para evitar que en la judialización que viene se genere el problema político, porque cumplir las promesas se les está complicando y no quieren entender que esto se hace con pulcritud política y procesal. 

“Se pretende resolver las inconsistencias de la minuta mediante acuerdos en lo oscuro, reservas, cartas compromiso y, desde luego, será una ley con enormes inconsistencias en el proceso. La prisa en las labores legislativas significan desaseo, que conlleva serios riesgos a la legalidad. No solo es desaseo en las formas, en alguna palabra que hay que corregir, sino en el fondo”, afirmó. 

Refirió que hay un vacío, porque es una minuta de hace casi siete años, desfasada y hay que actualizarla. “¿Qué hacer con ella?, Sigue viva, no se ha dictaminado, no se elimina y hay que resolverlo”. Indicó que la promesa de campaña que se quiere cumplir, la comparten: evitar los abusos de las remuneraciones públicas. Pero aseguró que el PRD ha presentado siete iniciativas para tratar este tema.

El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) afirmó que “hoy no estamos en condiciones para decirle que no a una demanda muy clara de la ciudadanía, sobre lo que debería de percibir un funcionario público. Bienvenida la reforma. Debemos de apoyarla, para reducir el sueldo como un mecanismo para que el funcionario público este más a la altura de lo que la gente aspira”. 

No obstante, señaló que “no queremos ser omisos sobre las posibles consecuencias de establecer estos máximos de remuneraciones. Pudiera provocar el riesgo, de que salgan de la administración pública federal servidores  altamente técnicos. “Preparémonos para esta realidad”. 

Se tiene en la administración pública federal muchos funcionarios que no son políticos, que participan por su enorme conocimiento técnico de los temas, como Telecomunicaciones, energía, económicos e instituciones como el SAT, hay directores generales que están sin duda, por abajo de lo que percibe en este momento el presidente, que está en el rango de 207 mil pesos, pero que tenían sueldos de 150, 170, 180 mil pesos. 

“Habrá consecuencias en espacios que no son netamente políticos, que requieren una formación altamente académica y técnica, donde habrá que encontrar y convencer a funcionarios mexicanos para que participen”, destacó. 

En la discusión de la minuta, la diputada Julieta Macías Rábago (MC) manifestó su postura en contra señalando que la misma tiene errores de fondo y está completamente fuera de contexto. “El procedimiento legislativo es violatorio, no paso a discusión para hacer las adecuaciones necesarias pues carece de fundamentos actuales y además viola preceptos establecidos en la constitución”. 

Aprobar esta ley implica también violar la autonomía de instituciones como la UNAM o la UAM quienes sin análisis y discusión se verían sujetos a estas normas, cuando particularmente estas instituciones se caracterizan por contar con servidores públicos de carrera, profesores de méritos que han dedicado su vida a la enseñanza y se podrían ver afectados directamente. 

En el fondo esta ley no debe estar diseñada para afectar a los millones de servidores públicos que hoy trabajan en el gobierno federal. Diversas estimaciones afirman que hay cerca de 5 millones de trabajadores al servicio del estado que no son quienes han acaudalado recursos, gozado de privilegios o derrochado el presupuesto, argumentó.   

El diputado Zoé Alejandro Robledo Aburto (Morena) expresó estar a favor de la iniciativa estableciendo que es una oportunidad de desmontar esta idea popular de que “el político gana mucho y hace poco o que el funcionario está en ese solamente para servirse”. 

Expuso que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó datos sobre el tema de la pobreza salarial señalando que en el país, en el primer trimestre de este año, el ingreso promedio de los mexicanos que viven en las ciudades fue de 2 mil 300 pesos al mes. 

Mientras, “en el campo la gente está ganando mil 340 pesos al mes, siendo esto lo que se gasta alguien en una comida, en un regalo o en un vuelo de avión; esta es la brecha que estamos intentando vencer”, argumentó. 

Para hablar en contra, el diputado Alfredo Villegas Arreola (PRI) dijo estar de acuerdo con el espíritu de esta regulación, “pero tenemos la responsabilidad de procesarla con apego a la legalidad y a las precisiones. No es una ley desvinculada, está ligada a muchas otras, inclusive el capítulo de sanciones no viene bien redactado, y lo hemos revisado y visto cuál es la solución”. 

Refrendó su compromiso de apoyar que no haya excesos con los recursos en el ejercicio público. “Vamos a estar en éste y en otros temas que puedan traer consecuencias”, subrayó, al tiempo que apuntó que la iniciativa aprobada en la colegisladora tiene “errores graves legales”. 

Esta ley “puede tener problemas si tal cual la aprobamos”. Pidió corregir esos errores “para darle a México lo que nos piden a todos, que apliquemos leyes para la transparencia, para la rendición de cuentas, para las sanciones”. Explicó que hay tres documentos de seis grupos parlamentarios, que solicitan que las observaciones se procesen de aquí al 30 de septiembre. 

Para hablar a favor del dictamen, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) dijo que hay regidores, síndicos, alcaldes, ministros de la Corte, funcionarios de la Cámara que no son legisladores “y un largo etcétera, que ganan mucho más que el Presidente”. 

Señaló que no se ha buscado corregir el dictamen del Senado y en el momento que se discute el tema, argumentan “graves errores”. Afirmó: “tienen que quitarse la careta, dejar los eufemismos y decir que quieren salarios superiores a lo establecido por el compañero presidente electo; tienen que decirlo, con toda verdad y que el pueblo sepa que lo único que les interesa es servirse y no servir”. 

En México, cinco de cada 10 niños viven en pobreza extrema y el 50 por ciento de los niños de este país se está muriendo literalmente de hambre, “y vienen a defender salarios exorbitantes de funcionarios públicos”.  Refrendó que hay un mandato y una responsabilidad que cumplirle al pueblo, que reclama detener excesos. “No son privilegios, son francos atracos a la nación, negocios al cobijo del poder”. 

La diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) aseguró que con la discusión de esta minuta que expide la Ley Reglamentaria de los Artículos 127 y 75 Constitucionales, en materia de remuneraciones de servidores públicos, inicia la Cuarta Transformación, pues forma parte de la columna vertebral del proyecto del próximo gobierno, que implica austeridad republicana y racionalidad de gasto público, en especial en lo referente a salarios y prestaciones de altos funcionarios. 

México es el país con los sueldos más altos en este ámbito, por lo que deben terminar privilegios y sobresueldos “y esa tendencia que permea la administración pública, de ver a la política como un botín”. Advirtió que los servidores públicos serán remunerados por su trabajo con un pago digno, acorde con sus responsabilidades. 

Se tiene una deuda histórica con 53 millones de mexicanos pobres, y más de 8 millones en condiciones extremas, sin presente ni futuro, por lo que los ahorros que resulten de estas y otras medidas de austeridad serán canalizados para hacer justicia a jóvenes, adultos mayores, el campo, la infraestructura ferroviaria, 15 ciudades con altos índices de marginalidad, y bajar el IVA y predial en las zonas fronterizas. 

En contra, el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) aclaró estar de acuerdo en bajar los salarios pero con una propuesta seria y establecer a dónde será destinado el recurso de manera puntual, “porque tampoco se vale que se pierda entre proyectos y programas de la nada y que son puras ocurrencias”. 

Al pronunciarse a favor, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena) subrayó que esta ley estuvo siete años en la congeladora, “lo que es una anormalidad democrática republicana en cualquier país del mundo y no es posible que ahora se diga que las deficiencias son el pretexto para no avanzar en una reforma de esta naturaleza”. 

Habrá una armonización con muchas leyes, pero se necesita esta norma reglamentaria para tener el Presupuesto de Egresos de la Federación dispuesto con el ordenamiento que se requiere para transitar a una nueva etapa en la vida del país. 

A partir de la remuneración del presidente de la República, se modificarán los tabuladores y el país entrará en un proceso de ordenamiento general en los ingresos de los funcionarios de la administración pública; las diferencias entre los niveles salariales se reducirán y habrá condiciones para frenar el abuso. 

La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena) afirmó que los abusos cometidos por funcionarios públicos durante las pasadas administraciones provocaron un sinfín de privilegios utilizando los recursos del erario público para fines personales. 

Consideró que en vísperas de la discusión del Paquete Económico de 2019,  el tema de las remuneraciones de los servidores públicos cobra mayor relevancia en un contexto de crisis económica, escasez de recursos fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga del endeudamiento interno y externo que conduce al uso eficiente de los recursos disponibles al gasto público. 

Esta es la oportunidad para eliminar privilegios y reducir los altos sueldos en los segmentos de alta burocracia gubernamental, sentar las bases de una verdadera austeridad república al tiempo de sostener el financiamiento público en políticas sociales que garanticen el bienestar de los mexicanos. 

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (MC) señaló que ha pasado mucho tiempo para aprobar las reformas que se requieren para acabar con los privilegios y ya es tiempo de cumplirle a la gente. 

Estimó que vale la pena modificar la minuta, “hacerlo bien porque la ciudadanía lo que demanda es que esta mayoría, por la que votó, beneficie a la vida y el día a día de todos los ciudadanos”.

  • La dimisión a cargos públicos de mujeres es una clara manifestación de violencia política, sostienen legisladoras
  • En pasadas elecciones, todas las entidades federativas presentaron al menos un caso de violencia política de género 

11-09-2018.- La Cámara de Diputados aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de Chiapas, a investigar la renuncia de mujeres a cargos de elección popular, ocurrida el pasado 1 de julio, para que sus puestos fueran ocupados por hombres. 

Lo anterior, a efecto de cumplir con el mandato constitucional de paridad de género y de respeto a los derechos y prerrogativas electorales de las mujeres, indicó. 

Asimismo, los diputados exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno de Chiapas a solicitar una opinión a ONU Mujeres con respecto a las posibles violaciones de los derechos humanos de las mujeres en la entidad. 

El documento destaca que desde que entró en vigor el principio de paridad salieron a la luz pública casos como los de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, alcaldesas de municipios indígenas de Chiapas que fueron amenazadas y obligadas a renunciar en 2015. 

Este fenómeno se agravó en el pasado proceso electoral en el que, 17 candidatas perdieron la vida y todas las entidades federativas presentaron al menos un caso de violencia política de género. 

Precisa que en Chiapas, donde al menos 30 candidatas obtuvieron cargos públicos mediante votación popular, renunciaron ante el órgano local electoral, para que un hombre ocupara su puesto, como sucedió en los municipios de Mapastepec y Tuxtla Chico. 

Al presentar el punto de acuerdo, las diputadas destacaron que, desafortunadamente, a medida que aumenta la participación política de las mujeres, también se ha comenzado a visibilizar el fenómeno de la violencia política electoral por razones de género. 

Este fenómeno, destacaron, impacta de manera directa los derechos humanos de las mujeres, específicamente los cívicos y políticos, como el de ejercer su voto y participar de manera libre en la vida política del país. 

Se precisó que la paridad de género que se estableció en la Constitución es una acción que permite garantizar las condiciones de igualdad que posibilitan que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres a acceder a las funciones públicas de México. 

En este sentido,  la renuncia de candidatas electas en Chiapas “es una violación clara a los derechos humanos de las mujeres, toda vez que los cargos están siendo ocupados por hombres, lo cual vulnera lo que consagran las leyes en la materia, respecto a garantizar la participación en igualdad de condiciones”. 

“Si bien respetaron las reglas de la paridad en el marco de las elecciones, el derecho se vulneró al momento de iniciar el cargo, lo cual revela la discriminación que la mujer continúa viviendo”, se puntualizó, en el punto de acuedo.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) afirmó no estar de acuerdo, “bajo ninguna circunstancia, con cualquier manifestación en contra de las mujeres y sus derechos a una vida plena y sin violencia” y se pronunció por impulsar acciones necesarias, a fin de asegurar que la igualdad de género se alcance en la vida política y que no sea solo formal, sino “que la letra cobre vida y sea sustantiva”.

Añadió que se deben garantizar las mismas posibilidades que los hombres para que las mujeres accedan a espacios de toma de decisiones que afectan sus comunidades y las vidas de sus familias. Se pronunció por tomar medidas para evitar que las mujeres sean presionadas a abandonar los espacios ganados de acuerdo a las leyes y con el apoyo de los ciudadanos. 

Por el PRD, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, subrayó que todos los logros que hoy tienen las mujeres han sido por su empuje y “no es regalo, no es una concesión, no es el resultado del esfuerzo de un partido político, sino de todas las que desde hace más de tres décadas hemos luchado en todas las trincheras dentro y fuera de los partidos para alcanzar las cuotas hasta llegar a la paridad”. 

Las mujeres de Chiapas “no están solas y, de ninguna manera, vamos a permitir que en este 2018 donde hemos alcanzado el 43 por ciento en la Cámara de Diputados, hoy en un estado se violenten los derechos políticos de las mujeres. No más simulaciones, no más torcer la ley, no más torcer la Constitución. Vamos a exigir que se cumpla la paridad”, expresó. 

La diputada Fabiola Loya Hernández (MC), afirmó que sin mujeres no hay democracia y el caso de las 43 electas en Chiapas, sólo es la punta del iceberg de la violencia de género que existe en nuestro país y, este caso, “no puede pasarse por alto ni puede quedar impune”. En la construcción de una sociedad democrática, no puede haber cabida para acciones que vayan en sentido contrario a los principios de igualdad y no discriminación. 

Se pronunció a favor del punto de acuerdo y pidió emitir medidas cautelares necesarias para proteger los derechos políticos de las afectadas; realizar todas las investigaciones pertinentes que esclarezcan las presiones ejercidas contra de ellas y, en su caso, sancionar a los responsables. 

Del PT, la diputada Maricruz Roblero Gordillo, señaló que la paridad de género sintetiza la lucha de las mujeres a lo largo de muchos años para obtener el pleno reconocimiento de sus derechos políticos. Asimismo, lograr la plena igualdad en los ámbitos laborales, académico y de todo tipo. 

Las mujeres en el país conformamos más del 52 por ciento de la población nacional y tenemos capacidad e inteligencia para cumplir con los compromisos del pueblo. Por ello, “repudio la práctica que se ha dado en Chiapas en la cual mujeres que han sido electas para distintos cargos de elección popular, han sido obligadas a renunciar con el propósito de que hombres se hagan cargo de dicho puesto”. 

Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) afirmó que es indignante que las instituciones políticas sean manipuladas para violentar los derechos políticos de las mujeres, por ello, agregó, “el Partido Encuentro Social reprueba que se siga prevaleciendo el interés de grupos políticos que asumen que los hombres deben ocupar cargos de elección popular, ejerciendo violencia política”. 

Sería humillante y triste que el Poder Legislativo deje pasar este tema que daña gravemente la democracia del país y los derechos humanos de las mujeres, y exigió al INE y a la CNDH, investigar y sancionar a partidos políticos y sus dirigentes que resulten responsables. 

La diputada del PRI, Frinne Azuara Yarzabal demandó a todos los partidos políticos “no recurrir a simulaciones, respetar la paridad de género, proteger los derechos de las mujeres y hacer respetar la voluntad popular”, que eligió a mujeres a cargos públicos. Apuntó que la violencia política se intensificó con la incorporación de la paridad de género en la Constitución. 

Llamó a redoblar esfuerzos para mejorar el marco legal y castigar la violencia política que sufren, principal obstáculo que detiene el avance de la democracia porque restringe un trato igualitario en el ejercicio del poder y la toma de decisiones. El reto es combatir este fenómeno en varios frentes porque conjunta la vía cultural, penal, política y electoral. 

Del PAN, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez afirmó que “los acuerdos políticos no pueden estar por encima de los principios constitucionales de paridad de género. Es indignante que más de 40 mujeres en Chiapas hayan renunciado a cargos de representación popular a los que fueron electas en ayuntamientos y diputaciones locales, para que los puestos sean ocupados por hombres. Levantamos la voz para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. 

Pidió tomar las medidas necesarias para evitar repetir estos hechos, y para que la violencia política por razón de género se sancione. “No somos juanitas ni manuelitas, somos mujeres con derechos. Ni un paso atrás”. Es momento de combatir las resistencias que de forma velada o abierta, desean revertir los avances a favor del reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres, lograrlo es responsabilidad de todos no tiene filiación política. 

La diputada Lorena Cuéllar Cisneros (Morena), destacó que es vergonzoso que exista este sistema de control que a pesar de dar una cara de equidad, “da la puñalada y hace lo contario”. Por ello, se pronunció por elaborar un andamiaje jurídico sólido en el tema de violencia política de género para dotar a las autoridades de elementos que garanticen la gobernabilidad democrática. 

Sólo las mujeres, afirmó, pueden detener estas transgresiones políticas, “no permitiendo que violen nuestros derechos ni que pisoteen nuestra dignidad e inteligencia. Paremos esta falta de respeto. De no hacerlo, vendrán otras víctimas que inclusive pueden perder la vida. Cada una tiene la gran responsabilidad de no permitir por ningún motivo cualquier tipo de violencia y en cada una de nosotras está denunciar y velar por erradicar estas prácticas irracionales”.

Página 1 de 5