MUJERES DE ORO SÓLIDO

MUJERES DE ORO SÓLIDO (209)

·         Asiste la Secretaria de Gobernación a la XXXII Consulta Nacional Jurídica y Fiscal para Iglesias y Asociaciones Religiosas de CONFRATERNICE

·         En el encuentro refrendó que las leyes deben cambiar para reflejar de mejor manera la realidad, siempre con respeto a la Constitución

·         La transformación del país compete a toda la ciudadanía; debemos trabajar para que exista cordialidad y respeto entre todos, señala Diana Álvarez Maury 

Dentro de la Secretaría de Gobernación se está en la disposición de continuar con un trato de respeto y colaboración, pensando siempre en el interés del pueblo de México y en encontrar los mejores cauces para que la relación entre el Estado mexicano y las iglesias sea en beneficio de los intereses nacionales, expresó su titular, Olga Sánchez Cordero.

Al asistir este miércoles, en representación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la XXXII Consulta Nacional Jurídica y Fiscal para Iglesias y Asociaciones Religiosas de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (CONFRATERNICE), la encargada de la política interior del país aseguró que las leyes pueden y deben cambiar, para reflejar de mejor manera la realidad del país. 

Refrendó que el cambio al marco legal es parte de la vida de la República, de la interacción entre sociedad y Estado, y ese cambio debe responder a las necesidades de las personas y tener como objetivo que el Estado otorgue mejores relaciones, garantías y servicios a la ciudadanía.

En el caso de la CONFRATERNICE, la Secretaria Olga Sánchez Cordero dijo conocer las preocupaciones y propuestas que han puesto sobre la mesa para reformar la ley en materia religiosa. “Hemos estado conversando, lo seguiremos haciendo, para encauzar adecuadamente esas propuestas, siempre con respeto a nuestra Constitución, a sus principios históricos”, explicó.

Por lo que instruyó a la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, Diana Álvarez Maury, a mantener con la Confraternidad de Iglesias un diálogo constructivo, permanente, para encauzar sus propuestas y cuando ello sea posible, conforme a la Constitución, evaluarlas para determinar su procedencia, sentido y objetivos, en el mejor ánimo de atenderlas.

Lo anterior, toda vez que el Estado de Derecho tiene como sólido cimiento el respeto de todos a las normas jurídicas, en primer lugar, a la Ley Suprema, que es precisamente la Constitución. “La ley no es arbitraria ni caprichosa –subrayó la Secretaria Olga Sánchez Cordero— su reforma debe apegarse, en todo caso, a las bases que el artículo 130 de la Constitución determina”.

Recordó que uno de los principios históricos en los que se funda la existencia misma del Estado mexicano, es el consagrado en el artículo 130 de la Carta Magna, “porque es el resultado del desarrollo de la nación mexicana, del surgimiento de sus instituciones, en la época en que México tuvo al mejor presidente de su historia, a Benito Juárez, como lo ha considerado hoy el Presidente López Obrador. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo”.

“Parafraseando al Presidente López Obrador –añadió— por el bien de todos y de todas, ese principio histórico debe permanecer vigente, intocado, cumplido y respetado. Esa es y será la voluntad del pueblo de México”.

En este sentido, sostuvo que la relación con las Iglesias Cristianas Evangélicas es una tarea importante como parte del diálogo que se mantiene en forma cotidiana con todas las organizaciones religiosas de México.

Por su parte, durante el encuentro realizado en el Salón “Murillo” del Hotel Sevilla Palace, la Subsecretaria Diana Álvarez Maury reafirmó que las acciones de este Gobierno están encaminadas a generar las condiciones para la transformación de la vida pública en el país, que permitan consolidar una cultura democrática y de participación social.

Por lo que –indicó— la Subsecretaria a su cargo busca un nuevo enfoque que replantee las relaciones con las asociaciones, agrupaciones religiosas e iglesias. “La transformación del país –enfatizó— no es un tema que compete solamente al Gobierno, somos todos los ciudadanos los que debemos trabajar para que exista cordialidad y respeto entre todos”.     

El presidente de CONFRATERNICE, Arturo Farela Gutiérrez, reconoció el trato igualitario que otorga el Gobierno de México a todas las iglesias, tanto del Presidente de la República como de la Secretaria de Gobernación.  

 

  • Lamentó los hechos violentos registrados en días pasados e hizo énfasis en la necesidad de conocer la estrategia del Gobierno del estado para combatir la inseguridad

El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad un punto de acuerdo presentado por la senadora Indira de Jesús Rosales San Román, que exhorta al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a explicar de manera pormenorizada la estrategia de seguridad que está implementando en el estado para combatir la inseguridad.

La senadora criticó que en lo que va del año, Veracruz ya se posicionó como el primer lugar a nivel nacional en materia de feminicidios y secuestros, y cuestionó el silencio del Gobierno estatal ante los hechos registrados el fin de semana.

“Frente a estos hechos, lo más lógico sería que el Gobierno del estado emitiera un comunicado para explicar las acciones que se tomaron para proteger a la ciudadanía; sin embargo, nuevamente esta administración se mantuvo en silencio”, dijo.

Al iniciar la discusión del punto de acuerdo, Rosales San Román lamentó que asociaciones internacionales como Global Security de Pfizer hayan emitido alertas de viaje al estado de Veracruz, derivado de la situación de inseguridad que se está padeciendo.

La legisladora cuestionó que, al publicarse las 17 zonas prioritarias para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el gobernador dijera que no era necesario que Veracruz fuera incluido, debido a que su estrategia de seguridad estaba funcionando y disminuyendo los índices de violencia.

En ese sentido, condenó la incongruencia del Ejecutivo estatal, ya que después solicitó la inclusión en el listado de zonas prioritarias, a los municipios del sur del estado.

“La pregunta clave aquí es: ¿Era necesario esperar a que la violencia se volviera aún más evidente para solicitar este apoyo al Gobierno federal? ¿Qué clase de estrategia es esa?”, indicó.

Asimismo, la senadora panista reprochó que la actuación de García Jiménez se limite a declaraciones para medios de comunicación y publicaciones en redes sociales, sin dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo para combatir la inseguridad en su estado.

Finalmente, la senadora agradeció el apoyo de los diferentes grupos parlamentarios al punto de acuerdo y señaló “que es prioritario darles paz y seguridad a los veracruzanos, y que el gobernador informe la estrategia que se llevará a cabo para frenar la violencia en su estado”.

*Nuestro país cuenta con 255 plataformas marinas, de las cuales cerca de la mitad han sobrepasado su vida útil”, señaló

La senadora de Morena, Cecilia Sánchez García, por el estado de Campeche, presentó punto de acuerdo para solicitar a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como a Petróleos Mexicanos, informen cada uno en su área sobre los programas, acciones y métodos implementados para el desmantelamiento y abandono a plataformas, a fin de garantizar la protección del medio ambiente, el cuidado de las personas, las costas y los bienes de la nación. 

La legisladora de Ciudad del Carmen comentó que la vida útil de las plataformas instaladas en México es de 25 años, las cuales deben recibir continuamente mantenimientos preventivos y correctivos. “Nuestro país cuenta con 255 plataformas marinas, de las cuales cerca de la mitad han sobrepasado su vida útil” acentuó. 

En diversas ocasiones, organizaciones pesqueras han denunciado que desechos de las plataformas contaminan el litoral, lo que merma la captura de peces. Aunado a lo anterior, estas plataformas registran el robo de costosos equipos e infraestructura, saqueos que implican una disminución acelerada del valor de los activos de la paraestatal.

“Se debe conocer el estado que guardan los equipos y sistemas que permanecen aún en el mar y despejar de contaminantes nuestras aguas, así como evitar la multiplicación de saqueos” destacó la senadora.

            Por Nancy Rodríguez

  • El Informe Global del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno señala que hasta 2017, 160 mil personas fueron desplazadas por conflictos armados
  • En 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia para salvaguardar su vida a causa de la violencia 

La senadora de Morena, Nestora Salgado García, presentó una iniciativa para atender la problemática del Desplazamiento Forzado Interno (DFI), que busca generar las políticas necesarias para la prevención y reparación del daño de las víctimas, a través de visibilizar los derechos de las poblaciones afectadas. Esto ante el creciente ambiente de violencia en el país, la poca prioridad que se le ha dado en la agenda política y la falta de legislación en la materia. 

La propuesta que reforma la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas pretende contrarrestar la evasión de las responsabilidades por parte de las autoridades administrativas y judiciales, en todos los niveles de gobierno. 

Por ello, la iniciativa de la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República propone que la Federación y las entidades federativas, realicen un diagnóstico integral del fenómeno para así poder establecer causas, definir necesidades y difundir derechos; con la finalidad de adoptar las medidas que garanticen el goce de condiciones satisfactorias de vida, incluido el derecho a la seguridad, salud e higiene. 

Esto debido a que los datos provenientes de distintas instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Mexicana de defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señalan que los motivos principales del Desplazamiento Forzado son la violencia y las violaciones a Derechos Humanos. 

De acuerdo con el Informe Global del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, la expansión de las actividades de los grupos delictivos, así como las operaciones militares para combatirlas, han sido causa del desplazamiento de miles de personas, situando la cifra global del país para 2017 en 160 mil personas desplazadas. 

Del mismo modo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señala que, de 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, 20 fueron provocados por la violencia. Es decir, que en 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida. 

Otras causas son los desastres naturales, los proyectos de desarrollo o megaproyectos, y el ataque a la actividad periodística. Siendo un problema que afecta directamente a la niñez, las mujeres, los adultos mayores, personas indígenas, periodistas y defensores de los derechos humanos; por tanto, es necesario tomar conciencia a nivel de ciudadanos y de gobierno. 

Salgado García mencionó que es necesario reformar la Ley para asegurar los derechos de las comunidades que viven geográficamente aisladas y de las personas víctimas de desplazamiento interno forzado. 

Además, la senadora instó adicionar un artículo a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para conseguir que se cumplan las garantías en materia de libertad de expresión.

*Avanza la discusión del proyecto para establecer paridad de género en todos los órganos del Estado: Martí Batres.

Senadoras y senadores de la República consideraron que la agenda de género debe formar parte de las políticas públicas y legislativas, a fin de eliminar las barreras políticas, sociales y económicas que impiden el desarrollo de las mujeres en igualdad de oportunidades.

Los grupos parlamentarios fijaron postura sobre este tema como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que tiene lugar cada 8 de marzo.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, consideró que la agenda de género debe formar parte integral de las decisiones de política pública y legislativas que se tomen en nuestro país.

En este sentido, dio a conocer que en las comisiones del Senado de la República avanza la discusión sobre el proyecto para reformar la Constitución Política y establecer la paridad de género en todos los órganos del Estado.

Se trata, asentó, de un tema en el que coinciden todos los grupos parlamentarios “y esta legislatura tiene la responsabilidad de hacerlo realidad”.

Batres Guadarrama también destacó los rezagos y pendientes en esta materia: “Se ha mencionado insistentemente, por ejemplo, la importancia de reconocer un nuevo estatus en el trabajo en el hogar, a partir de la aprobación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por otro lado, el Estado mexicano debe seguir comprometido para construir condiciones jurídicas sociales y materiales de protección, para que las mujeres y las niñas tengan posibilidad de desarrollarse en libertad y sin violencia”.

Lo decimos, advirtió, en un contexto donde en los últimos años las cifras de violencia hacia las mujeres han crecido de forma altamente.

La senadora Gloria Sánchez Hernández, de Morena, dijo que al igual que pasa en el resto del mundo, en México las mujeres siguen enfrentado barreras para alcanzar su máximo potencial. Desde discriminación, acoso, violencia de género, hasta la falta de oportunidades, libertad y apoyo.

Comentó que ellas continúan recibiendo salarios más bajos, menos promociones y se les niegan el control legal sobre su cuerpo y salud reproductiva, además, los feminicidios no cesan. Por ello, subrayó, la lucha de las mujeres va más allá de coyunturas, posiciones parlamentarias o de oportunismos.

Más de 320 mil niños y niñas hoy no saben si mañana su estancia continuará abierta, porque no hay recursos a causa de una decisión equivocada para recortarlos a este tipo de servicio, apuntó.

La senadora Sasil de León Villard, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, advirtió que han pasado más desde cien años de las primeras luchas por la igualdad. Ésta no se ha logrado a plenitud y muchas injusticias en contra las mujeres siguen vivas.

Miles de ellas, agregó, “continúan siendo objeto de discriminación, violencia psicológica, física, verbal y económica”. Esto, agregó, no nos permite alcanzar plenamente la igualdad, que es un principio fundamental de cualquier democracia.

·        Queremos un país igualitario, pacífico con seguridad para mujeres, niñas y jóvenes: Martha Lucia Micher 

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la senadora Martha Lucía Micher subrayó la necesidad de que todas las acciones del Estado vayan encaminadas a eliminar la discriminación ya que, afirmó, las circunstancias actuales no permiten que las mujeres accedan al ejercicio pleno de la igualdad y de sus derechos.

Al inaugurar la exposición de 30 artículos, que enmarcan 40 años de la firma de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), avalada por los 189 países que conforman la ONU, expresó el deseo de que México sea un país igualitario, pacífico y con seguridad para las mujeres, niñas y jóvenes.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, manifestó que debemos levantar la voz para recordar a todas las  mujeres que tienen derecho a tener derechos; y a la no discriminación como lo marca la CEDAW.

Posteriormente, en el patio central, la senadora de Morena acompañada por legisladoras y defensoras de derechos humanos, iluminaron de morado el edificio de la Cámara Alta, por ser este el tono emblemático del feminismo. “Nos sirve para identificar la desigualdad entre mujeres y hombres”.

La legisladora aseveró que el morado simboliza la sangre que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto. Simboliza su conciencia de libertad y dignidad. Color del poder para compartirlo, para hacer de esta Patria feminista, un lugar habitable, igualitario, digno, con justicia y seguridad.

Detalló que desde el Senado reconocemos y continuaremos de la mano con la sociedad civil, que tanto ha trabajado en México, por la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Sin ellas, sin su visión de la realidad, no podríamos haber construido tantas leyes en este país.

Destacó que aún hay gente que piensa que la violencia contra las mujeres no existe. Que no es un asunto de Estado, que compete únicamente en el ámbito privado.

Asistieron la representante de ONU-mujeres en México, Belem Sanz, y las senadoras  Bertha Alicia Caraveo Camarena, María Guadalupe Covarrubias Cervantes, Indira Kempis Martínez, Sasil De León Villard,  Cecilia Sánchez García, y las defensoras de derechos humanos Mayela García, María Luisa  Sánchez.

 

·         Estado mexicano empeñado en hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada, señala

·         Asiste a la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del INPI, en la que se presentó el Estatuto Orgánico de la nueva institución 

 

En el proceso de transformación que vive el país, el Gobierno de México está empeñado en hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y afromexicano, aseguró la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), a la que asistió en representación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobernación resaltó que el derecho a la consulta previa es uno de los grandes pendientes del Estado mexicano.

“Quiero retomar –señaló— el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de julio de 2018, en la Ciudad de México: “Daremos preferencia a los más humildes, a los olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México. El cual pone en la agenda nacional el compromiso con nuestros pueblos indígenas y afromexicano para esta cuarta transformación que todos queremos lograr. Es una deuda histórica para la efectiva protección de sus derechos”.

Junto al Director General del INPI, Adelfo Regino Montes, la encargada de la política interna del país destacó que, hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada para el consentimiento de las comunidades, demuestra madures política.

Olga Sánchez Cordero realizó la declaración de inauguración de dicha sesión –en la que se presentó y aprobó el Estatuto Orgánico del INPI—, donde refrendó que el Gobierno de México apuesta por el diálogo como un eficaz instrumento institucional de comunicación y entendimiento.

En este sentido, sostuvo la importancia de aplicar esta visión, ya que México es un país pluricultural, conformado por 68 pueblos indígenas, a los que se autoadscriben más de 25 millones de mexicanas y mexicanos.

"Nos encontramos ante un nuevo escenario, un nuevo proceso de transformación que busca refrendar que indígenas y afromexicanos son sujetos plenos de derecho. De reconocer la diversidad de todos los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicana, y de sus sistemas normativos”, apuntó.

La Secretaria de Gobernación dijo que los asuntos indígenas se reposicionan en esta nueva administración y que muestra fue la modificación del sistema jurídico que derivó en la promulgación y publicación de la Ley que creo el INPI.

“Pensamos seriamente en construir conjuntamente con el Instituto y con la Comisión adscrita a la Secretaría de Gobernación, una ley de consulta previa tan importante, desde luego para generar este derecho a una consulta previa, libre, informada, de buena fe, y culturalmente adecuada. Pensamos que este es un camino muy importante, en el cual estamos empeñados en trabajar conjuntamente”, ratificó.

“Es así –aseguró— como entendemos hacia dónde queremos caminar como nación, creando un México más justo, armónico e incluyente, que todas y todos queremos para los indígenas y afromexicanos en nuestro gran país en esta cuarta transformación”.

El titular del INPI, Adelfo Regino Montes, coincidió en la premisa de que los pueblos indígenas y afromexicano son sujetos de derecho público, con plena capacidad para determinar libremente sus instituciones y formas de organización jurídicas y políticas, así como de perseguir su desarrollo económico, social y cultural.

“En este contexto, hoy, justamente ha arrancado el proceso de diálogo y consulta con relación a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024); hemos acordado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la realización de 25 foros especiales de consulta indígena en todo el país, en el cual se van a tomar en cuenta las propuestas, las visiones de desarrollo de nuestros pueblos y comunidades indígenas”, concluyó. 

 

En representación del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio posesión a la Dra. Nadine Gasman Zylbermann como titular del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

La Secretaria de Gobernación señaló el compromiso de esta administración con la promoción de una verdadera igualdad de género en nuestro país. Ejemplo de ello es la integración paritaria del Gabinete Presidencial, así como la designación de mujeres para encabezar otras áreas de primera responsabilidad en las tareas de gobierno.

“Tengo la certeza de que bajo la conducción de Nadine Gasman, el Instituto hará aportaciones fundamentales para consolidar un México libre de discriminación y violencia contra las mujeres”, apuntó Sánchez Cordero. Y, aseguró que la nueva titular del INMUJERES cuenta con el respaldo del Presidente de México, de las mujeres que forman parte de su gabinete, de las diputadas y senadoras, de todas las mexicanas.

Por su parte, Nadine Gasman indicó que buscará posicionar al INMUJERES en su papel de actor político importante e influyente, como rector de la política nacional de igualdad entre mujeres y hombres que promueva y fomente las condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad sustantiva, para poner fin a toda forma de violencia hacia niñas y mujeres.

Asimismo, la nueva titular del INMUJERES enfatizó en la importancia de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, promover la educación sexual y el acceso a servicios adecuados para todas las mujeres en México.

 “Vamos a incidir en el Plan Nacional de Desarrollo con nuestra mirada y nuestras propuestas y con esto crear las condiciones para una transversalización efectiva de la perspectiva de género”, puntualizó Gasman.

A este evento asistieron también, la Representante de ONU Mujeres México, Belén Sanz Luque; la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de género de la Cámara de Senadores, Martha Lucía Micher Camarena; la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, María Wendy Briceño Zuloaga y la Directora de Promoción de Cultura y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Marta Ferreyra Beltrán, así como servidoras y servidores públicos del INMUJERES.

  • La Cámara Alta organizó el Foro por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Afromexicano.

 

La senadora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura, expresó su confianza en que se logrará el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos con la reforma al artículo 2º Constitucional que ella propuso, al señalar que son ya cinco siglos de retraso en este tema a causa de la discriminación que aún persiste.

 

Para reforzar este planteamiento, el Senado de la República, en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, organizó el Foro por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Afromexicano.

 

Al dar la bienvenida a los participantes e invitados al evento, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena expuso que la invisibilización de este grupo de mexicanos. Es lo que hoy aún padecen los pueblos de afrodescendientes, subrayó.

 

“A José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero los suelen pintar más claritos  de su color original en los libros de texto. El hecho de contextualizar a estos dos grandes héroes de la Patria como afromexicanos, cambia todo el sentido de nuestra historia. Además, nadie sabe que existió el libertador Yanga, en 1609, por ejemplo. Es decir, 200 años antes de nuestra Independencia, y no aparece en ningún lado”.

 

Ahora que tengo la oportunidad de estar en el Senado de la República, indicó, lo primero que hice fue presentar la iniciativa de ley para el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano. Hemos recorrido los pueblos de afromexicanos que en el país. Según el último censo del Inegi, registró a casi un millón 400 mil afrodescendientes. Tengo fe en que lograremos el reconocimiento constitucional de estos pueblos.

 

Harp Iturribarría recordó que en su propuesta de reforma al artículo 2º de nuestra Carta Magna (en estudio para dictamen en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos), se establece lo siguiente:

 

“Se reconoce como parte de la composición pluricultural de la Nación a los pueblos afromexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. Por equiparación a los indígenas, se les reconocen los mismos derechos a fin de garantizar  su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”, comentó.

 

Destacó que la iniciativa en cuestión la presentó al Pleno el pasado 18 de octubre, en coordinación con el senador Martí Batres Guadarrama, también de Morena, a la cual se sumaron todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta.

 

Presente en el foro, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación, Alexandra Hass Paciuc, manifestó que desde el CONAPRED se acompañara esta iniciativa, hasta que 17 entidades federativas aprueben la Reforma Constitucional.

 

Al evento acudieron, entre otros, la senadora María Leonor Noyola Cervantes, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; Elisa Velázquez, coordinadora Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Elena Patricia Peña Martínez, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

*Vamos por garantizar que nadie esté en la cárcel por defender ideales, señala.
 

La senadora Nestora Salgado encabezó el Foro “Diálogos de Libertad” donde refrendó el compromiso de los senadores de la República de legislar para frenar la injusticia y garantizar que nunca más nadie esté en la cárcel por defender sus ideales o su territorio.

 

El compromiso es firme. Vamos en búsqueda de una mesa que otorgue garantías a las familias de que no habrá vicio procesal o artilugio de falsedad para mantener a personas en prisión cuando no deben estarlo, señaló.

 

La legisladora de Morena lamentó que, durante décadas, las anteriores administraciones realizaron detenciones arbitrarias, una forma de represión para quienes pensaban diferente o iban en contra del estatu quo.

 

La documentación de casos de personas presas por motivos políticos, nos permite afirmar que éstos no son sólo resultado de la falta de conocimiento en materia de derechos humanos de los agentes del Estado. Tampoco de “malos” elementos que cometen violaciones a las garantías individuales. Formen parte de un mecanismo, de una estrategia de represión política del Estado mexicano para limitar, desarticular o destruir, en la práctica, el derecho humano a la protesta, mencionó.

 

Por su parte, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño reconoció que es necesario hacer una revisión al sistema jurídico del país al considerar que el Estado tiene una deuda histórica con las comunidades que han luchado por sus ideales y en contra de la imposición.

 

La legisladora dijo que esa revisión debe contribuir a liberar a todos los presos políticos, a las personas violentadas en sus derechos políticos y a las que han sido encarceladas injustamente.

 

No puede haber transformación si no hay justicia para las victimas del sistema, indicó.  

 

En tanto, León Alberto Pérez Manzanera, representante de Servicios y Asesoría para la Paz, mencionó que es indispensable generar las condiciones para reparar el daño de las personas que, por defender sus derechos y mejorar sus territorios, son perseguidos y encarcelados por el Gobierno.

 

En su oportunidad, Nancy López, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, se pronunció por revisar los casos de personas a los que se les “fabricaron” pruebas. Manifestó que cualquier transformación debe ir aparejada del reconociendo de las arbitrariedades cometidas y actuar en consecuencia para que no se repitan más.

 

En su participación Félix Santana Ángeles, director general de estrategia      para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, garantizó que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha puesto en marcha un Estado de derecho donde no se fabriquen culpables, donde haya justicia y no existan más presos políticos. 

 

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