LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (746)

  • Debemos implementar políticas que abatan la inseguridad y realizar acciones en favor de las víctimas, Maceda Luna.

Al inaugurar el Primer Foro de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, el senador Omar Obed Maceda Luna, del PRD, reconoció que pocas veces los afectados son tomados en cuenta por las autoridades, por lo que se comprometió a que los legisladores de su partido acompañarán a las víctimas, “más allá de las puertas del Senado”. A manera de ejemplo, dijo, podrían ir con ellas ante las autoridades que han mostrado negligencia en la atención a sus casos.

 

           Por Nancy Rodríguez

  • Será en las próximas dos semanas; INAI, CRE y SCJN entre otros.
  • Se repetirá el esquema de Parlamento Abierto, en cada caso.     

Después de la aprobación del proyecto de reforma constitucional para crear a la Guardia Nacional, el Senado de la República no detiene la dinámica de trabajo. En las próximas dos semanas analizará –en Parlamento Abierto- más de 50 perfiles de candidatos a integrar distintos órganos del Estado, informó el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). 

En conferencia de prensa, detalló que la Comisión de Justicia, a partir del lunes próximo, entrevistará 28 aspirantes a ocupar un lugar como comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

También convocará a otros 12 para elegir a cuatro comisionados de la Comisión Regulador de Energía; tres aspirantes para elegir a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y 15 para elegir cinco Magistrados. Casi la totalidad, señaló, serán elegidos por mayoría calificada. 

Dijo que el Senado analizará con mucha seriedad los perfiles, que deberán pasar por diversos filtros y, finalmente, la comisión dictaminadora calificará la idoneidad. Aunado a ello, la Jucopo intentará construir acuerdos para logara mayorías calificadas, insistió. 

Ricardo Monreal también informó que por la mañana recibió al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con quien analizó la situación de la política exterior, y revisó los proyectos de nombramientos que el Ejecutivo enviará al Senado para cubrir las vacantes en la representación diplomática en el exterior, con embajadores y cónsules. 

Anunció que se reunirán de nuevo la próxima semana para revisar las vacantes producidas por los embajadores que renunciaron antes de que iniciara la actual Administración Federal o, en su caso, ratificar a quienes son diplomáticos de carrera. 

En cuanto a la Guardia Nacional, dijo que habló por teléfono con el Presidente de la República, quien le expresó su beneplácito por la aprobación. “Me pidió extender su felicitación a cada uno de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios y a los 127 senadores que votaron”. 

Expuso que el Ejecutivo Federal respetó al Congreso y al Senado de la República en su decisión de construir una mayoría calificada. Añadió que los senadores no asumen actitudes triunfalistas, sino moderadas, porque el país está en emergencia nacional en materia de seguridad pública. 

Finalmente, señaló que espera que la Cámara de Diputados actúe en consecuencia en el caso de la Guardia Nacional. Dijo que existe una actitud razonable, de su parte, para revisar las modificaciones que hizo la Cámara de Senadores. “Hago votos porque pudiera transitar con rapidez la aprobación y enviarse a los estados, porque, repito, es una emergencia nacional”.

  1. Sistema de Bibliotecas; de Concordia y Pacificación; y del Canal de Televisión del Congreso.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, acompañado de senadores y diputados, instaló las comisiones bicamarales del Sistema de Bibliotecas, de Concordia y Pacificación, y del Canal de Televisión del Congreso. 

El presidente de esta última comisión, Cruz Pérez Cuéllar, dijo que hay grandes retos para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión. 

Uno de ellos, explicó, tiene que ver con la mejora de la plataforma digital de este medio de comunicación para llegar a más mexicanos.  El principal reto, precisó, está fuera de las zonas metropolitanas, pues en esas regiones el Canal sólo se ve por televisión de paga. Al respecto, dijo que no es correcto ni democrático que un mexicano que no tiene acceso a televisión de paga no pueda ver qué hacen sus representantes en el Congreso. 

La presidenta del Sistema de Bibliotecas, Martha Cecilia Márquez Alvarado, afirmó que el trabajo que desempeñarán, estará por encima de cualquier asunto, el interés superior de los mexicanos. “Nos invita, como diputados y senadores, a dar nuestro mejor esfuerzo para fortalecer nuestra labor legislativa”.

Subrayó que trabajarán coordinadamente siempre con el interés superior de beneficiar al país.

Por su parte, la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván manifestó que la labor coordinada que desempeñarán será para lograr que el Sistema de Bibliotecas funcione. Hagamos esfuerzos para que le sirva a México y a sus ciudadanos. Trabajaremos por el bien común, destacó.

A nombre de la Comisión de Concordia y Pacificación, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, dijo que las y los legisladores deben fijarse objetivos claros, que tengan resultados favorables para el pueblo de México y “nuestros hermanos indígenas”.

          Por Nancy Rodríguez

  • Con histórica votación, avalan Guardia Nacional
  • El proyecto de decreto fue devuelto con cambios a la Cámara de Diputados.

 
Con 127 votos, el Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, con modificaciones, el dictamen a la minuta que crea la Guardia Nacional, una institución de seguridad pública de carácter civil.

El documento, respaldado por unanimidad, fue devuelto a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Al inicio de la discusión se informó que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, enviaron a la Mesa Directiva una adenda al dictamen, propuesta por la Junta de Coordinación Política y avalada por todos los coordinadores de los grupos parlamentarios, además de los integrantes de dichas comisiones.

El Pleno aceptó, en votación económica, que el dictamen se discutiera con los cambios propuestos, entre los que destacan que la Guardia Nacional sea una institución de seguridad pública de carácter civil y el establecimiento de una temporalidad de cinco años para que las Fuerzas Armadas se retiren gradualmente de las tareas de seguridad pública.

Se precisa que esta institución estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública. Que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales, se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos.

Se acordó facultar al Senado para analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Se incluyó que el Presidente de la República designe al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional, formada por representantes de las secretarías del ramo de Seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina.

Al presentar el dictamen en nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, su presidenta, Ana Lilia Rivera, explicó que este es un paso para construir una nueva política de seguridad ciudadana, centrada en las víctimas y que garantice el respeto a los derechos humanos.

Precisó que la Guardia Nacional será una fuerza intermedia entre el diseño militar clásico y los cuerpos civiles de seguridad pública, estructurados para enfrentar amenazas no tradicionales o de mayor violencia, como la delincuencia organizada, terrorismo y narcotráfico, entre otros. Además, continuó, las Fuerzas Armadas estarán subordinadas al mando de autoridades civiles.

El senador Oscar Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que la Guardia Nacional que se propone da garantías y la oportunidad para que, gradualmente, las Fuerzas Armadas dejen de realizar las tareas de seguridad pública y que regresen a sus cuartes. Esta nueva institución, agregó, será motivo de orgullo nacional.

Para enfrentar la inseguridad necesitamos instituciones fuertes y honradas, mecanismos idóneos y eficientes para combatir la criminalidad con esta propuesta. Con la Guardia tendremos un órgano que garantice irrestrictamente la seguridad interior con profundo respeto a los derechos humanos, puntualizó.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, calificó de histórica la aprobación de la reforma que busca encausar, dirigir y dar solidez a la lucha contra la inseguridad y la violencia, mediante la consolidación de un marco institucional garante de derechos y libertades de todas las personas.

No implica, dijo, una continuidad de la estrategia utilizada hasta estos días, sino una desmilitarización paulatina. El cambio en la política de seguridad descansa en la atención de las causas que generaron la violencia: pobreza, falta de oportunidades, desempleo, corrupción e impunidad, y no sólo en el uso de la fuerza de los aparatos del Estado. 

Destacó la búsqueda de acuerdos legislativos “con los compañeros de los grupos parlamentarios. Avanzamos sin temor y sin titubeos”. No obstante, dijo: no es bueno atribuirse de manera facciosa y partidista los logros de una reforma porque Morena actuó con sensibilidad y flexibilidad. 

Julen Rementería del Puerto, senador del Grupo Parlamentario del PAN, destacó que con este dictamen se da certeza a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

De manera que, dijo, hoy tenemos una Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad como lo querían millones de mexicanos, que advertían la necesidad urgente de que el Estado contará con herramientas para combatir ese flagelo.

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, destacó que conscientes del problema de inseguridad que enfrentan miles de familias mexicanas, los legisladores “entendimos que la búsqueda de seguridad no podría sobreponerse a los principios básicos de la República, ni muchos a los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

No aprobamos la reedición de otras instituciones policiales, asentó la legisladora del PRI, sino la constitución de un cuerpo de seguridad novedoso, respetuoso de los derechos humanos, con perspectiva de género, complementario a las policías locales y sujeta a la jurisdicción del ámbito civil.

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, dijo que los acuerdos que se han alcanzado desde la oposición y con las mayorías, van a servir de mucho a México. “Vamos a aprovechar el beneficio de la coincidencia. Estamos cambiando el yo voy solo, por el vamos juntos”.

Este dictamen, argumentó, contiene avances históricos y muchos reclamos que se habían acumulados. Se dio un proceso de deliberación y participación plural muy importante, debido a que se observaron todos y cada uno de los puntos que hicieron valer en el Parlamento Abierto, la sociedad civil, las víctimas, expertos y organismos internacionales.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, subrayó la muestra de dignidad del contrapeso legislativo al aprobar el dictamen. El Poder Ejecutivo agregó, contará con las herramientas para consolidar una corporación policial civil, eficiente y coordinada con los órdenes de gobierno.

Dijo que se honró el ejercicio de Parlamento Abierto, en el que se escucharon e incorporaron las voces de la sociedad civil, académicos y especialistas, entre otros. Resaltó que se constituyó un marco de actuación para las Fuerzas Armadas, apegado a parámetros de convencionalidad, respeto a derechos humanos y rendición de cuentas.

Ante la emergencia en materia de seguridad, hoy es un día histórico para los mexicanos, aseguró, a su vez, la senadora Nancy de la Sierra, del Grupo Parlamentario del PT. Se establece una institución policial de carácter civil, con recursos económicos, humanos y jurídicos para dotar de esa seguridad al país.

Es el comienzo del proceso de pacificación, y destacó: Existe una esperanza. La refundación de la institución policial, y luego manifestó su reconocimiento y respeto a las Fuerzas Armadas por su honor, valor y dignidad.

A nombre del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué señaló que ante “la encrucijada más compleja de nuestra historia moderna” en materia de seguridad pública, es preciso sumar voluntades en favor del proyecto que postula el Gobierno Federal para beneficio de todos los mexicanos.

Refirió que la tasa de homicidios alcanza “niveles máximos históricos”: 25 muertes por cada cien mil habitantes; 81 muertos diarios; más de 31 mil víctimas. Cada cinco minutos, subrayó, un delito se comete en el que la víctima es mujer. “Es imperdonable que las mujeres vivan con miedo a salir de sus casas”.

Sasil de León Villard, coordinadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, dijo que este nuevo cuerpo policial es necesario y urgente para que el Gobierno de la República, y sus tres órdenes de Gobierno, cuenten con las herramientas legales y operativas necesarias para recuperar la seguridad de los mexicanos.

El senador Emilio Álvarez Icaza, sin partido, dijo que cuando se expida la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, se orientará a todas las instituciones de seguridad pública del país para hacer uso debido de la misma. Ahora no existe y es fundamental.

Celebró que se hayan incorporado los criterios que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la temporalidad de las Fuerzas Armadas en su labor complementaria de seguridad pública.

   Por Nancy Rodríguez

Senadores del Grupo Parlamentario de Morena arroparon a Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización de los Pueblos Indígenas Me Phaa (OPIM) quien el pasado 12 de febrero fue privada de su libertad presuntamente por células del crimen organizado y liberada cuatro días después.

El 16 de febrero las autoridades de esa entidad informaron que los activistas Obtilia Eugenio e Hilario Cornelio fueron localizados en el municipio de Tierra Colorada tras el operativo de búsqueda que realizó la Secretaría de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del estado.

En conferencia de prensa, el vocero de ese partido, Salomón Jara, la senadora Nestora Salgado y senadores morenistas, manifestaron el respaldo de Morena a la luchadora social que estuvo presente en las instalaciones de la Cámara Alta.

Los legisladores demandaron a las autoridades de Guerrero que refuercen sus acciones de seguridad al recordar que los defensores de la OPIM tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009.

En el Día Internacional de las Lenguas maternas, apremiamos a las instancias competentes del gobierno Federal y de Guerrero, a asumir su responsabilidad y garantizar el derecho humano a la vida de Obtilia. La compañera podría recurrir al desplazamiento forzado al estar en riesgo su vida. Además, no se ha puesto atención a la urgente necesidad de reforzar las medidas cautelares para ella y sus compañeros, demandó Nestora Salgado.

La legisladora denunció que lo ocurrido busca vulnerar los derechos de la activista y de su movimiento. Así hizo un llamado al Estado a defender la vida de los activistas y hacer que en Guerrero se respete a quienes defienden la libertad de expresión y los derechos humanos.

Por su parte, Salomón Jara aseguró que la líder indígena cuenta con todo el apoyo de su partido y del Presidente de la República porque en esta nueva etapa de transformación del país, dijo, se respetarán los derechos humanos de los luchadores sociales.

Cabe mencionar que Obtilia Eugenio también es integrante del Concejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla, un órgano de gobierno elegido por usos y costumbres.

Las tareas de la defensora en ese Concejo son transparentar la asignación de obras públicas que se dieron en Ayutla, lo que le acarreó las últimas amenazas, de acuerdo con activistas de Guerrero.

         Por Nancy Rodríguez

  • Se efectuó el Foro de Salud Mental Infantil en el Auditorio Octavio Paz de la sede del Senado.

A poner en el centro de atención del Poder Legislativo y la sociedad el problema de abandono y discriminación que afecta a niños y adolescentes, para prevenir enfermedades mentales, como el suicidio y la depresión, llamó el senador Miguel Ángel Navarro Quintero.

Al dar la bienvenida a los especialistas e invitados al Foro de Salud Mental Infantil, efectuado en el Auditorio Octavio Paz de la sede del Senado de la República, el legislador de Morena reconoció que, sin duda, hay temas que polarizan a las diferentes Fracciones Parlamentarias, pero hay otros que unen a todos, y éste es uno de ellos.

“Hoy no es momento para excluir a nadie. Es momento de apoyar a todos. Es muy necesario que hagamos a un lado egoísmos para atender a la niñez y la adolescencia en cualquier lugar donde se encuentren. Los profesionales de la salud, en psiquiatría y paidopsiquiatria, son muy pocos para el escenario tan grande que deben que atender, comparado, sobre todo, con los países de más desarrollo”, exhortó Navarro Quintero.

A su vez, la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, aseguró que en la agenda de temas sobre este sector social todos, legisladores, profesionales de la salud y funcionarios, están unidos en esa causa común.

El tema de salud mental en niños, adolescentes y adultos no es nuevo. Se viene tratando hace muchos años, pero se le dedica muy poco en la política pública.

En México existen, dijo, unos 5 mil casos de depresión en niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología en México (2017) y en estadísticas de la Secretaría de Salud. Esta enfermedad, a partir de 2016, es el segundo sitio de los trastornos de salud mental de diagnóstico más frecuente.

“No esperemos hasta ser adultos para resolver o atender lo que puede ser posible desde que somos niños o adolescentes, porque posiblemente habrán pasado muchos años de sufrimiento, de renuncia a una vida más plena, de imposiblidad de disfrutarla más y de muchos años de atender lo que nos lastima”, finalizó la senadora Vázquez Mota.

En su oportunidad, la Doctora Virginia González Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, al dar a conocer el Modelo Nacional Miguel Hidalgo de Salud Mental, informó que todos sus servicios son gratuitos; que es un modelo que respeta los derechos humanos, cuenta con programas de prevención, hospitalización y reintegración social, y ya atiende 500 consultas diarias que el esfuerzo de 200 trabajadores.

Los participantes destacados en dicho Foro, fueron Nadia Valentina Báez Patiño, coordinadora de Derechos Humanos en los Hospitales Psiquiátricos de la OEA; el Doctor Eduardo Madrigal, director general del Instituto Nacional de Psiquiatría; el Doctor Miguel Malo, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, entre otros.

POR EL Senado estuvieron también los senadores Alejandra Noemí Reynoso Sánchez Y Minerva Hernández Ramos, del PAN; María Antonia Cárdenas, del PES; Lilia Margarita Valdez Martínez y Gloria Sánchez Hernández, de Morena; Ovidio Peralta Suárez, de Morena, y Emilio Álvarez Icaza, sin partido.

  • La Cámara Alta organizó el Foro por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Afromexicano.

 

La senadora Susana Harp Iturribarría, presidenta de la Comisión de Cultura, expresó su confianza en que se logrará el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos con la reforma al artículo 2º Constitucional que ella propuso, al señalar que son ya cinco siglos de retraso en este tema a causa de la discriminación que aún persiste.

 

Para reforzar este planteamiento, el Senado de la República, en coadyuvancia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, organizó el Foro por el Reconocimiento Constitucional del Pueblo Afromexicano.

 

Al dar la bienvenida a los participantes e invitados al evento, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario de Morena expuso que la invisibilización de este grupo de mexicanos. Es lo que hoy aún padecen los pueblos de afrodescendientes, subrayó.

 

“A José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero los suelen pintar más claritos  de su color original en los libros de texto. El hecho de contextualizar a estos dos grandes héroes de la Patria como afromexicanos, cambia todo el sentido de nuestra historia. Además, nadie sabe que existió el libertador Yanga, en 1609, por ejemplo. Es decir, 200 años antes de nuestra Independencia, y no aparece en ningún lado”.

 

Ahora que tengo la oportunidad de estar en el Senado de la República, indicó, lo primero que hice fue presentar la iniciativa de ley para el reconocimiento constitucional del pueblo afromexicano. Hemos recorrido los pueblos de afromexicanos que en el país. Según el último censo del Inegi, registró a casi un millón 400 mil afrodescendientes. Tengo fe en que lograremos el reconocimiento constitucional de estos pueblos.

 

Harp Iturribarría recordó que en su propuesta de reforma al artículo 2º de nuestra Carta Magna (en estudio para dictamen en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos), se establece lo siguiente:

 

“Se reconoce como parte de la composición pluricultural de la Nación a los pueblos afromexicanos, a sus comunidades y reagrupamientos sociales y culturales, cualquiera que sea su autodenominación. Por equiparación a los indígenas, se les reconocen los mismos derechos a fin de garantizar  su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”, comentó.

 

Destacó que la iniciativa en cuestión la presentó al Pleno el pasado 18 de octubre, en coordinación con el senador Martí Batres Guadarrama, también de Morena, a la cual se sumaron todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta.

 

Presente en el foro, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir  la Discriminación, Alexandra Hass Paciuc, manifestó que desde el CONAPRED se acompañara esta iniciativa, hasta que 17 entidades federativas aprueben la Reforma Constitucional.

 

Al evento acudieron, entre otros, la senadora María Leonor Noyola Cervantes, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; Elisa Velázquez, coordinadora Nacional del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y Elena Patricia Peña Martínez, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

*Vamos por garantizar que nadie esté en la cárcel por defender ideales, señala.
 

La senadora Nestora Salgado encabezó el Foro “Diálogos de Libertad” donde refrendó el compromiso de los senadores de la República de legislar para frenar la injusticia y garantizar que nunca más nadie esté en la cárcel por defender sus ideales o su territorio.

 

El compromiso es firme. Vamos en búsqueda de una mesa que otorgue garantías a las familias de que no habrá vicio procesal o artilugio de falsedad para mantener a personas en prisión cuando no deben estarlo, señaló.

 

La legisladora de Morena lamentó que, durante décadas, las anteriores administraciones realizaron detenciones arbitrarias, una forma de represión para quienes pensaban diferente o iban en contra del estatu quo.

 

La documentación de casos de personas presas por motivos políticos, nos permite afirmar que éstos no son sólo resultado de la falta de conocimiento en materia de derechos humanos de los agentes del Estado. Tampoco de “malos” elementos que cometen violaciones a las garantías individuales. Formen parte de un mecanismo, de una estrategia de represión política del Estado mexicano para limitar, desarticular o destruir, en la práctica, el derecho humano a la protesta, mencionó.

 

Por su parte, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño reconoció que es necesario hacer una revisión al sistema jurídico del país al considerar que el Estado tiene una deuda histórica con las comunidades que han luchado por sus ideales y en contra de la imposición.

 

La legisladora dijo que esa revisión debe contribuir a liberar a todos los presos políticos, a las personas violentadas en sus derechos políticos y a las que han sido encarceladas injustamente.

 

No puede haber transformación si no hay justicia para las victimas del sistema, indicó.  

 

En tanto, León Alberto Pérez Manzanera, representante de Servicios y Asesoría para la Paz, mencionó que es indispensable generar las condiciones para reparar el daño de las personas que, por defender sus derechos y mejorar sus territorios, son perseguidos y encarcelados por el Gobierno.

 

En su oportunidad, Nancy López, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, se pronunció por revisar los casos de personas a los que se les “fabricaron” pruebas. Manifestó que cualquier transformación debe ir aparejada del reconociendo de las arbitrariedades cometidas y actuar en consecuencia para que no se repitan más.

 

En su participación Félix Santana Ángeles, director general de estrategia      para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, garantizó que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador ha puesto en marcha un Estado de derecho donde no se fabriquen culpables, donde haya justicia y no existan más presos políticos. 

 

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, inauguró la Jornada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se llevará a cabo en las instalaciones del Senado, del 19 a 21 de febrero.

Refirió que mil 500 trabajadores de la Cámara Alta están afiliados a esta institución, y anunció que la próxima semana asistirá a la clínica del ISSSTE -ubicada en la colonia Narvarte- para actualizar su afiliación como asalariado del Estado.

Batres Guadarrama destacó la necesidad de fortalecer a una de las grandes institucionales sociales de México.

Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE, dijo que estás jornadas promueven la prevención de enfermedades y, sobre todo, el acercamiento de los empleados y derechohabientes con su clínica.

En esta ocasión, agregó, durante tres días se aplicarán exámenes en el Senado para la detección de padecimientos como diabetes o cáncer. Además se otorgarán asesorías en prestaciones relacionados con la vivienda y créditos para los trabajadores.

A la inauguración asistió la senadora Gricelda Valencia de la Mora, presidenta de la Comisión de Seguridad Social; la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa; la coordinadora parlamentaria del Partido Encuentro Social, Sasil de León Villard.

Además, estuvieron los senadores Américo Villarreal Anaya y José Luis Pech Várguez, de Morena; Ángel García Yáñez, del PRI; la secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Senadores, Bertha Orozco Márquez.

  • 87 por ciento apoya la Guardia Nacional; aprobarla responsabilidad de todos.
  • Se han escuchado todas las propuestas; hemos tenido tres versiones al respecto.

 

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, indicó que más allá del grupo parlamentario al que se pertenezca, es responsabilidad de todas y todos proteger la seguridad de la ciudadanía. En ese sentido, invitó a senadoras y senadores a apoyar la creación de la Guardia Nacional, ya que el combate a la inseguridad, violencia y la delincuencia es un tema prioritario, no sólo para el Ejecutivo Federal, sino para la ciudadanía.

 

En entrevista, después de inaugurar el foro regional para una Ley de Seguridad Vial, el senador dijo que la creación de esa institución tiene un aval muy fuerte de la población. Todos los estudios de opinión permiten ver que los apoyos van, desde 67 por ciento, hasta 87 por ciento, a favor, refirió.

 

Destacó que el respaldo no es casual porque el problema de la inseguridad es muy fuerte y la gente espera respuestas pronto. Hay una propuesta estratégica concreta y, desde mi punto de vista, hay que apoyarla, agregó.

 

En este sentido, se pronunció por apoyar la propuesta del Presidente de la República. “Aquí hay un planteamiento del gobierno, que es el encargado de dar la seguridad pública, de otorgar, proteger, procurar, garantizar la seguridad pública a la ciudadanía. Está haciendo una propuesta específica”. Me parece que ese es el punto fundamental, subrayó.

 

Dijo que desde su punto de vista, se tiene que tomar postura y definición sobre el planteamiento que hace el Presidente. Creo que hay que respaldar ese proyecto, por el bien de la ciudadanía, insistió.

 

Aseguró que con el proyecto del Ejecutivo Federal no habrá ninguna militarización. Ese -aclaró- es un falso debate. Recordó que cuando se creó la Policía Federal Preventiva participaron militares. Además, hace 12 años hubo una incursión muy amplia de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública.

 

Lo que se plantea ahora es, de manera muy ordenada, hacer primero una reforma constitucional para después abordar legislaciones secundarias. Lo que se propone es que la Guardia Nacional sustituya la presencia general que tienen hoy las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad pública, precisó.

 

Martí Batres explicó que habrá en la Guardia una composición mixta por una parte de elementos civiles de la Policía Federal, así como de integrantes de las policías naval y militar.

 

Es decir, indicó, solamente participarían en tareas de seguridad pública a través de la Guardia Nacional, el 10 por ciento de las Fuerzas Armadas.  No serían solamente militares, sino también civiles, y esta agrupación crecería a partir del reclutamiento de más civiles.

 

Enfatizó que se han tomado en cuenta las propuestas de la oposición desde la Cámara de Diputados, donde la propuesta original fue modificada profundamente. Hemos tenido tres versiones distintas que se han discutido, y en cada una de ellas, se han incorporado las propuestas de la oposición y se han recuperado las principales preocupaciones.

 

Consideró que en la reunión de hoy por la tarde de las comisiones dictaminadoras, debe haber un esfuerzo relevante. Lo más importante es la sensibilidad de legisladoras y legisladores frente al drama de inseguridad que vive la gente. Hay que proteger a la población para eso es la Guardia Nacional y hay que ser sensibles con ello.

 

Se trata, en este caso, de una aprobación que debe hacerse con dos terceras partes. Eso quiere decir que la responsabilidad es de todos y de todas. El grupo mayoritario ha manifestado abiertamente su apoyo a la propuesta del Presidente, pero también aquí está de por medio la responsabilidad de otras fuerzas políticas, agregó.

 

Ya hay una estrategia planteada y nos parece que hay que apoyarla, porque si el que tiene que garantizar la seguridad es el gobierno federal, pues tenemos que partir de la discusión de lo que está planteando para lograr ese objetivo, finalizó.

 

 

             18 Febrero 2019 

  • Estamos dispuestos a lograr un consenso amplio para alcanzar mayoría calificada, dijo Ricardo Monreal.
     

En un ambiente de apertura y total transparencia los representantes de los Grupos Parlamentarios en el Senado de la República analizan los puntos de coincidencia de la minuta que crea la Guardia Nacional.

Al señalar lo anterior, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, mencionó que existe disposición de apertura de parte del Grupo mayoritario de Morena de incorporar en el dictamen, que se discutirá por el Pleno, las aportaciones de los Grupos Parlamentarios de oposición y las propuestas derivadas del parlamento abierto.

Estamos abiertos. Estamos sentados en este momento y hay la posibilidad de modificar seria y radicalmente la minuta en beneficio de todos y con el ánimo de construir un consenso amplio, para que mañana se presente de primera lectura y el jueves se vote en el Pleno, mencionó.

En conferencia de prensa, Monreal Ávila aseguró que las negociaciones continuarán en el transcurso de los próximos cuatro días con el afán de construir todos los acuerdos posibles, aun cuando la propuesta inicial se apruebe en Comisiones, dijo, seguiremos trabajando.

Ricardo Monreal dejó en claro que el Grupo Parlamentario de Morena no tiene ninguna actitud dogmática o cerrada para revisar todos los temas que ha propuesto la oposición como son la naturaleza civil, los fines de la Guardia Nacional, la adscripción de este cuerpo de seguridad a la Secretaría de Seguridad Pública, la fortaleza del federalismo en estados y municipios y la temporalidad, entre otros. 

El legislador Monreal, destacó que por parte de los demás partidos políticos también existe la voluntad política y el buen ánimo de logar entendimientos

Percibo una actitud abierta de los demás Grupos Parlamentarios, los veo abiertos y no los veo en la lucha del todo o nada. Veo una actitud reflexiva y espero que prevalezca, mencionó.

El senador dejó en claro que las negociaciones del dictamen se llevan a cabo en las instalaciones del Senado de la República y no en lo “oscurito” o extramuros.

Confió que el acuerdo alcance las dos terceras partes de la votación que se requieren para que México pueda resolver el grave problema de inseguridad que enfrenta.

  • El 40 por ciento del gasto en los hogares mexicanos corresponde a la compra de medicamentos: CANIFARMA.
  • El gasto de las familias en servicios de salud comprende el 53 por ciento y las consultas médicas el 16 por ciento: INEGI.
  • Se trata de implementar una política de salud regulada y transparente. 

El Grupo Parlamentario de Morena, que coordina Ricardo Monreal en el Senado, presentará una iniciativa para regular el precio de medicamentos e insumos con el objeto de garantizar que las personas de bajos ingresos accedan a ellos, debido a que en México su valor llega a ser hasta tres veces más caro que en otros países de América Latina. 

Las cifras lo demuestran. El 40 por ciento del gasto en los hogares mexicanos para recobrar la salud corresponde a la compra de medicamentos, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que el gasto de estos servicios comprende el 53 por ciento y las consultas médicas el 16 por ciento. 

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena busca implementar una política nacional de salud que cuente no solo con la voluntad de los actores de la cadena de suministro, sino que la fijación de precios máximo de los medicamentos resulte de la coordinación entre la Secretaría de Economía y Salud con un enfoque social y no solamente económico, con un mecanismo eficiente, transparente e institucional que garantice el acceso a medicamentos de calidad y seguros. 

Además, el estudio “The Big Pharma Proyect/La vida tiene precio”, realizado por el medio digital Ojo Público, muestra la discrepancia en el precio de los medicamentos en México comparados con los de otros países de la región; los utilizados para tratar diabetes, cáncer y VIH llegan a triplicar su precio.
El medicamento Glivec, utilizado para tratar el cáncer cuesta en el país 163 dólares, en Perú 44 y en Colombia 69; en tanto que la insulina Lispro para tratar la diabetes, cuesta 89 dólares aquí a diferencia de los 49 en Colombia, 65 en Perú y 31 en Guatemala; y el Lopinavir para el tratamiento de VIH, en México cuesta 7 dólares, mientras que en Perú y Guatemala 2, y en Colombia 0.8. 

Otro dato relevante, señala que el 80 por ciento de los antirretrovirales en México está en manos de un oligopolio de farmacéuticas que encarecen las terapias. 

La iniciativa establece que el esquema propuesto se someta a una revisión de precios anual o cuando las circunstancias económicas, técnicas o de valoración terapéutica lo exija y que se rija bajo principios fundamentales de publicidad y la transparencia  para que los ciudadanos puedan conocer los parámetros y elementos bajo los cuáles se toman las decisiones sobre el precio máximo de los medicamentos. 

El sustento está plasmado en el artículo 4° constitucional y en los distintos tratados internacionales ratificados por el Estado, que exigen que se materialicen acciones positivas para proteger la salud y/o que procuren la mejora, recuperación y tratamiento adecuado y oportuno, cuando ello fuere necesario. 

Se trata de impulsar una política nacional de salud que observe la realidad de la economía mexicana como principio fundamental, como lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre del año pasado, cuando instó a las compañías farmacéuticas a mantener bajos los precios de las medicinas, y advirtió que si no se produce una rebaja su Gobierno buscará mejores ofertas entre los competidores extranjeros. 

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila dio su palabra y aseguró que los senadores de su partido “jamás” realizarán ningún cambio legislativo que afecte la política científica.

Ante la inquietud que ha generado entre la comunidad del ramo la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología presentada por la legisladora de Morena, Ana Lilia Rivera Rivera; Monreal Ávila garantizó que cualquier legislación al respecto no se realizará sin antes escuchar a los profesionales de la investigación.

Vamos a tomar en cuenta la opinión de todos, porque la ciencia, la tecnología y la innovación  son los motores de desarrollo para la nación, señaló.  

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta reconoció que México debe apostar por fortalecer la ciencia y la tecnología para ser competitivos en el futuro.
No se preocupen, es apenas una iniciativa que tiene que pasar por el análisis de las Comisiones dictaminadoras y luego por el Pleno, aseguró.

Agregó que Morena impulsará una agenda política nacional de la mano de la sociedad que permita dar solución a los problemas sociales.

Les damos nuestra palabra y les reitero: No vamos a hacer nada a espaldas de la ciencia y la tecnología, no legislaremos nada en contra de ustedes, no cambiaremos leyes que les afecten, los escucharemos, y antes fortaleceremos el sector, enfatizó.   

              Por Nancy Rodríguez

  • Ricardo Monreal se reunió con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de MC, PRI, PRD y PAN. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, se reunió hoy con los coordinadores parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PRI, PRD y PAN para abordar la reforma constitucional, en materia de Guardia Nacional. 

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena refirió que estas reuniones se han estado realizando para intentar construir consensos y lograr la mayoría calificada para la aprobación del proyecto. 

"Se requieren acuerdos fundamentales para pacificar al país", comentó el presidente de la Jucopo.

Anunció que mañana se reunirá con los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PT, PES y PVEM para dialogar sobre el tema.

  • Estudios estiman que habría hasta ocho millones de víctimas.

     

Representantes de organizaciones civiles, junto con el senador Emilio Álvarez Icaza, reiteraron la necesidad de que se reconozca, de manera oficial, el desplazamiento interno forzado en México, a fin de que se diseñe una política pública para atender a las víctimas y se impida la violación “estructural” de los derechos humanos.

 

Álvarez Icaza consideró que este fenómeno -provocado, entre otros factores, por la delincuencia y la violencia- es una de las realidades que el nuevo gobierno debe asumir en su agenda. 

 

En la presentación del estudio “Entre la invisibilidad y el abandono, un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México”, el senador independiente consideró que en la medida en que nuestro país no acepte esta tragedia, “se van reproduciendo cadenas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, de manera estructural”.

 

Señaló que se trata de una de las crisis humanitarias invisibilizadas en nuestro país, que afectan a miles de familias que tienen que dejar su casa, trabajo y escuela por la violencia.

 

El legislador dio a conocer que ya se trabaja en una iniciativa de ley sobre la materia, donde participa la relatora especial sobre desplazamiento interno de la Organización de Naciones Unidas.

 

Dijo que también se insistirá en la pertinencia de que el gobierno acepte una visita oficial de dicha relatora, así como las recomendaciones que ayuden a atender el problema.

 

José Antonio Guevara Bermúdez, director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó que no hay un diagnóstico sobre el fenómeno y las estadísticas que existen “no nos permiten tener certeza de su dimensión.

 

Dijo que el análisis de tres encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía -que incluyen preguntas relacionadas con el tema-, dan cuenta de un rango amplio de personas en esta condición, aunque difieren los números.

 

El análisis de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, agregó, estima que “alrededor de ocho millones 726 mil 375 personas se han visto obligadas a abandonar su lugar de residencia para protegerse de la delincuencia entre 2011 y 2017”.

 

“Es una cifra escandalosa. Debiera obligar a las instituciones del Estado a clarificar de qué tipo de desplazamiento se trata”, asentó.

 

En tanto, datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica permitieron estimar a 185 mil 936 personas que migraron internamente por motivos de inseguridad pública o violencia, de 2009 a 2014.  Por su parte, la información proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo indica la existencia de 206 mil 965 víctimas entre 2006 y el primer semestre del 2018.

 

Brenda Pérez, directora de desplazamiento interno de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que gran parte del desplazamiento forzado ocurrió en municipios y localidades donde se realizaron acciones contra el narcotráfico.

 

Casi el 40 por ciento de estos desplazados en 2011, dijo, afirmaron que hubo este tipo de acciones en su municipio.

 

Entre otros datos, agregó que los estados con el mayor número de personas expulsadas son Tamaulipas, Chihuahua, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero y Veracruz. Además, 54 por ciento de las personas que se mudaron a otro estado a causa de la inseguridad pública o la violencia, entre 2009 y 2014, fueron mujeres; y los niños de 5 a 14 años, así como los adultos de 35 a 39 años son mayormente afectados.

 

 

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