Oro Solido

Oro Solido

*El presidente de la Comisión de Justicia señaló que el Fiscal General trabaja en una reforma a la ley de la Fiscalía.    

 

El senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, destacó el cúmulo de asuntos que dicho órgano de revisión del Senado de la República tiene en su agenda para analizar y dictaminar.

 

Entre los temas relevantes, destacó las modificaciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la legislación para regular el consumo del cannabis.

 

En entrevista, dijo que ha tenido reuniones con el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quien ya trabaja en una reforma a dicha legislación.

 

Abundó en que el Fiscal está de acuerdo con revisar las facultades del Coordinador General y otros rubros, entre los que se encuentran las fiscalías especializadas y la organización del servicio forense, por citar algunos.

 

“Hay una interpretación sobre que existen facultades excesivas para el Coordinador General, y el propio Fiscal nos ha expresado que tiene un punto de vista para poner a consideración del Senado de la República, el cual estaremos recibiendo”, comentó.

 

El presidente de la Comisión de Justicia señaló que es necesaria una FGR fuerte, que atienda el reclamo de los mexicanos porque se requiere una mejor procuración de justicia en el país. 

 

Explicó que cuando se aprobó la Ley Orgánica de esa instancia, se estableció un periodo de un año para que el Fiscal General hiciera propuestas al Senado para modificar la ley.

 

Señaló que además existen otras iniciativas que proponen modificaciones a la citada legislación, a las que se sumará la que envíe el Fiscal General. “Tendremos que hacer, incluso, hasta revisiones constitucionales, si el caso así lo amerita.

 

“Lo importante es poner a funcionar la Fiscalía. Lo que esté funcionando bien, conservarlo, y lo que se necesite modificar, hacerlo. Siempre las leyes son perfectibles, y estamos en la mejor disposición. No nos casamos con la primera idea”, dijo. 

 

En el caso del cannabis, refirió que es importante para la Comisión de Justicia trabajar en la legislación para regular su consumo. Recordó que por disposición de ley, el Senado tiene 90 días, a partir de que la Suprema Corte puso el plazo para legislar en la materia, mismo que vence en octubre. Al respecto, dijo: “Podemos aprovechar el periodo de receso”.

 

También enlistó otros temas pendientes: el nombramiento de magistrados agrarios, modificaciones al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, y examinar propuestas que plantean fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.   

 

*Que este sector de la población participe plenamente en la vida política y pública del país.

 

Con la finalidad de que las personas con discapacidad no pierdan la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República propondrá reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

 

La iniciativa busca armonizar la legislación mexicana con el compromiso adoptado por nuestro país en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

 

Uno de los objetivos de dicho Convenio es que este sector poblacional pueda participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones.

 

En este sentido, la reforma propone que los documentos y material electoral cuenten con las características necesarias para asegurar el acceso a éstos a las personas con alguna discapacidad. 

 

Sugiere que estos ciudadanos puedan acceder de manera adecuada a casillas, mamparas y urnas para el ejercicio de su derecho, así como tener preferencia el día de la jornada electoral y permitirles ser acompañadas por una persona que las apoye.

 

De esta manera, las y los senadores de Morena buscan establecer desde la Ley un precedente de inclusión, igualdad y participación de las personas con discapacidad en México. Que ninguno de ellos, por omisión del Estado, pierda la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, se subraya en la propuesta.

 

Refiere que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó en 2014, que 7.65 millones de personas reportaron alguna discapacidad, lo que representa 6.4 por ciento de la población nacional.

 

En tanto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señaló que ocho de cada 10 personas con discapacidad cuentan con más de 29 años, lo que deja ver que la mayoría se encuentran en capacidad de ejercicio de sus derechos políticos. No obstante, son potenciales víctimas de vulneración cuando no tienen las condiciones de accesibilidad necesarias.

 

Con el propósito de fortalecer el marco legal para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y establecer el acoso sexual como delito, y garantizar a las mujeres el acceso a la justicia, las diputadas Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva, y María Ester Alonzo Morales (PRI), impulsan una iniciativa de modificaciones al Código Penal Federal.

 

El documento, que analiza la Comisión de Justicia, busca asegurar para las mujeres la protección del derecho penal y no estén expuestas a la discriminación.

 

Señala que el hostigamiento y el acoso son delitos sexuales que afectan el libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y son obstáculos para el goce y ejercicio integral de sus derechos humanos. La violencia ejercida, en gran medida, contra mujeres transgrede su derecho a una vida libre, restringen su desarrollo, coartan su libertad y menoscaban su dignidad.

 

Falta mucho por hacer para que el sistema jurídico mexicano proteja y garantice integral y plenamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

 

Consideran responsabilidad de los legisladores sentar las bases de la igualdad y crear condiciones legales e institucionales para que mujeres y niñas ejerzan todos sus derechos libre, plena e igualitariamente.

 

En la actualidad, el tipo penal para el hostigamiento sexual presenta insuficiencias para sancionarlo de manera adecuada, porque condiciona a una ejecución reiterada, a intención lasciva y al daño que cause, cuando debe castigarse por su simple comisión, no por los motivos, por cuántas veces ni por los efectos que ocasione. 

 

La iniciativa sostiene que es obligación del Estado proteger el derecho a la libertad sexual, al libre desarrollo de la personalidad y a una vida libre de violencia, que son afectados por estas conductas.

 

Propone que el hostigamiento y acoso sexuales sean delitos instantáneos, cuya consumación se agote cuando se realice, “y basta con que suceda una sola vez”.

 

Respecto al acoso sexual, el Código Penal Federal no contempla sanciones para personas agresoras que no tienen relación jerárquica con la víctima, que representa una importante omisión, si se considera la elevada incidencia de esta conducta; de ahí la importancia de incorporarla como delito.

 

La reforma al artículo 259 Bis plantea que comete el delito de hostigamiento sexual aquella persona que valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación realice uno o más actos lascivos o de connotación sexual a otra persona, sin su consentimiento.

 

Propone que sea sancionado con hasta 800 días de multa y la misma pena en el artículo 259 Ter, donde establece que comete el delito de acoso sexual quien realice uno o más actos de naturaleza sexual o connotación lasciva contra otra persona, sin su consentimiento, en la que, si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

 

De aprobarse esta reforma, cualquiera de estos dos delitos prescribiría en tres años a partir de la fecha de su comisión; si la persona acosadora u hostigadora fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, además se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año.

 

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (PT) planteó exhortar a la Secretaría de Salud para que haga del conocimiento público los diagnósticos, estadísticas, estrategias y medidas realizadas sobre prevención de embarazos en adolescentes. Asimismo, establezca un plan emergente de salud con transversalidad institucional, visión integral, amplia e incluyente del problema.

 

El punto de acuerdo que analiza la Comisión de Salud para dictamen, señala que este fenómeno demanda una atención emergente por parte del gobierno, autoridades del sector y diversas instancias institucionales encargadas de proveer información y difusión para la población entre 15 y 19 años de edad.

 

Este tema es asunto de Estado, minimizarlo es negar el derecho a los jóvenes de aspirar a un futuro y a un presente con dignidad y seguridad social.

 

Evaluaciones y datos recientes revelan el crecimiento de casos de embarazos no deseados en adolescentes; producto de la desinformación, pobreza, bajos niveles de educación y violencia sexual, que dibuja un diagnóstico desalentador para un sector que está bajo riesgos y amenazas latentes.

 

El documento agrega que información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en 2016 nacieron 399 mil 140 niños de mujeres menores de 20 años, equivalente a 17.4 por ciento del total en el país. Asimismo, cifras del Consejo Nacional de Población indican que de una población de 124.7 millones de habitantes, cerca de 22.2 millones son adolescentes, de entre 10 y 19 años de edad. Advirtió que en los años recientes se observa una desaceleración de la cobertura y uso de métodos anticonceptivos.

 

México encabeza la lista de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la tasa más alta de embarazos en jóvenes. Que, de acuerdo a este organismo internacional en promedio se atienden mil 252 partos  de este grupo de la población.

 

Ante los esfuerzos transversales y gubernamentales por inhibir los embarazos en el país, las cifras arrojan resultados que evidencian las fallidas estrategias o las medidas insuficientes para contener un fenómeno social, que modifica y altera los procesos biológicos, sociales, económicos, educativos y culturales de los jóvenes en México al asumir responsabilidades prematuras.

 

Recordó que en 2015 se estableció la estrategia nacional para la prevención, donde participaron alrededor de 10 instituciones como los institutos Mexicano del Seguro Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Nacional de las Mujeres, Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Población, entre otras, para, de forma interinstitucional, paliar el grave problema público.

 

Sin embargo, añade el punto de acuerdo, los resultados no fueron los deseados porque las cifras se incrementaron.

 

Las acciones para combatir este desafío son fallidas. En tal sentido, urge que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Salud, oriente sus esfuerzos de forma transversal para inhibir este fenómeno de salud pública.

 

  • Necesario, crear conciencia entre la sociedad sobre este trastorno: Hernández Pérez

 

El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) planteó exhortar a la Secretaría de Educación Pública a establecer programas de capacitación para el personal docente y administrativo, con el fin de incorporar al sistema educativo a niñas, niños y adolescentes con condición de espectro autista.

 

Asimismo, propuso que se realicen campañas inclusivas dirigidas a los padres de familia y alumnos, con el objetivo de erradicar la estigmatización.

 

También solicitó que la Secretaría de Salud  emprenda campañas de concienciación social sobre el autismo, a fin de lograr un mejor conocimiento que contribuya a la inclusión de estas personas.

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que uno de cada 160 niños tienen un Trastorno del Espectro Autista (TEA), y que este comienza desde su infancia prolongándose hasta la adolescencia y vida adulta; se sabe que algunas personas pueden vivir de forma independiente, pero que existen otras que sufren un mayor número de discapacidades, lo que ocasiona que requieran de una constante atención.

 

El legislador señaló que entre los síntomas o señales que permiten detectar una persona con autismo se encuentran repetir constantemente las mismas palabras y otras ciertas conductas; tener demasiado interés en cosas u objetos; poco contacto visual; no escuchar a las personas; interés prolongado en ciertos temas o detalles; demora al responder interrogantes; dificultad para seguir una conversación, y problemas para comprender el punto de vista de los demás, entre otras.

 

Dijo que un tercio de las personas con autismo no se comunican de manera verbal, es decir no hablan; el 31 por ciento de los niños con este trastorno poseen una discapacidad intelectual que les dificulta la vida cotidiana; aproximadamente 28 por ciento registran comportamiento de autolesión. Mientras que  7 por ciento suelen ser afectados por depresión, y en los adultos en un 26 por ciento.

 

“Quienes viven con  espectro autista no tienen una enfermedad sino una condición y la única diferencia es que ellos procesan la información que reciben de una forma distinta, pues sus sentidos son mayores a los de una persona regular”, comentó.

 

Indicó que las familias de las niñas, niños o adolescentes con este trastorno enfrentan situaciones difíciles ante la sociedad, pues la mayoría de estos infantes no tiene rasgos físicos respecto de esta condición, lo que hace que la gente no se pueda percatar a simple vista de su estado y mucho menos sabe cómo interactuar o ayudarles ante una posible crisis. “Esto sucede debido a la poca información que existe, que en ocasiones hace que estos niños sean blanco de bullying”.

 

“Quienes tienen hijos que padecen esta condición, argumentan que no hay escuelas públicas incluyentes o que con medidas y estrategias para educar a estos infantes, porque las escuelas regulares y su personal no están capacitados para atenderlos y, en caso de recibirlos, no les instruyen o los tienen aislados”.

 

Por otro lado, las academias privadas piden a los padres que los menores asistan con una maestra “sombra”, lo cual hace que los costos se multipliquen más o, incluso, que no puedan ser costeables.

 

Hernández Pérez expresó que los familiares refieren que faltan instituciones públicas en materia de salud que brinden apoyo a los niños que viven con autismo, ya que todo se ha concentrado en capacidades diferentes o especiales, pero a la hora de buscar específicamente este espectro, no hay personal capacitado que brinde apoyo para que estos niños sean incluidos en la sociedad de forma asertiva.  

 

El documento, turnado a la Comisión de Educación, señala que es importante considerar que los niños con condiciones diferentes deben tener alternativas que les permitan ejercer sus derechos humanos a la salud y a la educación.

 

Asimismo, tener oportunidades en igualdad de condiciones que una persona regular, como asistir a una escuela pública con inclusión social.

 

 

  • El contrato firmado con quienes cobraban por honorarios profesionales tuvo una vigencia de tres meses. Concluyó el 31 de marzo de 2019.

 

  • El Canal del Congreso se someterá a un proceso de reestructuración y austeridad que implicará reducción de salarios y recorte de plazas de trabajadores de confianza.

 

  • Existe comunicación permanente con el director del Canal para concretar de común acuerdo una reestructuración que se ajuste al presupuesto acordado para todo el año 2019, dado que no se prevé ampliación alguna.

 

En relación con la situación de los colaboradores por honorarios del Canal del Congreso, el Congreso de la Ciudad de México niega que exista ninguna retención de salarios ni que se haya producido despido alguno. 

 

Los hechos son otros: simplemente se acabó el contrato por tiempo determinado que se firmó con quienes lo hacían por honorarios profesionales. El contrato tuvo una vigencia de tres meses, del 1 de enero al 31 de marzo de 2019, por lo que venció hace 16 días.

 

La Oficialía Mayor del Congreso notificó con tiempo suficiente a la dirección del canal de televisión y a los trabajadores y colaboradores del mismo, de la terminación del contrato.

 

Además, a la dirección del Canal del Congreso se le informó oportunamente que éste ingresaría a un proceso de restructuración como consecuencia del ajuste al presupuesto para 2019.

 

En diciembre pasado, y como parte de la aplicación de los principios de austeridad, los diputados del Congreso local hicieron un recorte de aproximadamente 60 por ciento en su presupuesto y aprobaron un gasto de 30 millones de pesos para la operación del canal durante todo 2019.

El Comité de Administración del Congreso realiza actualmente una evaluación de los recursos remanentes que existen y cómo distribuirlos para que el canal de televisión opere el resto del año.

 

La restructuración que se realizará en el Canal del Congreso implicará aplicar una reducción de salarios y un recorte de las plazas de confianza y de honorarios, pero no de los trabajadores de base.

 

El Canal del Congreso cuenta con un número muy alto de colaboradores por honorarios. Son más de 100. Un número incluso superior al total de colaboradores por honorarios con que cuenta la Oficialía Mayor. 

 

El director del Canal del Congreso fue informado con toda oportunidad del plan de restructuración. Incluso, él ha propuesto ajustes de salarios, para sí mismo y algunos de sus colaboradores.

 

El Comité de Administración y la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México están en constante comunicación con Ricardo Rocha, director del Canal del Congreso, para realizar una restructura de común acuerdo, que se apegue al presupuesto aprobado y garantice la operación durante el resto de este 2019.

 

 

 

México tiene el mayor número de especies de cactáceas en el mundo y su gran reserva de flora y fauna silvestre es motivo de orgullo y admiración, pero también botín fácil para saqueadores internacionales, coleccionistas que pagan miles de dólares por una de estas plantas sin importar poner en riesgo la existencia de los ejemplares, denunció Armando Contreras Castillo, diputado de Morena.

 

        Precisó que expertos de la Universidad Autónoma de Chapingo denuncian que Japón, Corea y Tailandia buscan patentar las cactáceas mexicanas ante el “boom” que ha surgido en torno a ellas. Existen alrededor de mil 400 especies en el mundo, 669 son de México y 518 endémicas.

 

        En los desiertos de Chihuahua y Sonora, así como algunos valles de Hidalgo y Querétaro se ubica el 60 por ciento de los géneros de México;  25 por ciento son propios o exclusivos del país; en la región de Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla y Oaxaca existe una gran diversidad de cactus. En Nochixtlán, en la región de la Cañada, en Cuicatlán, en Teotitlán y en la Región mixteca alta, Oaxaca, ya casi están en extinción.

 

        En un punto de acuerdo que analiza la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales propone exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), establezcan un cerco en las zonas de reserva donde se encuentran las cactáceas y sus similares, con el fin de evitar saqueos masivos y llevar a cabo acciones eficientes y eficaces en las aduanas del país.

 

        México, dijo, es un país donde casi la mitad de su territorio es árido o semidesértico, posee más de la mitad de las casi dos mil variedades de cactáceas y suculentas registradas ante la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

 

        Contreras Castillo relató que las leyes mexicanas declaran ilegal la sustracción y comercio de especies endémicas, que sólo se reproducen en las zonas donde fueron descubiertas. La vida silvestre de México está protegida por la Ley General de Vida Silvestre y bajo una norma oficial de la Semarnat. La protección de las cactáceas está dividida en tres niveles: en peligro de extinción, amenazadas y bajo protección especial.

 

        Sin embargo, y a pesar de leyes y convenios, “el país es blanco fácil del comercio ilegal internacional. Europeos y asiáticos son señalados como los principales saqueadores. Los traficantes burlan sin problema los acuerdos internacionales de cactáceas y comercian incluso con las semillas de las especies. Al tener una biodiversidad tan rica y tan exquisita, eso atrae a gente de todo el mundo, lamentablemente a favor de la depredación”.

 

        Es difícil cuantificar la cantidad de plantas extraídas ilegalmente “ya que siempre hay contacto mexicano, no son solo los extranjeros. Se necesita el contacto que conozca las especies y el lugar para luego extraerlas como sucede con la dudleya que son flores, la bertoli, estequio valdes o mamidalia. Estas, son preciadas por su material genético”.

 

        El diputado de Morena consideró necesario proteger esta riqueza natural porque una ley que decreta zonas de reserva no es suficiente, porque si bien no se puede tocar la planta no existe un papel que supervise que se cumpla esta orden.

 

        Se requiere de personal calificado de la Semarnat y Profepa, así como coordinación con universidades agrónomas para supervisar el saqueo ilegal y preservar la vida de estas plantas, que ya están consideradas en peligro de extinción, dado que desde hace años es una “moda” tener en las casas este tipo de vegetaciones por su naturaleza rara y peculiar.

La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (MC), integrante de la Comisión de Igualdad de Género, impulsa un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Bienestar implante una estrategia que permita a hijos de madres recluidas en centros de reinserción social, acceder a programas de apoyo.

 

        Plantea que las secretarías de Salud y de Educación Pública refuercen la atención y acceso a la salud de estos menores y a una enseñanza de calidad, facilitando la validación de los centros de Desarrollo Infantil.

 

        Se pide a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social formalizar un convenio de colaboración y coordinación con la de Economía, que impulse medidas de apoyo para que mujeres en condiciones de internamiento en los centros de Readaptación Social Femenil reciban capacitación en materia laboral que les permita generar una fuente de ingresos a pesar de encontrarse en esta condición.

 

        La legisladora refirió que existen 16 centros femeniles estatales donde se encuentran 3 mil 284 mujeres; uno federal que alberga 4 mil 441 reclusas, y 75 centros mixtos en los que se localizan 5 mil 264 mujeres, dando un total de 9 mil 705 mujeres privadas de su libertad censadas en 2017. En 60 centros de Readaptación Social Femenil, se ubican 444 niñas y niños que viven con sus madres.

 

        La mayoría de las mujeres que cumplen estas condenas pertenecen a “clases bajas y marginales, de escasos recursos económicos y prácticamente nula formación profesional”, que podría caracterizarse como una de las razones para que no existe un desarrollo integral en la atención de sus hijos, al no contar con recursos para solventar los gastos que representa su atención.

 

        Las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros de readaptación social, no deben ser excluidos de sus derechos, libertades, ni pueden ser discriminados por ningún motivo.

 

        Loya Hernández mencionó que el estudio “Menores que viven con sus madres en los centros penitenciarios”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, señala que niñas y niños que viven en las prisiones, no lo hacen en condiciones de dignidad, carecen de las mismas necesidades básicas que sus progenitoras; no son considerados en el ciclo de las políticas públicas; se desconoce si tienen un acta de nacimiento y no reciben atención médica de calidad.

 

        De acuerdo con un estudio publicado por Reinserta AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres, sobre el Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana, lo que más solicitaban las mujeres es: leche, pañales, servicio médico, medicinas, alimentos, fuentes de trabajo, ropa, guarderías, visitas más seguidas y largas, juguetes, espacios especiales para que duerman los menores, talleres, mejor trato de las custodias hacia los pequeños y apoyo legal.

 

        Según dicho estudio, el 30 por ciento de las mujeres considera que recibe alimentos suficientes para las necesidades básicas de sus hijas o hijos; el 34 por ciento los considera insuficientes y el 36 por ciento no respondió a esta pregunta.

 

        El tema de salud para hijas e hijos de madres en prisión, “es muy delicado”, pues “el 58 por ciento de los menores al interior tiene todas sus vacunas; 34 por ciento no respondió y el resto no sabe, o no las tiene. De las que respondieron que no, 13 por ciento no sabe por qué; 13 por ciento no tiene acceso a vacunas; 50 por ciento mencionó que dentro de la prisión no hay vacunas y 25 por ciento por otra situación.

 

        Cuando los menores se enferman, el 40 por ciento recibe atención pediátrica dentro del centro penitenciario; el 13 por ciento afuera; el 12 por ciento no recibe; el 34 por ciento no respondió y el 1 por ciento dentro y fuera, esto en virtud de que algunos salen temporalmente con algún familiar, sin embargo son muy pocas las que tienen el apoyo.

 

        Asimismo, el 39 por ciento recibe las medicinas sin costo; 35 por ciento lo consigue en el mercado negro; 15 por ciento las tiene que buscar por otro medio; el 7 por ciento a través del centro penitenciario pero las pagan y el 4 por ciento otra.

 

        La diputada aclaró que si bien, el análisis presentado por Inmujeres, sobre los 11 centros de Readaptación Social, no refleja una generalidad, es una muestra de la tendencia de una pequeña parte de la población femenil carcelaria; “esto nos da la pauta para incidir en la búsqueda de mejores condiciones de vida para ellas y los menores que se encuentran en estas circunstancias”.

 

        Consideró que los infantes deben ser atendidos mediante una estrategia y esfuerzo coordinado de las dependencias de la administración pública federal, que garanticen además los principios del interés superior de la infancia. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

El diputado Lenin Nelson Campos Córdova (PRI) propuso exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a que, en coordinación con las entidades federativas, fortalezca las acciones para promover los derechos de las personas adultas, con el propósito de prevenir la discriminación y exclusión social.

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) el 27.9 por ciento de esta población ha sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados debido a su edad; 40.3 por ciento describe como sus problemas principales, los económicos; 37.3 por ciento refieren las enfermedades, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9 por ciento las dificultades laborales.

 

El Conapred señala que al no tener ingresos suficientes ni seguridad social, la gran parte de las personas mayores depende casi por completo de su familia o de los programas sociales, pero allí también experimentan discriminación. En ocasiones, son considerados como “una carga” por sus familiares y en consecuencia  se les maltrata, abandona o invisibiliza.

 

El legislador indicó que, desafortunadamente, las personas discriminadas y excluidas ven violentados sus derechos fundamentales y su dignidad, lo cual los orilla al aislamiento, a vivir con violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

 

Dijo que los adultos mayores constituyen uno de los sectores de la población más vulnerable, ya que todas sus capacidades se ven reducidas en gran medida por el paso del tiempo, afectando su condición física y mental, lo que influye de manera directa en el desarrollo de sus actividades diarias.

 

Consideró que es imperativo garantizar los derechos fundamentales de todas las personas mayores, así como continuar trabajando en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, creando redes de protección de las personas mayores para hacer efectivos sus derechos.

 

“Los retos son mayúsculos, ya que a pesar de que existe un número importante de disposiciones en las que se reconoce la igualdad de oportunidades, sus garantías se ven restringidas; por ello, el Estado mexicano debe seguir impulsando políticas públicas tendentes a incrementar las oportunidades para que los sectores más vulnerables ejerzan su derecho a desarrollarse de manera plena”, agregó.

 

Comentó que erradicar la discriminación y la exclusión social constituye un principio indispensable declarado en todos los tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos, de los cuales México ha sido signatario e importante promotor.

 

Sin embargo, en nuestro país aún existen personas que día a día son víctimas de esta práctica, ya sea por su origen étnico, edad, sexo, discapacidad, condición social o económica, condición de salud o preferencias sexuales; por ello, es necesario trabajar en este tema.

 

El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, plantea necesario que el Conapred realice las campañas encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social de las personas mayores en todo el país y hacer valer sus derechos.

 

 

El diputado Armando Contreras Castillo (Morena) promueve exhortar al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) a que lleve a cabo acciones para la promoción y venta de artesanías mexicanas indígenas en el extranjero y en el ámbito nacional.

 

También que las secretarías de Cultura y de Turismo extiendan sus invitaciones de gobiernos extranjeros, a los artesanos nativos, a fin de que participen en foros y exposiciones nacionales e internacionales con la finalidad de promocionar y vender artesanías mexicanas.

 

En la escala internacional, las artesanías mexicanas tienen un gran reconocimiento y valoración, por ser productos que manifiestan la diversidad cultural de una sociedad, lo que ha permitido al sector, convertirse en un atractivo mercado con potencial de crecimiento.

 

 Los principales destinos de exportación de artesanías son Australia, Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos e Italia.

 

En México hay  62 etnias y cada una de ellas tiene sus características de arte popular. El origen de las artesanías proviene de las zonas rurales, gracias a que los trabajadores han aprovechado los recursos naturales de su región, como el barro, madera, textiles, talavera, cobre, entre otros, para crear sus diseños.

 

El legislador señaló que las mercancías elaboradas  a base de plata, ónix, barro, madera, cerámicas y los cuadros prehispánicos, así como las telas hechas a mano, son las que tienen mayor participación en el comercio internacional.

 

Indicó que la exportación de las artesanías mexicanas en los diversos mercados internacionales ayuda a incrementar la utilidad, además de fortalecer la economía de los creadores.

 

Dijo que aunque aún existen diversas limitantes para las exportaciones de estas artesanías que van desde la logística, calidad de los productos, así como las restricciones arancelarias del comercio exterior, las mercancías fabricadas por manos mexicanas representan una aportación valiosa en los mercados extranjeros.

 

Contreras Castillo manifestó que el comercio de estos productos mexicanos es privilegiado, debido a que tiene texturas y patrones tradicionales que han sido bien recibidos en zonas turísticas nacionales e internacionales.

 

El punto de acuerdo, turnado a la Comisión de Cultura y Cinematografía señala que es importante que las instituciones antes mencionadas,  sean los promotores de preservar la cultura artesanal ancestral de cada comunidad indígena, promoviendo sus productos en actividades culturales.

 

También tienen la tarea de fomentar foros y exposiciones artesanales en las distintas capitales del país,  para promocionar las piezas de las poblaciones indígenas.

 

Página 1 de 132