LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (629)

  • Analizan variantes de la seguridad nacional en el Senado. 

Al inaugurar el foro Seguridad Nacional: Desafíos y Oportunidades en el Contexto del Nuevo Régimen, el senador Félix Salgado Macedonio subrayó que para algunos en México “la corrupción no es un delito, es deleite”, pero ahora se trabaja para tipificar este flagelo como un ilícito grave sin derecho a fianza, así como para eliminar el fuero constitucional. 

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional recalcó que sólo atacando las causas sociales que dan origen a la violencia se podrá garantizar una verdadera seguridad. Refirió que existen comunidades completas desplazadas por el fenómeno del narcotráfico y la violencia, generadas por la pobreza extrema, el abandono y la corrupción. 

Salgado Macedonio sostuvo que la seguridad nacional ha sido un tema tabú, secreto. No obstante, dijo, son políticas públicas que atañen a todos y que hoy, senadoras y senadores trabajan para que la sociedad se interese en temas que la han lastimado por tanto tiempo. 

En este sentido se refirió a lo dicho por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, “queremos un ejército de paz, apegado a la sociedad y la sociedad apegada a su ejército”. No los vamos a dejar solos, porque verdaderamente vamos a trabajar, aseguró. 

En la primera mesa de análisis se abordó el significado de seguridad nacional. El doctor Francisco Gallardo Rodríguez dijo que la falta de claridad en los conceptos “nos llevan a cometer errores muy graves -como los que hemos visto en toda la historia de México-” y que se ven reflejados en el “colapso del Estado y en una crisis humanitaria nunca vista en el país”. 

En tanto, la consultora Beatriz Ramírez Saavedra destacó que, en términos generales, la seguridad nacional se encarga de resguardar y asegurar las condiciones que permiten el desarrollo del proyecto nacional. 

Advirtió que con la globalización han surgido poderes fácticos que desafían al poder del Estado, como los mercados, el narcotráfico, el crimen organizado, así como las corporaciones que surgieron aprovechando los avances tecnológicos y el periodo de desregulación donde se liberaron muchos bienes públicos. 

En las diversas mesas de trabajo, los expertos y académicos abordarán temas de seguridad nacional, energética, alimentaria, medioambiental, hídrica, transfronteriza y la relativa a fenómenos naturales. 

También participaron Gabriel García Reyes, de la UNAM; Jesús Cavazos de la Garza, del Instituto Benenfeli, Monterrey, Nuevo León. 

El foro es organizado por en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Ticomán, Ciencias de la Tierra del IPN, con apoyo de la Red de Especialistas en Seguridad Energética, el Colegio Autónomo de México y la UVM Campus San Rafael.

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, dio a conocer que de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, el Senado de la República recibió el Certificado de Plata, con un puntaje de 92/100 puntos. 

Esta NOM, explicó,  es una certificación voluntaria que reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no discriminación que favorecen el desarrollo integral de sus colaboradoras y colaboradores. 

Los ejes principales de la Norma Oficial son: incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades. 

Además, reconoce que alcanzar la igualdad sustantiva es un proceso que requiere la transformación de la cultura organizacional. 

Uno de los principios del certificado es la progresividad, misma que se aplica a través de la mejora continua hacia el logro de los resultados óptimos.

 

La Cámara de Senadores aprobó en sus términos la minuta que reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar al Presidente de la República a constituir comisiones consultivas y presidenciales que permitan “el mejor despacho de los asuntos a su cargo”.

El dictamen se ratificó con 56 votos a favor, 38 en contra y cinco abstenciones. Se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 

El proyecto de decreto establece que las comisiones consultivas serán conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil de reconocida capacidad o experiencia, designados por el Presidente de la República. 

Tendrán la finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el decreto de su creación. Podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo y sus conclusiones no serán vinculantes. 

Respecto de las comisiones presidenciales, éstas se conformarán por integrantes como los descritos anteriormente, así como por ex servidores públicos y funcionarios de otros poderes u órdenes de gobierno. 

Se constituirán como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para la toma de decisiones. 

La minuta enviada por los diputados mantiene la actual atribución del titular del Ejecutivo Federal para crear comisiones intersecretariales, pero agrega que éstas atenderán asuntos donde deban intervenir varias secretarías de Estado; estarán integradas por sus titulares y otros funcionarios de la administración pública federal. 

Se explica en el documento que los tres tipos de comisiones podrían formarse en el seno de la administración pública federal y su integración será resuelta por el Presidente de la República mediante designación directa. 

Del mismo modo, su creación, término de operación y extinción será determinado por el titular del Ejecutivo Federal. 

Se aclara que bajo esta regulación, las comisiones cumplirán funciones que mejorarán el ejercicio de la función pública y optimizarán la coordinación entre dependencias, entidades federales, órganos de otros poderes, estados, municipios y la participación de la sociedad civil en temas específicos en los que el gobierno tome decisiones. 

Puntualiza que el cargo de los integrantes de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no quedarán inhabilitados para desempeñar otra función pública o actividad privada. 

El senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Gobernación, explicó que los tres tipos de comisiones son instrumentos administrativos que se insertan en forma coherente en el esquema jurídico que sustenta esta ley. 

Hizo un llamado a votar en favor del dictamen porque se trata de una reforma oportuna que dota de formalidad jurídica y potencia la eficacia de las funciones de la administración pública federal. 

A su vez, el senador Manuel Añorve Baños, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, manifestó -como legislador del PRI- su desacuerdo con las comisiones presidenciales, particularmente con las facultades de investigación y de fiscalización que se les otorgan. 

Advirtió que con estas atribuciones se trastoca la división de poderes, además que son contrarias a la Constitución, ya que invaden facultades de la Fiscalía General de la República y de la Cámara de Diputados. 

En los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la senadora Elizabeth Ávila, de Encuentro Social, dijo que la reforma al artículo 21 es indispensable porque obliga al Ejecutivo Federal, y a sus dependencias, a crear comisiones a las que se confiere la capacidad de investigar y fiscalizar la ejecución de la política pública. 

Abundó en que dichas entidades se suman a las comisiones intersecretariales ya existentes, para dotar de flexibilidad y gobernanza a la acción del Presidente. 

Por el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera señaló que a las comisiones presidenciales se le otorgan facultades de investigación y fiscalización por decreto para casos como el de Ayotzinapa. Indicó que éstas tendrían que estar apoyadas por el Ministerio Público de la Federación, los fiscales y la Fiscalía General de la República. 

Explicó que las investigaciones no deben ser vinculatorias, sino sólo orientar y no sustituir la obligación del Estado sobre realizar el debido proceso. En caso opuesto, agregó, se vulnera lo establecido en el artículo 16 de la Constitución, que señala los actos de molestia realizados por las autoridades. 

Al manifestar el voto en favor del PT, el senador Joel Padilla Peña sostuvo que las comisiones en mención cristalizan el compromiso de la Cuarta Transformación de escuchar y atender las demandas ciudadanas. 

La participación de académicos, investigadores, representantes de la sociedad civil y de los sectores empresarial y laboral, permitirán al Presidente de la República ser “el responsable de las decisiones que se tomen” y atender diversos retos con transparencia y rendición de cuentas. 

El legislador Samuel García Sepúlveda sustentó el voto en contra de Movimiento Ciudadano, citando el artículo 49 de la Constitución, que prohíbe facultar al Ejecutivo legislar. Con este dictamen, subrayó, se le permite conformar comisiones por decreto y fiscalizar la Cuenta Pública, lo que corresponde al Congreso. 

Respecto de las comisiones de la verdad, reconoció que hay países con tribunales en esta materia, como Bélgica, que hacen investigaciones no penales, pero tienen reglas claras para mantener el equilibrio entre los poderes de Estado. Además, los nombramientos los hace el Legislativo. 

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, dijo que la Cuarta Transformación plantea la facultad discrecional del Ejecutivo de crear comisiones especiales para investigar y fiscalizar por encima de la ley, por lo que alerto: “Estamos desvalijando las instituciones que nos dimos”. 

Aseguró que la Constitución le atribuye facultades exclusivas de investigación a la policía y al Ministerio Público, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Auditoria Superior de la Federación, e impide que se junten los poderes distribuidos. “Por eso, nos vemos en la Corte, esta ley se va a controversia constitucional”, advirtió. 

De Acción Nacional, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez señaló que las comisiones presidenciales cumplirán funciones de investigación, seguimiento y fiscalización, además, sus informes serán vinculantes, lo que podría determinar que sus resoluciones se ubiquen por encima de las determinaciones de otras autoridades competentes. 

Indicó que al tener aquéllas el carácter vinculatorio, tampoco pueden ser creadas por decreto. Necesitan de un soporte constitucional. “Si bien, el próximo gobierno puede organizar su estructura y funcionamiento, no puede exceder el marco legal, ni la Constitución”, expresó. 

De Morena, el senador Rubén Rocha Moya aclaró que el Presidente de la República sí tiene funciones legislativas que no ejerce y están establecidas en el artículo 92 de la Constitución, pero de acuerdo con el artículo 21 constitucional el Ejecutivo Federal podrá constituir comisiones a su cargo, a través de la emisión de decretos.

Precisó que funcionarán como cuerpos o grupos asesores del mandatario para opinar o sugerir qué debe hacer o qué decisión tomar en tal o cual asunto. En este caso, abundó, sólo se reforma una ley secundaria y no significa invasión de un Poder a otro.

En la discusión en lo general y particular, el Pleno no aceptó a discusión las reservas presentadas por los senadores Juan Zepeda, del PRD, y Beatriz Paredes, del PRI, Mayuli Latifa Martínez Simón, del PAN, y de Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI. 

Las propuestas de modificación pretendían suprimir las funciones de investigación y fiscalización de las comisiones presidenciales y precisar que la emisión de sus informes, “podrán” servir como base para la toma de decisiones.

  Por Nancy Rodríguez

El Senado de la República modificó la minuta de la Cámara de Diputados que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer el andamiaje institucional del nuevo gobierno.

Después que se aprobó el proyecto de decreto en lo general, senadores de Morena, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PVEM presentaron en lo particular sus reservas para modificar diversos artículos del dictamen. 

Con 93 votos a favor, seis en contra y seis abstenciones, el Pleno respaldó los cambios a los artículos 8, 27, 33, 37 y 40, planteados por los senadores Cristóbal Arias, Xóchitl Gálvez, Jorge Carlos Ramírez, Beatriz Paredes, Noemí Camino y Nuvia Mayorga. 

En votación por separado, avaló -con 62 votos en pro, 37 en contra y cinco abstenciones- la modificación al artículo 17 Bis, que sugirió el senador Cristóbal Arias. Y, con 105 votos, el cambio que propuso el senador Ricardo Monreal a la fracción VIII, del artículo 27.  

Además, con 63 a favor y 43 en contra, aprobó en los términos del dictamen, diversos artículos reservados para ser modificados, lo cual fue rechazado. 

A sugerencia del coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, la asamblea eliminó de la fracción VIII, del artículo 27 del dictamen, la facultad que se le había conferido a la Secretaría de Gobernación para “proveer el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional”. 

El legislador destacó la necesidad de garantizar el tránsito hacia un modelo de gobierno abierto, con pleno respeto a la libertad de expresión, sin gastos excesivos, sin control, cooptación, “compra de silencios o favoritismos para personalidades políticas o públicas”, ni coerción hacia los medios de comunicación.

También se aprobó la propuesta del senador Cristóbal Arias Solís para establecer en el artículo 8 que el Ejecutivo Federal contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el Presidente determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a la Oficina de la Presidencia. 

Dichas unidades podrán estar adscritas de manera directa a la Presidencia o a través de la oficina referida. 

Se precisó en el primer párrafo del artículo 17 Bis, que las oficinas de representación, que estarán en las entidades, “se coordinarán con las delegaciones de programa para el desarrollo”. 

La asamblea aceptó cambios al artículo 8, planteados por la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, a fin de aclarar que a la Oficina de la Presidencia le corresponde definir las políticas del Gobierno Federal en los temas de informática, tecnologías de la información, comunicación y de gobierno digital, en términos de las disposiciones oficiales. 

Además, respaldó la propuesta del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI, para señalar en la fracción I del artículo 8 que las políticas del gobierno federal de informática, tecnologías de la información y la comunicación del gobierno digital bajo los principios de gobierno y datos abiertos en términos de las disposiciones aplicables. 

Del mismo modo, avaló que en el artículo 33, fracción XXI, quede establecido que la Secretaría de Energía se coordine con la Comisión Reguladora de Energía, para determinar las tarifas reguladas de los servicios establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica. 

Se aceptó la adición de una fracción XXI al artículo 40, propuesta por la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, a fin de promover la organización de los jornaleros agrícolas y garantizar la protección laboral y de seguridad social que establece la legislación aplicable. 

Los senadores respaldaron otro cambio al artículo 27 impulsado por la senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del PVEM, para que la Secretaría de Gobernación también pueda formular y coordinar la política de prevención social del delito, la cultura de paz y de la legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad. 

Asimismo, que pueda crear e implementar de forma permanente una página electrónica de consulta pública, donde se registren los datos de las personas reportadas como desaparecidas, de todo el país; y establecer otra para los casos de mujeres y niñas. 

La propuesta también busca que la Segob elabore y ejecute los programas de reinserción social y apoyo a las personas que hayan cumplido con su sentencia y sean puestas en libertad; así como el diseño e instrumento de programas anuales para el desarrollo municipal, previo un diagnostico en los ayuntamientos. 

La senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, presentó una reserva para eliminar la porción normativa de la fracción 24, del artículo 37, que faculta a los órganos internos de control a revisar la deuda pública, misma que fue aprobada por la Asamblea. 

Luego de su aprobación en lo particular, el proyecto de decreto se devolvió con cambios a la Cámara de Diputados.

 

 Por Nancy Rodríguez

Ante las descalificaciones que el senador de Acción Nacional, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, profirió en tribuna al Senador Ricardo Monreal y al propio Andrés Manuel López Obrador, a quienes los llamo “cachorros” del PRI, el Morenista respondió así:

SENADOR RICARDO MONREAL: En ocasiones, Presidenta, uno quisiera contenerse, autolimitarse, porque al Senado siempre lo he considerado como una institución de alto nivel.

Pero luego, cuando escuchas discursos deshilvanados, descontextualizados, chistosos, groseros, mediocres, tienes que intervenir. Y, miren ustedes, la descalificación es la actitud más torpe frente a la existencia de argumentos. 

¿Qué puede presumir el PAN, si echó por la borda todo un capital histórico que les dio el pueblo en el 2000? 

¿No se convirtió su Presidente en traidor a la democracia? ¿No se robaron la Presidencia en el 2006? ¿No actúan como peones con el poder, cuando les conviene y, después, actúan como aparentes demócratas? Cuando saben que el pueblo les retiró el apoyo por traición, por exceso en la demagogia y, sobre todo, por haber deshonrado un pacto democrático; se convirtieron en un órgano de una corrupción desmedida, grosero, ofensivo. 

¿Qué caso tiene que vengan aquí con discursos de este tipo, cuando la discusión es otro nivel? 

¿Por qué tanta mezquindad contra un Presidente que obtuvo el 53 por ciento de los votos de este país? 

¿Por qué esta actitud de menores, de enanos, cuando lo que el Presidente de la República ofrece es reconciliación? El Presidente ha ofrecido su mano franca para gobernar para todos. Y, el Presidente será, a diferencia de sus representantes, el mejor Presidente de México.

Me da mucha tristeza, se los digo con honradez, porque tengo mucho respeto por panistas, históricamente los he respetado. Recuerdo a Gerardo Medina, recuerdo a Astolfo, Vicencio; recuerdo a gente extraordinaria en el PAN. 

¿Dónde está la doctrina del PAN? ¿Dónde está aquella plella de hombres extraordinarios que luchaban con una actitud incorruptible? 

¿Por qué venir a sacar de contexto y hablar sobre el pasado, cuando ahora debemos construir el futuro? 

¿Por qué negarle al Presidente de la República un poco de confianza, y construir un proyecto que a todos ayude? 

¿Por qué tanta mezquindad, por qué el discurso tan absurdo y tan incorrecto políticamente? No lo entiendo. 

¿Dónde está el coordinador? ¡Ah!, ya no está. 

Ah, nuevo, por cierto, le damos un saludo respetuoso al nuevo coordinador. Ojalá y cambien las cosas. 

Porque, lo único que estoy haciendo es una alusión, sin necesidad, sin necesidad. Les vamos a responder punto por punto, discurso por discurso; queremos construir y podemos construir. 

Pero no somos ingenuos, y no vamos a actuar en razón de la provocación. 

Le pido al Senado, a los senadores y las senadoras, elevemos el nivel del debate, lo merece este Senado. Ya basta de tanta actitud y de tanta mezquindad. 

 

El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, tomó la protesta de ley a Sergio Díaz Rendón como Magistrado Electoral del estado de Coahuila.

Comunicaciones de la Cámara de Diputados 

El Senado recibió un acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en el que se establecen los criterios para formar y designar las Delegaciones Permanentes que la representarán ante Organismos Permanentes y Parlamentarios Multilaterales Mundiales, Regionales, Temáticos y Bilaterales; Asambleas Parlamentarias Internacionales, así como en reuniones Interparlamentarias, Bilaterales y a las de Invitación Especial de carácter parlamentario de la LXIV Legislatura. 

La Asamblea quedó enterada. El documento puede ser consultado en la dirección electrónica:http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86355 

Comunicaciones de los Congresos estatales 

El Congreso del estado de Puebla envió al Senado un acuerdo por el que exhorta a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial locales, a promover acciones en pro del fortalecimiento del cultivo, producción y comercio de la tuna y el nopal, con motivo del Día Nacional de la Tuna y el Nopal. 

El documento fue turnado a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Se puede consultar en la dirección electrónica: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/86354

 

La iniciativa para regular y reducir las comisiones bancarias no es nueva, en el año 2007, también como senador, presenté un proyecto con este propósito, que no prosperó al no contar con el respaldo de una mayoría. Ahora la realidad es distinta, Morena tiene mayoría en el Senado de la República y un compromiso ineludible con la ciudadanía: generar leyes más justas y que mejoren las condiciones de vida de las y los mexicanos.

Al respecto, instituciones y analistas financieros han apuntado que el cobro de algunas comisiones es excesivo; también se ha señalado que las ganancias que los bancos en México obtienen por este concepto son mucho más elevadas que en sus países de origen, por lo que desde el grupo parlamentario que coordino propusimos su regulación y reducción, actuando siempre con responsabilidad y prudencia.

Coincidimos con las instituciones para la defensa de los usuarios de la banca que han recomendado la revisión de estos cobros, sin embargo, no han tenido eco por parte de las autoridades financieras. Por tal motivo desde la Cámara de Senadores vamos a asegurarnos que, con base en sus facultades y en cumplimiento de su responsabilidad social, actúen en beneficio de las y los ciudadanos.

Para tal efecto integramos un grupo de trabajo con representantes de la Asociación de Bancos de México al que se estarán sumando pares en representación de las autoridades financieras, de organismos para la defensa de usuarios y para la vigilancia de la competencia, donde definiremos cuáles comisiones pueden reducirse y cuáles eliminarse.

También en breve iniciaremos foros de consulta donde todas las voces serán escuchadas: las de los usuarios de la banca, las de académicos y expertos y las de autoridades y bancos.

Realizaremos un trabajo meditado para asegurar beneficios económicos para las y los cuentahabientes, al tiempo que fomentaremos la competitividad y el fortalecimiento del sistema financiero, y el acceso de un mayor número de mexicanos a los servicios bancarios.

 

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República, la Senadora Claudia Ruiz Massieu presentó un Punto de Acuerdo en el que solicitó que la Cámara Alta exhorte al presidente electo y a su equipo de trabajo a ser respetuosos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Consulta Popular, para evitar la realización de consultas a modo, que deberán apegarse a la legalidad, con el objetivo de dar certeza a la ciudadanía.

Más tarde, en conferencia de prensa la Presidente del CEN del PRI a pregunta expresa se pronunció por ni perdón ni olvido en casos de corrupción.

“En el PRI creemos que todos debemos acatar las leyes", dijo Ruiz Massieu

"Ni para atrás una amnistía, ni para nadie y que todos cumplan con la ley”, puntualizó

Asimismo, desde la máxima tribuna de la nación, Ruiz Massieu exhortó a realizar y presentar públicamente estudios técnicos pertinentes que garanticen la viabilidad de la construcción del Tren Turístico Transpeninsular denominado “Tren Maya”. 

La también Presidenta del CEN del PRI pidió dar a conocer los estudios que analicen y expliquen las repercusiones económicas, sociales, culturales y medioambientales que tendrá esta obra ferroviaria, particularmente los posibles impactos ambientales a las reservas ecológicas de Calakmul y de la Biósfera de Sian Ka’an. 

Requirió que el proyecto del Tren Maya sea sometido a un análisis integral y al más amplio escrutinio público, en el que se considere de manera prioritaria la consulta con los pueblos y comunidades de cultura maya, de acuerdo a los principios establecidos en el Convenio No. 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo.  

“No se entiende por ningún motivo que la estrategia del gobierno entrante sea tomar sus decisiones y llevar a cabo su agenda pública a través de consultas mal formuladas y fuera de orden jurídico”, subrayó. 

Puntualizó que “por el contrario, sería importante que se ciñeran a lo establecido en el Artículo 35 constitucional, para respetar los requisitos necesarios que hacen válida una consulta popular y como mecanismo de participación ciudadana que sirve para ejercer el derecho de votar en torno a temas de trascendencia nacional, así como para establecer legalmente su vinculación en el debate y las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado”. 

La Senadora por el estado de Guerrero sostuvo que “si se trata de consultas, conminamos al gobierno entrante a emprender sus decisiones de política pública dentro del marco constitucional y acabar con ejercicios antidemocráticos, ilegales e irresponsables”. 

Ruiz Massieu dejó en claro que el Grupo Parlamentario del PRI no está en contra del desarrollo regional y el despliegue de infraestructura física y social que se requiere para detonar acciones que beneficien al sur-sureste de la República Mexicana.

“Pero si nos preocupa, como ocurre también con varios sectores de la sociedad, no conocer el plan integral del proyecto del llamado “Tren Maya” y las posibles afectaciones al patrimonio histórico nacional y los daños irreversibles de este mega proyecto a los ecosistemas, que no cuenta con autorización de Manifestación de Impacto Ambiental ni Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales. Basta recordar que en esa región del país se concentra el 70 por ciento de la biodiversidad con la que cuenta México”, finalizó.

            Por Nancy Rodríguez

  • Se prevé en la ley hasta seis años de prisión y multas a quienes se apropien de manera indebida y a la reproducción no autorizada, de cualquier manifestación cultural

Al reconocer que los legislar el tema del derecho de propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas es una deuda pendiente y aplazada, la senadora Susana Harp propuso una iniciativa que expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos a fin de dotarlos de equitativas condiciones de protección y garantía para sus derechos en todas las esferas de desarrollo. 

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena señaló que su iniciativa tiene el propósito de avanzar y continuar reivindicando los derechos indígenas, en lo concerniente a la multiforme naturaleza que comprende su patrimonio cultural. 

La propuesta de ley está compuesta por ocho títulos, 31 artículos y seis transitorios. Establece como manifestaciones culturales no disponibles públicamente cualquier forma de expresión creativa, ritual, corporal, artística o literaria, así como acciones, materiales, música y sonido, que puedan subsistir por escrito, de forma codificada, por tradición oral o de otro modo. 

También, las expresiones que se transmiten de generación en generación, las relacionadas con la arquitectura tradicional y las técnicas tradicionales de construcción. 

Las relativas a diseños, íconos y símbolos usuales; las relacionadas con la música, las artes, los huipiles, vestidos, prendas y los relacionados con telares y artefactos de tejer, hilar y bordar. 

Además los métodos tradicionales de joyería, trabajos en piedra, metalistería y ebanistería y las asociadas a la medicina, como los conocimientos médicos o los relacionados con el uso de plantas, hierbas, minerales y animales. 

Harp Iturribarría explicó que la propuesta legal contempla evitar la apropiación indebida, así como el uso, aprovechamiento o explotación comercial no autorizada, de los conocimientos culturales, identidad y demás manifestaciones que formen parte del patrimonio inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La iniciativa prevé de dos a seis años de prisión y multas a quienes se apropien de manera indebida, así como el uso y toda forma de reproducción no autorizados, de cualquier manifestación cultural no disponible de las señaladas en esta ley. 

Con la presente ley, dijo, cualquier persona que quiera hacer uso comercial o industrial de las manifestaciones culturales no disponibles, públicamente deberá obtener una licencia que tendrá una vigencia hasta de cinco años. 

Para obtenerla, explicó, deberá contarse con el consentimiento libre, previo e informado del pueblo o la comunidad titular, celebrar el contrato de licencia de uso que incluya los términos de la remuneración justa o el esquema de distribución de beneficios, respetar el derecho de atribución e inscribir el contrato. 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia conformará el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena y Afromexicano que tendrá por objeto documentar, identificar, registrar y catalogar las manifestaciones culturales, contratos y las licencias de uso correspondiente. Hacer declaratorias de disponibilidad pública y registrar las sanciones administrativas aplicadas. 

Dicho inventario contará con un consejo permanente, integrado por nueve miembros designados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Derecho de Autor, y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, abundó.

   Por Nancy Rodríguez

El presidente del Senado Martí Batres, confirmó que se presentó una iniciativa de ley para reformar la legislación de entidades paraestatales, que permita el nombramiento del escritor Paco Ignacio Taibo como director general del Fondo de Cultura Económica

“Hay una iniciativa que presentó la senadora Citlalli Hernández el jueves pasado, para hacer una reforma que permita eliminar este anacronismo”, dijo, donde se le prohíbe al escritor Taibo ser director del Fondo por haber nacido en España.

“En un mundo donde existe ya hasta la doble nacionalidad, globalizado, donde se hizo la reforma constitucional para que el presidente no tuviera el requisito de ser hijo de mexicanos por nacimiento desde fines de los años 90, esto es un anacronismo” subrayó el presidente del Senado.

Además, precisó que es una propuesta que tiene el presidente electo Andres Manuel López Obrador, que Taibo encabece el Fondo de Cultura Económica.

“Yo voy a votar a favor de que se modifique la ley y que esto permita a Paco Ignacio Taibo ser el director del Fondo de Cultura Económica”, puntualizó el líder de la Cámara Alta.

Algunos han dicho: “No, no debe violarse la ley”, no, no debe violarse la ley, pero puede reformarse la ley, y creo que es un caso que lo amerita plenamente, destacó.

 Es una reforma que se puso ya a discusión del Senado, corresponde al Senado y al Congreso determinar por ella.

“Yo no puedo definir qué es lo que va a decidir el Congreso, pero sí puedo darles mi punto de vista. Mi punto de vista es a favor de la iniciativa presentada por Citlalli Hernández”, finalizó el Senador Martí Batres.

 

 

 

    Por Nancy Rodríguez

*Analizan temas como la revocación de mandato, desaparición del fuero, delitos graves y reforma educativa, entre otros. 

*En puerta semanas de intenso trabajo para el Senado que analizará reformas importantes. 

Las próximas dos semanas serán de intenso trabajo para las senadoras y senadores de la República porque habremos de deshahogar los temas que formaran parte del nuevo diseño institucional para respaldar al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. 

Así lo aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien señaló que en este periodo los y las legisladoras habrán de analizar temas como la revocación de mandato, desaparición del fuero, delitos graves y reforma educativa, entre otros. 

Tenemos bastante trabajo en el Poder Legislativo, pero estamos tranquilos, creemos que vamos a sacar bien las cosas, a pesar de que se enojen muchos, como los dueños del dinero, por reformas importantes pero vamos a caminar hacia adelante, indicó. 

En entrevista, en el marco de la presentación del Programa Memoria Histórica y Cultural, en el Archivo General de la Nación, Monreal Ávila destacó la importancia de las modificaciones legales que aprobaron por unanimidad los senadores la semana pasada en materia de extinción de dominio. 

Resaltó que con las reformas a los artículos 73 y 22 Constitucionales, la extinción de dominio será eficaz, porque consideramos que mientras no se ataque la columna financiera del narcotráfico, del crimen organizado y de la delincuencia, no se estará haciendo nada, porque se dejan indicados los imperios económicos de los delincuentes. 

Y ahora que se agrega corrupción, delitos de servidores públicos, delitos de hidrocarburos, la extorsión y otros más, hace mejor la ley y se puede construir un i instrumento eficaz para combatir el delito y  los recursos económicos de los criminales, mencionó.  

Al referirse a  la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, aprobada por los diputados y que prevé que la Secretaria de Gobernación provea el servicio de radiodifusión pública a nivel nacional, el senador Monreal  aseguró que será analizada con responsabilidad, aunque adelantó que seguramente será respaldada por los senadores porque forma parte del marco legal que se requiere, pese a que el PAN y PRD han adelantado con promover una controversia constitucional si no se modifica en el Senado. 

El PAN y el PRD están en su papel y han votado en contra de las leyes que se han aprobado, no sería novedad, respetamos su posición de opositores, pero nosotros vamos a respaldar al Presidente de la República con un nuevo modelo que es necesario.

“Por combatir la austeridad, hacer más eficaz el ejercicio de gobierno y actuar con mayor transparencia, es probable que respaldemos la ley que nos llegó de Cámara de Diputados y que estamos analizando”, remarcó. 

Respecto a la reunión que sostuvo con el próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa,  el senador de Morena dejó en claro que escucharán sus opiniones en reformas en materia financiera, pero nos reservamos el derecho de votarlas.

    Por Nancy Rodríguez

*En audiencias públicas participan sociedad civil, académicos, especialistas e investigadores de diversas disciplinas.

A fin de enriquecer el dictamen que expide la Ley de Coordinación Metropolitana del Valle de México, las comisiones unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad, y la de Estudios Legislativos, celebraron audiencias públicas en las que se resaltaron temas como la inclusión del Parlamento Metropolitano, la obtención de recursos, consideraciones de movilidad y atribuciones del Consejo Metropolitano, entre otras.  

La presidenta de la Comisión, Patricia Mercado Castro, explicó que estos foros obedecen a la necesidad de escuchar a todos los involucrados para que los legisladores construyan los acuerdos, tanto con los representantes de la Ciudad de México y de los estados de México e Hidalgo, además de funcionarios del nuevo gobierno, porque el Congreso, dijo, no puede actuar de manera unilateral.

Patricia Mercado reconoció que la ley debió estar lista el pasado mes de septiembre. No obstante destacó el gran avance que hay existente en el dictamen, donde se toman como base las propuestas de legislaturas pasadas.

En cuanto al ejercicio del Parlamento Abierto, el senador Emilio Álvarez Icaza consideró que es necesaria la opinión de especialistas para avanzar en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas de la Zona Metropolitana del Valle de México.

José Luis Bonilla Mavil, director regional Centro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dijo que la última actualización -2015- definió 74 zonas metropolitanas en las 32 entidades federativas donde se concentra el 62.8 por ciento de la población del país.

Subrayó que la Zona Metropolitana del Valle de México se compone de 76  demarcaciones y municipios, además de Tizayuca, Estado de México. Entre los temas importantes a considerar para la elaboración de la ley resaltó que once zonas metropolitanas concentran más de un millón de habitantes y sólo la del Valle de México supera los cinco millones.

En materia de pobreza, agregó que más de 500 mil habitantes de los 59 municipios del Estado de México viven en pobreza extrema y 107 mil en los 16 de la Ciudad de México.

Agregó que del 21.3 por ciento de la población del Estado de México que se traslada a la  Ciudad de México a trabajar, lo hace mayoritariamente a Cuauhtémoc; le siguen Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero. Asimismo, detalló que para 2020 haya un incremento poblacional de 2.8 por ciento en las zonas metropolitanas.

En su participación Cecilia Soto González, ex diputada presidenta de la Comisión de la Ciudad de México, destacó que la ley propuesta no prevé la creación de coordinaciones dentro del Consejo ni del Parlamento Metropolitano. Además, urgió a buscar otros mecanismos para obtener recursos, los cuales pueden provenir de modificaciones fiscales y fuentes internacionales.

El consultor jurídico Daniel Balboa Verduzco, sugirió cambiar el nombre de la ley por el de “Ley Metropolitana de Coordinación del Valle de México”, eliminar la fracción tercera referente a la palabra vivienda pues antes de incluirlo, debe realizarse una modificación a la Constitución. Propuso cambiar el nombre de las comisiones especializadas, acorde con el marco constitucional y armonizar algunos términos con la reforma política de la Ciudad de México.

Asistieron también las senadoras Guadalupe Murguía Gutiérrez y Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, así como funcionarios de los estados de México e Hidalgo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas en la materia.

    Por Nancy Rodríguez

*Presentará iniciativa que reforma las Leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y Federal de Protección al Consumidor.

*Prohibir y sancionar el hostigamiento telefónico con fines mercadotécnicos o publicitarios, urge Morena

En México, no hay evidencia de multas a empresas que practiquen este tipo de hostigamiento. Al contrario, call centers, encuestadores, bancos y empresas acosan constantemente a los usuarios de 20 millones de líneas fijas y 115 millones de líneas móviles registradas. 

Tras señalar lo anterior, el senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, anunció que su Bancada presentará ante el Pleno del Senado una iniciativa para  erradicar estas prácticas. 

Para ello,  propone reformar diversas disposiciones de la  Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor.  

A todos nos es cercana la experiencia de recibir, diariamente y de distintos números telefónicos, llamadas con la intención de ofertar la venta de productos financieros o el cambio de proveedores de servicios de telecomunicaciones. La gravedad subyacente de estas prácticas radica en el uso indebido de datos personales en posesión de particulares.  

La propuesta,  apuntó el senador morenista,  pretende  prohibir expresamente que proveedores y empresas utilicen sistemas de llamado telefónico, envío de mensajes de texto a celular o de mensajes electrónicos masivos para promover productos y servicios con fines mercadotécnicos o publicitarios, salvo que expresamente se ha haya brindado un consentimiento, previo, informado, expreso e inequívoco. 

Asimismo, agregó el coordinador de las senadoras y senadores de Morena, se propone una serie de sanciones para aquellas empresas que no cumplan con este mandato. 

A decir de Ricardo Monreal, si bien es cierto que actualmente existen diversos dispositivos legales para combatir el acoso comercial, la realidad es que estos no han sido suficientemente efectivos para salvaguardar los derechos de los consumidores. 

La legislación vigente, puntualizó,  deja en los usuarios la responsabilidad de solicitar la interrupción del hostigamiento, lo que -según ha sido documentado- tampoco redunda en su cese definitivo.

    Por Nancy Rodríguez

*La Guardia Nacional no significa la militarización del país, puntualizó

*Próxima semana inicia el proceso formal de reformas constitucionales para darle rostro y facultades 

La próxima semana inicia el proceso formal de reformas constitucionales para darle rostro y facultades a la Guardia Nacional anunciada por el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el marco del Plan de Paz y Seguridad. 

Así lo anunció el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal quien resaltó que los legisladores de su bancada decidieron respaldar por unanimidad la iniciativa que presentó la Cámara de Diputados con los cambios constitucionales que darán viabilidad a la Guardia Nacional. 

En entrevista al salir de la casa de transición Monreal Ávila negó que con la conformación de esta figura se vaya a militarizar al país y aseguró que se está trabajado para que  la Guardia Nacional sea una institución confiable. 

No habrá militarización, la Guardia Nacional está concebida como en otras partes del mundo. Será una institución con alto grado de eficacia y alejada de la corrupción y de ser tentada con dinero de procedencia ilícita, mencionó. 

Monreal Ávila destacó que los y las legisladoras de Morena respaldan el Plan de Paz y Seguridad anunciado por el Presidente electo porque el país, dijo,  está sumido en un problema grave de inseguridad pública. 

Está hecho pedazos en un océano de violencia y de sangre, y por  eso estamos preparando el marco jurídico y normativo para que pueda seguir siendo observado el Estado de Derecho y que el gobierno inicie con la Cuarta Transformación con un país tranquilo y la esperanza de que las cosas mejoraran, precisó. 

El senador Monreal se reunió este viernes con el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y con funcionarios del próximo gobierno como parte de los encuentros que constantemente llevan a cabo para analizar los avances en materia legislativa.

 

    Por Nancy Rodríguez

*El legislativo y el gobierno entrante construirán agenda financiera y económica en beneficio del país

*Coinciden Ricardo Monreal y Carlos Urzúa,  en reunión de cortesía,  fortalecer las estrategias para atender los retos en la materia.

El  senador Ricardo Monreal, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores sostuvo una reunión de cortesía con Carlos Urzúa, próximo Secretario de Hacienda.

Conversaron sobre cómo coordinar esfuerzos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con miras a construir una agenda que permita atender los principales retos en materia financiera y económica del país.  

En los últimas décadas el crecimiento anual promedio del PIB per cápita ha sido de 1.0%, cifra claramente insuficiente para atender los graves problemas de pobreza y desigualdad de nuestro país. Más de la mitad de los mexicanos tiene ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y las brechas de ingreso entre regiones son particularmente elevadas.

Ante ello, coincidieron en que la mejor estrategia para atender estos retos y llevar hacia adelante una agenda integral es necesario tener una discusión amplia y plural que incluya a la sociedad civil, académicos, sector privado y financiero.   

Respetando la división de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo, refrendaron el compromiso de que las propuestas de cambios en materia económica y financiera sean estudiadas cuidadosamente, y se lleven a cabo evaluaciones sobre sus posibles efectos macroeconómicos, en las finanzas públicas, en el sistema financiero y en el bienestar de la población en su conjunto.  

 

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