LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (563)

    Por Nancy Rodríguez

*Procesó más de mil asuntos presentados ante el Pleno.

*Realizó 17 sesiones y aprobó 408 dictámenes. 

En el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, la Comisión Permanente llevó a cabo 17 sesiones plenarias, aprobó 408 dictámenes y realizó cuatro nombramientos.

De acuerdo al informe sobre la actividad correspondiente a este periodo, se presentaron 271 iniciativas, de las cuales, 163 corresponden a diputados, 81 a senadores, 24 a congresos estatales, una al Ejecutivo Federal y dos fueron suscritas conjuntamente por legisladores de ambas cámaras  

También se presentaron 750 puntos de acuerdo; de ellos, 430 corresponden a senadores, 313 a diputados y siete son conjuntas.   

De los asuntos turnados a los órganos de trabajo, 257 se remitieron a la Primera Comisión, 206 a la Segunda Comisión y 243 a la Tercera Comisión. 

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó 408 dictámenes que le fueron enviados por esos órganos de trabajo.  

De las 271 iniciativas procesadas 76 fueron del GPPRI, 37 del GPPAN, 38 del GPPRD, 11 del GPPVEM, 22 del GPPT, 16 de Morena, 36 del GPMC, 3 del GPPES, 24 de congresos estatales 4 conjuntas de diputados y senadores, dos del GPNA, una de un legislador sin partido, y una del Ejecutivo Federal.  

Respecto a los puntos de acuerdo, el GPPRI presentó 230, el GPPAN 99, el GPPRD 149, el GPPVEM 32, Morena 45, el GPPT 103, el GPMC 47, el GPNA 5, el GPPES 19, y 18 de legisladores sin Grupo Parlamentario. 

En el marco de las atribuciones constitucionales y legales que le competen, el Pleno eligió, mediante votación por cédula, a cuatro consejeros honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el pasado 22 de agosto. 

Los consejeros José Eduardo Leycegui Vega, Janet Jazmín Delgado Mercado, Juan Carlos Amador Hernández y Enrique Pérez Quintana rindieron protesta ante los integrantes de la Comisión Permanente, el 28 de agosto. 

Asimismo, la Mesa Directiva presentó cinco acuerdos durante el Segundo Receso: dos en relación con su integración, uno para conformación de las comisiones de trabajo, otro relativo a las sesiones y el Orden del Día, y uno más, que tiene que ver con la asignación y turnos de asuntos a sus comisiones. 

Durante este periodo, la Mesa Directiva fue presidia por el senador Ernesto Cordero Arroyo; y se integró por tres vicepresidentes: el senador David Monreal Ávila y los diputados Enrique Jackson Ramírez y Kathia María Bolio Pinello. 

Los senadores Héctor David Flores, Luis Humberto Fernández, y los diputados María Gloria Hernández, Macedonio Salomón Tamez y José Refugio Sandoval fungieron como secretarios de ese órgano de gobierno.

 

 

“Me siento muy contento de estar de regreso en mi patria”, fueron las primeras palabras que externo Napoleón Gómez Urrutia, al termino de su registro como Senador.

En cuanto a su agenda legislativa, aseguró que desea “Ayudar a reconstruir el país, ayudar a cambiar la política económica, para que realmente terminemos con la desigualdad y la pobreza y contribuir a eliminar la corrupción”, finalizó

*En 2018 el nuevo Presidente ejercerá el cargo el 1 de diciembre y tiene hasta el 15 de diciembre para presentar el Paquete Económico 2019; éste deberá aprobarse a más tardar el 31 de diciembre.

                *La reforma política de 2014 modificó los plazos de toma de posesión del Congreso de la Unión y del Presidente Electo, que serán aplicables para los cambios de administración a partir de 2024.          

Las fechas de toma de posesión del Congreso de la Unión y del Presidente Electo en 2018 serán las mismas que han normado los cambios de administración anteriores. De esta manera, el Congreso de la Unión debe comenzar a sesionar el 1 de septiembre; mientras que el Presidente ejercerá su encargo el 1 de diciembre y tendrá hasta el 15 de diciembre para presentar el Paquete Económico 2019. Debido a que la Constitución establece que el Congreso de la Unión puede sesionar hasta el 31 de diciembre en año de transición, será corto el plazo para discutir y aprobar la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019, advierte el IBD. 

En la Nota Estratégica No. 30, titulada “Los tiempos del Paquete Económico en años de transición de la Administración Pública Federal”, elaborada por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, se analizan los plazos determinados en el marco legal sobre el proceso de presupuestación anual, en un contexto de cambio de administración federal. Para ello, estudia tres casos: un año en el que no hay cambio de administración federal; el año de transición de 2018; y los cambios de administración sucesivos. 

El documento da cuenta de los plazos relativamente cortos que hasta 2018 han tenido las administraciones federales y el Congreso de la Unión entrantes para presentar, discutir y aprobar el Paquete Económico anual. La modificación constitucional efectuada en el marco de la reforma político electoral de 2014, que aplicará para el año de transición de 2024, dará mayor holgura a este proceso en cambios sucesivos de administración. 

En 2024, el Congreso de la Unión comenzará a sesionar el 1 de agosto, mientras que el nuevo Presidente tomará su encargo el 1 de octubre y presentará el paquete económico a más tardar el 15 de noviembre. Dado que el primer periodo de sesiones se podrá extender hasta el 31 de diciembre, eso dará un mayor tiempo para discutir y aprobar la LIF y el PEF del ejercicio fiscal 2025. 

El estudio señala que existe una oportunidad para especificar los plazos máximos de aprobación del paquete económico anual en año de transición: para incorporar las medidas que deberían implementarse en caso de que tanto la LIF como el PEF no se aprobaran en los periodos previstos; y para regular las fechas de aprobación de la LIF y el PEF en los años de transición que se darán a partir de 2024. 

Al respecto, se menciona que ni la Constitución, ni la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o los Reglamentos de las Cámaras de Diputados y Senadores, estipulan una fecha límite para aprobar el paquete económico anual en año de transición, por lo que se interpreta que la fecha máxima es el 31 de diciembre de cada año. Asimismo, la normatividad no considera los casos en los que la LIF y el PEF no se aprueben en el periodo establecido, y recuerda que en el proceso de aprobación y discusión del PEF 2002, que llevó más tiempo del previsto, se recurrió a parar el reloj legislativo a fin de que la Cámara de Diputados pudiera sesionar varias horas más y el dictamen del presupuesto saliera con fecha del 31 de diciembre de 2001. 

Para los periodos de transición que se darán a partir de 2024 tampoco están estipuladas las fechas máximas de aprobación de la LIF y el PEF. 

Por último, la nota analiza la forma en la que ha operado el Fondo de Transición y los recursos que han sido asignados y ejercidos desde 2006. Este fondo ha facilitado las tareas del Presidente Electo y de su equipo para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y el paquete económico anual del siguiente año. Para los años 2006, 2012 y 2018, se aprobaron 150 millones de pesos al Fondo de Transición, lo que representa una reducción en términos reales de 41.9% entre 2006 y 2018.

La nota coyuntural realizada por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República se puede consultar en la dirección electrónica:http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4065

 

 

  Por Nancy Rodríguez

Por contar con la mayoría de votos en el Senado de la República y por consenso, el grupo parlamentario de Senadores electos por Morena eligió a Martí Batres Guadarrama para que presida la Mesa Directiva de la Cámara Alta.

Asimismo, en entrevista, por separado, el propio Martí Batres informó que su grupo parlamentario propondrá al Senador electo Ricardo Monreal, para que presida la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la misma Cámara Alta, ya que cuentan con la mayoría para lograr también esa posición. 

Cabe señalar, que el Senador por Zacatecas Ricardo Monreal, también fue designado por sus compañeros de bancada como coordinador de ese Grupo Parlamentario de MORENA.

Al Participar en la conclusión de las actividades del Seminario y Taller Legislativo que se realizó durante 3 días en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República en la #CDMX, el Senador electo Martí Batres agradeció la confianza depositada en él por parte de sus compañeros legisladores.

Por su parte, Yeidckol Polevnski, presidenta de MORENA señaló que “me da mucho gusto" que se conforme este equipo de trabajo sólido, unido, con buena comunicación, para llevar adelante las propuestas del Grupo parlamentario de MORENA en el Senado de la República, puntualizó.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez resaltó el arduo y extenso trabajo realizado para avanzar, entre otros temas de interés nacional, en la protección de los derechos humanos, durante los trabajos de las LXII y LXIII Legislaturas, próxima a concluír. 

En conferencia de prensa, el senador independiente rindió su último informe de seis años de actividades legislativas y aprovechó para agradecer el apoyo y esfuerzo de sus colaboradores más cercanos, así como de los representantes de los medios de comunicación. 

El senador Encinas Rodríguez refirió que a su pasó por el Senado de la República tuvo la oportunidad de presidir la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y las Comisiones Bicamerales de Seguridad Nacional y del Canal del Congreso. También fue integrante de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

Informó que durante los dos periodos legislativos se celebraron 359 sesiones, tanto ordinarias como de Comisión Permanente, a las cuales asistió casi en su totalidad y sólo en 14 ocasiones no lo pudo hacer por desempeñar comisiones oficiales en México y en el extranjero. 

Dijo que participó en 142 ocasiones para presentar 138 iniciativas de Ley y 141 puntos de acuerdo. También participó en 297 conferencias, mesas redondas, debates y en 30 presentaciones de libros, además de escribir 148 artículos para un diario de circulación nacional. 

Comentó que con autorización del Pleno, se ausentó cuatro meses de sus actividades legislativas para participar como diputado Constituyente en la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

De igual manera, asistió a 36 eventos internacionales, de los cuales 13 fueron en representación del Senado de la República y en 18 por invitación de diversas organizaciones civiles y de gobiernos extranjeros. 

Destacó la publicación de los siguientes libros de su autoría: Política, negocios y poder, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; Drogas y poder: el fracaso de la política prohibicionista; El fracaso del sistema electoral mexicano, el caso del Estado de México; y Ciudad de México, memoria de siete siglos; así como dos ensayos: Cruzada nacional contra el hambre: cruzada contra los votos; y Las Elecciones en el Estado de México, 2015. 

El senador Alejandro Encinas Rodríguez anunció que en los próximos días rendirá protesta como diputado local por el Distrito Electoral número 30 de la CDMX y luego asumirá el cargo de Subsecretario de Gobernación a invitación del Gobierno Federal entrante. 

La senadora Luz María Beristain Navarrete presentó un Punto de Acuerdo en la Comisión Permanente, para que el Estado de Quintana Roo cuente con un sistema sustentable en el manejo de aguas residuales, ya que “no debemos bajar la guardia en el cuidado del medio ambiente”, preciso la legisladora. 

Luz María Beristain dijo que “las descargas contaminantes son un factor por medio del cual propicia el daño a los arrecifes, pone en riesgo las certificaciones de las playas “blue flag”, así como fomentar el incremento de elementos que propician el desarrollo del sargazo.” 

Poniendo en riesgo al turismo y al sustento de miles de familias, cabe destacar que el sargazo ha ocasionado directa o indirectamente daños millonarios, ahí la importancia de sumar estrategias que preserven el destino turístico. 

La senadora mencionó que es de suma importancia este Punto de Acuerdo el cual debe atenderse de manera urgente, ya que no solo se está contaminando el mar ante un ausente y deficiente sistema de drenaje, ya que el acuífero de la península de Yucatán se ve afectado por las descargas que realizan los ciudadanos, ya que se filtran los desechos a los mantos acuíferos. 

Es importante atender este tema porque en caso contrario, el destino turístico no solo de Quintana Roo, sino de toda la península se pondrá en riesgo, actualmente podemos ver los estragos del cambio climático que propician desde el incremento de huracanes hasta el incremento de sargazo, es momento de acudir a la inversión a la prevención y no esperar hasta que el problema se presente de manera grave y difícil de solucionar. 

Luz Beristain concluyo que “este acuerdo debe brindar soluciones a los contaminantes que se descargan al mar y al acuífero de la península de Yucatán, pero además debe implicar un sistema aprovechamiento de agua pluvial, que lleve a Quintana Roo a la sustentabilidad.” 

*Atacar los activos financieros de la delincuencia organizada, debe ser una prioridad nacional. 

Con el propósito de ampliar las facultades institucionales del Ministerio Público, para perseguir el lavado de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras, el diputado Juan Romero Tenorio, presentó a nombre propio y de Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal. 

Propuso derogar las disposiciones que imponen un candado a la actuación del Ministerio Publico y que otorgan el monopolio de la querella a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que la facultad Constitucional que le “corresponde al Ministerio Público de la Federación” para “la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal…” se ve mermada. 

Explicó que se pretende que la Fiscalía General de la República proceda de oficio en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la SHCP, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 62 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 

Los delitos corresponden a quien proporcione de manera dolosa, a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse; y a quien de manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos, o incorporados en avisos presentados. 

Precisa que la SHCP, cuando tenga información a la que le da acceso esta Ley, deberá presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por Hacienda, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el mismo artículo. 

La propuesta que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y que deroga el párrafo cuarto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados

El diputado Arturo Huicochea Alanís presentó una iniciativa para establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conozca de las controversias constitucionales entre municipios de una misma entidad federativa. 

El senador del Grupo Parlamentario del PRI señaló que la propuesta de modificación al inciso e) del artículo 105 de la Constitución permitirá garantizar un efectivo equilibrio entre los poderes. 

La controversia constitucional es una arma jurídico-constitucional destinada a preservar las atribuciones competenciales de cada órgano, orden o poder, y constituye una herramienta política para reivindicar las deficiencias del entramado institucional.

“Las controversias garantizan un efectivo sistema de controles y balances del poder entre los propios órganos de gobierno, característico de un estado republicano, federal y constitucional”, reiteró. 

El proyecto de decreto se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

 

           Por Nancy Rodríguez

         *Se requiere de diálogo y la construcción de un modelo de justicia transicional. 

La próxima Administración no debe renunciar a la justicia penal en el proceso de pacificación y seguridad en el país, coincidieron senadoras y senadores electos, funcionarios, académicos y especialistas, durante la presentación del libro “Sembradores de paz: Una reflexión colectiva para responder a la violencia”. 

El Senador electo Martí Batres, puntualizó que no se puede hablar solamente de la violencia del crimen organizado, porque también la ha ejercido el Estado. Señaló que la corrupción ha contaminado la impartición de justicia.

En el evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, la senadora electa Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que “sin justicia no puede haber perdón y no puede haber paz”. 

Aseguró que la amnistía “no va a cobijar a los delincuentes”, sino a quienes han sido víctimas de injusticias o que se encuentran en la cárcel por delitos que no cometieron; además, dijo, desde el Senado se luchará por la libertad de los presos políticos, la reconciliación y la justicia de quienes han sido víctimas de violencia.  

El senador electo Emilio Álvarez Icaza, de la Fracción Parlamentaria del PRD, afirmó que se requiere de un proceso de diálogo, de construcción del modelo mexicano de justicia transicional, pero no debe estar basado “sencillamente en perdón y ya”, pues “¿Cuánta impunidad cabe en el perdón?”, cuestionó. 

“No podemos reproducir un nuevo pacto de corrupción e impunidad, porque sería envenenar la extraordinaria oportunidad que se ha abierto de un nuevo capítulo de transición de la democracia”, reiteró. 

Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, manifestó que es indispensable “no renunciar a la justicia penal” y trabajar en procesos de reparación, de la verdad y  en  nuevos mecanismos de seguridad transicional en el país.

Aseguró que la política de atención a víctimas debe dejarse de ver en términos de competencias o que sea una sola institución la encargada, ésta debe transitar en un modelo en el que la víctima sea el centro; la justicia transicional, el camino y la pacificación del país el objetivo. 

Froylán Enciso, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, aseguró que en el proceso de amnistía, si alguien tiene que pedir perdón a las víctimas es el Estado, pero éste se colocaría al final de la impartición de justicia. 

Durante la presentación del segundo libro, “Violencia y paz: Diagnósticos y propuestas para México”, la senadora electa por Movimiento de Regeneración Nacional, Imelda Castro Castro, comentó que la legalización de las drogas ayudará en gran medida a frenar la ola de violencia que se ha incrementado en los últimos años en nuestro país. 

A decir de su compañero de bancada, el senador electo Martí Batres Guadarrama para hacer frente a la violencia de nuestro país hay que cumplir con una de las exigencias de la sociedad civil, abrogar la Ley de Seguridad Interior; así como  analizar los temas de desaparición forzada, desplazamientos y tortura que, hasta ahora, se han visto limitados porque el Senado no ha ratificado ciertos protocolos y tratados internacionales. 

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, dijo que la paz es una condición necesaria e indispensable para que los demás derechos humanos puedan ser vigentes. La violencia, por el contrario, lleva implícita la negación de la dignidad humana. 

 La violencia y la inseguridad, la impunidad y la corrupción, así como la exclusión y la desigualdad, son los binomios que debemos atender y abatir, pues han afectado y configurado los términos de nuestra convivencia cotidiana en los últimos años, puntualizó. 

En la primera parte de la presentación del libro, también participaron Sergio Aguayo, coordinador del Seminario sobre Violencia y Paz, Fernando Nieto, ambos del Colegio de México; en la segunda parte,  la diputada electa del Grupo Parlamentario del PRI, Martha Hilda González Calderón.

 

           Por Nancy Rodríguez

·         Las y los legisladores recibirán  credencial  para la Sesión Constitutiva, se les toma la fotografía correspondiente,  sus datos generales y huellas digitales para el acceso a los recintos y votación. 

El Senado de la República inició este lunes el registro y credencialización de senadoras y senadores electos de mayoría relativa y primera minoría, que integrarán las LXIV y LXV legislaturas, que iniciará el próximo 1 de septiembre. 

La Secretaría General de Servicios Parlamentarios cuenta con 96 constancias de mayoría relativa y primera minoría; el documento se expide con base en las constancias de validez que los acreditan como senadoras y senadores electos. 

El órgano administrativo explicó que, además de entregar la credencial provisional para la Sesión Constitutiva, se les toma la fotografía correspondiente, sus datos generales y  toma de huellas digitales para el acceso a los recintos y votación, y se les otorga un compendio del libro con el Marco Legal del Senado y del Congreso de la Unión.

El proceso para el registro y tramitar la credencia es el siguiente:

Se recibe a la senadora o senador, se le solicita su nombre, se busca la constancia de mayoría y de primera minoría y, una vez, que se verifica la documentación de la o el legislador, se llena un formato y adicionalmente firma una constancia de aviso de privacidad. Los datos son para una cuestión administrativa y parlamentaria.

Posteriormente, sigue la toma de fotografía y se recaba su firma electrónica.

Se le toman tres huellas: una para el sistema de votación y asistencia en el recinto de Reforma 135; otra, para el sistema del recinto que se encuentra en Xicoténcatl, y la tercera, es para su credencial definitiva del Senado.

Adicionalmente, se entrega una serie de documentos de apoyo, que le servirán para las actividades que va a realizar la o el legislador.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General, desde el pasado 15 de agosto, las senadoras y senadores electos se les convocó a tramitar y recibir su credencial para el acceso a la Sesión Constitutiva, que se llevará a cabo el miércoles 29 de agosto de 2018, a las 11:00 horas. 

En la convocatoria, se precisa que una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral remita los documentos comprobatorios de la asignación de senadoras y senadores electos por el principio de representación proporcional a los partidos políticos, la entrega de credenciales se hará para todos los integrantes de las LXIV y LXV Legislaturas del Senado de la República. 

Este proceso de credencialización que inició este lunes, concluirá el próximo martes 28 de agosto, ya que la acreditación es necesaria para participar en la Sesión Constitutiva de las LXIV y LXV Legislaturas. 

Los primeros legisladores en realizar el trámite de registro y credencialización, que les dará acceso a la Sesión Constitutiva fueron: Julen Rementería del Puerto y Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, y Rocío Adriana Abreu Artiñano, del PVEM.

*Debe cumplirse con la Constitución y garantizar el derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

La Comisión Permanente del Congreso llamó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a reconsiderar la forma en que se determinarán los montos que se fijan como contraprestación por la emisión o prórroga de los títulos de concesión para la explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Las y los legisladores, también solicitaron  a la Cámara de Diputados que en la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 2019, se analice la metodología del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, para determinar las cuotas que pagarán los operadores de telecomunicaciones móviles, en función de las características técnicas de cada una de las bandas utilizadas para la prestación de los servicios, así como de los objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013. 

En el dictamen aprobado,  se expone que de acuerdo con la Constitución, el IFT debe fijar el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. 

Al mismo tiempo, se precisa que de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto debe considerar diversos elementos, entre ellos el cumplimiento de los objetivos señalados en los artículos 6º y 28 de la Constitución; así como de los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos. 

El artículo 6 constitucional señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, e indica que establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de esos servicios públicos de interés general. 

El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2017-2018 señala que para promover el desarrollo social, político y económico, los países requieren de infraestructura que promueva el acceso a servicios y recursos informativos diversos. 

La convergencia de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión –añade- incrementó aceleradamente la demanda en el acceso a la información, aplicaciones, contenidos y nuevos servicios, indispensables para el desarrollo de la sociedad, así como la creciente necesidad de mayor capacidad de los sistemas y de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Por otra parte, la Ley Federal de Derechos establece los montos que tendrán que pagar anualmente los operadores de telecomunicaciones, conforme al rango de frecuencias de espectro radioeléctrico que tengan concesionado. 

En el dictamen, los senadores y diputados advierten que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), las cuotas de los derechos establecidas por el Congreso, están en un nivel elevado, que junto con la obligación de pagar contraprestaciones por la entrega de las concesiones, colocan a México en una situación particular a nivel internacional,  por el esquema híbrido de cobro, que se considera caro en términos relativos frente a lo que se paga en otros países.

 

  Por Nancy Rodríguez

A partir de este lunes y hasta el 28 de agosto, las senadoras y senadores electos, que integrarán  las LXIV y LXV Legislaturas, acudirán a tramitar y recibir su credencial de identificación que les dará acceso a la Sesión Constitutiva del Senado de la República, que se realizará el miércoles 29 de agosto de 2018, a las 11:00 horas. 

La expedición de credenciales iniciará mañana, para las senadoras y los senadores propietarios que fueron electos por los principios de mayoría y de primera minoría, y que ya cuentan con la documentación que les fue entregada por los consejos electorales de las entidades federativas. 

Los nuevos integrantes de este órgano del Poder Legislativo se presentarán a realizar el trámite en el edificio de Paseo de la Reforma, número 135, colonia Tabacalera, de las 10:00 a las 19:00 horas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General, desde el pasado 15 de agosto, las senadoras y senadores electos se les convocó a tramitar y recibir su credencial en el Senado para el acceso a la Sesión Constitutiva, que se llevará a cabo el miércoles 29 de agosto de 2018, a las 11:00 horas. 

En la convocatoria, se precisa que una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral remita los documentos comprobatorios de la asignación de senadoras y senadores electos por el principio de representación proporcional a los partidos políticos, la entrega de credenciales se hará para todos los integrantes de las LXIV y LXV Legislaturas del Senado de la República.

 

·         Urgen a evitar retrasos en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para  impedir la muerte de inocentes. 

Las autoridades federales, estatales y municipales deben actualizar el mecanismo de coordinación y cooperación para la aplicación del Protocolo Nacional Alerta AMBER, a fin de que al momento de recibir denuncias por desaparición de niñas, niños y adolescentes, el aviso de riesgo se active de inmediato y sin dilaciones, junto con los números de emergencia, como el 911, y previa evaluación de cada caso, solicitaron legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente 

La Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) analizó y elaboró un dictamen con punto de acuerdo con casos relacionados de robo de menores de edad y concluyó que se deben evitar retrasos para la búsqueda e investigación correspondientes. 

Una de las propuestas analizadas,  fue la  presentada, el pasado 8 de agosto, por las diputadas federales Ximena Tamariz García y Kathia María Bolio Pinelo, del PAN, en la que dieron cuenta de la desaparición de la menor de edad Ana Lizbeth Polina Ramírez, de ocho años de edad, en el estado de Nuevo León. 

El caso se registró el domingo 15 de julio del año en curso, cuando la niña fue raptada por un hombre desconocido, en la colonia Vistas del Río, en las inmediaciones de las oficinas de la ruta de autobuses 572, lugar en el que laboraba su madre. 

El fiscal general de esa entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, informó que el rapto de la menor ocurrió alrededor de las 19:00 horas de ese día, y refirió que de acuerdo con videos de seguridad, Ana Lizbeth, estaba jugando afuera de las oficinas señaladas cuando un hombre adulto la abordó. 

La cronología de la búsqueda e investigación del caso fue publicada por un medio informativo de circulación nacional, donde quedó registrado que el reporte por la desaparición de Polina Ramírez, se realizó a las 23:00 horas del día referido y por medio del número de emergencias 911. 

Fue hasta la mañana del lunes 16 de julio, es decir, al día siguiente del hecho, que la madre de Ana Lizbeth, acudió al Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de, municipio de Juárez, desde donde se notificó a la Fiscalía General del Estado la desaparición de la niña, y que a las 9:00 horas de la mañana se emitió la alerta AMBER, al considerar el riesgo inminente que corría la vida de la menor. 

Lamentablemente, el martes 17 del mismo mes, se localizó sin vida el cuerpo de una niña en un lote baldío ubicado en la misma colonia donde ocurrió el rapto de Ana Lizbeth. 

El fiscal Guerrero Gutiérrez informó, el día 18, que estudios científicos realizados por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en apoyo a la Agencia Estatal de Investigaciones, permitieron confirmar que el cadáver correspondía al de la niña Ana Lizbeth, y también se determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación. 

El funcionario agregó que el asesinato de la niña habría ocurrido el domingo por la noche, luego que su desaparición se registró alrededor de las 19:00 horas de ese mismo día. 

El mismo miércoles 18, un juez giró una orden de aprehensión contra Juan Fernado "N", de 37 años de edad, como presunto responsable de la desaparición y asesinato de Ana Lizbeth Polina Ramírez. Y durante la madrugada del jueves 19 de julio pasado, el ex policía y principal sospechoso del rapto, fue detenido e ingresado al Penal de Topo Chico, Nuevo León. 

Con base en la narración de ese caso, los legisladores determinaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben actuar total y absolutamente rápido en los casos de rapto de menores de edad, para evitar, prevenir o impedir al máximo la muerte de inocentes, para lo cual es urgente revisar y actualizar el esquema de coordinación y cooperación para la aplicación de la Alerta AMBER, junto con todos los números de emergencia, como es el 911.

El dictamen fue aprobado por el Pleno en votación económica y la presidencia de la Mesa Directiva ordenó su comunicación a las autoridades correspondientes.

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