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Urge Senado a estados armonizar Ley General de Victimas

Escrito por

19 de diciembre del 2014

A casi dos años de vigencia de la Ley General de Víctimas, la mayoría de las entidades federativas aún no armonizan su legislación local al contenido de este ordenamiento.

Esto, a pesar de que contiene los mecanismos para garantizar el derecho a la asistencia, protección, atención, justicia o reparación integral del daño a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

También a pesar de que, el Decreto relacionado con esta legislación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2013, establece que las legislaturas locales contaban con un plazo de un año para realizar adecuaciones a su legislación.

Al 15 de octubre de este año, únicamente seis estados han registrado avances en la armonización de la norma: Aguascalientes, Colima, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Quintana Roo.

Ante este panorama, el Senado de la República hizo un llamado a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que homologuen a la brevedad su legislación, para cumplir con lo establecido en la Ley General de Víctimas.

En el dictamen con punto de acuerdo, avalado en días pasados, los senadores mencionan que Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas aún no han iniciado la adecuación de su normatividad.

Destacan que el respeto a los derechos fundamentales de las víctimas del delito constituye un elemento primordial para consolidar el sistema de libertades y garantizar un mejor ejercicio de los derechos humanos en un Estado democrático.

El Estado, manifiestan, debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley.

Entre las innovaciones de la Ley General de Víctimas se encuentran el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, no repetición y demás derechos consagrados en la Ley, la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano sea parte.                       

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