LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (531)

El Senado de la República aprobó una propuesta de la legisladora panista Gina Andrea Cruz Blackledge, mediante la cual se exhorta a  la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del "Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras", para la terminación de obras de infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, Baja California. 

Al presentar su propuesta ante el pleno, la senadora Cruz Blackledge señaló que la infraestructura aduanera es un tema estratégico y prioritario para nuestro país y en especial para las Entidades Federativas del Norte, ya que representa el medio para ofrecer un servicio eficiente y de calidad a los usuarios de comercio exterior, así como una medida más para reforzar la seguridad en nuestras fronteras. 

En ese sentido, recordó que autoridades de los tres órdenes de gobierno y aduaneras determinaron implementar el Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental con Clave en la Cartera Pública de Inversión 1706E000003 “Modernización y Ampliación del Cruce Mexicali I Calexico”, con el objetivo de realizar un reordenamiento y modernización total de la infraestructura, ya que presentaba un considerable deterioro debido a los años de uso. 

Además, dicho cruce no contaba con algunas instalaciones estratégicas necesarias, de acuerdo con los nuevos criterios de la operación aduanera, como son: fosas de revisión para la inspección minuciosa de vehículos ligeros, estacionamiento para los contribuyentes que desean presentar su declaración de manera voluntaria (autodeclaración), alojamientos para los Oficiales de Comercio Exterior (OCE’s) y para el personal de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) quienes son los encargados de brindar seguridad al punto, entre otras.                                             

Sin embargo, al 17 de septiembre de 2018, la obra reporta un avance físico del 61% con un monto de inversión reportado de 566 millones 735 mil 203 millones de pesos, provenientes del Fideicomiso “Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras” el cual está destinado al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 16-A y 16-B de la Ley Aduanera. 

Alertó que de entregarse e inaugurarse esta obra con el 61% de construcción y con la falta de infraestructura, se tendrán consecuencias económicas, de productividad y seguridad, de movilidad y ambientales, por lo que hizo un llamado a destinar los recursos necesarios para concretar la obra. 

 *Visibilizar y transparentar acciones de gobierno permite impulsar mejores prácticas: comisionada del INAI Blanca Lilia Ibarra

La senadora Minerva Hernández Ramos,  del GPPAN expresó la necesidad de evaluar la política pública en materia de desarrollo social, para garantizar un gasto público eficiente. 

Para ello, dijo, es relevante identificar la apertura, transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas de los programas y acciones de gobierno. 

Durante la presentación del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social 2018 (IDES) elaborado por la Gesoc, la legisladora por el estado de Tlaxcala destacó la importancia de contar con análisis técnicos que sean vinculantes para instrumentar la política de desarrollo social y, en consecuencia, combatir la pobreza. 

Advirtió: “El simple incremento en la asignación presupuestal a la población más vulnerable no significará que se logren los objetivos”. 

“La población en situación de pobreza en el país se ha mantenido constante, casi en la misma proporción, desde 1992. Esto quiere decir que, a medida que la población mexicana ha ido incrementando, la población en pobreza no ha disminuido ¡sino que ha aumentado en la misma proporción!”. 

La senadora panista señaló que la alternancia que se dará en el gobierno Federal y en algunos estados es relevante para dar paso a replantear la política de gasto en materia de desarrollo social. 

“Es necesario partir de una eficiente gestión de gasto público, de hacer más con menos”, precisó.

Al hacer referencia a Tlaxcala, Hernández Ramos subrayó que los resultados del IDES 2018, lo identifican como uno de los tres estados con el nivel más precario de capacidades institucionales para el desarrollo social.

Por su parte, la comisionada de lNAI Blanca Lilia Ibarra, precisó que el Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) es un instrumento de utilidad social que contribuye a empoderar al ciudadano como un vigilante que controla el ejercicio del poder público.

“El IDES 2018 es un instrumento que, basado en el principio del uso de la información públicamente disponible, contribuye a fortalecer la transparencia de la política de desarrollo social en las entidades federativas al tomar como principio metodológico rector de su análisis, las obligaciones de transparencia previstas en la Ley General de Transparencia y las leyes locales en la materia”, subrayó la comisionada.

Ibarra Cadena destacó que el estudio dado a conocer por la organización Gestión

Social y Cooperación, A.C. (GESOC) resultó ganador del Primer Lugar del Premio a la Innovación en Transparencia en su edición 2018, en la categoría “Organizaciones de la Sociedad Civil”, premiación que se llevará a cabo a principios del mes de octubre, en el marco de la Semana Nacional de Transparencia. 

“Dicho certamen, impulsado por el INAI desde el 2011, es un merecido reconocimiento a las prácticas que promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, tanto en el ámbito público como los sobresalientes esfuerzos que realiza la sociedad civil”, apuntó la comisionada Blanca Lilia Ibarra. 

A la presentación del informe IDES 2018 asistieron Martí Batres Guadarrama, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores; los senadores Guadalupe Murguía Gutiérrez, Xóchitl Gálvez Ruiz, Gustavo Madero Muñoz, Indira Rosales San Román, Andrea Cruz Blackledge, Nadia Navarro Acevedo y Guadalupe Saldaña Cisneros así como Daniel Trujillo Cuevas, representante del gobierno del estado de Jalisco; Alejandro González, presidente del Consejo Directivo de Gesoc; Blanca Lilia Ibarra, comisionada del INAI; Javier González, oficial Nacional del Gobernabilidad Democrática del PNUD.

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, senador Ricardo Monreal,  anunció que solicitó de manera formal a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) una inspección especial sobre los recursos públicos en el proceso de entrega-recepción  de la LXIII a la LXIV legislatura.

Destacó la decisión institucional de establecer medidas de racionalidad y orden en las tareas parlamentarias  y en particular en las de carácter administrativo que involucran la autorización de recursos públicos provenientes del presupuesto de egresos de la Federación.

En conferencia de prensa, dio a conocer que José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de JUCOPO, será enlace de la Cámara de Senadores para la planeación y desahogo de ésta auditoría.

Por otro lado, informó que ante las inundaciones que afectaron los estados de Michoacán, Baja California, Sonora y Sinaloa ocasionadas por la depresión tropical 19-E, la Junta de Coordinación Política acordó convocar a formar centros de acopio de víveres y apoyos que se puedan brindar a los damnificados.

Ricardo Monreal reconoció la pronta reacción de las fuerzas armadas que aplican el Plan MX en las comunidades afectadas y que los diferentes Grupos Parlamentarios del Senado de la República expresarán mañana, en el Pleno, su solidaridad con los estados que están padeciendo desastres con motivo de las inundaciones.

En otro asunto, los senadores que conforman la JUCOPO avalaron el acuerdo por el que se formaliza la licitación para la venta de más de 100 automóviles propiedad de la Cámara Alta, la cual será abierta y totalmente transparente.

A fin de evitar la especulación, los coordinadores de los diversos Grupos Parlamentarios determinaron que la venta se lleve a cabo  unidad por unidad y no en flotilla.

El senador indicó que la subasta se hará mediante licitación pública y sólo se reservarán los automóviles utilitarios para el traslado de comisiones o de material de las oficinas.

Por otra parte, el órgano de gobierno acordó la inscripción con letras doradas en el Senado de la República, en referencia al Movimiento Estudiantil de 1968, a 50 años de la masacre de Tlatelolco, “será histórico porque son la primeras letras que se inscriban en los muros del Senado”, señaló.

Explicó que para este fin  se creará una Comisión Plural que tendrá a su cargo designar el lugar específico donde se ubicará dicha inscripción.

Ricardo Monreal informó que en la reunión de la JUCOPO los legisladores convinieron  solicitar  a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR el expediente del caso Odebrecht para analizarlo y decidir sobre las acciones que se habrán de emprender.

Respecto a los recursos que se ahorrarán con el plan de austeridad que se lleva a cabo en el Senado de la República, desde el primero de septiembre, la Junta de Coordinación Política instruyó a la Junta de Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Pública  crear un grupo de trabajo integrado por un representante de cada Grupo Parlamentario para dar seguimiento al ejercicio de los ingresos provenientes de los recortes presupuestales derivados de las medidas de austeridad.

Asimismo, indicó que la JUCOPO propondrá al Pleno un exhorto al Tribunal Superior Agrario, para que informe sobre los asuntos que se han ventilado y que presumen que puede haber tráfico de influencias y vinculación de despachos para defender negocios en detrimento del erario.

En el punto de acuerdo se pide, además, al Tribunal Agrario un informe acerca de sentencias concretas resueltas por el Tribunal Unitario en Tuxtepec, que explique los juicios en trámite que están relacionados con la Sedatu y precise los montos demandados y las superficies que comprenden.

Tiene que ver con pagos en donde se allanan las autoridades, no interponen recursos y dejan condenado al Estado mexicano para pagar cantidades exorbitantes sin que Sedatu o el Tribunal puedan cuidar el patrimonio de la nación, puntualizó.

  • El llamado es para la CNDH, la Secretaría de Salud y el gobierno de Jalisco para determinar sanciones. 

El Senado de la República exhortó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que realice una investigación exhaustiva del manejo de cadáveres encontrados en dos contenedores móviles operados por la Fiscalía General de Jalisco y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

El propósito es determinar determine las posibles responsabilidades en que pudo haber incurrido el gobierno del estado de Jalisco, a través de la Fiscalía General del estado, y recomiende las responsabilidades a las que hubiere lugar.  

Asimismo, la Cámara de Senadores hizo un llamado al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, inicie una investigación para determinar posibles sanciones a las que se hagan acreedores servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.

También exhortó al gobierno de Jalisco para que deslinde las responsabilidades correspondientes en el caso.

          Por Nancy Rodríguez

  • Reformarán la fracción XL al artículo 3o y  el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; así como el artículo 20 de la Ley Minera.

La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath planteó reformar la Legislación Secundaria para que en las Áreas Naturales Protegidas se prohíban las actividades de la industria extractiva petrolera y minera; además, de impedir la introducción de especies exóticas invasoras que las pongan en riesgo.

También en las zonas marinas quedará prohibido realizar obras y actividades de exploración o extracción de minerales submarinos y, para el caso de concesiones mineras, éstas se podrán ubicar fuera de las Áreas Naturales Protegidas.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena presentó en el Pleno del Senado una iniciativa para adicionar la fracción XL al artículo 3o y reformar el artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y  el artículo 20 de la Ley Minera, para los fines mencionados.

La senadora Trasviña Waldenrath explicó desde la tribuna que su propuesta de reformas y adiciones a ésta legislación, se debe a la existencia del proyecto minero llamado “Don Diego”, en Baja California Sur, que podría ocasionar daños irreversibles al fondo submarino y afectaría a especies en peligro de extinción, en específico a la tortuga caguama.

Señaló que esas prácticas resultan inadmisibles, ya que atentan contra los intereses de la Nación y la protección del medio ambiente que demanda la sociedad.

“Debemos redoblar esfuerzos para asegurar la protección de nuestras Áreas Naturales Protegidas de las actividades de la industria extractiva, como la minería, la extracción de petróleo y gas”, remarcó la senadora.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Estudios Legislativos.

           Por Nancy Rodríguez

  • Asegura que México ya cambio y ahora se legislará para los trabajadores.
  • Se revivirá convenio sobre trabajo doméstico, anuncia.

El senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, hizo un llamado al sector empresarial a que no se preocupen por la ratificación del Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo (OIT), relativo al derecho sindicación y de negociación colectiva.

Al término de la sesión, donde el Pleno aprobó el acuerdo por unanimidad, con 78 votos, explicó que este instrumento internacional beneficia a los trabajadores y a los sindicatos, por lo que exhortó a las organizaciones patronales “a que lo vean con ojos de muy alta visión”.

En entrevista, el legislador subrayó que México ya cambió y adelantó que próximamente se “revivirá” el Convenio 189 de la OIT sobre trabajadoras y los trabajadores domésticos.

“No deben de preocuparse, queremos legislar para los trabajadores y trabajadoras; es la hora del trabajador”, señaló.

Monreal Ávila comentó que ahora la preocupación principal es cómo la clase obrera recupera su poder adquisitivo y cómo garantizar su libertad y democracia sindical; “libertad de asociarse, eso es lo que establece la OIT”.

En otro tema, el coordinador de la bancada de Morena, también llamó al PRI y al PAN a que se reintegren a la Asamblea, tras su desacuerdo por la regulación de los tiempos en las intervenciones, pues “los necesitamos”, dijo, para deliberar, debatir y luchar a favor de México.

“El acuerdo que hoy cuestionan fue avalado por ellos. Cambiaron de punto de vista por otras razones hoy por la mañana”, informó El presidente del Senado

Así lo aclaró en su cuenta de twiter Marti Batres luego de la “rebelión” de las bancadas de Acción Nacional y del PRI, al aprobarse por mayoría la reducción del tiempo de Senadores en tribuna que fue propuesto por la Bancada de MORENA.

El coordinador de los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chong público en su cuenta de twiter lo siguiente:

La Mesa Directiva que preside @martibatres quiere limitar la participación de la oposición. No al #AcuerdoMordaza

 “Con todo respeto senador, eso no es así", le refutó Batres a Osorio Chong

“Acabamos de escuchar la participación de la senadora de su partido en la sesión del pleno. Y siempre han participado en todos los debates sus legisladoras y legisladores. Le mando un abrazo”, expresó, el presidente del Senado.

  • En los documentos entregados por la LXIII legislatura no se menciona el destino de los 50 millones que aportaron los legisladores.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, lamentó que a un año del sismo del 19 de septiembre los damnificados aún no han recibido los recursos que fueron donados para la reconstrucción y que exista opacidad en su aplicación.

Se pronunció por exigir rendición de cuentas y transparencia porque no aparecen los recursos que donaron ciudadanos, legisladores y partidos políticos.

“Pareciera que hay toda una serie de confusiones y opacidades y que no dan cuenta de lo que se aportó por parte de organismos internacionales, instituciones bancarias, empresas e instituciones públicas como el Senado de la República”, señaló el también coordinador de Morena. 

En entrevista posterior al simulacro para recordar los sismos de septiembre de 1985 y 2017, Monreal Ávila reveló que en el caso de los 50 millones de pesos que el Senado de la República se comprometió a donar en el último año de la LXIII legislatura no se sabe dónde están.

“Indebidamente los damnificados no han recibido los recursos, incluso nos han pedido información también en el Senado de una aportación que el Senado se comprometió por 50 millones de pesos y no aparece por ningún lado. No sé si no donaron, no sé si se quedó en el camino o no sé dónde están”, indicó.

Ricardo Monreal informó que en los documentos que recibieron como nueva legislatura no se incluye información de estos 50 millones, por lo que se realizará pronto una auditoria externa.

“Vamos a hacer una auditoria pronto para saber dónde quedaron esos 50 millones, ahorita lo importante es expresar nuestra solidaridad, que ya lo hicimos en el grupo parlamentario con las víctimas del 19 de septiembre, hace un año que pasó esta tragedia y aún no se logra, ni se va a lograr nunca una tranquilidad para todos aquellos que perdieron a su familia, su casa, su patrimonio”, aseguró.

Es por esto, dijo, que la transparencia es parte fundamental para recobrar la confianza ciudadana.  

  • La iniciativa establece que desempeñará su encargo por siete años, y será de carácter irrenunciable e improrrogable. 
  • El Fiscal General podrá ser removido por la SCJN por las causas graves que establezca la ley.

El senador Juan Zepeda, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa para reformar los artículos 76, fracción XIII, y el artículo 102, Apartado A, y derogar la fracción IX del artículo 89 de la Constitución.

Propone regular la elección del Fiscal General de la República y Fiscales especializados; y así, el órgano autónomo encargado de la Procuración de Justicia en México, estará en aptitud de contribuir al fortalecimiento del régimen federal y del sistema democrático.

La iniciativa reforma la fracción XIII del Artículo 76 para establecer el mecanismo de elección del Fiscal General de la República y Fiscales Especializados.

En la designación del titular de la Fiscalía General estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso; desempeñará su encargo por un período de siete años, cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones, señala el proyecto.

El Fiscal General podrá ser removido por la SCJN por las causas graves que establezca la ley; y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión dentro del ámbito federal, local o municipal con excepción de actividades académicas.

La iniciativa prevé que el titular de la Fiscalía General de la República podrá ser sujeto de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución.

Además de que los cargos de Fiscal General de la República y Fiscales Especializados serán de carácter irrenunciable e improrrogable; y sus titulares sólo podrán separarse de ellos por enfermedad grave, responsabilidad penal o administrativa conforme a lo establecido en la Ley.

Deroga la fracción IX del Artículo 89 de la Constitución General que da al Presidente de la República la facultad de intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo.

Y reforma el apartado A del Artículo 102 de la Constitución para contar con un marco jurídico a nivel constitucional que dé mayor certeza en el procedimiento de nombramiento del Fiscal General de la República, y establece la función de la Institución del Ministerio Público.

La iniciativa del senador Juan Zepeda, fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos para su posterior dictaminación.

           Por Nancy Rodríguez

  • En el artículo 4 se establece que el Estado garantizará su integración y participación en las políticas y programas públicos. 

El 11.3 por ciento de la población en México tiene 60 años o más, es decir, uno de cada 10 mexicanos es adulto mayor, y la atención de este grupo demográfico representa un reto mayúsculo, señaló la senadora Nuvia Mayorga, al presentar una iniciativa para reformar el artículo 4 de la Constitución, para establecer que el Estado garantizará la integración y participación de los adultos mayores en las políticas y programas públicos.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional explicó que en el país hay 13.8 millones de adultos mayores, 53.8 por ciento son mujeres y 46.2 por ciento son hombres; y sólo de 2014 a 2016 esta población aumentó en 1.1 millones.

A través de acciones explícitas de los gobiernos Federal, estatales y municipales en los términos que establezca la Ley; y con ese fin proveerá de los recursos públicos que sean necesarios para que este sector de la población no se vea vulnerado en sus derechos y tengan expectativas favorables en su última etapa de vida.

El proyecto estipula que en un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá emitir una Ley General para el Desarrollo Integral de Adultos Mayores, y abrogar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Y en un plazo de nueve meses, las legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar sus constituciones y ordenamientos legales; y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes.

En un plazo máximo de 12 meses, el gobierno federal deberá presentar un Programa Interinstitucional en el que se definan acciones y recursos para promover el desarrollo integral de los adultos mayores.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Desarrollo Social y de Estudios Legislativos para su análisis.

  • Convivió con el personal de Comunicación Social y conoció detalles de algunas de sus actividades laborales.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, recorrió diversas áreas de la Cámara Alta, con el fin de tener un acercamiento con el personal y conocer detalles de sus actividades laborales.

Con interés y amabilidad Monreal Ávila visitó las oficinas de Comunicación Social, ubicadas en el Sótano 2 del Hemiciclo, donde saludó de mano a todos y cada uno de los trabajadores, a quienes les agradeció el esfuerzo y empeño que cada uno realiza durante su jornada todos los días.

En su recorrido, Ricardo Monreal, también saludo a los representantes de los diversos medios de comunicación que a diario cubren las actividades legislativas que realizan las senadoras y senadores.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena seguirá haciendo recorridos en todas y cada una de las oficinas que conforman el Senado de la República, para conocer de cerca el funcionamiento de las diversas áreas, pero, sobre todo, para tener un acercamiento con el personal que labora en ellas.

Acompañado del Coordinador de Comunicación Social del Senado, Abelardo Martín Miranda y del Director de Enlace con Medios, Paris Cervantes, así como de sus más cercanos colaboradores, como Alejandro Rojas Díaz Durán y José Manuel del Río Virgen, el senador Ricardo Monreal repartió el libro de su autoría “Desafíos”, El Senado la Cuarta Transformación; donde expone sus reflexiones acerca de las muchas tareas y responsabilidades que habrán de asumir las y los legisladores los próximos seis años y los retos para renovar el quehacer parlamentario.

         Por Nancy Rodríguez

  • Las empresas que trabajan de manera ilegal con este modelo, tienen afectaciones al fisco y a los trabajadores, por un monto superior a los 277 mil millones de pesos.

La modalidad de subcontratación, también conocida como outsourcing, se está convirtiendo en un grave problema para nuestro país y especialmente para los quintanarroenses, dado que permite empleos sin que las compañías se responsabilicen por los trabajadores.

Así lo denunció la senadora del Grupo Parlamentario de Morena, Freyda Marybel Villegas Canché quien, propuso una reforma el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, que obliga a las empresas contratantes a que brinden condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.

“Se espera que con la implementación de la NOM para regular la subcontratación, las empresas tendrán que certificarse y demostrar las actividades que llevan a cabo. Además, deberán dar de alta los sueldos adecuados para el personal, dar contratos, pagar impuestos, IMSS, Afore, Infonavit e IVA, sin embargo, consideramos que estos aspectos deben estar regulados a nivel de ley con la finalidad de garantizar los derechos laborales de los trabajadores y garantizar que todas las empresas que se dedican a la subcontratación estén debidamente certificadas”, abundó.

Al fundamentar la propuesta la senadora morenista señaló que el outsourcing, según estimaciones de GINgroup, este esquema emplea alrededor de 2 millones de personas en México y tiene un valor de 6 mil millones de dólares.

“Para este año la industria de la contratación a través de un tercero espera un crecimiento aproximado de 5 por ciento. Tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo de diciembre de 2012, tituló subcontratación a un modelo especifico de negocio contenido en los artículos 15-A a 15-D, sin haber derogado el modelo de intermediación que existía hasta ese momento, independientemente de que define al trabajo en régimen de subcontratación como”…aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”, aseguró.

La senadora lamentó que este tipo de empresas vulneren los derechos laborales y reveló que se han generado prácticas donde los trabajadores firman sus renuncias cuando formalizan su contrato, lo que deja mucho que decir de este tipo de contrataciones, porque deshumaniza al trabajo dejándolo en un plano meramente comercial y restringiendo los derechos laborales de los trabajadores bajo esta modalidad.

“Como podemos observar los vacíos jurídicos que genera la indefinición de la subcontratación violenta estos principios, además de que genera importantes afectaciones económicas. Se estima que las empresas que trabajan de manera ilegal con este modelo, tienen afectaciones al fisco y a los trabajadores, por un monto superior a los 277 mil millones de pesos”. dijo.

La iniciativa se turnó a las Comisiones Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos.

 

 

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia confirmó en privado, ante jueces y magistrados, la incertidumbre que priva al interior del Poder Judicial sobre las medidas que adoptará el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo, en materia de salarios y prestaciones. 

"No sabemos lo que va a pasar", dijo el Ministro Luis María Aguilar en un audio filtrado que ha sido difundido en redes sociales recientemente. 

En la grabación de once minutos, de la que no se aprecia algún recorte o edición, Aguilar critica el desconocimiento de algunos legisladores sobre realidades y marco normativo del Poder Judicial. 

 

Audio

Presidente de la SCJN defiende sueldos y prestaciones de juzgadores https://mx.ivoox.com/es/28491218 

 

"Las pensiones son condiciones que la gente afuera inclusive los legisladores ni siquiera tienen ideas claras de esto", explica Aguilar. 

Expone que los legisladores creen que se trata de un fideicomiso para pagar sus pensiones y señala el Mnistro Presidente lo siguiente:

"No se necesita fideicomiso, no existe, y sin embargo se atreven a hacerlo en iniciativas como si de veras supieran que existe. Eso es uno de los riesgos que tenemos, que hay falta de información de estas personas de lo que realmente se dice en la Constitución", agrega. 

El Ministro Presidente reitera varias veces que busca que se respete el derecho de los juzgadores a la no disminución de sus percepciones, y prefigura dos escenarios en los que esto podría intentarse. 

"Uno seria en la elaboración del Presupuesto de Egresos que emite la Cámara de Diputados, donde pueden poner restricciones, y no habría prácticamente en ese momento una condición de poder enfrentarlo rápidamente", advierte 

El otro escenario sería reformas a la Ley Reglamentaria del Artículo 127 Constitucional, que regula los salarios, y sobre el cual Aguilar dijo que el mismo y su gente han tenido acercamientos con los legisladores, para que se respeten las condiciones constitucionales de los juzgadores.

Aguilar informó a los jueces que no tendrán el aumento salarial tradicional de 5 por ciento anual, adelanta su creencia de que se podrá mantener el seguro de gastos médicos mayores en 2019, porque se pagó en 2018, pero alerta sobre el seguro de separación individualizado, en el que el Gobierno aporta un ahorro equivalente al del trabajador. 

"Sé que a la aseguradora lo tiene sumamente preocupada, a Metlife, porque si nos quitaran esto pues muchos estaríamos pidiendo que nos dieran lo que tenemos acumulado, y no hay entidad financiera en el mundo que pueda entregar el dinero de todos los depositantes inmediatamente", afirmó Aguilar sobre los comentarios que López Obrador ha hecho sobre el Poder Judicial, al cual ofreció respeto en el desayuno del 10 de agosto, cuando el Ministro adelanto que en 2019 bajaran 5 mil millones de pesos de su presupuesto con respecto a 2018, una baja de 7 por ciento. 

"Seguiremos buscando el nexo con los funcionarios y con el propio Presidente López Obrador, las opiniones que ha vertido es no propiciar ninguna reforma Constitucional que afecte al Poder Judicial y respetar las decisiones que tomen los tribunales, de tal modo que con esa visión estamos hablando en buenos términos con él, vamos a ver las realidades conforme se vayan presentando las iremos también enfrentando también nosotros", concluyó entre aplausos de los presentes.

 

Audio

Presidente de la SCJN defiende sueldos y prestaciones de juzgadores https://mx.ivoox.com/es/28491218 

 

          Por Nancy Rodríguez

  • Se busca que puedan ser vinculados a proceso por delitos del orden común o federal, independientemente de su jerarquía.

La senadora Xóchitl Gálvez presentó una iniciativa que tiene como objetivo eliminar la figura de fuero constitucional y establecer que todo servidor público pueda ser vinculado a proceso por delitos del orden común o del orden federal, independientemente de su jerarquía o cargo.

A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la legisladora dijo que ninguna propuesta efectiva de combate a la corrupción puede diseñarse, sin eliminar el fuero de impunidad institucional del que gozan gobernantes y representantes populares, comenzando por el Presidente de la República.

Expresó que en el contexto del combate frontal a la corrupción, su bancada plantea eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos, de manera que puedan ser acusados y enjuiciados por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal, con penas de destitución y responsabilidad penal administrativa y civil.

Con esta propuesta, agregó, se atiende el principio de igualdad jurídica, es decir, que todas las personas sean tratadas de la misma forma por la Ley.

No obstante, dijo que existe el riesgo de que el eliminar el fuero conduzca al debilitamiento de las instituciones, pero “creemos necesario correr el riesgo de eliminar el fuero en aras de terminar con la impunidad que tanto lastima a la sociedad y que tantos males ha provocado a México”.

Recordó que la semana pasada, fue convocada a comparecer ante el Ministerio Público, “por un supuesto delito de daño a propiedad ajena, y el viernes pasado, me presenté haciendo caso omiso al fuero porque estoy convencida que todos tenemos que ser iguales ante la Ley”.

Comentó que “por haber demolido dos pisos ilegales, en Horacio 1205, se me acusó de daño a propiedad ajena. Y como el que nada debe nada teme, presenté las pruebas que acreditaban que fue totalmente apegado a Derecho”.

La iniciativa que reforma los artículos 61, 111, 112 y 114 de la Constitución, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos.

            Por Nancy Rodríguez

  • Citará la Jucopo al Auditor Superior de la Federación, para que informe sobre los supuestos desvíos de recursos en Sedesol.
  • Se acabó el turismo parlamentario en la Cámara Alta.

El Senado no hará juicios de valor pero tampoco callará ante la presunción de desvíos de recursos públicos, incluso “nos reservamos el derecho a presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República”, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, el legislador planteó la necesidad de crear una comisión que investigue el posible desvío de recursos denunciado en la Sedesol y Sedatu, y planteó que los titulares de dichas dependencias acudan a la Cámara Alta a comparecer.

Monreal Ávila, también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, consideró que el propio auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, será citado ante la Jucopo con el objeto de que informe a los legisladores, a detalle, sobre las investigaciones que ha emprendido el organismo a su cargo en torno al desvío de recursos en Sedesol y Sedatu.

“No puede mantenerse en una anécdota mediática, creo que no lo merece el pueblo de México. Nosotros hemos reiterado que es importante que la Cuarta Transformación de la vida pública del país, inicie realmente con todo el propósito de limpiar las instituciones, de darle una sacudida al viejo régimen y de no permitir que las prácticas de corrupción y de deshonestidad, simplemente se olviden y se entierren”, sentenció.

Ricardo Monreal señaló enfático que no habrá impunidad para nadie y que si las investigaciones arrojan responsabilidad de algún funcionario éste  tendrá que enfrentar la ley.

Medidas para erradicar el turismo parlamentario

Por otra parte, el líder de Morena recalcó que en el  Senado  se acabó el turismo parlamentario y, por ello,  se determinó que los legisladores sólo acudirán a 8 de los 22 viajes que se tenían programados, tan sólo para los meses de septiembre a diciembre, Panamá, San Petersburgo, Austria, Indonesia, Buenos Aires y Canadá.

Explicó que se avisó a estos foros que los senadores de México no participarán en ellos, “porque habíamos iniciado una política de Estado sobre austeridad republicana”, pero se les dará seguimiento a través de medios de comunicación electrónica y digital.

Nos va a facilitar el acceso para estar virtualmente presentes en las plenarias y dar seguimiento a los acuerdos que ahí se tomen,  precisó.

Monreal Ávila informó que de octubre a diciembre hay programados, cuando menos, 22 eventos, aunque algunos hablan de 30, en distintas partes del mundo. Se están clasificando, junto con expertos del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y de la Comisión de Relaciones Exteriores, para considerar cuáles son las interparlamentarias prioritarias.

Comentó que son ocho las interparlamentarias prioritarias que se llevarán a cabo de octubre a diciembre y que se plantearán a la Junta de Coordinación Política para que senadores mexicanos puedan asistir.

Los foros son: el Tercer Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático, la Cuarta Parte de la Sesión Ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Cumbre Parlamentaria de Buenos Aires y Foro Parlamentario en Ocasión del G20.

La Asamblea Anual del PARLATINO, Conferencia Mundial sobre Parlamento Electrónico, la 24 Conferencia de las Partes COP24, la Reunión Parlamentaria en el Marco de la Adopción del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.    

Ricardo Monreal  señaló que con estas medidas se elimina casi el 70 por ciento de los viajes al extranjero que se tenían programados para lo que resta del año y para ir erradicando el turismo parlamentario.

Finalmente, subrayó que la Cámara de Senadores, sin trivializar la austeridad, tiene que ser un ejemplo en el país y en el mundo; “porque les quiero decir que lo mismo que estamos haciendo, también vamos a plantearle a los otros poderes, al Poder Judicial, a los organismos autónomos, a los gobiernos estatales, a los Congresos Locales, que la austeridad sea una Política de Estado, no un asunto de ocurrencias”.

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