Ante el incremento alarmante que ha tenido la violencia familiar en el país, en los últimos años, el senador Ricardo Monreal Ávila presentará ante el Pleno una iniciativa para que el delito sea perseguido de oficio y se preste mayor protección a las víctimas.

Para ello, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena propone una modificación al artículo 343 Ter del Código Penal Federal, para dar pie a que cualquier persona, no solamente la víctima, pueda denunciar los hechos y que la autoridad cuente con mayor margen de acción para investigar y sancionar al agresor.

A través de los años, indica el senador, la violencia familiar se ha convertido en una problemática con innegable trascendencia social que se presenta como un asunto de relevancia e interés público, al provocar graves consecuencias en las víctimas, desde crisis nerviosas, discapacidad o la muerte.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo de 2015 a 2018, los indicadores de violencia familiar aumentaron de forma alarmante, con porcentajes de 100 hasta 800 por ciento

Las denuncias evidencian que, aunque la mujer es la principal víctima de este delito, también los hombres, los niños, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, son afectados por este flagelo.

En lo que respecta a estadísticas del INEGI, en el 51. 4 por ciento de los maltratos las víctimas son mujeres y 25 por ciento son hombres. Desafortunadamente, alrededor del 88.4 por ciento de las mujeres agredidas no presentan denuncia.

A pesar de que la violencia familiar se encuentra tipificada, actualmente es un delito queréllable, lo cual, tratándose de un flagelo tan degradante para la familia y la sociedad en general, resta eficacia a la acción penal y es poco o nada útil.

El flagelo de la violencia familiar exige una mayor intervención por parte de la autoridad, en beneficio de las víctimas y de la sociedad; así se ha asumido en diferentes estados del país como Guanajuato, Morelos y Chiapas, y en otros ordenamientos jurídicos internacionales como es el caso de Colombia y Uruguay, señala la propuesta.

La lucha contra la corrupción es más que un objetivo de gobierno, es una de las demandas más sentidas y urgentes de la ciudadanía, señaló la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, la senadora Mónica Fernández Balboa.

En el tema de la anticorrupción y la transparencia, la participación ciudadana debe ser uno de los ejes por el que debe transitar la sociedad en esta nueva etapa en la vida pública del país, detalló.

Durante la entrega-recepción de los documentos generados por la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con motivo de la conclusión del cargo para el que fueron designados para el periodo 2016-2019, la legisladora dijo que el Senado debe construir y avanzar en el combate a la corrupción, pues es un camino que se ha vuelto inaplazable para garantizar democracia y gobernabilidad.

Fernández Balboa dijo que la participación de dicho órgano ha sido fundamental para ir conformando el SNA, con un diseño institucional, eficaz y con altos estándares de desempeño. En estos 36 meses de trabajo han realizado grandes adelantos que el Legislativo podrá plasmar en acciones concretas.

Además, agradeció su contribución en la construcción del SNA y se dijo segura que seguirán siendo aliados para generar los cambios que el país necesita en la materia, siempre con la participación de la sociedad civil. “El SNA debe ser una realidad”, puntualizó.

En su participación, el presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, Clemente Castañeda Hoeflich, dijo que con este acto culmina el ciclo de una de las instituciones más importantes que se han creado en el país, instaurada con la finalidad de abonar en una tarea que le compete al Estado, el fortalecimiento del SNA.

En los tres años de función, indicó, este organismo jugo un papel muy importante, no sólo por haber generado al primer órgano ciudadano de interacción entre la sociedad civil y el gobierno con voz legitima para promover políticas en materia de combate a la corrupción, sino por el conocimiento que generaron y pueden compartir con el Legislativo.

Agregó que este legado es muestra de su talento y talante para construir el SNA desde sus cimientos, además de su esfuerzo para sortear litigios y sobre todo para defender la causa anticorrupción. “Es invaluable el trabajo que han realizado hasta el día de hoy”, mencionó.

Al respecto, la coordinadora de la Comisión de Selección, Edna Jaime, explicó que el trabajo del trabajo de este organismo consistió en designar a los miembros del Comité de Participación Ciudadana (CPC), un cuerpo colegiado integrado por cinco mexicanas y mexicanos reconocidos por sus aportaciones en el combate a la corrupción.

El CPC tiene la función de impulsar políticas públicas, tomar decisiones o emitir recomendaciones dirigidas a todas las instancias del gobierno para combatir la corrupción. “La designación del CPC sienta un precedente muy valioso para la democracia mexicana”, apuntó.

Además, indicó que la tarea para consolidar una política anticorrupción sólida es de largo alcance y no admite pausas. “Ahora, toca al Senado darle continuidad al proceso y nombrar a los nuevos integrantes de la Comisión de Selección que designará a los próximos integrantes del CPC”, dijo.

La Comisión de Selección que concluyó sus labores fue integrada por Edna Jaime; Sergio López Ayllón; María Elena Morera; Cynthia Cantero; José Luis Caballero; Pedro Salazar; Juan Pardinas; Viridiana Ríos; y el finado Antonio Gómez Espiñeira.

Frente a la posibilidad de que los productores de mango de Oaxaca pierdan mil 200 millones de pesos por no poder exportar su producto, el senador de Morena, Salomón Jara, anunció que a la brevedad, presentará un Punto de Acuerdo, para solicitar al Senado de la República, que intervenga en favor de los mangueros frente a la Junta Local de Sanidad Vegetal de la entidad. ​

​Aseguró que el titular de la Junta no ha contribuido al buen desarrollo de sus responsabilidades. Denunció que, de manera irregular, se pretende extender la vigencia de funciones de la Junta Local de mangueros unidos en Chahuites y San Pedro Tapanatepec, sin considerar la opinión de los agremiados. ​

Informó que están poniendo en riesgo la cosecha de 27 mil hectáreas de ese producto en aquella entidad, al rechazar las autorizaciones para exportar el producto, debido a un conflicto generado por la renovación en la dirigencia de la Junta. ​

​Señaló que, de no exportarse los mangos, tendrían que tirar a la basura el equivalente a los mil 200 millones de pesos, pues el mercado nacional quedaría rebasado. ​

​El senador Jara Cruz consideró oportuno hacer un llamado al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que resuelva la problemática. ​

​En el mismo sentido, hizo un llamado al gobierno de Oaxaca y a la Secretaría de Agricultura para que coadyuven en la renovación de los integrantes de esa Junta, para que se haga de manera democrática y con apego a derecho. ​

​Destacó que México es considerado el quinto exportador de mango a nivel mundial. Son más de 500 millones de dólares los que obtiene México por las exportaciones de ese producto. Cada temporada son exportadas más de 10 millones de cajas del fruto, equivalentes a 370 mil toneladas. ​

Detalló que la producción en Oaxaca tiene un valor total de 2 mil 700 millones de pesos, de los cuales mil 500 son generados por la comercialización nacional. ​

El Senado de la República exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a frenar la autorización para que la Aerolínea “Emirates” realice la ruta de vuelo de Barcelona a la Ciudad de México, dado que el Memorando de Entendimiento firmado en 2016, no reúne los requisitos que le den validez.

A iniciativa de la senadora de Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, el Senado aprobó un Punto de Acuerdo en donde se hace un llamado a la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que en coordinación de la Comisión de Relaciones Exteriores, hagan una revisión general al convenio bilateral en materia Aeronáutica.

Esto debido a que el Memorando establecido con la autoridad de Aviación Civil General de los Emiratos Árabes Unidos, le concedió derechos sin cumplir con la Constitución mexicana. Además de que el Memorando no fue ratificado por el Senado.

En su exposición ante el Pleno, la senadora Piña Gudiño calificó el convenio como neoliberal. Tenía un supuesto propósito que buscaba fortalecer la relación bilateral y para el desarrollo de ambas economías. Pretendía incentivar el intercambio turístico, pero no se consideraron las consecuencias y afectaciones laborales al sector aeronáutico del país.

Resaltó la preocupación del gremio de la Aeronáutica Nacional, porque la línea aérea extranjera cuenta con gran subsidio de su gobierno y pone en riesgo cientos de empleos de familias mexicanas que trabajan diariamente en la Industria Aeronáutica.

El Punto de Acuerdo fue aprobado por ser considerado de urgente y obvia resolución en votación económica. 

La senadora Freyda Marybel Villegas Canché presentó una iniciativa para que, en la Zona Fronteriza Sur, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) baje de 16 a ocho por ciento, a fin de promover el desarrollo productivo y la creación de empleos en esa región.

La legisladora de Morena explicó que disminuir la tasa del IVA en la frontera sur, traería beneficios para las comunidades locales, pero también generaría beneficios para todo el país, al aumentar los ingresos por turismo y crear un mercado de consumo atractivo, tanto para turistas nacionales como internacionales.

Precisó que, de concretarse esta iniciativa, en la frontera sur se consolidarán las inversiones y se generará una industria comercial atractiva para el turismo nacional e internacional.

Asimismo, se dotará de herramientas financieras a los ciudadanos que viven en una zona turística, para que puedan compensar los elevados precios, mantener una buena calidad de vida e incrementar su capacidad adquisitiva.

Es una manera de fomentar el consumo, después de los efectos negativos que la crisis migratoria ha tenido sobre la seguridad, economía y comercio, expresó.

Villegas Canché consideró que su planteamiento fomentará el comercio local y ofrecerá precios competitivos con respecto a los de las fronteras de los países colindantes.

Señaló que los habitantes de las zonas sur de México suelen tener menor capacidad adquisitiva que los de la zona norte, región que actualmente goza de un régimen especial.

La iniciativa que reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado fue remitida a la Cámara de Diputados.