Por Nancy Rodríguez  

 *Se trata de apoyar a estados rezagados que tienen potencial productivo y desarrollarlo para enfrentar sus retos.

Es necesario construir un nuevo Federalismo basado en un sistema diferente de competencias y facultades para estados y municipios, urgió el senador José Narro Céspedes, en el seminario denominado “Federalismo Mexicano”, donde especialistas y catedráticos analizaron el pacto federal, así como los cambios, retos y oportunidades que deben generarse para construir un nuevo modelo. 

En su participación, el senador del Grupo Parlamentario de Morena, indicó que las entidades federativas deben tener posibilidades reales para enfrentar las dificultades de inseguridad, pobreza y desarrollo. “Tiene que cambiarse el actual sistema, porque si se aplica la misma fórmula seguirá beneficiándose a los estados más desarrollados”, remarcó. 

Se trata, apuntó, de apoyar a estados que tienen potencial productivo; y desarrollarlo para generar soberanía y mayor recaudación de recursos, que permitan enfrentar los retos y rezagos de las comunidades, “los cuales nunca se va a poder resolver con el actual sistema federalista”. 

Por su parte, Luis Medina Peña, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, dijo que el Federalismo fue planteado como la cuarta forma en el equilibrio de poderes; desafortunadamente se está perdiendo en la actualidad. 

Insistió en que debe estudiarse la devolución de sus competencias al federalismo o si no, debatir cómo reconstituir al sistema político.   

Durante el foro se llevaron a cabo mesas para analizar y buscar alternativas para el actual modelo federalista, su práctica y las acciones desarrolladas en materia educativa, seguridad y combate a la corrupción, así como en las finanzas públicas y sus instrumentos fiscales.

   Por Nancy Rodríguez

*Se logró después de una intensa labor de comunicación entre los grupos parlamentarios, destacó

*Resaltó que después de considerar la agenda de cada fracción se acordaron 19 temas.  

*Llamarán a comparecer a titulares de Salud, IMSS, ISSSTE, Cofepris y Seguro Popular. 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), senador Ricardo Monreal, resaltó la voluntad política de todos los grupos parlamentarios que permitió alcanzar, por unanimidad el consenso de la agenda legislativa del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

Al encabezar la reunión de la Jucopo, el legislador agradeció a todos y cada uno de los coordinadores de las fracciones los entendimientos racionales e indispensables para el país. 

Después de una intensa labor de diálogo y de considerar los temas de interés de cada grupo parlamentario, la agenda que consta de 19 temas, quedo integrada de la siguiente manera: 

Educación y Reforma Educativa; Fuero Constitucional; Catálogo de Delitos Graves; Seguridad Pública y Reforma Policial, Austeridad; Democracia Participativa e Instrumentos de Participación Ciudadana; Acceso Garantizado a la Salud y Seguridad Social; Ciencia y Tecnología; Salario Digno y Equidad Salarial; Fiscalía General; Política Hídrica Nacional y Gestión Integral del Agua; y Política Nacional de Hidrocarburos.

También, Fortalecimiento de las tres autonomías de las mujeres para la igualdad sustantiva; Derechos Humanos de la Víctimas; Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; Desarrollo Sustentable y Cambio Climático; Anticorrupción, Fiscalización de Recursos Públicos y Rendición de Cuentas; Justicia Laboral y Por la Defensa del Federalismo. 

Durante la reunión, Monreal Ávila destacó que la posición de Grupo Parlamentario de Morena es de apertura, tolerancia, pluralidad e inclusión. “No queremos hacer nada que pueda afectar esa voluntad plural e incluyente”, puntualizó. 

Por acuerdo de los Grupos Parlamentarios, mañana martes la Comisión de Recursos Hidráulicos recibirá en comparecencia al Director General de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, a las 17:00 horas para tratar el tema de los 10 decretos del vital líquido. 

También aprobaron reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial, que encabeza Juan Pablo Castañón, el próximo miércoles 24 de octubre, a las 11:00 horas, con la finalidad de que los legisladores conozcan su agenda y sus inquietudes respecto de la construcción del nuevo aeropuerto, previo a la consulta que se realizará el próximo fin de semana. 

La Junta de Coordinación Política avaló llamar a comparecer, ante las comisiones de Salud y Seguridad Social, a los titulares de la Secretaría de Salud y el IMSS, el 31 de octubre; José Narro rendirá cuentas a las 10:00 horas, mientras que Tuffic Miguel, titular del Instituto, se reunirá con los senadores a las 16:00 horas. 

Ante las mismas comisiones harán lo propio los directores del ISSSTE y Cofepris el 7 de noviembre, mientras que los titulares del Seguro Popular y la Consar comparecerán el 14 de noviembre. 

El acuerdo resalta el compromiso para conjuntar esfuerzos y coincidencias, con el propósito de impulsar temas que fortalezcan a la población mexicana.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal presentará, en esta semana, una iniciativa que reforzará los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con las llamadas empresas “fantasma”. 

Según datos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) se han identificado al menos 6 mil 500 empresas de este tipo en el país que han cometido fraudes que ascienden a más de 74 mil millones de dólares, es decir casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 

Ante este panorama, Monreal Ávila propuso modificaciones al Código Fiscal Federal, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. 

El documento establece la prohibición de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas que el SAT haya identificado como entidades irregulares, conocidas como empresas “fantasma”. 

Con la iniciativa del presidente de la Junta de Coordinación Política se amplía el catálogo de sujetos obligados impedidos para celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas. 

Actualmente, la Ley sólo regula las contrataciones realizadas por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La reforma que se propone incorpora a sus homólogas de las entidades federativas; los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, sus dependencias y entidades, señaló. 

Además, dijo, de la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales; los poderes Legislativo y Judicial; los organismos constitucionales autónomos; las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente público sobre el que tenga control alguno de los poderes y órganos públicos. 

Las modificaciones legales, explicó, permiten la creación de un padrón único de contratistas y de proveedores “confiables” que tendrán el fin de garantizar la contratación de personas físicas o morales con las capacidades legales, técnicas y administrativas y, al mismo tiempo, podrán prevenir e identificar actos u omisiones irregulares e ilícitas en el marco de los procedimientos de contratación, implementación y ejecución de los contratos respectivos. 

Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se traten de organizaciones ficticias o “fantasma”. Se solicita entreguen diversa información específica, entre la que destaca: alta ante la secretaría de Hacienda y Crédito Público, registros ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social y el Infonavit, así como estados financieros auditados y el inventario de maquinaria y equipos disponibles, entre otros, abundó. 

El legislador de Morena mencionó que se impulsarán mecanismos de transparencia, ya que la reforma establece que las personas que deseen participar en procedimientos de licitación deberán dar su consentimiento para que el Sistema de Administración Tributaria publique en su página de internet la información de éstas. 

Ricardo Monreal señaló que el nuevo marco jurídico contempla incrementar las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente; y para quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad, o incite a una persona física a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes para utilizar sus datos de forma indebida. 

Se equipara con el delito de defraudación fiscal la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, destacó.

Las reformas plantean que no podrán celebrarse contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT, como incongruencias o falsedad en el domicilio fiscal declarado, entre los activos, personal, infraestructura o capacidad material, o datos que no concuerden entre los ingresos facturados y los declarados. 

Monreal Ávila explicó que con la iniciativa los proveedores o contratistas que deseen beneficiarse de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, deberá autorizar el SAT  publicar su información en la página electrónica del ente de fiscalización, a efecto de ser consultada y analizada por las dependencias y entidades contratantes, así como por la ciudadanía en general.

  Por Nancy Rodríguez

El Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, promoverá una iniciativa para crear la Ley para la protección de los derechos colectivos de propiedad de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus conocimientos y expresiones culturales tradicionales. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía (INEGI), en México existen 67 pueblos indígenas, que a su vez se encuentran clasificados en 126 tipos lingüísticos, refirió el coordinador de la bancada Ricardo Monreal Ávila. 

Subrayó que nuestro país no cuenta con un marco regulatorio de adecuada protección, conservación, uso y defensa de los conocimientos y expresiones culturales tradicionales que forman parte del patrimonio cultural de las comunidades originarias. 

Monreal Ávila destacó que el objetivo de la Ley es dar certidumbre jurídica con respecto a los derechos en materia de conocimientos tradicionales, supervivencia y desarrollo de las culturas indígenas, reconocimiento del derecho consuetudinario y de las prácticas que rigen los conocimientos tradicionales. 

Además, plantea garantizar la repatriación del patrimonio cultural, conservar las tradiciones orales, brindar protección efectiva de los derechos de las personas indígenas, crear incentivos para la transmisión de conocimientos tradicionales o conocimientos indígenas. 

El proyecto de decreto, dijo, pretende conservar la integridad de los sistemas de conocimientos tradicionales, y promover los conocimientos tradicionales como parte de una estrategia de desarrollo protección contra la aprobación no autorizada y la explotación comercial ilícita. 

Agregó que la ausencia de protección jurídica a las expresiones corporales y danzas;  artesanías, rituales, símbolos indígenas sagrados, materiales genéticos y sitios de valor espiritual, ecológico o tradicionales, son exhibidos o utilizados con fines de explotación comercial e industrial. 

Su falta de protección ha derivado en el aprovechamiento por parte de personas, empresas o corporativos que han obtenido ganancias sin que exista un  reconocimiento, consentimiento previo o compensación para los legítimos poseedores de éstos, manifestó.

   Por Nancy Rodríguez

*La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad o cooperación, que generalmente es destinada a las poblaciones pobres, o a las que han sufrido una crisis humanitaria, ​ como los provocados por fenómeno naturales (sismos, tsunamis, etc.) o problemas de violencia, guerras y hambre.

El Estado mexicano debe actuar con la mayor sensibilidad y responsabilidad para que la Caravana de Migrantes de Centroamérica no desemboque en una crisis humanitaria de proporciones alarmantes, señaló elcoordinador de esta fracción, Ricardo Monreal Ávila.
 
Las causas del éxodo centroamericano son la violencia y la pobreza, por lo que México debe contribuir en la solución de este problema mediante la cooperación y el fomento al  desarrollo de la región, como lo plantea el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado sostiene firmemente que la migración es un tema que se debe abordar desde una perspectiva humanitaria. Por ello, para enfrentar con eficacia la migración indocumentada y la trata de personas, es necesario promover una migración segura, ordenada y regular.

Es esencial que en México exista un respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes. El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República  reconoce el carácter de refugiados de los integrantes de la Caravana Migrante que se encuentren en alguna de las condiciones reconocidas por la Convención relativa al estatus de los refugiados. 

Asimismo abundó que como se ha informado la próxima administración federal implementará un programa de visas de trabajo en México para ofrecer oportunidades a los migrantes que escapan de la violencia y otras condiciones de riesgo para su integridad.

“Creemos que uno de los ejes de acción más importantes es atender las causas que originan la migración. Se debe impulsar el desarrollo en la región y el bienestar de las familias, así como incentivar que las personas a permanecer en sus comunidades de origen.”, afirmó Monreal Ávila. 

Para este fin, Morena respalda el proyecto expresado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de proponer una política pública para el desarrollo de Centroamérica. En este sentido se ha establecido un diálogo con los gobiernos del Triángulo Norte, así como de Canadá y Estados Unidos.

En ese sentido, la CEPAL también ha aportado una propuesta de nueva estrategia migratoria entre México y Centroamérica. Asimismo desde la fracción parlamentaria que coordino analizaremos otras opciones de política interna, como el fortalecimiento de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

El senador Martí Batres presentó una iniciativa para que cada escuela de nivel básico y medio superior cuente, al menos, con un profesional de trabajo social para que atienda a individuos o grupos que enfrenten problemas de índole social, académico o acoso escolar. 

Conviene a México fortalecer esta profesión y, particularmente, su interés en las dificultades que aquejan a la infancia y a la juventud en las escuelas, asentó el legislador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Mesa Directiva del Senado. 

Por su formación, destacó, los trabajadores sociales están capacitados para diagnosticar y brindar propuestas de atención o solución a problemáticas sociales que se generan en entornos laborales, comunitarios, escolares y familiares. 

Batres Guadarrama consideró necesario que en cada escuela exista un espacio para estos profesionales, que tenga como función plantear propuestas y soluciones a procesos sociales vinculados al autoritarismo, discriminación, rechazo, estigmatización, violencia y acoso, entre otros, 

Mediante la incidencia colectiva que tenga el trabajo social en los centros escolares, afirmó el senador, el sistema educativo se podrá transformar y, al mismo tiempo, considerar a los estudiantes como sujetos participativos que construyen realidades y cambian sus entornos comunitarios. 

Bajo estos argumentos, propuso reformar los artículos 2, 12, 20, 21, 67 y 69 de la Ley General de Educación, a fin de reconocer la figura del Trabajador Social como elemento indispensable en las escuelas del nivel básico y medio superior. 

Sugirió que este profesional tenga formación teórica interdisciplinaria de carácter humanista, con profundo respeto por la dignidad de todas las personas, con capacidad para contribuir al bienestar social del estudiante, su familia y comunidad, así como para favorecer su desarrollo sociocultural y económico. 

El senador agradeció la presencia de alumnos, trabajadores y profesores de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, por cederle su turno para presentar dicha modificación. 

El proyecto se envió a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.

  Por Nancy Rodríguez

MORENASenado se reunió con Jesús Seade quien calificò de positivo el instrumento internacional

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal encabezó la reunión con Jesús Seade, negociador del Gobierno de transición para el Acuerdo Comercial con Estados Unidos y Canadá como parte del análisis que realizan los legisladores de este tema. 

En entrevista, el senador Monreal dio a conocer que este fue el primer encuentro de las reuniones temáticas donde se revisaron los acuerdos en materia de agricultura, ganadería y medidas sanitarias con los integrantes de las Comisiones de Agricultura que preside José Narro Céspedes y con el titular de la Comisión del Trabajo Napoleón Gómez Urrutia. 

El presidente de la JUCOPO aseguró que los senadores se tomarán su tiempo para analizar con toda responsabilidad el acuerdo y su ratificación, y advirtió que, no tendrá fecha fatal. 

Monreal señaló que el acuerdo comercial no es la panacea, tiene sus pros y contras por eso lo estamos analizando y por ello no nos vamos a precipitar en su ratificaciòn, tomaremos nuestro tiempo para actuar con mucha responsabilidad y veremos los tiempos que le puedan beneficiar al país.    

Por su parte, Jesús Seade Kuri, informó que los senadores morenistas le manifestaron sus dudas y refrendaron su compromiso de trabajar junto con él y con los sectores productivos primarios para encontrar mejoras que los saque del abandono y les permita ser partícipes de las ganancias que un buen acuerdo debe tener.

Jesús Seade calificó el instrumento internacional como positivo para México, aunque, dijo, habrá que hacerle algunos ajustes. 

“La comparación real no es al Acuerdo anterior, sino quedarnos sin él, lo que hubiera sido muy negativo para la estabilidad de la economía y cualquier situación de inestabilidad, a quién le pega, al pobre. Por eso en nuestra opinión es que hay que ratificarlo y seguir avanzando en él”, señaló. 

Respecto a las declaraciones del republicano Mitch McConnell, líder de la mayoría en el Senado de Estados Unidos, quien aseguró que el texto del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, no será ratificado por el Congreso hasta el próximo año, Seade dejó en claro que estos dichos son una confusión, porque el tratado sí se firmará a finales de noviembre por el Presidente Peña, pero la ratificación será hasta el 2019.

  *La evasión fiscal costó a México 510 mil millones de pesos en 2016, 

El senador Alejandro Armenta alertó que el problema de evasión fiscal en México es preocupante porque cada año va en aumento: tan sólo en el año 2015, la omisión tributaria representó el 3.16 % del PIB, equivalente a 574 mil  27 millones 260 mil pesos. 

Al participar en el Seminario “Empresas fantasmas, venta de comprobantes fiscales y evasión fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción”, el senador del Grupo Parlamentario de Morena refirió que con ese monto se pudría  saldar, dos veces, las deudas contraídas por los ex gobernadores de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz que representan 273 mil 638 millones 300 mil  pesos, en conjunto. 

El legislador poblano detalló que la evasión fiscal costó a México 510 mil millones de pesos en 2016, cifra que representa 2.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), según el estudio Evasión global de impuestos, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla. 

Abundó que dicho texto señala que los mayores niveles de evasión fiscal se presentan en impuesto sobre la renta (ISR), con un monto de 290 mil millones de pesos, seguido por el impuesto al valor agregado (IVA), con 188 mil millones. 

El senador Armenta destacó el compromiso de los legisladores de su partido de trabajar en el andamiaje legal para eliminar la corrupción y evitar que los delincuentes dañen las finanzas públicas del país.

Por Nancy Rodríguez

En conferencia de prensa, el presidente del Senado Martí Batres dio a conocer que el Senador electo por Chiapas Noé Castañón, presentó un amparo ante la negativa de la Cámara alta por concederle su toma de protesta como Senador.

Sin embargo, destacó el Senador Batres que será, prácticamente, imposible su toma de protesta, ya que aún se encuentra en litigio su demanda por violencia familiar.

Detalló que la ex  cónyuge del senador electo del PRI Castañón, les notificó que aún no concluye el litigio judicial, asimismo, cuentan con elementos oficiales que así lo acredita.

“El Senador electo Noé Castañón tiene todo el derecho de ampararse y promover todos los cauces legales que desee”, sin embargo, le será denegada su toma  de protesta, aseguró el presidente del senado.

“Hay senadores y senadoras que se han manifestado en contra de la incorporación de Noé Castañón”, por ello, esperarán a que el proceso judicial termine, puntualizó el presidente del Senado

• El Gobierno de la República no deja crisis política, ni económica, ni social, asevera.
• El Sistema Penal Acusatorio aun presenta serios problemas en algunos aspectos que deben atenderse, como la llamada “puerta giratoria”señaló.

A pesar de intensos esfuerzos, los problemas en materia de seguridad pública aún son enormes, frente a los niveles de violencia alcanzados en algunas zonas del país, reconoció el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, durante la Glosa del VI Informe de Gobierno ante el Pleno del Senado de República.

Dijo que la participación de las Fuerzas Federales en materia de seguridad pública requiere de un  marco legal, para resolver el reto que representa la convivencia de soldados y civiles en tareas de seguridad en tiempos de paz.

Reconoció a soldados, marinos y policías federales que asumieron las tareas de seguridad pública, ante la debilidad institucional que presentan algunas corporaciones estatales y municipales de seguridad pública.  

Detalló que uno de cada cuatro municipios del país no tiene la capacidad de cumplir con la obligación constitucional de brindar seguridad pública, al carecer de un cuerpo de policía; y es donde participan las Fuerzas Armadas y la Policía Federal.

Refirió que la violencia está asociada con la expansión de actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con el crimen transnacional, que aprovechan la porosidad de las fronteras y han sofisticado sus métodos, sirviéndose de los avances tecnológicos.

Dijo que durante la actual administración se destinaron más de 82 mil millones de pesos para fortalecer las instituciones locales de seguridad, cantidad casi 25 por ciento de la administración anterior.

Navarrete Prida explicó que el Gobierno de la República escuchó los reclamos, reconoció los pendientes y ha reconocido los errores. “Sin embargo, es claro que los retos del país requieren corresponsabilidad y un esfuerzo de Estado”, dijo.

Sostuvo ante el Pleno que el actual gobierno no deja crisis política, ni económica, ni social; “por el contrario, el presidente Peña Nieto ha cumplido prácticamente con los compromisos que hizo a los mexicanos y con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Añadió que la Reforma Política permitió, por primera vez en la historia de México, que haya paridad de género en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, y favoreció la equidad en las contiendas, mediante la regulación de la propaganda de los partidos políticos.

También destacó la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y el fortalecimiento de las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro en las entidades federativas, que permitió reducir su incidencia en 54.1 por ciento, al comparar cifras de agosto de 2018 contra el mes de octubre de 2013, cuando dicho delito alcanzó su máximo histórico.

Otro de los temas importantes que asumió la actual administración fue el de concluir la fase de implementación y avanzar en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, al que se le invirtieron cerca de 18 mil millones de pesos. Aun así, explicó, presenta serios problemas en algunos aspectos que deben atenderse, como la llamada “puerta giratoria”.

Expuso que mientras que en 2006 un procedimiento penal se resolvía, en promedio, en 263 días en el fuero federal y 185 días en el fuero común, actualmente 77 por ciento de los mismos se resuelven en menos de 30 días y van directamente ante un juez.

En materia de migración, concluyó, se fortaleció el programa “Paisano” e inició la operación de “Somos Mexicanos”, para facilitar la reinserción social y económica de los mexicanos que retornan definitivamente al país. Con ambos, se apoyó a cerca de un millón de mexicanos desde 2014.