Para disfrutar más y mejor donde se vive Senado aprueba Ley Urbana: @pancho_burquez_

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    Por Nancy Rodríguez

*La nueva Ley  inserta a México en un modelo urbano del siglo XXI, indicó.

*La reforma impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, dijo.

*Expertos aseguran que es la Ley más importante de esta legislatura por su impacto en la calidad de vida.

El senador Francisco Búrquez Valenzuela presentó un dictamen de las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

El Senado de la República aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios el dictamen mediante el cual se crea la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, impulsada por el senador panista Francisco Búrquez Valenzuela, y que sustituye a la Ley General de Asentamientos Humanos de 1993.

En la elaboración de la ley participaron los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, gobierno federal, académicos y organizaciones ciudadanas, en un esfuerzo de 4 años.

Expertos en el tema señalan que esta reforma es “la más importante de esta legislatura, incluso por encima de las reformas constitucionales derivadas del Pacto por México”.

La ley, dijo, tiene por objeto sentar las bases de un nuevo modelo urbano incluyente, flexible y con participación ciudadana para enfrentar los retos de las ciudades en el siglo XXI.

El senador Francisco Búrquez, principal impulsor de esta iniciativa, explicó que “esta reforma es profundamente humana pues trata sobre las ciudades, las cuales son el hábitat del ser humano”.

“La Reforma Urbana plantea un modelo urbano que se adapta al ciudadano, cuyo centro es la persona”, añadió el legislador, “que es flexible, permite la evolución; que respete las nececesidades de la población cada vez más diversa”.

Otro punto a destacar de la reforma es que rescata el concepto de espacio público, es decir, las vialidades, las banquetas, los parques, las áreas verdes, como columna vertebral de la ciudad; y el barrio y los principios urbanos desde la experiencia humana.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano fue aprobada con el reconocimiento del trabajo encabezado por el senador Francisco Búrquez durante cuatro años de trabajo. Al recinto acudieron representantes de organizaciones civiles, expertos, funcionarios, entre decenas de personas que han sido parte fundamental en el proceso de esta reforma.

Los ejes sobre los que se sustenta la nueva norma se resumen en siete conceptos:

1.-“Derecho a la Ciudad”: garantía de que todos los habitantes deben tener acceso a infraestructuras, equipamientos y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales.

2.-“Equidad e inclusión”: garantía del ejercicio pleno de derechos de todos los habitantes en condiciones de igualdad, promoviendo la inclusión social a través de medidas que impidan la discriminación, segregación o marginación de individuos o grupos vulnerables, y para que todos los habitantes puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, viviendas, servicios, equipamientos, infraestructura y actividades económicas de acuerdo con sus preferencias, necesidades y capacidades.

3.-“Derecho a la propiedad urbana”: garantía de los derechos de propiedad inmobiliaria como base para el desarrollo económico de las ciudades procurando en todo momento la máxima certidumbre jurídica.

4.-“Productividad y eficiencia”: énfasis en la productividad y eficiencia económicas como eje del crecimiento en las ciudades mediante la consolidación de redes de vialidad y movilidad, energía y comunicaciones, creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y servicios públicos de calidad; así como, la maximización de la capacidad de la ciudad para atraer y retener talentos e inversiones, minimizando costos regulatorios y facilitando la actividad económica.

5.-“Protección y progresividad del espacio público”: creación de condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y grupos.

6.-“Sustentabilidad ambiental”: uso racional de los recursos renovables y no renovables, para evitar comprometer a las futuras generaciones.

7.-“Accesibilidad y Movilidad”: promoción de una adecuada accesibilidad que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas con medidas como la promoción de usos del suelo mixtos y compatibles, y densidades sustentables, un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los equipamientos y una efectiva movilidad urbana que privilegie las calles completas, el transporte público, peatonal y no motorizado.

Además, establece la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; fija los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos.

De la misma forma, define los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios que regulan la propiedad en los centros de población, y propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente, completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en la materia.

El dictamen aprobado se turnó a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

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