LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (563)
Por Nancy Rodríguez
*Procesó más de mil asuntos presentados ante el Pleno.
*Realizó 17 sesiones y aprobó 408 dictámenes.
En el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, la Comisión Permanente llevó a cabo 17 sesiones plenarias, aprobó 408 dictámenes y realizó cuatro nombramientos.
De acuerdo al informe sobre la actividad correspondiente a este periodo, se presentaron 271 iniciativas, de las cuales, 163 corresponden a diputados, 81 a senadores, 24 a congresos estatales, una al Ejecutivo Federal y dos fueron suscritas conjuntamente por legisladores de ambas cámaras
También se presentaron 750 puntos de acuerdo; de ellos, 430 corresponden a senadores, 313 a diputados y siete son conjuntas.
De los asuntos turnados a los órganos de trabajo, 257 se remitieron a la Primera Comisión, 206 a la Segunda Comisión y 243 a la Tercera Comisión.
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó 408 dictámenes que le fueron enviados por esos órganos de trabajo.
De las 271 iniciativas procesadas 76 fueron del GPPRI, 37 del GPPAN, 38 del GPPRD, 11 del GPPVEM, 22 del GPPT, 16 de Morena, 36 del GPMC, 3 del GPPES, 24 de congresos estatales 4 conjuntas de diputados y senadores, dos del GPNA, una de un legislador sin partido, y una del Ejecutivo Federal.
Respecto a los puntos de acuerdo, el GPPRI presentó 230, el GPPAN 99, el GPPRD 149, el GPPVEM 32, Morena 45, el GPPT 103, el GPMC 47, el GPNA 5, el GPPES 19, y 18 de legisladores sin Grupo Parlamentario.
En el marco de las atribuciones constitucionales y legales que le competen, el Pleno eligió, mediante votación por cédula, a cuatro consejeros honorarios del Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el pasado 22 de agosto.
Los consejeros José Eduardo Leycegui Vega, Janet Jazmín Delgado Mercado, Juan Carlos Amador Hernández y Enrique Pérez Quintana rindieron protesta ante los integrantes de la Comisión Permanente, el 28 de agosto.
Asimismo, la Mesa Directiva presentó cinco acuerdos durante el Segundo Receso: dos en relación con su integración, uno para conformación de las comisiones de trabajo, otro relativo a las sesiones y el Orden del Día, y uno más, que tiene que ver con la asignación y turnos de asuntos a sus comisiones.
Durante este periodo, la Mesa Directiva fue presidia por el senador Ernesto Cordero Arroyo; y se integró por tres vicepresidentes: el senador David Monreal Ávila y los diputados Enrique Jackson Ramírez y Kathia María Bolio Pinello.
Los senadores Héctor David Flores, Luis Humberto Fernández, y los diputados María Gloria Hernández, Macedonio Salomón Tamez y José Refugio Sandoval fungieron como secretarios de ese órgano de gobierno.
“Me siento muy contento de estar de regreso en mi patria”, fueron las primeras palabras que externo Napoleón Gómez Urrutia, al termino de su registro como Senador.
En cuanto a su agenda legislativa, aseguró que desea “Ayudar a reconstruir el país, ayudar a cambiar la política económica, para que realmente terminemos con la desigualdad y la pobreza y contribuir a eliminar la corrupción”, finalizó
*En 2018 el nuevo Presidente ejercerá el cargo el 1 de diciembre y tiene hasta el 15 de diciembre para presentar el Paquete Económico 2019; éste deberá aprobarse a más tardar el 31 de diciembre.
*La reforma política de 2014 modificó los plazos de toma de posesión del Congreso de la Unión y del Presidente Electo, que serán aplicables para los cambios de administración a partir de 2024.
Las fechas de toma de posesión del Congreso de la Unión y del Presidente Electo en 2018 serán las mismas que han normado los cambios de administración anteriores. De esta manera, el Congreso de la Unión debe comenzar a sesionar el 1 de septiembre; mientras que el Presidente ejercerá su encargo el 1 de diciembre y tendrá hasta el 15 de diciembre para presentar el Paquete Económico 2019. Debido a que la Constitución establece que el Congreso de la Unión puede sesionar hasta el 31 de diciembre en año de transición, será corto el plazo para discutir y aprobar la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2019, advierte el IBD.
En la Nota Estratégica No. 30, titulada “Los tiempos del Paquete Económico en años de transición de la Administración Pública Federal”, elaborada por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez, se analizan los plazos determinados en el marco legal sobre el proceso de presupuestación anual, en un contexto de cambio de administración federal. Para ello, estudia tres casos: un año en el que no hay cambio de administración federal; el año de transición de 2018; y los cambios de administración sucesivos.
El documento da cuenta de los plazos relativamente cortos que hasta 2018 han tenido las administraciones federales y el Congreso de la Unión entrantes para presentar, discutir y aprobar el Paquete Económico anual. La modificación constitucional efectuada en el marco de la reforma político electoral de 2014, que aplicará para el año de transición de 2024, dará mayor holgura a este proceso en cambios sucesivos de administración.
En 2024, el Congreso de la Unión comenzará a sesionar el 1 de agosto, mientras que el nuevo Presidente tomará su encargo el 1 de octubre y presentará el paquete económico a más tardar el 15 de noviembre. Dado que el primer periodo de sesiones se podrá extender hasta el 31 de diciembre, eso dará un mayor tiempo para discutir y aprobar la LIF y el PEF del ejercicio fiscal 2025.
El estudio señala que existe una oportunidad para especificar los plazos máximos de aprobación del paquete económico anual en año de transición: para incorporar las medidas que deberían implementarse en caso de que tanto la LIF como el PEF no se aprobaran en los periodos previstos; y para regular las fechas de aprobación de la LIF y el PEF en los años de transición que se darán a partir de 2024.
Al respecto, se menciona que ni la Constitución, ni la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria o los Reglamentos de las Cámaras de Diputados y Senadores, estipulan una fecha límite para aprobar el paquete económico anual en año de transición, por lo que se interpreta que la fecha máxima es el 31 de diciembre de cada año. Asimismo, la normatividad no considera los casos en los que la LIF y el PEF no se aprueben en el periodo establecido, y recuerda que en el proceso de aprobación y discusión del PEF 2002, que llevó más tiempo del previsto, se recurrió a parar el reloj legislativo a fin de que la Cámara de Diputados pudiera sesionar varias horas más y el dictamen del presupuesto saliera con fecha del 31 de diciembre de 2001.
Para los periodos de transición que se darán a partir de 2024 tampoco están estipuladas las fechas máximas de aprobación de la LIF y el PEF.
Por último, la nota analiza la forma en la que ha operado el Fondo de Transición y los recursos que han sido asignados y ejercidos desde 2006. Este fondo ha facilitado las tareas del Presidente Electo y de su equipo para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo y el paquete económico anual del siguiente año. Para los años 2006, 2012 y 2018, se aprobaron 150 millones de pesos al Fondo de Transición, lo que representa una reducción en términos reales de 41.9% entre 2006 y 2018.
La nota coyuntural realizada por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República se puede consultar en la dirección electrónica:http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4065
Por Nancy Rodríguez
Por contar con la mayoría de votos en el Senado de la República y por consenso, el grupo parlamentario de Senadores electos por Morena eligió a Martí Batres Guadarrama para que presida la Mesa Directiva de la Cámara Alta.
Asimismo, en entrevista, por separado, el propio Martí Batres informó que su grupo parlamentario propondrá al Senador electo Ricardo Monreal, para que presida la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la misma Cámara Alta, ya que cuentan con la mayoría para lograr también esa posición.
Cabe señalar, que el Senador por Zacatecas Ricardo Monreal, también fue designado por sus compañeros de bancada como coordinador de ese Grupo Parlamentario de MORENA.
Al Participar en la conclusión de las actividades del Seminario y Taller Legislativo que se realizó durante 3 días en la Casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República en la #CDMX, el Senador electo Martí Batres agradeció la confianza depositada en él por parte de sus compañeros legisladores.
Por su parte, Yeidckol Polevnski, presidenta de MORENA señaló que “me da mucho gusto" que se conforme este equipo de trabajo sólido, unido, con buena comunicación, para llevar adelante las propuestas del Grupo parlamentario de MORENA en el Senado de la República, puntualizó.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez resaltó el arduo y extenso trabajo realizado para avanzar, entre otros temas de interés nacional, en la protección de los derechos humanos, durante los trabajos de las LXII y LXIII Legislaturas, próxima a concluír.
En conferencia de prensa, el senador independiente rindió su último informe de seis años de actividades legislativas y aprovechó para agradecer el apoyo y esfuerzo de sus colaboradores más cercanos, así como de los representantes de los medios de comunicación.
El senador Encinas Rodríguez refirió que a su pasó por el Senado de la República tuvo la oportunidad de presidir la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y las Comisiones Bicamerales de Seguridad Nacional y del Canal del Congreso. También fue integrante de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales.
Informó que durante los dos periodos legislativos se celebraron 359 sesiones, tanto ordinarias como de Comisión Permanente, a las cuales asistió casi en su totalidad y sólo en 14 ocasiones no lo pudo hacer por desempeñar comisiones oficiales en México y en el extranjero.
Dijo que participó en 142 ocasiones para presentar 138 iniciativas de Ley y 141 puntos de acuerdo. También participó en 297 conferencias, mesas redondas, debates y en 30 presentaciones de libros, además de escribir 148 artículos para un diario de circulación nacional.
Comentó que con autorización del Pleno, se ausentó cuatro meses de sus actividades legislativas para participar como diputado Constituyente en la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México.
De igual manera, asistió a 36 eventos internacionales, de los cuales 13 fueron en representación del Senado de la República y en 18 por invitación de diversas organizaciones civiles y de gobiernos extranjeros.
Destacó la publicación de los siguientes libros de su autoría: Política, negocios y poder, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; Drogas y poder: el fracaso de la política prohibicionista; El fracaso del sistema electoral mexicano, el caso del Estado de México; y Ciudad de México, memoria de siete siglos; así como dos ensayos: Cruzada nacional contra el hambre: cruzada contra los votos; y Las Elecciones en el Estado de México, 2015.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez anunció que en los próximos días rendirá protesta como diputado local por el Distrito Electoral número 30 de la CDMX y luego asumirá el cargo de Subsecretario de Gobernación a invitación del Gobierno Federal entrante.
La senadora Luz María Beristain Navarrete presentó un Punto de Acuerdo en la Comisión Permanente, para que el Estado de Quintana Roo cuente con un sistema sustentable en el manejo de aguas residuales, ya que “no debemos bajar la guardia en el cuidado del medio ambiente”, preciso la legisladora.
Luz María Beristain dijo que “las descargas contaminantes son un factor por medio del cual propicia el daño a los arrecifes, pone en riesgo las certificaciones de las playas “blue flag”, así como fomentar el incremento de elementos que propician el desarrollo del sargazo.”
Poniendo en riesgo al turismo y al sustento de miles de familias, cabe destacar que el sargazo ha ocasionado directa o indirectamente daños millonarios, ahí la importancia de sumar estrategias que preserven el destino turístico.
La senadora mencionó que es de suma importancia este Punto de Acuerdo el cual debe atenderse de manera urgente, ya que no solo se está contaminando el mar ante un ausente y deficiente sistema de drenaje, ya que el acuífero de la península de Yucatán se ve afectado por las descargas que realizan los ciudadanos, ya que se filtran los desechos a los mantos acuíferos.
Es importante atender este tema porque en caso contrario, el destino turístico no solo de Quintana Roo, sino de toda la península se pondrá en riesgo, actualmente podemos ver los estragos del cambio climático que propician desde el incremento de huracanes hasta el incremento de sargazo, es momento de acudir a la inversión a la prevención y no esperar hasta que el problema se presente de manera grave y difícil de solucionar.
Luz Beristain concluyo que “este acuerdo debe brindar soluciones a los contaminantes que se descargan al mar y al acuífero de la península de Yucatán, pero además debe implicar un sistema aprovechamiento de agua pluvial, que lleve a Quintana Roo a la sustentabilidad.”
*Atacar los activos financieros de la delincuencia organizada, debe ser una prioridad nacional.
Con el propósito de ampliar las facultades institucionales del Ministerio Público, para perseguir el lavado de dinero, principalmente cometido en las instituciones financieras, el diputado Juan Romero Tenorio, presentó a nombre propio y de Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal.
Propuso derogar las disposiciones que imponen un candado a la actuación del Ministerio Publico y que otorgan el monopolio de la querella a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya que la facultad Constitucional que le “corresponde al Ministerio Público de la Federación” para “la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal…” se ve mermada.
Explicó que se pretende que la Fiscalía General de la República proceda de oficio en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la SHCP, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el artículo 62 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Los delitos corresponden a quien proporcione de manera dolosa, a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o sean completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse; y a quien de manera dolosa, modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos, o incorporados en avisos presentados.
Precisa que la SHCP, cuando tenga información a la que le da acceso esta Ley, deberá presentar denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por Hacienda, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en el mismo artículo.
La propuesta que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y que deroga el párrafo cuarto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
El diputado Arturo Huicochea Alanís presentó una iniciativa para establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conozca de las controversias constitucionales entre municipios de una misma entidad federativa.
El senador del Grupo Parlamentario del PRI señaló que la propuesta de modificación al inciso e) del artículo 105 de la Constitución permitirá garantizar un efectivo equilibrio entre los poderes.
La controversia constitucional es una arma jurídico-constitucional destinada a preservar las atribuciones competenciales de cada órgano, orden o poder, y constituye una herramienta política para reivindicar las deficiencias del entramado institucional.
“Las controversias garantizan un efectivo sistema de controles y balances del poder entre los propios órganos de gobierno, característico de un estado republicano, federal y constitucional”, reiteró.
El proyecto de decreto se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Por Nancy Rodríguez
*Se requiere de diálogo y la construcción de un modelo de justicia transicional.
La próxima Administración no debe renunciar a la justicia penal en el proceso de pacificación y seguridad en el país, coincidieron senadoras y senadores electos, funcionarios, académicos y especialistas, durante la presentación del libro “Sembradores de paz: Una reflexión colectiva para responder a la violencia”.
El Senador electo Martí Batres, puntualizó que no se puede hablar solamente de la violencia del crimen organizado, porque también la ha ejercido el Estado. Señaló que la corrupción ha contaminado la impartición de justicia.
En el evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, la senadora electa Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que “sin justicia no puede haber perdón y no puede haber paz”.
Aseguró que la amnistía “no va a cobijar a los delincuentes”, sino a quienes han sido víctimas de injusticias o que se encuentran en la cárcel por delitos que no cometieron; además, dijo, desde el Senado se luchará por la libertad de los presos políticos, la reconciliación y la justicia de quienes han sido víctimas de violencia.
El senador electo Emilio Álvarez Icaza, de la Fracción Parlamentaria del PRD, afirmó que se requiere de un proceso de diálogo, de construcción del modelo mexicano de justicia transicional, pero no debe estar basado “sencillamente en perdón y ya”, pues “¿Cuánta impunidad cabe en el perdón?”, cuestionó.
“No podemos reproducir un nuevo pacto de corrupción e impunidad, porque sería envenenar la extraordinaria oportunidad que se ha abierto de un nuevo capítulo de transición de la democracia”, reiteró.
Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, manifestó que es indispensable “no renunciar a la justicia penal” y trabajar en procesos de reparación, de la verdad y en nuevos mecanismos de seguridad transicional en el país.
Aseguró que la política de atención a víctimas debe dejarse de ver en términos de competencias o que sea una sola institución la encargada, ésta debe transitar en un modelo en el que la víctima sea el centro; la justicia transicional, el camino y la pacificación del país el objetivo.
Froylán Enciso, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, aseguró que en el proceso de amnistía, si alguien tiene que pedir perdón a las víctimas es el Estado, pero éste se colocaría al final de la impartición de justicia.
Durante la presentación del segundo libro, “Violencia y paz: Diagnósticos y propuestas para México”, la senadora electa por Movimiento de Regeneración Nacional, Imelda Castro Castro, comentó que la legalización de las drogas ayudará en gran medida a frenar la ola de violencia que se ha incrementado en los últimos años en nuestro país.
A decir de su compañero de bancada, el senador electo Martí Batres Guadarrama para hacer frente a la violencia de nuestro país hay que cumplir con una de las exigencias de la sociedad civil, abrogar la Ley de Seguridad Interior; así como analizar los temas de desaparición forzada, desplazamientos y tortura que, hasta ahora, se han visto limitados porque el Senado no ha ratificado ciertos protocolos y tratados internacionales.
Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, dijo que la paz es una condición necesaria e indispensable para que los demás derechos humanos puedan ser vigentes. La violencia, por el contrario, lleva implícita la negación de la dignidad humana.
La violencia y la inseguridad, la impunidad y la corrupción, así como la exclusión y la desigualdad, son los binomios que debemos atender y abatir, pues han afectado y configurado los términos de nuestra convivencia cotidiana en los últimos años, puntualizó.
En la primera parte de la presentación del libro, también participaron Sergio Aguayo, coordinador del Seminario sobre Violencia y Paz, Fernando Nieto, ambos del Colegio de México; en la segunda parte, la diputada electa del Grupo Parlamentario del PRI, Martha Hilda González Calderón.
Por Nancy Rodríguez
· Las y los legisladores recibirán credencial para la Sesión Constitutiva, se les toma la fotografía correspondiente, sus datos generales y huellas digitales para el acceso a los recintos y votación.
El Senado de la República inició este lunes el registro y credencialización de senadoras y senadores electos de mayoría relativa y primera minoría, que integrarán las LXIV y LXV legislaturas, que iniciará el próximo 1 de septiembre.
La Secretaría General de Servicios Parlamentarios cuenta con 96 constancias de mayoría relativa y primera minoría; el documento se expide con base en las constancias de validez que los acreditan como senadoras y senadores electos.
El órgano administrativo explicó que, además de entregar la credencial provisional para la Sesión Constitutiva, se les toma la fotografía correspondiente, sus datos generales y toma de huellas digitales para el acceso a los recintos y votación, y se les otorga un compendio del libro con el Marco Legal del Senado y del Congreso de la Unión.
El proceso para el registro y tramitar la credencia es el siguiente:
Se recibe a la senadora o senador, se le solicita su nombre, se busca la constancia de mayoría y de primera minoría y, una vez, que se verifica la documentación de la o el legislador, se llena un formato y adicionalmente firma una constancia de aviso de privacidad. Los datos son para una cuestión administrativa y parlamentaria.
Posteriormente, sigue la toma de fotografía y se recaba su firma electrónica.
Se le toman tres huellas: una para el sistema de votación y asistencia en el recinto de Reforma 135; otra, para el sistema del recinto que se encuentra en Xicoténcatl, y la tercera, es para su credencial definitiva del Senado.
Adicionalmente, se entrega una serie de documentos de apoyo, que le servirán para las actividades que va a realizar la o el legislador.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General, desde el pasado 15 de agosto, las senadoras y senadores electos se les convocó a tramitar y recibir su credencial para el acceso a la Sesión Constitutiva, que se llevará a cabo el miércoles 29 de agosto de 2018, a las 11:00 horas.
En la convocatoria, se precisa que una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral remita los documentos comprobatorios de la asignación de senadoras y senadores electos por el principio de representación proporcional a los partidos políticos, la entrega de credenciales se hará para todos los integrantes de las LXIV y LXV Legislaturas del Senado de la República.
Este proceso de credencialización que inició este lunes, concluirá el próximo martes 28 de agosto, ya que la acreditación es necesaria para participar en la Sesión Constitutiva de las LXIV y LXV Legislaturas.
Los primeros legisladores en realizar el trámite de registro y credencialización, que les dará acceso a la Sesión Constitutiva fueron: Julen Rementería del Puerto y Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, y Rocío Adriana Abreu Artiñano, del PVEM.
*Debe cumplirse con la Constitución y garantizar el derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.
La Comisión Permanente del Congreso llamó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a reconsiderar la forma en que se determinarán los montos que se fijan como contraprestación por la emisión o prórroga de los títulos de concesión para la explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
Las y los legisladores, también solicitaron a la Cámara de Diputados que en la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 2019, se analice la metodología del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, para determinar las cuotas que pagarán los operadores de telecomunicaciones móviles, en función de las características técnicas de cada una de las bandas utilizadas para la prestación de los servicios, así como de los objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013.
En el dictamen aprobado, se expone que de acuerdo con la Constitución, el IFT debe fijar el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria.
Al mismo tiempo, se precisa que de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto debe considerar diversos elementos, entre ellos el cumplimiento de los objetivos señalados en los artículos 6º y 28 de la Constitución; así como de los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos.
El artículo 6 constitucional señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, e indica que establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de esos servicios públicos de interés general.
El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2017-2018 señala que para promover el desarrollo social, político y económico, los países requieren de infraestructura que promueva el acceso a servicios y recursos informativos diversos.
La convergencia de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión –añade- incrementó aceleradamente la demanda en el acceso a la información, aplicaciones, contenidos y nuevos servicios, indispensables para el desarrollo de la sociedad, así como la creciente necesidad de mayor capacidad de los sistemas y de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión.
Por otra parte, la Ley Federal de Derechos establece los montos que tendrán que pagar anualmente los operadores de telecomunicaciones, conforme al rango de frecuencias de espectro radioeléctrico que tengan concesionado.
En el dictamen, los senadores y diputados advierten que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), las cuotas de los derechos establecidas por el Congreso, están en un nivel elevado, que junto con la obligación de pagar contraprestaciones por la entrega de las concesiones, colocan a México en una situación particular a nivel internacional, por el esquema híbrido de cobro, que se considera caro en términos relativos frente a lo que se paga en otros países.
Por Nancy Rodríguez
A partir de este lunes y hasta el 28 de agosto, las senadoras y senadores electos, que integrarán las LXIV y LXV Legislaturas, acudirán a tramitar y recibir su credencial de identificación que les dará acceso a la Sesión Constitutiva del Senado de la República, que se realizará el miércoles 29 de agosto de 2018, a las 11:00 horas.
La expedición de credenciales iniciará mañana, para las senadoras y los senadores propietarios que fueron electos por los principios de mayoría y de primera minoría, y que ya cuentan con la documentación que les fue entregada por los consejos electorales de las entidades federativas.
Los nuevos integrantes de este órgano del Poder Legislativo se presentarán a realizar el trámite en el edificio de Paseo de la Reforma, número 135, colonia Tabacalera, de las 10:00 a las 19:00 horas.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General, desde el pasado 15 de agosto, las senadoras y senadores electos se les convocó a tramitar y recibir su credencial en el Senado para el acceso a la Sesión Constitutiva, que se llevará a cabo el miércoles 29 de agosto de 2018, a las 11:00 horas.
En la convocatoria, se precisa que una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral remita los documentos comprobatorios de la asignación de senadoras y senadores electos por el principio de representación proporcional a los partidos políticos, la entrega de credenciales se hará para todos los integrantes de las LXIV y LXV Legislaturas del Senado de la República.
· Urgen a evitar retrasos en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para impedir la muerte de inocentes.
Las autoridades federales, estatales y municipales deben actualizar el mecanismo de coordinación y cooperación para la aplicación del Protocolo Nacional Alerta AMBER, a fin de que al momento de recibir denuncias por desaparición de niñas, niños y adolescentes, el aviso de riesgo se active de inmediato y sin dilaciones, junto con los números de emergencia, como el 911, y previa evaluación de cada caso, solicitaron legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente
La Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) analizó y elaboró un dictamen con punto de acuerdo con casos relacionados de robo de menores de edad y concluyó que se deben evitar retrasos para la búsqueda e investigación correspondientes.
Una de las propuestas analizadas, fue la presentada, el pasado 8 de agosto, por las diputadas federales Ximena Tamariz García y Kathia María Bolio Pinelo, del PAN, en la que dieron cuenta de la desaparición de la menor de edad Ana Lizbeth Polina Ramírez, de ocho años de edad, en el estado de Nuevo León.
El caso se registró el domingo 15 de julio del año en curso, cuando la niña fue raptada por un hombre desconocido, en la colonia Vistas del Río, en las inmediaciones de las oficinas de la ruta de autobuses 572, lugar en el que laboraba su madre.
El fiscal general de esa entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, informó que el rapto de la menor ocurrió alrededor de las 19:00 horas de ese día, y refirió que de acuerdo con videos de seguridad, Ana Lizbeth, estaba jugando afuera de las oficinas señaladas cuando un hombre adulto la abordó.
La cronología de la búsqueda e investigación del caso fue publicada por un medio informativo de circulación nacional, donde quedó registrado que el reporte por la desaparición de Polina Ramírez, se realizó a las 23:00 horas del día referido y por medio del número de emergencias 911.
Fue hasta la mañana del lunes 16 de julio, es decir, al día siguiente del hecho, que la madre de Ana Lizbeth, acudió al Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de, municipio de Juárez, desde donde se notificó a la Fiscalía General del Estado la desaparición de la niña, y que a las 9:00 horas de la mañana se emitió la alerta AMBER, al considerar el riesgo inminente que corría la vida de la menor.
Lamentablemente, el martes 17 del mismo mes, se localizó sin vida el cuerpo de una niña en un lote baldío ubicado en la misma colonia donde ocurrió el rapto de Ana Lizbeth.
El fiscal Guerrero Gutiérrez informó, el día 18, que estudios científicos realizados por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en apoyo a la Agencia Estatal de Investigaciones, permitieron confirmar que el cadáver correspondía al de la niña Ana Lizbeth, y también se determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación.
El funcionario agregó que el asesinato de la niña habría ocurrido el domingo por la noche, luego que su desaparición se registró alrededor de las 19:00 horas de ese mismo día.
El mismo miércoles 18, un juez giró una orden de aprehensión contra Juan Fernado "N", de 37 años de edad, como presunto responsable de la desaparición y asesinato de Ana Lizbeth Polina Ramírez. Y durante la madrugada del jueves 19 de julio pasado, el ex policía y principal sospechoso del rapto, fue detenido e ingresado al Penal de Topo Chico, Nuevo León.
Con base en la narración de ese caso, los legisladores determinaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben actuar total y absolutamente rápido en los casos de rapto de menores de edad, para evitar, prevenir o impedir al máximo la muerte de inocentes, para lo cual es urgente revisar y actualizar el esquema de coordinación y cooperación para la aplicación de la Alerta AMBER, junto con todos los números de emergencia, como es el 911.
El dictamen fue aprobado por el Pleno en votación económica y la presidencia de la Mesa Directiva ordenó su comunicación a las autoridades correspondientes.
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*Estudiantes de medicina se han convertido en un grupo vulnerable a la depresión, al aislamiento o al Síndrome de Burnout.
La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas que evalúen la pertinencia de establecer una estrategia integral para prevenir el suicidio entre médicos residentes, pues los estudiantes de medicina se han convertido en un grupo vulnerable a la depresión, al aislamiento o al Síndrome de Burnout.
Senadores y diputados reconocieron que en México no existen estudios publicados sobre esta materia, pero retomaron los casos de dos jóvenes médicos que recientemente decidieron quitarse la vida, los factores de estrés a los que está sometido este sector, así como las implicaciones en la atención de los pacientes.
En un dictamen aprobado en la sesión de 15 de agosto, destacaron que el desgaste emocional en estudiantes de medicina y residentes aumenta en más del 10 por ciento en comparación con la población en general de la misma edad (22 a 32 años).
Refirieron que el índice relativo al Síndrome de Burnout (agotamiento) se incrementa del 15 al 29 por ciento, dependiendo si los afectados se encuentran en la licenciatura o en la residencia de especialidad, respectivamente.
Las y los legisladores subrayaron que, de acuerdo con especialistas, alumnos de medicina han experimentado maltrato físico y psicológico, “en donde el abuso y la crítica continua, desmedida e infundada, llega a tener repercusiones de gran trascendencia”.
“En la última década el impacto del abuso, maltrato, discriminación, acoso y hostigamiento hacia residentes médicos ha cobrado creciente importancia en la discusión dentro del campo de la educación médica y cómo estos factores pueden incidir en la formación emocional de los internos y residentes”.
“El Diario Americano de Psiquiatría da cuenta de la complejidad que significa ser doctor, toda vez que indica que un número de 300 a 400 médicos se quitan la vida cada año, es decir, en promedio uno al día. El artículo publicado señala que el riesgo de suicido en hombres médicos es 40 por ciento mayor a hombres en general; más alarmante aún, el riesgo aumenta casi 130 por ciento en mujeres médicas contra mujeres en general”, refirieron.
Por Nancy Rodríguez
· Presentan en el Senado de la República el libro “La Organización de los Estados Americanos hacia su 70 aniversario: desafíos actuales y su relevancia en el acontecer hemisférico”.
Por el liderazgo desplegado a favor de las mejores causas de la paz, el desarrollo, la democracia, la seguridad y los desechos humanos en el hemisferio, México está llamado a mantener su presencia en organismos multilaterales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró la senadora Laura Rojas Hernández.
En la presentación del libro “La Organización de los Estados Americanos hacia su 70 aniversario: desafíos actuales y su relevancia en el acontecer hemisférico”, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores hizo un llamado a fortalecer esta política y no replegarse hacia una postura nacionalista, aislacionista y autárquica, desinteresada de las responsabilidades regionales de nuestro país.
Rojas Hernández recordó que las instituciones multilaterales están siendo puestas a prueba por el surgimiento de problemas complejos y la implementación de políticas aislacionistas, principalmente en países europeos y en Estados Unidos, que cuestionan el sistema de gobernanza global.
Afirmó que es necesario y útil cuestionar la eficacia de organismos e instrumentos internacionales en aras de que funcionen mejor, pero debilitarlos sin una alternativa no es el camino.
Consideró que el próximo Presidente de México tendrá que valorar el hecho de que la actual política, respecto de Venezuela y Nicaragua, le ha generado a nuestro país un liderazgo importante en la región, sin afectar de manera irremediable la relación con esos países.
Agregó que la siguiente Administración debe plantearse si hay que alinearse a un bloque de países que claramente están en el polo opuesto a la reciente historia democrática de México, asumir una posición tibia y neutra a pesar de los costos internos y externos que eso conllevaría, o mantener sustantivamente la misma posición, quizás con formas distintas pero votando de la misma manera en la que lo hemos hecho en los últimos años.
Por su parte, Luis Alfonso de Alba, subsecretario para América Latina y el Caribe, dijo que el principal reto que enfrenta la OEA es su democratización, empezando por las cuotas que aportan los Estados, encontrar más equilibrios y actualizar su agenda.
Señaló que temas como la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo deben ser los pilares en los que se enfoque el trabajo de la Organización, pues si falta uno de estos componentes estará incompleta.
Indicó que los 35 Estados miembro tienen problemas en el tema de democracia, los cuales deben ser resueltos por todos los integrantes.
En el caso de Venezuela, dijo que la participación de México se ha dado en el marco de las acciones de la OEA y busca el restablecimiento del orden democrático en ese país.
“Vamos a seguir trabajando en ese tema hasta el último día de la Administración, particularmente, en el éxodo masivo de venezolanos”, apuntó.
Respecto a la crisis que vive Nicaragua, recordó que nuestro país señaló los peligros que se provocarían al violentarse los procesos democráticos.
México, agregó, ha expresado su rechazo al exceso de la fuerza ante manifestantes y se pronunció a favor de encontrar una solución por la vía del diálogo.
Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, llamó a defender a la OEA, “porque sí representa los intereses de México, es plenamente coincidente con nuestra política exterior, tenemos que defenderla en un marco de crisis del multilateralismo”.
Señaló que la respuesta de México siempre tiene que ser defender el multilateralismo, pues nuestro país siempre ha encontrado en esta figura respuestas basadas en la cooperación y el derecho internacional.
Ruiz Cabañas sostuvo que “es un mito” que la OEA está dominada por un solo poder hegemónico, “vean los resultados del consejo permanente, los resultados de sus decisiones y la agenda que hoy se maneja en la organización; gran parte de esa agenda ha sido propuesta por México”.
Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, habló de las misiones de observación electoral, las cuales se efectúan desde 1962, y en las que la organización mide la violencia electoral, el financiamiento político-electoral y la injerencia o no de los gobiernos en los procesos electorales.
Dijo que un avance para la defensa de la democracia en la región, es la implementación de misiones de observación electoral que envía la OEA. “La democracia es camino, mucho más que destino. En este camino la OEA está comprometida con el fortalecimiento de la democracia y es evidente que México también”.
· COPARMEX pide que ajuste se dé mediante acuerdo nacional.
· Las Reformas Estructurales no establecieron objetivos claros para fortalecer el ingreso de las familias mexicanas.
Especialistas y economistas coincidieron en que es necesario cambiar el modelo de desarrollo económico para frenar el deterioro salarial de los mexicanos y fortalecer el mercado interno; y advirtieron que el aumento del ingreso no es algo que pueda alcanzarse simplemente con una ley o decreto.
En la mesa de análisis “Balance de las reformas estructurales en torno a los salarios”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, destacaron que el poder adquisitivo de los salarios tiene que ver con la agenda de desarrollo y la economía política que la ha sustentado en los últimos años.
La ex presidenta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Norma Samaniego, aseveró que una mejora sustancial de los niveles de ingreso, particularmente del salario, no es algo que pueda alcanzarse simplemente con una ley o decreto.
“Es mucho más complejo, pues va estrechamente ligado al tipo y calidad del empleo que pueda generarse, a la economía, al nivel y complejidad de las ocupaciones, implica migrar hacia estructuras competitivas de mayor nivel agregado, articular los distintos instrumentos de política económica y social hacia este objetivo y reorientar el modelo de desarrollo”, precisó.
Dijo que no se trata de un objetivo fácil o inmediato y requiere articular muy distintos instrumentos de política para este fin: cuidar los equilibrios macroeconómicos para evitar efectos desestabilizadores o inflaciones que se pueden salir de control, como la vivida en los años 80 que tuvieron un altísimo costo social y desplome acelerado de los salarios e ingresos.
La académica de la UNAM expuso que en este nuevo modelo, el Estado requerirá recuperar su papel como moderador y árbitro, hacer efectivas las garantías constitucionales o mínimas para la población asalariada, promover un marco institucional adecuado para una libre negociación colectiva entre capital y trabajadores, y orientar el proceso de desarrollo hacia una más equilibrada distribución del ingreso.
Mencionó que el salario no fue un objetivo explícito de las Reformas Estructurales y únicamente fue entendido como un precio más y no se establecieron objetivos de política claros en torno a su fortalecimiento en el tiempo. El mantenimiento de los salarios por debajo de los niveles del pasado ha sido funcional para la estrategia económica de los últimos años, apuntó
Dijo que la caída en el nivel del salario tiene repercusiones en otros ámbitos como el crecimiento de la pobreza, incita a la población a la búsqueda de ingresos ilícitos en la criminalidad y en la violencia, además de que es uno de los principales incentivos de la migración de carácter económico.
Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de COPARMEX, reconoció que el salario en México es de los más bajos de la región, pero pidió que se tenga “cuidado a la hora de determinar los ajustes, porque puede crear inflación y desempleo”.
Una de las preocupaciones del sector de los trabajadores --agregó-- es que cuando los salarios suben por las escaleras los precios suben por el elevador.
Destacó que la COPARMEX ha estado impulsando el ajuste para llegar a la línea de bienestar que establece el Coneval y “la meta que buscamos no es nada más la canasta básica, sino una canasta ampliada”.
Aclaró que, por lo menos, la proyección para diciembre es que el salario mínimo se ubique en los 102 pesos diarios, que es la propuesta que ha hecho COPARMEX; no obstante, “con un plan no tan impulsivo, que sea en 2030 cuando las familias tengan el ingreso mínimo”.
Dijo que en el nuevo proyecto de nación se habla que ese objetivo se alcance dentro del sexenio, pero para eso se necesita un acuerdo nacional “no es simplemente de hacer señalamientos y ajustes sin sentido”
El representante patronal señaló que uno de los compromisos a los que tiene que llegar los tres sectores es que los ajustes sean acordados con varias condiciones, como que el sector obrero no pase como factura directa a las revisiones contractuales, ya que el aumento debe estar relacionado con las capacidades y competitividad de las empresas.
Confió en que en estos meses se inicie la discusión de este tema y se tomen las determinaciones y pidió que no se polarice; “dejemos esa responsabilidad al Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, quien es la que determina esos ajustes”.
Juan Carlos Moreno Brid, de la Facultad de Economía de la UNAM, afirmó que el modelo económico actual está agotado y explicó que la razón del deterioro salarial va más allá del mercado laboral, pues tiene que ver con la agenda de desarrollo elegida y la economía política que la sustenta.
Indicó que, en los últimos años, el Estado abdicó de rol como mediador en la pugna de la distribución funcional del ingreso y se puso, de manera implícita o explicita, del lado de la patronal y en contra de los salarios, además de que no atendió la desigualdad.
El académico dijo que en las últimas décadas el valor del salario en México no sólo no ha crecido, sino que ha caído en términos reales en comparación con algunos países de Latinoamérica; más de la mitad de la gente no gana ni tres salarios mínimos y sólo 37 por ciento de los ocupados tienen ingresos laborales por más de tres salarios mínimos, refirió.
Opinó que la solución al problema salarial requiere de una nueva agenda de desarrollo hacia la igualdad y crecimiento, que permita reactivar el mercado interno, como motor de la demanda agregada y aplicar una política industrial, que favorezca el alza de los ingresos de las familias mexicanas.
Para Raymundo Campos Vázquez, especialista del Colegio de México, es el momento para poder optimizar el salario mínimo y el Estado tiene herramientas para impulsar una política salarial que mejore los ingresos de la población mexicana.
Consideró que en los siguientes años se tendrá una discusión más abierta y menos ideológica en promover la recuperación de los salarios para alcanzar los niveles que tenía hace 30 años.
· La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión deberá trabajar para cumplir con los puntos pendientes en materia laboral.
· México tiene un mercado laboral con muchos problemas, y de los peores a escala regional.
La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión tendrá que trabajar en los puntos pendientes o en cumplir con las metas que no alcanzó la Reforma Laboral, señalaron especialistas durante el foro “Balance de la reforma laboral”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
Jesuswaldo Martínez Soria, investigador del IBD, dijo que uno de los objetivos de la reforma era aumentar el número de empleos formales en 21 por ciento, lo cual se logró y se rebasó en los últimos seis años, con más de tres millones 800 mil.
Sin embargo, el crecimiento está asociado a las contrataciones temporales, en contraste con las permanentes que sólo aumentaron en 2.3 por ciento; lo anterior “atenta contra la estabilidad del empleo” y está asociada a bajos salario, ya que 80 por ciento ganan entre uno y dos salarios mínimos.
Refirió que se debe elevar la eficacia de las acciones que permitan garantizar los derechos laborales fundamentales – seguridad social, trabajo digno y desarrollo- mediante la reforma a los sistemas institucionales del Estado, en concreto, la seguridad social y el sistema de salud.
Además, se tienen que crear y mejorar los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley; fortalecer el registro y control de trabajadores y empresas en los sistemas fiscales y de seguridad social; reducir los costos de cumplimiento de la regulación; y consolidar la regulación de las actividades de subcontratación.
Arturo Alcalde Justiniani, titular de Asesoría Jurídica Laboral, comentó que muchos de los temas importantes de la reforma han sido ignorados, como la reducción de los juicios laborales y las reglas para controlar la subcontratación, la cual creció en lugar de reducirse.
Dijo que una de las primeras tareas del Senado de la República, en la nueva Legislatura, debe ser la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por el Presidente de México, en 2015, relativo a la libertad sindical y la contratación colectiva.
David Kaplan, especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, explicó que México tiene un mercado laboral con muchos problemas, y es de los peores a escala regional; con una informalidad muy alta, y para ejemplificar explicó que es 30 por ciento mayor que la de Brasil, “que incluso es algo más pobre”.
En la reforma laboral del 2012, apuntó, se desatendió la problemática de los trabajadores; y la legislación secundariam agregó, representa una oportunidad para lograr un buen proceso de conciliación, fortalecer el voto secreto y la transparencia de los sindicatos.
Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, señaló que en la Ley Federal del Trabajo aún existen candados en cuanto a derechos de los trabajadores, como la cláusula obligatoria de inclusión a un sindicato.
Abundó en que la nueva Legislatura del Senado deberá trabajar en la ley secundaria y poner énfasis en las conciliaciones para evitar un procedimiento ante los tribunales laborales en el Poder Judicial, y la expectativa de un juicio ágil y transparente.
Ángel García, senador electo, advirtió que el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales no han realizado las adecuaciones legislativas necesarias, acorde con la reforma, para lo cual tenían un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto.
