LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (1308)

·         Establece estrategias de desarrollo de hasta 30 años y  fortalecer al Conacyt,  al dotar a su Consejo General  la facultad de fijar  prioridades de gasto y el  presupuesto. 

Las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos Primera, iniciaron el análisis de la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Ciencia y Tecnología,  con el objetivo de garantizar presupuestos que den continuidad transexenal a proyectos de investigación y desarrollo  que mantengan al país en altos niveles de competitividad.

Así como, establecer estrategias de desarrollo de hasta 30 años y  fortalecer al Conacyt,  al dotar a su Consejo General  la facultad de fijar  prioridades de gasto y el  presupuesto; además de estímulos fiscales y financieros, entre otros. 

La propuesta Presidencial de respuesta a la petición del  Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, para establecer las bases para mantener la inversión en pro de la maduración de proyectos de éxito probado. 

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología,  Patricio Martínez García destacó la participación de representantes de la comunidad científica, a fin de contar con un sólido análisis  de la iniciativa y enriquecer el dictamen. 

El objetivo es establecer bases firmes que permitan aterrizar un marco normativo que dé certidumbre a la inversión y proyectos de desarrollo, realizados tanto por instituciones públicos, como empresas privadas. 

La senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo,  presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, subrayó que el marco normativo establece la obligación del Estado de promover, impulsar e incentivar la investigación científica. 

La visión a futuro, destacó, obliga a actores del gobierno federal y a los legisladores a revisar el orden jurídico para perfeccionarlo y dotar de herramientas que fortalezcan la ciencia, tecnología e innovación, como un motor importante de crecimiento y desarrollo nacional. 

El presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que la iniciativa Presidencial fija metas de corto plazo, que se conjuga con otra  propuesta  de reforma constitucional de mediano plazo, que actualmente se analiza en la Comisión de Puntos Constitucionales, cuyo propósito es reconocer el derecho de acceso al desarrollo científico, como lo establece la Declaración de los Derechos del Hombre. 

Ambas iniciativas, aseguró, se complementan para fortalecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI), con miras a superar obstáculos, abatir el rezago y lograr un mayor desarrollo del país. 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, senador Enrique Burgos García destacó la importancia de las aportaciones que ofrezcan los representantes de los sectores involucrados en CTI.   

"Se hará el mejor esfuerzo por sacarla con  el mejor ánimo de que haya un instrumento de primerísima importancia en un tema de la singular significación que tiene la ciencia y la tecnología". 

La iniciativa, presentada por el Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en representación del Ejecutivo, refiere como propósitos principales: Establecer estrategias de largo aliento, de  20 a 30 años, que den certidumbre a los procesos de investigación y desarrollo. 

Plantea Fortalecer al Conacyt que se mantiene como un organismo descentralizado, pero se le faculta para coordinar las políticas públicas del Gobierno Federal en  colaboración con las entidades federativas y otros actores. 

Corresponderá al Conacyt elaborar la propuesta de Visión de Largo Plazo y el programa especial de  CTI, basado en las consultas necesarias y su órgano de gobierno será el Consejo General. 

El Consejo General tendrá como principales atribuciones aprobar la visión de largo plazo,  prioridades de gasto y el  presupuesto consolidado, así como los mecanismos de estímulos fiscales y financiero, entre otros.

Se crea el  Consejo de Asesores Científicos y Tecnológicos de la Presidencia, con 20 especialistas designados por el Director General del Conacyt y coordinado  por un funcionario designado por el primer mandatario; su objetivo será mejorar el diseño de los instrumentos de financiamiento a la  ciencia, tecnología e innovación (CTI). 

Al  Foro Consultivo Científico y Tecnológico se le designa como instancia consultiva permanente los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, de las entidades federativas, así como del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

A fin de alcanzar estos propósitos, plantea crear programas de evaluación de la política pública y asegurar mecanismos de coordinación y colaboración entre los sectores público, privado y académico. 

Crea además la estrategia de Ciencia Abierta, para asegurar la máxima diseminación del conocimiento, en tanto que el Sistema Nacional de CTI adopta los principios de máxima publicidad, apertura y captación de recursos académicos, científicos y tecnológicos.

El Sistema de Centros Públicos de Investigación queda integrado únicamente por los Centros sectorizados en el Conacyt, para desplegar la política de ciencia, tecnología e innovación, con lo cual se establecerá un marco homogéneo y de gobernanza. 

Científicos y académicos avalan iniciativa Presidencial 

Cabrero Mendoza, director general del Conacyt y Juan Méndez Nonel, presidente del Consejo Consultivo de Centros Públicos e Investigación, aseguraron que México,  a diferencia de otros momentos de la historia, está en posibilidades de subirse a la dinámica de la economía del conocimiento, palanca fundamental de desarrollo y crecimiento. 

La propuesta del Ejecutivo, afirmaron,  está inscrita en una visión de largo plazo, pues “los sexenios son demasiado cortos para una política como la de ciencia, tecnología e innovación”, en tanto los países altamente competitivos cuentan con programas de largo aliento, con amplios márgenes de competitividad y de bienestar social. 

El coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República, Elías Micha Zaga,  expresó que la iniciativa que la propuesta presidencial da un paso importante, para que México pueda enfrentar los retos del futuro. 

Nos encontramos inmersos en un desarrollo científico y tecnológico vertiginoso que transforma de manera profunda el mundo que vivimos, por lo que debemos apostar a ese desarrollo como la ruta para alcanzar a los países de alta competitividad, enfatizó. 

El coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Sergio López Ayllón, consideró que la iniciativa es de gran calado, pues aprovecha las ventanas de oportunidad  para avanzar en materia de crecimiento sustentable, con equidad.

Es un proyecto muy serio, apuntó, que ratifica la necesidad de la participación dentro del marco constitucional de los gobiernos federal y estatales, la academia y el sector privado, para obtener los logros en bien del país.   

José Franco, coordinador general del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, señaló que en los últimos cinco años se han registrado avances importantes que deben consolidarse, lo cual requiere corregir y revertir de inmediato los elementos que frenan el avance del CTI.

Entre los obstáculos, refirió la falta de inversión pública y privada; la carencia de una planeación de largo plazo, así como la inexistencia de una vinculación entre científicos, tecnólogos y empresarios, lo cual provoca que proyectos tarden hasta más de 30 años en realizarse, cuando podrían concretarse en menos de la mitad de tiempo.

Los presidentes de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), José Luis Morán y la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT), José Alonso Huerta Cruz, aseguraron que la iniciativa presidencial da respuesta a la petición de la comunidad científica de garantizar una visión a largo plazo a la investigación. 

Establecieron que el verdadero desarrollo del país sólo se alcanzará con un desarrollo regional eficaz y la consolidación de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación con el fortalecimiento de las capacidades locales. 

En representación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Víctor Gutiérrez Martínez, propuso que para disminuir la incertidumbre y riesgos de inversión, se incluya en el dictamen el capital privado, aportado por inversionistas profesionales, que es diferente a la inversión de parte de empresas de sus recursos o remanentes financieros. 

Ricardo Tapia, del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, propuso, por su parte, que este organismo de gobierno se integre por premios nacionales en las diversas disciplinas científicas y este sea el órgano de asesoramiento del gobierno.

 

·         Denuncian epidemia de desaparición de mujeres adolescentes.

·         Participaron colectivos, representantes de organizaciones civiles, quienes buscan formar parte del Consejo.

Las Comisiones Unidas de Gobernación, Derechos Humanos y de Justicia llevaron a cabo las comparecencias públicas de las y los aspirantes a ocupar las 13 vacantes del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, informó que los 28 participantes registrados cumplieron con los requisitos de la convocatoria correspondiente,  de los cuales sólo acudieron 25 aspirantes.

Recordó que el Consejo estará integrado por cinco familiares de personas desaparecidas; cuatro especialistas de reconocido prestigio en la defensa y protección de los derechos humanos y con especialidad en materia forense, y cuatro más representantes de la sociedad civil que sean especialistas en la materia, quienes ocuparán el cargo por tres años sin posibilidad de reelección ni ocupar otro cargo público. 

En su exposición, Francisco Olvera Acevedo señaló que no hay mayor eficacia que la búsqueda que hagan los familiares de las víctimas, con el apoyo de las nuevas tecnologías y en lo personal seguirá luchando para atenuar la tragedia que vive el país con la desaparición de personas.

Denise González Núñez propuso la investigación rigurosa sobre las fosas clandestinas a través de un método científico, que sirva para hacer recomendaciones a las autoridades  y  de esa manera observar la magnitud del problema. 

Mirna Nereida Medina Quiñonez ofreció aportar su experiencia empírica en la búsqueda de personas en el estado de Sinaloa, a raíz de la desaparición de su hijo en el año 2014, que ha logrado ayudar a localizar los cuerpos de 121 personas y  más de cien de ellos se han entregado a sus familiares. 

Mercedes Doretti, expuso que como integrante del Grupo Argentino de Antropología Forense ha participado en la investigación de la desaparición de personas en casi 20 países, y consideró que en el caso de México debe resolver el problema de la fragmentación de la información sobre desaparecidos. 

Delia Icela Quiroa Flores Valdez dijo que a partir de su experiencia, ofrecería  ser el enlace entre las familias de desaparecidos y las autoridades involucradas. Resolver este problema de influencia nacional, donde uno de los mayores retos es que los ministerios públicos federales y locales hagan su trabajo de localizar e identificar a las víctimas. 

Santiago Corcuera Cabezut expuso que a partir de su experiencia en la ONU y en organizaciones de Derechos Humanos propone que el Consejo Ciudadano emita recomendaciones a las autoridades involucradas para encontrar a las personas y rendir buenas cuentas a la sociedad. 

Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, aseguró que del 20 al 25 por ciento de los casos de desaparición que suceden en el país se trata de niños, niñas y adolescentes. Informó que existe una epidemia de mujeres adolescentes desparecidas que no ha sido reconocida y por lo tanto no se están tomando acciones en la materia. 

Informó que la desaparición de mujeres adolescentes creció 200 por ciento, es decir, que quienes tienen más probabilidades de ser víctimas se encuentran entre los 15 y 17 años, principalmente mujeres de escasos recursos, por lo que propuso crear un protocolo de búsqueda para niños, niñas y adolescentes. 

Teresa Columba Ulloa Ziáurriz, quien preside una organización que atiende víctimas de trata de personas, detalló que han rescatado a mil 478 víctimas, 80 por ciento con vida; y los casos que maneja son de mexicanos rescatados en otros países y extranjeros en México. 

Edna Dolores Rosas Huerta, del colectivo Solecito, informó que la organización está compuesta por más de 150 familias,  han recuperado 287 cuerpos de 149 fosas comunes, a las que han accedido en la búsqueda de sus propios familiares desaparecidos. 

Norma Patricia Quintero Serrano, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, propuso realizar un trabajo en conjunto con las autoridades y ampliar la participación de los familiares de los desaparecidos, en la proyección de leyes que atiendan éste fenómeno.

Los candidatos que representan a familiares de desaparecidos, propuestos por organizaciones sociales, plantearon utilizar mecanismos que ellos mismo han empleado para esta tarea. 

Las senadoras María del Carmen Izaguirre Francos, Verónica Martínez Espinoza, Yolanda

de la Torre Valdez, Diva Hadamira Gastélum Bajo,  del PRI, y  PAN, y el senador Héctor David Flores Ávalos, cuestionaron a los participantes sobre diversos temas relacionados a la desaparición de personas, los mecanismos de búsqueda y posibles soluciones a este problema. 

También expusieron sus propuestas,   Edith Pérez Rodríguez, del Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, de San Luis Potosí, Guillermo Mario Gutiérrez Riestra y María Guadalupe Aguilar Jáuregui, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. 

Así como, los ciudadanos y ciudadanas Graciela Pérez Rodríguez, Mónica Meltis Véjar, Geovanni Barrios Moreno, Alejandro Arteaga Saucedo, Francisco Javier Rivas Rodríguez, Margarita Quevedo Orozco, Volga Pilar de Pina Ravest, Jorge Verástegui González, Verónica Jazmín Berber Calle, Consuelo Morales Elizondo, Humberto Francisco Guerrero, Grace Mahogaly Fernández Morán.

 

·         Frente al contexto internacional, el Senado examinará a profundidad el contenido de este acuerdo.

·         Advierten afectaciones a las industrias textil, calzado y vestido que tendrán impacto social y económico.

 

Comisiones del Senado de la República escucharon a representantes de diversas industrias nacionales y del sector empresarial sobre los beneficios y riesgos del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

 

En reunión de trabajo, el senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, señaló que el Senado de la República analizará a profundidad el contenido del CPTPP, pues frente al contexto internacional, es necesario consolidar la presencia de México en el mundo a través de la profundización de las relaciones estratégicas y el establecimiento de nuevos socios.

 

“El CPTPP se presenta como una oportunidad para lograr estos objetivos”, y a pesar de la salida de Estados Unidos del TPP en 2017, se demostró que las once economías restantes que impulsaron este acuerdo “se encuentran decididas a continuar por el camino de la apertura comercial y de la cooperación económica”, acotó.

 

Dijo que la negociación del acuerdo transpacífico no es nueva en la agenda del Senado, “durante más de cinco años los senadores de la República hemos seguido de cerca la negociación mediante la conformación de un grupo plural de legisladores que pudimos acompañar al equipo negociador en diferentes rondas”.

 

El senador Teófilo Torres Corzo insistió en que el compromiso de las y los senadores de la República “es contribuir conscientemente y con seriedad al análisis y proceso legislativo del CPTPP, siempre y cuando signifique para México mejores herramientas para su desarrollo integral”.

 

La senadora Laura Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, expresó que en el Senado “entendemos la necesidad de impulsar una política de apertura comercial y de incentivar la participación de México en la economía mundial”.

 

Dijo que el fortalecimiento de la integración regional, de la promoción del fomento industrial y de la innovación contribuyen al crecimiento económico de nuestro país.

 

“Hoy el comercio internacional está en una encrucijada: por un lado, nos encontramos ante el resurgimiento de tendencias proteccionistas, como en Estados Unidos, y de prácticas discriminatorias que distorsionan el comercio.

 

“Por otro lado, hay países que ven en el libre comercio un mecanismo para insertarse en el mundo, tener presencia en otros mercados, fortalecer sus economías e incentivar su desarrollo. Ésta última claramente ha sido la postura de México por más de dos décadas”, señaló.

 

Indicó que la apertura de los mercados, la integración económica y la cooperación internacional son herramientas para la creación de oportunidades, “somos una de las economías más abiertas del mundo, contamos con una amplia red de tratados de libre comercio con 46 países y con 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones”.

 

El senador Héctor Larios Córdova, presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, expresó que el Senado está totalmente abierto al diálogo con todos los actores involucrados en este proceso, ya que “tarde que temprano tenemos que tomar una decisión, es el propósito de todo este ejercicio”.

 

La decisión que se debe tomar, es si este Senado ratifica el Tratado antes de concluir su periodo ordinario de sesiones o lo deja sin ratificar, señaló.

 

Reconoció que hay manifestaciones de preocupación o de posiciones adversas a que se ratifique, por lo que “las vamos a escuchar a todas y valorar”.

 

En su exposición, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker Pineda, aseguró que con el CPTPP “México tiene la posibilidad de estar a la vanguardia comercial, primero con un tratado moderno, que nos pone en una buena paridad con los países de Asia-Pacífico”.

 

“El CPTTP nos abre un mercado a seis países potenciales, con los cuales ya teníamos un comercio importante, un comercio que sobrepasa los 3 mil millones de dólares”, dijo.

 

Baker Pineda comentó que de acuerdo a un estudio realizado por el Peterson Institute, el TPP11, las exportaciones mexicanas se incrementarían en 6.7 por ciento, además una de contribución hasta del 1.5 por ciento al PIB de nuestro país.

 

“Por el lado económico, por el lado de las oportunidades que existen, sin duda hace sentido que México permanezca en esta iniciativa”, añadió.

 

El funcionario de la Secretaría de Economía señaló que nuestra planta productiva merece que tengan las opciones para poder participar hacia otros mercados, para poder diversificar sus fuentes de proveeduría y que como actores económicos tomen la decisión que convenga más a sus intereses.

 

“México está en el centro de todo lo que está pasando a nivel comercial y tenemos la posibilidad de ser líderes en este rubro”, aseguró el subsecretario Juan Carlos Baker.

 

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), refrendó el compromiso de los empresarios de México de impulsar el libre intercambio y la apertura comercial, como motor del crecimiento y desarrollo para la población.

 

Recordó que en los últimos 25 años, la apertura comercial ha permitido la modernización de nuestra economía; mayores tasas de crecimiento en muchos lugares y regiones del país; así como un aumento de la oferta, la calidad laboral, el acceso de la población a productos variados, competitivos, con mejores precios y calidad.

 

“Trabajaremos junto con el gobierno para lograr condiciones tanto internas como externas que favorezcan una correcta y justa implementación del mismo, siempre con el objeto de promover y defender el empleo y la inversión en México, así como la conectividad y competitividad hacia el mundo”, refirió.

 

Señaló que el TPP representaba, en 2016, más del 13 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y sus miembros realizaron operaciones de comercio por 4 mil 827 millones de dólares.

 

El TPP11 incorpora disciplinas del siglo XXI, como comercio electrónico y economía digital, telecomunicaciones, así como disposiciones en materia laboral, ambiental, empresas del Estado, entre otras, refirió.

 

Por otro lado, dijo, con este acuerdo los productos mexicanos tendrán acceso a seis nuevos mercados: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, que suman ellos 157 millones de consumidores potenciales.

 

Aceptó que existen sectores manufactureros que se enfrentan con grandes retos ante esta nueva apertura del TPP11, tanto en el mercado interno como en las exportaciones, entre ellos el sector de la moda, el textil, el calzado y el vestido.

 

José Cohen Sitton, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX), manifestó que el acuerdo es una “amenaza real” para la viabilidad de la industria mexicana del textil y del vestido.

 

Explicó que el principal problema es que Vietnam, uno de los principales exportadores de textiles, tiene una economía no de mercado, donde persiste una importante participación del Estado y que se combina con un mecanismo incluido en el Tratado llamado “lista de escaso abastecimiento” o “short supply list”, que le permitirá incorporar una gran cantidad de insumos chinos en sus exportaciones.

 

Indicó que competir con esa nación en dichas condiciones, ubicará a la industria mexicana en una situación desfavorable y advirtió que, con la entrada en vigor de este capítulo del CPTPP, se pronostica la emitente erosión de ambos sectores productivos de manera casi inmediata y una pérdida de 150 mil empleos formales.

 

Precisó que CANAINTEX no se opone a este instrumento comercial, pero sí a que la industria del textil-vestido sea expuesta a condiciones de intercambio comercial altamente desfavorables, por lo que pidió a las autoridades que promuevan la suspensión de la lista de escaso abastecimiento, implementen acciones al interior del país para hacer frente a la ilegalidad que afecta al sector.

 

Cohen Sitton dejó en claro que nunca han pedido ni pedirán proteccionismo, al contrario, “estamos a favor de un libre mercado y de la libre competencia; estamos dispuestos y preparados a competir con el piso parejo con economías de mercado que permitan una sana competencia y leal”.

 

Luis Gerardo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL), hizo un llamado a los senadores para que se mitiguen los daños que generará la entrada en vigor del Tratado, pues de lo contrario la afectación a la inversión productiva y el empleo tendrá importantes consecuencias de tipo social y económico.

 

Dijo que este instrumento internacional representa un riesgo y aclaró que la presencia de esta industria en el foro “no se debe interpretar como una muestra de que avalamos el 100 por ciento de la ratificación del Acuerdo” por parte del Senado.

 

Refirió que hay estudios que muestran que, en menos de 5 años, se perdería el 40 por ciento del mercado interno, y con ello, a grandes empresas de capital nacional. No se puede apostar a un modelo en el cual entreguemos el mercado a marcas extranjeras, quienes introducen su mercancía al país con sus propios canales de distribución y que pagan bajos sueldos.

 

Pidió a la Secretaría de Economía y a la Cámara de Senadores abrir y promover un amplio mecanismo de consulta con el sector empresarial, a fin de discutir los impactos negativos del Tratado, negociar cartas paralelas con Vietnam y Malasia, y que se implemente una agenda para el combate a la ilegalidad.

 

Rogelio Pérez, de la Asociación Mexicana de Exportadores de Carne, señaló que en el caso de este sector se contemplan plazos que le permitirán desarrollarse y seguir creciendo. Reconoció que para esta industria hay una oportunidad para tener un mercado importante y representa una competencia justa y con piso parejo.

 

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO), Guillermo Vogel Hinojosa, mencionó que el CPTPP induce a que se opere con principios de mercado y destacó que México está en una posición muy ventajosa, por lo que podrá tener “un despegue muy importante”.

 

Durante la realización de este encuentro, participaron también Ulises Granados, académico del ITAM, Alfonso Cano, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA), y Juan Manuel Ramírez González, Presidente de la Asociación Nacional de Productores de Cítricos.

*Urge impulsar medidas de carácter fiscal que pongan a las personas y ahorradores en el centro de las políticas y la toma de decisiones.

*El analista Alfredo Jalife-Rahme advirtió que el viejo orden mundial está caduco.

Durante el foro “Blindaje al Ahorro Popular”, senadores y especialistas destacaron la necesidad de incentivar el ahorro de las personas, impulsar políticas de carácter fiscal que beneficien a las pequeñas empresas y eliminar los candados de las Afores.

El senador del PRI, Jesús Casillas Romero, aseguró que en el Senado se están discutiendo diversas iniciativas encaminadas a fortalecer el ahorro popular, a efecto de entregarle a la gente un producto legislativo que beneficie directamente su economía.

Indicó que, a pesar de que México se está consolidando como un país potente en su macroeconomía, a nivel micro aún existe mucho trabajo por hacer, por lo que es necesario generar los incentivos que permitan a la gente impulsar su propio negocio y generar ahorros. 

El senador del PAN, Héctor David Flores Ávalos, dijo que es necesario impulsar medidas de carácter fiscal que pongan a las personas y ahorradores en el centro de las políticas y la toma de decisiones.

Resaltó que el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio esta dejando una serie de conceptos que el Estado mexicano debe replantear, por lo que es fundamental voltear a ver el mercado interno y fortalecer el ahorro popular. 

“En el Senado debemos construir una decisión que ponga a las personas en el centro del debate y que le permita al ahorrador blindarse frente a los efectos inflacionarios”, concluyó el legislador.

El senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, aseguró que México tiene un reto muy importante para generar políticas que permitan promover el ahorro popular, “crear las herramientas necesarias para que la gente pueda crear mejores expectativas para su futuro, es una tarea muy importante que tenemos los legisladores”. 

El analista Alfredo Jalife-Rahme advirtió que el viejo orden mundial está caduco, por lo cual es necesario implementar las medidas necesarias que permitan incentivar y blindar el ahorro popular para reajustarnos en la nueva modalidad que se está gestando en el mundo. 

Destacó que México es muy dependiente de Estados Unidos, por lo que debe comenzar a implementar herramientas que permitan “ver por sí mismo” ante tantas agresiones en la frontera. 

Durante las mesas de análisis, participaron el especialista Guillermo Barba, respecto de la importancia que tiene el ahorro para el desarrollo de México; el catedrático del ITAM Ramiro Tovar Landa, para referirse a la inflación; y Eduardo Sastré de la Riva, director general del Bureau de Relaciones Institucionales y Comercio, entre otros.

 

·         Se busca sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad auditiva.

La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad de 79 votos, declarar el día 28 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Personas Sordas, con el objeto de sensibilizar y concientizar a la sociedad con respecto a la promoción, protección y garantía de los derechos de las personas con discapacidad auditiva. 

El dictamen remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional, favorece la plena inclusión de la Comunidad Sorda a la dinámica social mexicana en todas sus dimensiones, para que ejerzan en igualdad de circunstancias el ejercicio de sus derechos humanos que como sujetos tienen las personas con discapacidad auditiva en México. 

A petición de la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, se corrigió el nombre de “Día Nacional del Sordo”, por el de “Día Nacional de las Personas Sordas”, ya que -dijo- se trata de un concepto peyorativo y no inclusivo. 

La senadora del PRD agregó que una nueva cultura de integración dejará de lado y ayudará a erradicar los conceptos discriminatorios y peyorativos.

Respaldan que 2 de junio de cada año sea “El Día Nacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria”. 

El Pleno también aprobó con 74 votos a favor, cero en contra y una abstención, un dictamen con proyecto de decreto para declarar el 2 de junio de cada año como “El Día Nacional de la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria”. 

El senador Francisco Salvador López Brito, del PAN, indicó que, de acuerdo con la Secretaría de Salud, en México cada año se registran cerca de 20 mil casos de anorexia y bulimia, siendo la población de entre 15 y 19 años de edad la más afectada. 

También del PAN, la senadora Mariana Gómez del Campo explicó que con esta medida se busca realizar campañas informativas para la prevención, detección y atención de este tipo de enfermedades.

Se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales. 

Que terminales de pasajeros cuenten con instalaciones adecuadas y sanitarios de uso gratuito. 

El Senado ratificó en sus términos una minuta que reforma la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para establecer que las terminales de origen y destino de pasajeros deberán contar al menos con instalaciones adecuadas para el ascenso, espera y descenso de pasajeros. 

Además, tendrán que contar con instalaciones sanitarias de uso gratuito para todos aquellos pasajeros, de conformidad con los reglamentos respectivos. 

La minuta aprobada por unanimidad, con 76 votos a favor, se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

Garantizar pleno acceso a la justicia a personas con discapacidad 

Los senadores también respaldaron reformas a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a fin de que las instituciones de procuración, administración e impartición de justicia y de defensoría pública, realicen los ajustes razonables y necesarios a sus procedimientos e instalaciones para garantizar el pleno acceso a la justicia a este sector poblacional. 

La senadora Angélica De la Peña Gómez, del PRD, mencionó que el objetivo de esta reforma es que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y de respeto. 

El senador Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, destacó la importancia de esta reforma, pues la igualdad jurídica de las personas es uno de los preceptos fundamentales de todo Estado democrático de derechos. 

A nombre de la Comisión de Justicia, el senador Héctor David Flores Ávalos, expresó que en los últimos años se han registrado avances en los derechos de este sector de la población; sin embargo, aún quedan pendientes para aplicar medidas legales que garanticen el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. 

El dictamen se aprobó con 78 votos a favor y se remitió a la Cámara de Diputados,

 

·         La muestra del artista plástico chiapaneco Rafael Ozuna será exhibida hasta el 13 de abril.   

En el Senado de la República se inauguró la exposición “Sombras de la Selva”, del artista plástico chiapaneco Rafael Ozuna, a invitación de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que preside el senador Zoé Robledo.

El senador suplente Froilán Esquinca Cano cortó el listón de la muestra escultórica, a nombre del senador Zoé Robledo, y dijo que las piezas, que representan animales salvajes, son una muestra de la biodiversidad de Chiapas, y una oportunidad para valorarla.

La exposición “Sombras de la Selva”, con esculturas esculpidas en bronce, será exhibida hasta el 13 de abril, en el piso 2 de la sede del Senado de la República. 

·         Se pretende reformar con ese fin la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política. 

Los agentes del Ministerio Público, peritos y elemento de las instituciones policiales federales, estatales y municipales serán separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes señalen para permanecer en las mismas, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, planteó la senadora Angélica de la Peña Gómez. 

La senadora integrante del Grupo Parlamentario del PRD presentó, con ese motivo, una iniciativa para reformar la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política. 

En su argumentación, la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos estableció que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, o bien, reincorporar a sus labores al servidor público, a elección de éste último, debiendo pagar en ambos supuestos las prestaciones que tenga derecho. 

Precisó que la reincorporación no procederá  cuando el servidor público haya sido sentenciado por algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa, en términos de la legislación vigente. 

En el segundo artículo transitorio, se establece que cuando las y los agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones de seguridad pública de la federación, de los estados y  municipios que, a la entrada en vigor del presente Decreto, hayan sido removidos, cesados o cuya terminación del servicio  hubiese sido injustificada por resolución judicial, podrán ser reincorporados al servicio. 

En los mismos términos se indica que si a la fecha de su ingreso a la corporación no tenían la obligación de acreditar los requisitos de ingreso y permanencia, en virtud de la inexistencia de una norma que regulara estos supuestos, para los efectos de su permanencia en la institución correspondiente, se sujetarán a la normativa inmediata posterior a la fecha de su ingreso.

La propuesta de reformas fue turnada para su análisis y dictaminación correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos, Primera. 

·         Ocho puntos de acuerdo aprobados por el Pleno fueron remitidos al Ejecutivo Federal para sus efectos.

 

El Senado de la República exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los gobiernos de Chiapas, Puebla, Morelos, Oaxaca, Estado de México y de la Ciudad de México, a que en la asignación de recursos para atender a las víctimas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes.

 

Se les pide también que, a través del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los Sistemas Locales, implementen acciones para eliminar obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, educación y atención médica de niñas, niños y adolescentes afectados por esos movimientos telúricos, así como incorporar la perspectiva de género en la atención de las mujeres.

 

Entre los ocho puntos de acuerdo que propuso la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, también se planteó a la Secretaría de Salud, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al gobierno de las 32 entidades federativas fortalecer las acciones de difusión y promoción de los derechos de las personas adultas mayores.

 

Al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se le pide realizar un trabajo en conjunto con los integrantes de su Junta de Gobierno, para que coordine la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad.

 

A los gobiernos de las entidades federativas se les solicita realizar, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), un diagnóstico integral del sistema de transporte público de pasajeros y de las necesidades en materia de movilidad de la población de adultos mayores en cada entidad, con la finalidad de generar estrategias que permitan mejorar la movilidad de éste grupo de personas.

 

De la misma manera se exhorta a las a las autoridades de Baja California y del municipio de Mexicali, a que informen el avance del cumplimiento de las recomendaciones para salvaguardar la integridad de los adultos mayores que residen en asilos ubicados en aquella entidad y garantizar el respeto a los derechos humanos de este sector de la población.

 

Mientras, a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se le solicita que informe a esta Soberanía sobre la investigación que ha llevado a cabo en relación a los acontecimientos ocurridos en la estancia infantil “Rehilete”, del Estado de Tlaxcala, en donde, presuntamente, menores de edad han sido víctimas de abuso, y a la Procuraduría General de la República se le pide que atraiga la investigación de esos hechos.

 

En un punto más, se exhorta a la Secretaría de Salud que se coordine con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para impulsar acciones y programas para eliminar cualquier tipo de maltrato en contra de toda persona adulta mayor con la finalidad de brindarles una vida digna.

 

Los planteamientos fueron aprobados en votación económica por el Pleno y fueron remitidos al Ejecutivo Federal para sus efectos.

 

·       El reto consiste en prevenir, investigar y sancionar la tortura sin duplicar funciones, presupuestos y/o hacer más largos los tiempos de respuesta en la atención a las víctimas.

·       En la sesión del 3 de abril pasado, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad a los cuatro integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

 

México cuenta con una legislación nacional contra la tortura muy avanzada y es una de las más completas en América Latina y el Caribe, sin embargo, existen problemas en la aplicación efectiva de los mecanismos para erradicar a este problema, señala un estudio elaborado por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.

El documento “Retos y pendientes en materia normativa para prevenir y erradicar la tortura en México”, recuerda que, el 26 de junio de 2017 fue publicada en el Diario Oficial la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre cuyos objetivos se encuentran: establecer los tipos penales y las sanciones correspondientes a la comisión del delito; la distribución de competencias y coordinación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y garantizar los derechos de las víctimas.

A pesar de lo anterior, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantienen aspectos como el arraigo, la detención sin orden judicial (art. 16), y la prisión preventiva oficiosa (art. 19), los cuales interfieren con la obligación del Estado de prevenir y erradicar la tortura, señala el estudio.

Como parte de la implementación de la nueva Ley General contra la tortura, el Pleno del Senado aprobó en su sesión del 3 de abril pasado, la designación de los cuatro integrantes del Comité técnico del Mecanismo nacional de prevención de la tortura, el cual quedó conformado por Miguel Sarre Iguíniz, María Sirvent Bravo-Ahuja, Nancy Pérez García y Jesús Eduardo Martín Jáuregui. Este comité técnico tendrá entre sus atribuciones expedir las bases para el funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, aprobar los perfiles de los servidores públicos que formarán parte de él y solicitar la apertura de expedientes de queja y denuncias ante las autoridades competentes.

El estudio del IBD apunta que uno de los objetivos de la Ley General fue establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero su operación podría convertirse en un gran reto que requerirá seguimiento constante, pues contempla la vinculación, en cuanto a atribuciones y facultades, de 11 instituciones 3 y por lo menos tres mecanismos asociados a ellas.

En ese sentido, el documento refiere que un aspecto que debe cuidarse es la duplicidad de funciones como es el caso de la operación simultánea del Registro Nacional de Víctimas y del Registro Nacional del Delito de Tortura.

Otro aspecto de atención, señala el estudio, es el incumplimiento de los plazos previstos en la ley, como ocurrió con la obligación de expedir el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como para contar con la infraestructura tecnológica necesaria para operar el Registro Nacional del Delito de Tortura, cuyo plazo venció el 26 de diciembre del año pasado. Esto mismo, indica el IBD, sucedió con la creación de las Fiscalías Especiales, Federal y de las entidades federativas, que debía haber ocurrido el 27 de septiembre de 2017.

Finalmente, el IBD apunta que la persistencia de la tortura en nuestro país no se debe, necesariamente, a vacíos jurídicos, sino a problemas en la aplicación efectiva de los mecanismos para erradicarla, y a posibles contradicciones entre las diversas normas jurídicas involucradas.

El estudio puede consultarse en: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3863

  1. Estos cambios legales permitirán mejorar las condiciones de desarrollo profesional del cuerpo diplomático.

 

En la Nota Informativa “Reformas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano: un repaso de sus enmiendas más relevantes”, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB) del Senado de la República revisa la naturaleza y alcance de las modificaciones al referido ordenamiento legal, producto de las reformas aprobadas recientemente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

 

En primera instancia, el documento reseña de manera general “el contenido de la legislación original, así como la naturaleza de las reformas que el Congreso aprobó durante las primeras dos décadas y media de vigencia de la ley”. Desde 1994 y hasta antes de la aprobación de las reformas de marzo de 2018, la legislación había sido reformada en cuatro ocasiones, siendo la más importante la aprobada en enero de 2002.

 

A pesar de que, como se señaló, se habían realizado cuatro reformas legislativas a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, los investigadores del CEIGB señalan que ninguna de ellas significó “modificaciones de envergadura” en el fondo del contenido del ordenamiento. Esto, continúa el documento, fue reconocido por el Canciller Luis Videgaray quien, en abril de 2017, señaló al menos tres grandes problemas en la implementación práctica de esta ley: la limitada capacidad de ascenso por la falta de disponibilidad de plazas; la necesidad de mejorar el proceso de exámenes de ascenso; y la falta de rotación efectiva en las adscripciones.

 

Acto seguido la investigación pasa a revisar los cambios recientemente aprobados por el Congreso de la Unión, destacando que “la reforma derivó de una iniciativa plural y de consenso presentada por 61 senadores de distintos grupos políticos, incorporando demandas de los miembros del Servicio Exterior Mexicano, las preocupaciones de los legisladores y las propias nociones del Gobierno federal” con el objetivo de modernizarlo, insertarlo en tendencias globales de capacitación, transparencia y modernización de los cuerpos diplomáticos así como resolver problemas institucionales que obstaculizaban un desarrollo

 

Los investigadores dividen el contenido de la reforma en cinco secciones: 1) redimensión de beneficios; 2) fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano; 3) igualdad sustantiva; 4) régimen de responsabilidades administrativas; y 5) transparencia y rendición de cuentas. La investigación del CEIGB enlista como aspectos destacados de la reforma para fortalecer el Servicio Exterior Mexicano: la eliminación del requisito de edad para ingresar al servicio, la modificación a los regímenes de contratación de personal temporal, nuevas necesidades en materia de capacitación y formación y la reducción de rangos – de 7 a 5 – en la rama técnico-administrativa. A su vez, en materia de igualdad sustantiva, la reforma a la ley “contempla también medidas para reestablecer las condiciones de igualdad de oportunidades para las mujeres en el Servicio Exterior y para prevenir y sancionar la discriminación”.

 

Finalmente, en materia de transparencia destaca la nueva obligación, para los Embajadores y Cónsules generales, de presentar “anualmente y por escrito ante el Senado de la República, un informe general de actividades”. La investigación señala que este era una antigua demanda por parte de los Senadores para evaluar el desempeño de los servidores públicos en el contexto de la facultad constitucional de análisis de la política exterior contenida en el artículo 76 fracción I de la Constitución.

 

Para conocer más sobre las modificaciones a la Ley del Servicio Exterior, así como la posición de la diplomacia mexicana vis-à-vis otras naciones en el escenario internacional, lo invitamos a consultar la Nota Informativa a la que hace referencia el presente Boletín en el siguiente enlace: http://centrogilbertobosques.s enado.gob.mx/docs/NI_LeySEM_04 0418.pdf

 

 

·       Se garantiza la aplicación del principio de juicio previo cuando el tipo penal o la pena prevista se derogue o se modifique.

·       Se pondrá en libertad a personas sentenciadas cuando se derogue el tipo penal o la ley por la que fue condenada.

 

La Cámara de Senadores aprobó con 78 votos a favor, un dictamen por el que se brinda certeza jurídica en los casos de modificación a la legislación en materia penal, para que continúe el proceso conforme a las nuevas disposiciones enmarcadas en las reformas que surgen del proceso legislativo.

 

La incorporación a los principios que rigen el procedimiento penal representan un beneficio para los gobernados y constituye una medida de corte garantista, destaca el dictamen enviado a la Cámara de Diputados.

 

Con los cambios  al Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que cuando el tipo penal o la pena prevista se derogue o modifique, la autoridad judicial procederá de oficio a garantizar la aplicación del Principio de juicio previo y debido proceso.

 

En este sentido, se deroga la fracción II del artículo 487, que señalaba: “Cuando una ley se derogue, o se modifique el tipo penal o en su caso, la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado”.

 

Además, se crea un artículo 487 Bis, denominado Supresión del tipo penal, el cual establece que cuando la conducta por la que hubiere sido condenada la persona deje de ser considerada delictiva, en virtud de la derogación del tipo penal o de la abrogación de la ley que lo contenga, se procederá a poner en libertad a la persona sentenciada. Esto, de acuerdo con este Código y lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

 

A favor del dictamen, la senadora Angélica de la Peña Gómez, destacó la importancia de avanzar en la actualización del Código Penal federal, en beneficio de la sociedad y del debido proceso.

 

La legisladora del PRD puntualizó que las reformas precisan que la autoridad judicial procederá de oficio a garantizar la aplicación del principio de juicio previo, cuando el tipo penal o la pena prevista se derogue o modifique; y en los casos de supresión del tipo penal, se antepondrán derechos y garantías, por lo que se pondrá  en libertad a la persona sentenciada.

 

DICTÁMENES APROBADOS

 

Incrementan Sanciones por los Delitos en Materia de Hidrocarburos

Se aprobó por 66 a favor, 12 en contra. 

El Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto para incrementar las sanciones por los delitos en materia de hidrocarburos e inhibir estos ilícitos que ponen en riesgo a la población y que están ligados a la delincuencia organizada. El dictamen establece una pena de 20 a 30 años de prisión a quien sin derecho ni consentimiento sustraiga, aproveche, compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie; resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte; altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Plantea de 17 a 25 años de cárcel para el que directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos. Las reformas a diversos artículos de este ordenamiento imponen de 10 a 15 años de prisión al que invada las áreas de exclusión a bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero. 

Trámite: Se envió al Ejecutivo federal. https://goo.gl/GVso16 

Reconocen Senadores el Derecho al Turismo

Se aprobó por 77 a favor y 1 en contra

 

La Cámara de Senadores aprobó la minuta que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Turismo, cuyo propósito es promover el derecho al turismo y precisar su definición. Esta reforma fortalece la actividad turística en el país, y reconocen que las personas tienen la posibilidad de acceder de manera directa al descubrimiento de las riquezas naturales, culturales y de recreación; entendiendo el derecho al turismo como consecuencia del derecho al descanso y al ocio.

Trámite: Se envió a la Cámara de Diputados. https://goo.gl/m6QQgu 

Certeza Jurídica en Sucesión de Leyes

Se aprobó por 78 votos a favor 

El Senado avaló el dictamen que reforma el artículo 487 y adiciona un segundo párrafo al artículo 12 y un artículo 487 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales, brinda certeza jurídica en los casos en los que exista una sucesión de leyes penales. Cuando ocurre una modificación de tipo penal a consecuencia de un acto legislativo, el dictamen establece los supuestos bajo los cuales deberá efectuarse la traslación, el procedimiento o la ejecución con la nueva legislación. De este modo, si una persona comete un delito estando vigente una ley penal, y con posterioridad, se promulga una nueva, es que estas reformas establecen los supuestos en la traslación de los tipos penales y la adecuación de las consecuencias jurídicas.


Trámite: Se envió a la Cámara de Diputados. https://goo.gl/S2VR8R

Aumentan Penas por Delitos Dolosos en Contra de Defensores de Derechos Humanos

Se aprobó por 72 votos

 

El Senado de la República reformó el artículo 51 del Código Penal Federal, con el fin de aumentar hasta un tercio la pena cuando se cometa un delito doloso en contra de un defensor o defensora de derechos humanos que tengan como finalidad obstaculizar sus labores. El dictamen menciona que a partir del año 2006 la situación de los defensores de derechos humanos se ha vuelto cada vez más precaria, “sin contar el riesgo que representa el ejercicio de su labor” y se agrega que estos activistas tienen una mayor propensión a ser víctimas de delitos como amenazas de muerte, robo de equipos de cómputo, homicidio doloso y desaparición forzada. Según los registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del año 2006 a la fecha se han registrado 29 homicidios contra personas defensoras de derechos humanos, de ellos, 13 corresponden a mujeres y 4 han sido desaparecidos.


Trámite: Se envió a la Cámara de Diputados.  https://goo.gl/yXGdSL 

Actualizan Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos

Se aprobó con 72 votos a favor

 

El Pleno del Senado votó a favor de modificar y adicionar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos para regular los tipos de aeronaves no tripuladas y su clasificación, conforme a las nuevas tendencias mundiales en cuestión de tecnología; así como la emisión de una normatividad administrativa que permita regular las actualizaciones que requieran implementarse para su certificación, operación y fabricación. También establece las disposiciones que permiten sancionar, en caso de que no se cumpla con la obligación prevista para las aeronaves no tripuladas. De las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos. Además contempla sanciones mayores para pilotos que incumplan normas de seguridad. 

Trámite: Fue remitido a la Cámara de Diputados. https://goo.gl/GD8Byz

 INICIATIVAS 

Proponen Límites en Asignación Presupuestal de Propaganda Gubernamental

· PRD

 

El senador Isidro Pedraza Chávez presentó reformas a la Ley federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer límites a la asignación presupuestal para Comunicación Social del Gobierno Federal en un monto máximo por ejercicio fiscal no mayor de 0.05 por ciento. Se restringe la reasignación presupuestal para Comunicación Social, se atribuye esta autorización al Congreso y se establece un mecanismo de excepción para emergencias por salud y desastres naturales.

 

Trámite: Se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos. https://goo.gl/yHgRk3 

Actualizar Órganos Internos de Control del Senado

· PAN 

El senador José de Jesús Santana García planteó dos iniciativas para que los órganos internos de control cuenten con la estructura orgánica necesaria para que las investigaciones y resoluciones que se hagan sobre actos administrativos leves no sean emitidas por una sola instancia, pues resulta violatorio de los principios constitucionales convencionales y legales del debido proceso.

Propone actualizar la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento Interno, ya que actualmente es la misma instancia quien investiga hechos administrativos leves y quien los resuelve, contraponiendo a los aspectos constitucionales.

 

Trámite: Se turnaron a las comisiones unidas de Reglamentos y prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. https://goo.gl/FcrtHt, https://goo.gl/fqXR9S  

Establecer en la Ley Nombre Científico de Especies de Peces

· PRI

 

El senador Jesús Casillas Romero, a nombre del senador Óscar Román Rosas González propuso que en las disposiciones de pesca deportiva de la Ley General de Acuacultura y Pesca Sustentable, las especies además de contar con su nombre común se especifique su nombre científico. La finalidad de usar los nombres científicos tiene como objetivo que todos los involucrados en la gestión y el manejo de una especie tengan la certeza de referirse a la misma de manera inequívoca, sin importar que sean investigadores, funcionarios de gobierno o pescadores. 

Trámite: Se turnó a las comisiones unidas de Pesca y Acuacultura y de estudios Legislativos. https://goo.gl/1G92eM

Proponen Implementar Sistema Nacional de Becas

· PT

El senador Mario Delgado Carrillo presentó una propuesta que garantice la educación como un derecho humano y permita crear un sistema nacional de becas como estímulos y apoyos para los estudiantes. Plantea que el gasto en educación en México debe reorientarse para financiar a la educación como gran proyecto nacional, de tal forma que sea la palanca de apoyo para conseguir un trabajo digno y por ende de desarrollo nacional, estableciendo como obligación de los mexicanos fomentar y facilitar la educación de sus hijos e hijas.

Trámite: Se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos, Segunda y de Educación https://goo.gl/Xovsnr

 

DICTAMENES CON PUNTOS DE ACUERDO

Apoyo económico para personas con discapacidad 

El senado exhortó al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a coordinar la planeación y elaboración de un programa a nivel nacional que establezca un apoyo económico efectivo para las personas con discapacidad. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 

Eliminar Cualquier Tipo de Maltrato en Contra Adultos Mayores

El Pleno hizo un llamado a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, impulsen acciones y programas para eliminar cualquier tipo de maltrato en contra de toda persona adulta mayor. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Destinar Recursos Para Atención de Menores Afectados por Sismos

 

El Senado solicitó a las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, así como a los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca,  destinen de manera prioritaria recursos para la atención integral de niños, niñas y adolescentes, en la asignación de recursos para la atención de las víctimas afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre.. De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

 ACUERDOS

Senador Héctor David Flores Ávalos se Integra a Jucopo 

El Pleno aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica su integración; se incorpora el senador Héctor David Flores Ávalos del Grupo Parlamentario del PAN, para el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

  COMUNICACIONES 

SENADORES 

El senador Héctor Larios Córdova remitió el informe de su participación en la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), celebrada el 8 de marzo de 2018 en Santiago, Chile. 

El senador Mario Delgado Carrillo remitió el informe de su participación en la sexta jornada parlamentaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, celebrada del 7 al 9 de febrero de 2018 en París, Francia. 

El senador Salvador Vega Casillas remitió el informe de su participación en la 9a reunión plenaria del Diálogo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, sobre Políticas de Desarrollo basado en los Recursos Naturales, celebrada los días 31 de enero y 1 de febrero de 2018 en París, Francia. 

La senadora Andrea García García remitió el informe de su participación en el V Encuentro de Comunicación Parlamentaria, celebrado los días 15 y 16 de marzo de 2018, en Panamá, Panamá. 

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza remitió su informe de la cuarta Reunión Interparlamentaria México-Argentina, celebrada los días 12 y 13 de marzo de 2018 en Buenos Aires, Argentina y; de la primera Reunión Interparlamentaria México-Uruguay, celebrada los días 15 y 16 de marzo de 2018 en Montevideo, Uruguay. 

Cinco oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores. 

Licencia  

El senador Óscar Román Rosas González del Partido Revolucionario Institucional, solicitó licencia para separarse de su cargo, por tiempo indefinido, a partir del 5 de abril del 2018.  

Recibe Senado Comunicación del TRIFE 

El senador César Octavio Pedroza Gaitán, presidente en funciones de la Mesa Directiva, informó que la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) hizo llegar la notificación sobre el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUPJDC193/2018 promovido por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez, por la omisión de darle contestación a su solicitud para integrar algunas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Senadores. 

Cámara de Diputados

Se informa la elección de la diputada Mariana Arámbula Meléndez como Secretaria de la Mesa Directiva, a partir del 4 de abril de 2018 y hasta la conclusión del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.

  

   EFEMÉRIDES 

  

Día Mundial de la Salud.

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.

  

    PRÓXIMA SESIÓN 

Martes 10 de abril de 2018, 11:00 horas.

 

 

 

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·         Prisión de 20 a 30 años a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos.

 

Con 66 votos a favor, 12 en contra y una abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para aumentar las penas por el robo y delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y demás activos.

 

Los senadores respaldaron las reformas a los artículos 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos, que buscan disminuir la alta incidencia de estos ilícitos.

 

El proyecto también pretende garantizar la seguridad de las personas, ya que estos delitos se asocian con actividades de la delincuencia organizada y exponen a la ciudadanía a altos niveles de riesgo por el manejo de sustancias.

 

El dictamen plantea, entre otras sanciones, de 20 a 30 años de prisión a quien sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

 

Dispone una multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente para quien cometa dichas conductas.

 

Los legisladores avalaron la propuesta para imponer de 17 a 25 años de cárcel para el que directa o indirectamente reciba, recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán utilizados para cometer alguna conducta tipificada por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.

 

El dictamen sanciona con pena de 10 a 14 años de prisión y multa de 10 mil a 14 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obligue o intimide a quien preste sus servicios o realice cualquier actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta ley.

 

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, se pronunció a favor del dictamen, pero consideró que “las autoridades no están cumpliendo con su responsabilidad” en esta materia y la crisis provocada por el robo de petróleo, gasolina y diésel ya “es incontrolable” y urge resolverla de manera integral. 

 

Para el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, las reformas “son una vergonzosa simulación”, porque las penas que ya son vigentes no han contenido un problema que es creciente, pues “autoridades y funcionarios de Pemex están coludidos” en la ordeña de los ductos. 

 

A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz asentó que el robo de hidrocarburos se ha convertido en un problema de seguridad nacional, pues el número de tomas clandestinas se incrementa día con día, con un impacto adverso para la economía y las finanzas públicas, así como para la seguridad de las comunidades. 

 

En opinión del senador Fernando Mayans Canabal, sin Grupo Parlamentario, en México “nos lastima el cáncer de la impunidad” y más allá de que se incrementen este tipo de sanciones, lo que se requiere es hacer cumplir las leyes vigentes. 

 

Del Grupo Parlamentario del PAN, la senadora Adriana Loaiza Garzón dijo que con este dictamen se protege un sector importante para las finanzas públicas y la seguridad de los ciudadanos, y agregó que el aumento de penas está dentro de los límites consagrados en la Constitución. 

 

A favor del proyecto también participó la senadora Lucero Saldaña Pérez, del PRI; y en contra intervinieron los senadores Fidel Demédicis Hidalgo y Dolores Padierna Luna, del PT. El dictamen aprobado se envió al Ejecutivo Federal.

 

 

 

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