La senadora Mónica Fernández Balboa asumió la presidencia pro tempore del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centro América y la Cuenca del Caribe, para el periodo 2020-2021.

En su mensaje, Fernández Balboa se comprometió a impulsar el empoderamiento político de las mujeres y la defensa de sus derechos. En este año, añadió, el FOPREL promoverá la construcción de una agenda y ruta de trabajo para la integración de las mujeres en la construcción del desarrollo sostenible de nuestra región.

“Desde aquí hago un exhorto para que las mujeres puedan acceder a más escaños o curules en los congresos y parlamentos de los países integrantes de nuestro Foro.

Les exhorto, igualmente, a hacer un llamado a combatir la violencia de género en todas sus formas y a incluir en sus respectivas agendas legislativas la igualdad de derechos y oportunidades sin distinción de género”, manifestó.

Así, en su XXXVIII Reunión Ordinaria, el FOPREL resolvió, entre otros temas, fortalecer la equidad de género como eje transversal de sus actividades y, con la participación de los parlamentos, desarrollar herramientas que permitan el liderazgo político de las mujeres.

También respaldaron las gestiones para generar sinergias con la Organización Internacional para las Migraciones, en el marco del Proyecto “Fomento de Inclusión Social de las Mujeres Migrantes en las Políticas Públicas en Centroamérica y República Dominicana: Prevención de la Violencia Basada en Género”.

Del mismo modo, se hizo un llamado a los parlamentos integrantes del Foprel para combatir la violencia de género e incluir la promoción de los derechos de ellas en sus respectivas agendas, así como a legislar para que un mayor número de mujeres acceda a los cargos de elección popular.

Fernández Balboa también recordó que en 2019 se concretó la Ley Marco Regional en materia de migraciones, con enfoque de Derechos Humanos, que fue avalada por todos los miembros del Foro.

“Esto es muy importante, ya que debemos de dar pasos firmes para visibilizar el rostro humano de la migración, el de las niña y los niños migrantes; el de las mujeres y jóvenes que deben dejar atrás lo poco que tienen, con la esperanza de un futuro mejor”.

Durante el periodo 2020-2021, asentó, “continuaremos el proceso” apegados al derecho internacional y regional. “Seguiremos colaborando con la Organización Internacional para las Migraciones con un acento en la prevención de la violencia basada en el género en contexto de migración”.

Dijo que el intercambio comercial es sano y positivo para las regiones y países, pero sus efectos son mucho mejores si van acompañados de políticas de atención a la pobreza, a las desigualdades, a la distribución equitativa del ingreso y a la garantía y promoción de los derechos y servicios sociales de los ciudadanos

Por su parte, el secretario ejecutivo del Foprel, Santiago Rivas dijo que el Foro tiene la obligación de renovar el compromiso en pro del desarrollo de los pueblos y de la promoción de un futuro económico-social y ambientalmente sostenible, para las generaciones futuras y presentes.

Foprel, indicó, tiene el compromiso de construir puentes con instancias internacionales especializadas y los parlamentos miembros del Foro.

“Nos vamos consolidando en la región como instancia de referencia interparlamentaria, sin embargo la cooperación técnica y financiera constituyen una limitación para alcanzar su máximo potencial”, precisó.

Después de dar a conocer las actividades de Foprel en 2019, el presidente saliente de este organismo, Marcos Castillero, pidió que los parlamentos mantengan el compromiso de continuar fortaleciendo el Foro y prepararlo para atender y dar respuestas estratégicas a los retos sociales, ambientales, culturales y económicos de la región.

Hoy más que nunca, un espacio de diálogo interparlamentario es vital, ya que cada día son más los desafíos transfronterizos, los cuales deben ser abordados de manera coordinada, mencionó el diputado de Panamá

Abdelhakim Benchamach, representante del Parlamento del Reino de Marruecos, el cual funge como miembro observador de FOPREL, reiteró su compromiso para seguir trabajando juntos y construir un puente de relación y cooperación estratégica entre Marruecos y el Foro.

El FOPREL fue fundado en 1994 para homologar las leyes y armonizar sus mecanismos de aplicación en la región centroamericana. Entre sus objetivos están crear instrumentos ágiles de consulta para el diálogo y la concertación sobre problemas comunes de la región, así como promover el desarrollo de estudios legislativos.

Está integrado por los parlamentos de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y México. Como observadores participan el Yuan Legislativo de Taiwán, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, la Cámara de Diputados de Chile, el Parlamento Centroamericano, la Asamblea Nacional de Ecuador y Marruecos.

El Senado mexicano es miembro de pleno derecho de esta organismo desde agosto de 2012. La Cámara de Diputados se integró en 2013.

Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas exhortó a la población a tomar en cuenta y darle la importancia debida a las recomendaciones y medidas preventivas de higiene para evitar posibles contagios de Coronavirus, hechas por el Gobierno Federal y Gobierno de Chiapas.

Luego de que se confirmara la llegada del Coronavirus a México y un caso en Chiapas, Ramírez Aguilar reconoció la prontitud y el tratamiento con que las autoridades de salud en Chiapas actuaron al respecto, que a decir de la misma secretaría de Salud es un caso importado y asintomático de una joven chiapaneca que provenia de Italia.

“Reconocemos el seguimiento que el Gobierno de Chiapas le dio a este caso hasta confirmarlo y dar una información verídica y oficial, toda vez que con esto se evita caer en rumores e información falsa, que solamente alarma a la población”, destacó el senador por Chiapas.

Eduardo Ramírez pidió a la población no caer en pánico, pero tampoco hacer caso omiso de las medidas preventivas oficiales, “entre todos podemos cuidarnos y protegernos, siendo cada uno responsable de cuidar su propio cuerpo y no poner en riesgo la salud de otras personas”, explicó.

Cabe destacar que algunas de las medidas preventivas son: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; usar gel antibacterial; evitar tocarse los ojos, nariz y boca; evitar saludar de mano y beso; en caso de tener tos o gripe usar cubrebocas; usar antebrazo para toser o estornudar; evitar contacto con personas que estornuden, que tengan tos o fiebre;  no consumir carnes crudas; consumir frutas y verduras sobre todo las que contengan vitamina C y en caso de tener tos o fiebre acudir al médico y no automedicarse.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentará una iniciativa para tipificar el abandono animal en el Código Penal Federal, dado que esta conducta atenta contra el bienestar, la salud, la integridad y la vida de estos.

La iniciativa busca acabar con el sufrimiento de los animales que genera el abandono, así como sus consecuencias sociales y ambientales, los cuales derivan en costos económicos que se solventan con recursos públicos y privados.

Monreal Ávila propone que el delito se castigue con una pena de un mes a dos años de prisión si este acto se produce sin daño alguno; si el abandono causa lesión o la muerte del animal, será de seis meses a cuatro años de prisión.

El documento señala que el abandono animal es una las formas más frecuentes de maltrato animal que generalmente es invisible para la sociedad. En México, detalla, se estima que cada año 500 mil perros y gatos son abandonados.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), existen aproximadamente 23 millones de mascotas en México. Sin embargo, el 70 por ciento de los perros y gatos se encuentran abandonados, es decir, sólo 5.4 millones de mascotas viven en un hogar y el resto habita en las calles.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, y se adiciona un artículo 419 ter, tiene el objetivo de cumplir con los principios básicos del trato de los seres humanos hacia las especies animales, estableciendo un tipo penal, en el orden federal, que sancione a quien incumpla con el deber que impone la ley respecto de su atención, protección y cuidado.

Al participar en la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas de Justicia, Salud, y Estudios Legislativos, Segunda, Gerardo Novelo Osuna, senador de la República por Baja California, dijo que es importante trabajar de manera coordinada en las comisiones, con el propósito de tener un debate responsable y así entregar una ley que abarque, proteja y brinde certeza jurídica, tanto a productores, como consumidores y a la sociedad en conjunto.​

“El trabajo y nuestra propuesta, parte de premisas importantes, seguridad, salud economía y el tránsito al encuentro del fin de la “guerra” contra las drogas y una consolidación de la paz”, señaló Gerardo Novelo Osuna, asimismo recordó que las políticas prohibicionistas de hace más de 60 años son las que han orillado a comercializar y consumir de manera clandestina la hierba, sostuvo en dicha reunión.​

Asimismo, comentó que la iniciativa que el impulsa, busca la creación de un marco regulatorio del consumo de la Cannabis, así como el aprovechamiento de sus derivados. ​

Al mismo tiempo destacó que, ha quedado demostrado que la penalización y criminalización no ha resultado y que el control que se tiene sobre el vegetal no es óptimo, ya que tiene más que compuestos psicoactivos o psicotrópicos.​

“La prohibición sólo nos ha limitado culturalmente a entender o controlar los efectos derivados de su consumo y desaprovechar los medios para tener una mejor sociedad” dijo el senador por Baja California.​

Del mismo modo comentó que, no ve mal la propuesta del secretario de salud, Jorge Alcocer, quien en días pasados menciono que la edad adecuada para iniciar el consumo del cannabis, de uso recreativo, debería de ser a partir de los 23 años, ya cuando el cerebro alcanzo su madurez.​
“Es una propuesta que debemos considerar, debemos escuchar a los expertos quienes basan sus argumentos en estudios científicos, en mi calidad de senador y promovente de la iniciativa, estoy en toda la disposición de buscar alianzas y soluciones para alcanzar un buen resultado”, afirmo Gerardo Novelo Osuna. ​

Finalmente, destacó la importancia de las reuniones en comisiones unidas con expertos, pues estas abonan a la creación de una ley adecuada, ya que el tema del uso del cannabis es un tema prioritario para esta legislatura por ser un tema de salud y seguridad nacional.

El senador Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para eliminar las causas de clausura o suspensión del funcionamiento de las empresas y negocios que sólo impliquen trámites administrativos con el objetivo de proteger las fuentes de ingresos y de empleo.

Las autoridades competentes no podrán aplicar ninguna suspensión desde la primera visita, a menos que se demuestre peligro inminente contra la vida o la salud de las personas que laboran en los establecimientos o de los usuarios de los bienes o servicios respectivos o cuando se trate de la probable comisión de delitos.

La exposición de motivos señala que la generación de fuentes de empleo y la conservación de las existentes es una de las demandas de la sociedad mexicana. Las pequeñas y medianas empresas (pymes), enfrentan obstáculos como trámites administrativos, fiscales, de revisión y supervisión, de salubridad, los cuales implican tiempo y recursos para el cumplimiento de requisitos para su operatividad.

Recientemente, recuerda, fue aprobada la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, cuyo objetivo de erradicar prácticas que puedan generar corrupción, como la verificación que se hace de las actividades comerciales e industriales que realiza la ciudadanía, generadoras de empleo y bienestar social.

El documento busca reconocer el papel que juegan las pymes en nuestro país y adoptar medidas que les apoyen en su actividad para que superen la esperanza de vida de los negocios, la cual, según datos del INEGI, no supera los 9.1 años.

 Dichos establecimientos, asegura, son los más afectados por los trámites que se, los cuales son considerados por sus propietarios como excesivos debido al tiempo que se emplea y su alto costo; además, la falta de algún requisito puede llevar a su clausura, perdiendo así el patrimonio invertido.

Es por ello que plantea reformar la Ley General de Mejora Regulatoria para que la conservación de las fuentes de ingresos y de empleo prevalezca sobre el cumplimiento de requisitos que sean considerados innecesarios.

La legislación o normatividad respectiva deberá prever el otorgamiento de plazos razonables para tal cumplimiento, que puedan ser ampliados por acuerdo de la autoridad competente con los obligados a la regularización, así como la asesoría y acompañamiento gratuito en la materia.

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Mejora Regulatoria, fue turnada a las Comisiones Unidas de Economía; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Para eliminar las prácticas monopólicas y las distorsiones artificiales que afectan el mercado y la prestación del servicio de taxi, así como las tarifas, en zonas federales en las que se encuentran aeropuertos, el senador Salomón Jara Cruz presentará una iniciativa para modificar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

En su propuesta el legislador morenista indica que actualmente el servicio de taxis en los aeropuertos del país opera con un modelo de acceso restringido, ya que es necesario contar con un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), además de firmar un contrato o convenio con los administradores aeroportuarios, en el cual se establecen los pagos y contraprestaciones por estos servicios. 

Lo anterior ha otorgado a los administradores aeroportuarios la capacidad de restringir artificialmente la oferta -e imponer tarifas con sobreprecios- por dos vías. La primera, al solicitar que los permisionarios cuenten con contratos con los aeropuertos para brindar el servicio; y, la segunda, al establecer como uno de los requisitos en la obtención del permiso otorgado por la SCT, la opinión emitida por el aeropuerto. 

En ambos casos, los administradores aeroportuarios pueden actuar de forma discrecional al negarse a firmar los contratos, o bien, emitir opiniones negativas para que las agrupaciones no cuenten con los permisos de la SCT, ya que no está delimitado en la norma las razones por las cuales se podría o debería negar el acceso. En este sentido, los aeropuertos pueden decidir con base en criterios poco claros y transparentes si un nuevo competidor entra al mercado. 

Cabe recordar que en 2014, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) inició una investigación por prácticas monopólicas absolutas consistentes en el establecimiento de un acuerdo entre las agrupaciones de taxis del aeropuerto de la Ciudad de México para fijar las tarifas de este servicio. 

Se estima que la conducta afectó a cuando menos 12 millones de personas y que el daño al mercado –con base en el sobreprecio que pagaron los usuarios entre agosto de 2011 y diciembre de 2015– fue de 772 millones de pesos. 

La COFECE ha recomendado modificar la normatividad vigente con el objeto de que el servicio de taxis adopte un modelo de acceso abierto, es decir, que sean las condiciones del mercado las que determinen el número de vehículos que presten el servicio de transporte individual de pasajeros desde los aeropuertos del país, de tal suerte que pueda participar en el mercado cualquier agente -como Uber, Didi, Cabify, etc- que garanticen las máximas condiciones de seguridad y calidad en el servicio. 

El modelo de acceso abierto prevé distintos esquemas de cobro a los usuarios, por ejemplo: i) taxímetro, en el cual se cobra una tarifa conforme a la distancia y el tiempo de recorrido; ii) tarifa mínima, para asegurar un ingreso mínimo a los prestadores del servicio ante viajes cortos; iii) tarifa máxima, para eliminar posibles cobros indebidos, iv) una combinación de estos esquemas, entre otros.

Finalmente, el senador Salomón Jara Cruz resalta que de ser aprobada la iniciativa, se eliminarían las restricciones que existen para que cualquier interesado preste el servicio, solucionaría los problemas de subutilización de las unidades, propiciaría tarifas más bajas y reduciría los tiempos de espera de los usuarios al existir un mayor número de vehículos disponibles.

El senador José Narro Céspedes, presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para exhortar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y al Grupo Financiero HSBC a establecer una mesa de trabajo para aclarar diversos casos de defraudación a cuentahabientes, ejecutados por parte de sus trabajadores.   ​

​Señaló que, para garantizarles la reparación del daño, se pedirá el apoyo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Hacienda del Senado, para encausar la solución y buscar mecanismos que eviten se repliquen dichas prácticas ilícitas.​

​En conferencia de prensa, el legislador de Morena reiteró que no se van a permitir más fraudes, abusos, ni saqueos al patrimonio de familias mexicanas, quienes depositan su confianza en las instituciones bancarias y al final estas se desentienden de sus responsabilidades.​

​El documento presentado, menciona los expedientes 2018/19019663, 2018/19019665, 2018/19019667, 2018/19019669, 2018/20506, 2018/20507. Agregó que anteriormente ya se habían presentados casos similares en Sinaloa y Sonora.  ​

​Hermelinda Nava Coronel, titular de una de las cuentas afectadas, solicitó la ayuda de esta soberanía para que se le haga justicia y para recuperar el patrimonio familiar heredado por su esposo fallecido. Indicó que hay más familias que se encuentran en la misma situación y exigió a las instituciones que también se les atienda. ​

Por su parte, Enrique Rene Ude Zambrano, abogado de la afectada, aseguró que existen más de 60 casos documentados donde se presentan anomalías en el manejo de las cuentas bancarias de los usuarios de HSBC. ​

​Comentó que el caso expuesto tiene un monto de defraudación por 40 millones de pesos, debido a que empleados del banco retiraban montos a nombre de ella y le presentaban estados de cuenta apócrifos, y posteriormente renunciaron. ​

​Al presentar la denuncia ante la Fiscalía General de NL, dijo, el banco se deslindó de los hechos. ​

​En otro tema, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural mencionó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública realice las investigaciones correspondientes al manejo de los recursos destinados al campo.​

Del 23 al 25 de abril se llevará acabo el Parlamento Juvenil 2020 en la nueva sede del Senado de la República, un ejercicio que promueve el empoderamiento y participación de los jóvenes en el debate público.

Así lo establece una acuerdo que aprobó el Pleno en la sesión de este jueves, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, que preside el senador Ricardo Monreal Ávila.

El Parlamento Juvenil es una plataforma para que representantes de este sector de la población “integren y simulen un órgano político encargado de elaborar, reformar y aprobar leyes federales, así como su creación”.

Con esta edición, se reitera en el documento, continúa un fructífero ejercicio para la juventud de nuestro país, que promueve el empoderamiento y la diversidad del pensamiento democrático de los participantes.

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, instruyó a la Secretaría General de Servicios Administrativos a otorgar todas las facilidades al comité organizador, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos del Parlamento Juvenil 2020.