LA RIQUEZA DE LOS SENADORES

LA RIQUEZA DE LOS SENADORES (553)

           Por Nancy Rodríguez

         *Se requiere de diálogo y la construcción de un modelo de justicia transicional. 

La próxima Administración no debe renunciar a la justicia penal en el proceso de pacificación y seguridad en el país, coincidieron senadoras y senadores electos, funcionarios, académicos y especialistas, durante la presentación del libro “Sembradores de paz: Una reflexión colectiva para responder a la violencia”. 

El Senador electo Martí Batres, puntualizó que no se puede hablar solamente de la violencia del crimen organizado, porque también la ha ejercido el Estado. Señaló que la corrupción ha contaminado la impartición de justicia.

En el evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, la senadora electa Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena, señaló que “sin justicia no puede haber perdón y no puede haber paz”. 

Aseguró que la amnistía “no va a cobijar a los delincuentes”, sino a quienes han sido víctimas de injusticias o que se encuentran en la cárcel por delitos que no cometieron; además, dijo, desde el Senado se luchará por la libertad de los presos políticos, la reconciliación y la justicia de quienes han sido víctimas de violencia.  

El senador electo Emilio Álvarez Icaza, de la Fracción Parlamentaria del PRD, afirmó que se requiere de un proceso de diálogo, de construcción del modelo mexicano de justicia transicional, pero no debe estar basado “sencillamente en perdón y ya”, pues “¿Cuánta impunidad cabe en el perdón?”, cuestionó. 

“No podemos reproducir un nuevo pacto de corrupción e impunidad, porque sería envenenar la extraordinaria oportunidad que se ha abierto de un nuevo capítulo de transición de la democracia”, reiteró. 

Jaime Rochín del Rincón, Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, manifestó que es indispensable “no renunciar a la justicia penal” y trabajar en procesos de reparación, de la verdad y  en  nuevos mecanismos de seguridad transicional en el país.

Aseguró que la política de atención a víctimas debe dejarse de ver en términos de competencias o que sea una sola institución la encargada, ésta debe transitar en un modelo en el que la víctima sea el centro; la justicia transicional, el camino y la pacificación del país el objetivo. 

Froylán Enciso, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, aseguró que en el proceso de amnistía, si alguien tiene que pedir perdón a las víctimas es el Estado, pero éste se colocaría al final de la impartición de justicia. 

Durante la presentación del segundo libro, “Violencia y paz: Diagnósticos y propuestas para México”, la senadora electa por Movimiento de Regeneración Nacional, Imelda Castro Castro, comentó que la legalización de las drogas ayudará en gran medida a frenar la ola de violencia que se ha incrementado en los últimos años en nuestro país. 

A decir de su compañero de bancada, el senador electo Martí Batres Guadarrama para hacer frente a la violencia de nuestro país hay que cumplir con una de las exigencias de la sociedad civil, abrogar la Ley de Seguridad Interior; así como  analizar los temas de desaparición forzada, desplazamientos y tortura que, hasta ahora, se han visto limitados porque el Senado no ha ratificado ciertos protocolos y tratados internacionales. 

Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, dijo que la paz es una condición necesaria e indispensable para que los demás derechos humanos puedan ser vigentes. La violencia, por el contrario, lleva implícita la negación de la dignidad humana. 

 La violencia y la inseguridad, la impunidad y la corrupción, así como la exclusión y la desigualdad, son los binomios que debemos atender y abatir, pues han afectado y configurado los términos de nuestra convivencia cotidiana en los últimos años, puntualizó. 

En la primera parte de la presentación del libro, también participaron Sergio Aguayo, coordinador del Seminario sobre Violencia y Paz, Fernando Nieto, ambos del Colegio de México; en la segunda parte,  la diputada electa del Grupo Parlamentario del PRI, Martha Hilda González Calderón.

 

           Por Nancy Rodríguez

·         Las y los legisladores recibirán  credencial  para la Sesión Constitutiva, se les toma la fotografía correspondiente,  sus datos generales y huellas digitales para el acceso a los recintos y votación. 

El Senado de la República inició este lunes el registro y credencialización de senadoras y senadores electos de mayoría relativa y primera minoría, que integrarán las LXIV y LXV legislaturas, que iniciará el próximo 1 de septiembre. 

La Secretaría General de Servicios Parlamentarios cuenta con 96 constancias de mayoría relativa y primera minoría; el documento se expide con base en las constancias de validez que los acreditan como senadoras y senadores electos. 

El órgano administrativo explicó que, además de entregar la credencial provisional para la Sesión Constitutiva, se les toma la fotografía correspondiente, sus datos generales y  toma de huellas digitales para el acceso a los recintos y votación, y se les otorga un compendio del libro con el Marco Legal del Senado y del Congreso de la Unión.

El proceso para el registro y tramitar la credencia es el siguiente:

Se recibe a la senadora o senador, se le solicita su nombre, se busca la constancia de mayoría y de primera minoría y, una vez, que se verifica la documentación de la o el legislador, se llena un formato y adicionalmente firma una constancia de aviso de privacidad. Los datos son para una cuestión administrativa y parlamentaria.

Posteriormente, sigue la toma de fotografía y se recaba su firma electrónica.

Se le toman tres huellas: una para el sistema de votación y asistencia en el recinto de Reforma 135; otra, para el sistema del recinto que se encuentra en Xicoténcatl, y la tercera, es para su credencial definitiva del Senado.

Adicionalmente, se entrega una serie de documentos de apoyo, que le servirán para las actividades que va a realizar la o el legislador.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General, desde el pasado 15 de agosto, las senadoras y senadores electos se les convocó a tramitar y recibir su credencial para el acceso a la Sesión Constitutiva, que se llevará a cabo el miércoles 29 de agosto de 2018, a las 11:00 horas. 

En la convocatoria, se precisa que una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral remita los documentos comprobatorios de la asignación de senadoras y senadores electos por el principio de representación proporcional a los partidos políticos, la entrega de credenciales se hará para todos los integrantes de las LXIV y LXV Legislaturas del Senado de la República. 

Este proceso de credencialización que inició este lunes, concluirá el próximo martes 28 de agosto, ya que la acreditación es necesaria para participar en la Sesión Constitutiva de las LXIV y LXV Legislaturas. 

Los primeros legisladores en realizar el trámite de registro y credencialización, que les dará acceso a la Sesión Constitutiva fueron: Julen Rementería del Puerto y Juan Antonio Martín del Campo, del PAN, y Rocío Adriana Abreu Artiñano, del PVEM.

*Debe cumplirse con la Constitución y garantizar el derecho de acceso a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. 

La Comisión Permanente del Congreso llamó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a reconsiderar la forma en que se determinarán los montos que se fijan como contraprestación por la emisión o prórroga de los títulos de concesión para la explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Las y los legisladores, también solicitaron  a la Cámara de Diputados que en la Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal de 2019, se analice la metodología del pago de derechos por el uso del espectro radioeléctrico, para determinar las cuotas que pagarán los operadores de telecomunicaciones móviles, en función de las características técnicas de cada una de las bandas utilizadas para la prestación de los servicios, así como de los objetivos de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013. 

En el dictamen aprobado,  se expone que de acuerdo con la Constitución, el IFT debe fijar el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. 

Al mismo tiempo, se precisa que de acuerdo con el artículo 100 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Instituto debe considerar diversos elementos, entre ellos el cumplimiento de los objetivos señalados en los artículos 6º y 28 de la Constitución; así como de los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos. 

El artículo 6 constitucional señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, e indica que establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de esos servicios públicos de interés general. 

El Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico 2017-2018 señala que para promover el desarrollo social, político y económico, los países requieren de infraestructura que promueva el acceso a servicios y recursos informativos diversos. 

La convergencia de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión –añade- incrementó aceleradamente la demanda en el acceso a la información, aplicaciones, contenidos y nuevos servicios, indispensables para el desarrollo de la sociedad, así como la creciente necesidad de mayor capacidad de los sistemas y de las redes de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Por otra parte, la Ley Federal de Derechos establece los montos que tendrán que pagar anualmente los operadores de telecomunicaciones, conforme al rango de frecuencias de espectro radioeléctrico que tengan concesionado. 

En el dictamen, los senadores y diputados advierten que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), las cuotas de los derechos establecidas por el Congreso, están en un nivel elevado, que junto con la obligación de pagar contraprestaciones por la entrega de las concesiones, colocan a México en una situación particular a nivel internacional,  por el esquema híbrido de cobro, que se considera caro en términos relativos frente a lo que se paga en otros países.

 

  Por Nancy Rodríguez

A partir de este lunes y hasta el 28 de agosto, las senadoras y senadores electos, que integrarán  las LXIV y LXV Legislaturas, acudirán a tramitar y recibir su credencial de identificación que les dará acceso a la Sesión Constitutiva del Senado de la República, que se realizará el miércoles 29 de agosto de 2018, a las 11:00 horas. 

La expedición de credenciales iniciará mañana, para las senadoras y los senadores propietarios que fueron electos por los principios de mayoría y de primera minoría, y que ya cuentan con la documentación que les fue entregada por los consejos electorales de las entidades federativas. 

Los nuevos integrantes de este órgano del Poder Legislativo se presentarán a realizar el trámite en el edificio de Paseo de la Reforma, número 135, colonia Tabacalera, de las 10:00 a las 19:00 horas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica del Congreso General, desde el pasado 15 de agosto, las senadoras y senadores electos se les convocó a tramitar y recibir su credencial en el Senado para el acceso a la Sesión Constitutiva, que se llevará a cabo el miércoles 29 de agosto de 2018, a las 11:00 horas. 

En la convocatoria, se precisa que una vez que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral remita los documentos comprobatorios de la asignación de senadoras y senadores electos por el principio de representación proporcional a los partidos políticos, la entrega de credenciales se hará para todos los integrantes de las LXIV y LXV Legislaturas del Senado de la República.

 

·         Urgen a evitar retrasos en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para  impedir la muerte de inocentes. 

Las autoridades federales, estatales y municipales deben actualizar el mecanismo de coordinación y cooperación para la aplicación del Protocolo Nacional Alerta AMBER, a fin de que al momento de recibir denuncias por desaparición de niñas, niños y adolescentes, el aviso de riesgo se active de inmediato y sin dilaciones, junto con los números de emergencia, como el 911, y previa evaluación de cada caso, solicitaron legisladoras y legisladores de la Comisión Permanente 

La Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) analizó y elaboró un dictamen con punto de acuerdo con casos relacionados de robo de menores de edad y concluyó que se deben evitar retrasos para la búsqueda e investigación correspondientes. 

Una de las propuestas analizadas,  fue la  presentada, el pasado 8 de agosto, por las diputadas federales Ximena Tamariz García y Kathia María Bolio Pinelo, del PAN, en la que dieron cuenta de la desaparición de la menor de edad Ana Lizbeth Polina Ramírez, de ocho años de edad, en el estado de Nuevo León. 

El caso se registró el domingo 15 de julio del año en curso, cuando la niña fue raptada por un hombre desconocido, en la colonia Vistas del Río, en las inmediaciones de las oficinas de la ruta de autobuses 572, lugar en el que laboraba su madre. 

El fiscal general de esa entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, informó que el rapto de la menor ocurrió alrededor de las 19:00 horas de ese día, y refirió que de acuerdo con videos de seguridad, Ana Lizbeth, estaba jugando afuera de las oficinas señaladas cuando un hombre adulto la abordó. 

La cronología de la búsqueda e investigación del caso fue publicada por un medio informativo de circulación nacional, donde quedó registrado que el reporte por la desaparición de Polina Ramírez, se realizó a las 23:00 horas del día referido y por medio del número de emergencias 911. 

Fue hasta la mañana del lunes 16 de julio, es decir, al día siguiente del hecho, que la madre de Ana Lizbeth, acudió al Centro de Orientación y Denuncia (CODE) de, municipio de Juárez, desde donde se notificó a la Fiscalía General del Estado la desaparición de la niña, y que a las 9:00 horas de la mañana se emitió la alerta AMBER, al considerar el riesgo inminente que corría la vida de la menor. 

Lamentablemente, el martes 17 del mismo mes, se localizó sin vida el cuerpo de una niña en un lote baldío ubicado en la misma colonia donde ocurrió el rapto de Ana Lizbeth. 

El fiscal Guerrero Gutiérrez informó, el día 18, que estudios científicos realizados por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en apoyo a la Agencia Estatal de Investigaciones, permitieron confirmar que el cadáver correspondía al de la niña Ana Lizbeth, y también se determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación. 

El funcionario agregó que el asesinato de la niña habría ocurrido el domingo por la noche, luego que su desaparición se registró alrededor de las 19:00 horas de ese mismo día. 

El mismo miércoles 18, un juez giró una orden de aprehensión contra Juan Fernado "N", de 37 años de edad, como presunto responsable de la desaparición y asesinato de Ana Lizbeth Polina Ramírez. Y durante la madrugada del jueves 19 de julio pasado, el ex policía y principal sospechoso del rapto, fue detenido e ingresado al Penal de Topo Chico, Nuevo León. 

Con base en la narración de ese caso, los legisladores determinaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben actuar total y absolutamente rápido en los casos de rapto de menores de edad, para evitar, prevenir o impedir al máximo la muerte de inocentes, para lo cual es urgente revisar y actualizar el esquema de coordinación y cooperación para la aplicación de la Alerta AMBER, junto con todos los números de emergencia, como es el 911.

El dictamen fue aprobado por el Pleno en votación económica y la presidencia de la Mesa Directiva ordenó su comunicación a las autoridades correspondientes.

*Estudiantes de medicina se han convertido en un grupo vulnerable a la depresión, al aislamiento o al Síndrome de Burnout. 

La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Salud y sus homologas en las entidades federativas que evalúen la pertinencia de establecer una estrategia integral para prevenir el suicidio entre médicos residentes, pues los estudiantes de medicina se han convertido en un grupo vulnerable a la depresión, al aislamiento o al Síndrome de Burnout. 

Senadores y diputados reconocieron que en México no existen estudios publicados sobre esta materia, pero retomaron los casos de dos jóvenes médicos que recientemente decidieron quitarse la vida, los factores de estrés a los que está sometido este sector, así como las implicaciones en la atención de los pacientes. 

En un dictamen aprobado en la sesión de 15 de agosto, destacaron que el desgaste emocional en estudiantes de medicina y residentes aumenta en más del 10 por ciento en comparación con la población en general de la misma edad (22 a 32 años). 

Refirieron que el índice relativo al Síndrome de Burnout (agotamiento) se incrementa del 15 al 29 por ciento, dependiendo si los afectados se encuentran en la licenciatura o en la residencia de especialidad, respectivamente. 

Las y los legisladores subrayaron que, de acuerdo con especialistas, alumnos de medicina han experimentado maltrato físico y psicológico, “en donde el abuso y la crítica continua, desmedida e infundada, llega a tener repercusiones de gran trascendencia”. 

“En la última década el impacto del abuso, maltrato, discriminación, acoso y hostigamiento hacia residentes médicos ha cobrado creciente importancia en la discusión dentro del campo de la educación médica y cómo estos factores pueden incidir en la formación emocional de los internos y residentes”. 

“El Diario Americano de Psiquiatría da cuenta de la complejidad que significa ser doctor, toda vez que indica que un número de 300 a 400 médicos se quitan la vida cada año, es decir, en promedio uno al día. El artículo publicado señala que el riesgo de suicido en hombres médicos es 40 por ciento mayor a hombres en general; más alarmante aún, el riesgo aumenta casi 130 por ciento en mujeres médicas contra mujeres en general”, refirieron.

           Por Nancy Rodríguez

·         Presentan en el Senado de la República el libro “La Organización de los Estados Americanos hacia su 70 aniversario: desafíos actuales y su relevancia en el acontecer hemisférico”. 

Por el liderazgo desplegado a favor de las mejores causas de la paz, el desarrollo, la democracia, la seguridad y los desechos humanos en el hemisferio, México está llamado a mantener su presencia en organismos multilaterales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), aseguró la senadora Laura Rojas Hernández. 

En la presentación del libro “La Organización de los Estados Americanos hacia su 70 aniversario: desafíos actuales y su relevancia en el acontecer hemisférico”, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores hizo un llamado a fortalecer esta política y no replegarse hacia una postura nacionalista, aislacionista y autárquica, desinteresada de las responsabilidades regionales de nuestro país. 

Rojas Hernández recordó que las instituciones multilaterales están siendo puestas a prueba por el surgimiento de problemas complejos y la implementación de políticas aislacionistas, principalmente en países europeos y en Estados Unidos, que cuestionan el sistema de gobernanza global. 

Afirmó que es necesario y útil cuestionar la eficacia de organismos e instrumentos internacionales en aras de que funcionen mejor, pero debilitarlos sin una alternativa no es el camino. 

Consideró que el próximo Presidente de México tendrá que valorar el hecho de que la actual política, respecto de Venezuela y Nicaragua, le ha generado a nuestro país un liderazgo importante en la región, sin afectar de manera irremediable la relación con esos países. 

Agregó que la siguiente Administración debe plantearse si hay que alinearse a un bloque de países que claramente están en el polo opuesto a la reciente historia democrática de México, asumir una posición tibia y neutra a pesar de los costos internos y externos que eso conllevaría, o mantener sustantivamente la misma posición, quizás con formas distintas pero votando de la misma manera en la que lo hemos hecho en los últimos años. 

Por su parte, Luis Alfonso de Alba, subsecretario para América Latina y el Caribe, dijo que el principal reto que enfrenta la OEA es su democratización, empezando por las cuotas que aportan los Estados, encontrar más equilibrios y actualizar su agenda. 

Señaló que temas como la democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo deben ser los pilares en los que se enfoque el trabajo de la Organización, pues si falta uno de estos componentes estará incompleta. 

Indicó que los 35 Estados miembro tienen problemas en el tema de democracia, los cuales deben ser resueltos por todos los integrantes. 

En el caso de Venezuela, dijo que la participación de México se ha dado en el marco de las acciones de la OEA y busca el restablecimiento del orden democrático en ese país. 

“Vamos a seguir trabajando en ese tema hasta el último día de la Administración, particularmente, en el éxodo masivo de venezolanos”, apuntó. 

Respecto a la crisis que vive Nicaragua, recordó que nuestro país señaló los peligros que se provocarían al violentarse los procesos democráticos. 

México, agregó, ha expresado su rechazo al exceso de la fuerza ante manifestantes y se pronunció a favor de encontrar una solución por la vía del diálogo. 

Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, llamó a defender a la OEA, “porque  sí representa los intereses de México, es plenamente coincidente con nuestra política exterior, tenemos que defenderla en un marco de crisis del multilateralismo”. 

Señaló que la respuesta de México siempre tiene que ser defender el multilateralismo, pues nuestro país siempre ha encontrado en esta figura respuestas basadas en la cooperación y el derecho internacional. 

Ruiz Cabañas sostuvo que “es un mito” que la OEA está dominada por un solo poder hegemónico, “vean los resultados del consejo permanente, los resultados de sus decisiones y la agenda que hoy se maneja en la organización; gran parte de esa agenda ha sido propuesta por México”. 

Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, habló de las misiones de observación electoral, las cuales se efectúan desde 1962, y en las que la organización mide la violencia electoral, el financiamiento político-electoral y la injerencia o no de los gobiernos en los procesos electorales. 

Dijo que un avance para la defensa de la democracia en la región, es la implementación de misiones de observación electoral que envía la OEA. “La democracia es camino, mucho más que destino. En este camino la OEA está comprometida con el fortalecimiento de la democracia y es evidente que México también”.

·         COPARMEX pide que ajuste se dé mediante acuerdo nacional.

·         Las Reformas Estructurales no establecieron objetivos claros para fortalecer el ingreso de las familias mexicanas. 

Especialistas y economistas coincidieron en que es necesario cambiar el modelo de desarrollo económico para frenar el deterioro salarial de los mexicanos y fortalecer el mercado interno; y advirtieron que el aumento del ingreso no es algo que pueda alcanzarse simplemente con una ley o decreto. 

En la mesa de análisis “Balance de las reformas estructurales en torno a los salarios”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, destacaron que el poder adquisitivo de los salarios tiene que ver con la agenda de desarrollo y la economía política que la ha sustentado en los últimos años. 

La ex presidenta de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), Norma Samaniego, aseveró que una mejora sustancial de los niveles de ingreso, particularmente del salario, no es algo que pueda alcanzarse simplemente con una ley o decreto. 

“Es mucho más complejo, pues va estrechamente ligado al tipo y calidad del empleo que pueda generarse, a la economía, al nivel y complejidad de las ocupaciones, implica migrar hacia estructuras competitivas de mayor nivel agregado, articular los distintos instrumentos de política económica y social hacia este objetivo y reorientar el modelo de desarrollo”, precisó. 

Dijo que no se trata de un objetivo fácil o inmediato y requiere articular muy distintos instrumentos de política para este fin: cuidar los equilibrios macroeconómicos para evitar efectos desestabilizadores o inflaciones que se pueden salir de control, como la vivida en los años 80 que tuvieron un altísimo costo social y desplome acelerado de los salarios e ingresos. 

La académica de la UNAM expuso que en este nuevo modelo, el Estado requerirá recuperar su papel como moderador y árbitro, hacer efectivas las garantías constitucionales o mínimas para la población asalariada, promover un marco institucional adecuado para una libre negociación colectiva entre capital y trabajadores, y orientar el proceso de desarrollo hacia una más equilibrada distribución del ingreso.  

Mencionó que el salario no fue un objetivo explícito de las Reformas Estructurales y únicamente fue entendido como un precio más y no se establecieron objetivos de política claros en torno a su fortalecimiento en el tiempo. El mantenimiento de los salarios por debajo de los niveles del pasado ha sido funcional para la estrategia económica de los últimos años, apuntó 

Dijo que la caída en el nivel del salario tiene repercusiones en otros ámbitos como el crecimiento de la pobreza, incita a la población a la búsqueda de ingresos ilícitos en la criminalidad y en la violencia, además de que es uno de los principales incentivos de la migración de carácter económico. 

Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de COPARMEX, reconoció que el salario en México es de los más bajos de la región, pero pidió que se tenga “cuidado a la hora de determinar los ajustes, porque puede crear inflación y desempleo”. 

Una de las preocupaciones del sector de los trabajadores --agregó-- es que cuando los salarios suben por las escaleras los precios suben por el elevador. 

Destacó que la COPARMEX ha estado impulsando el ajuste para llegar a la línea de bienestar que establece el Coneval y “la meta que buscamos no es nada más la canasta básica, sino una canasta ampliada”. 

Aclaró que, por lo menos, la proyección para diciembre es que el salario mínimo se ubique en los 102 pesos diarios, que es la propuesta que ha hecho COPARMEX; no obstante, “con un plan no tan impulsivo, que sea en 2030 cuando las familias tengan el ingreso mínimo”. 

Dijo que en el nuevo proyecto de nación se habla que ese objetivo se alcance dentro del sexenio, pero para eso se necesita un acuerdo nacional “no es simplemente de hacer señalamientos y ajustes sin sentido” 

El representante patronal señaló que uno de los compromisos a los que tiene que llegar los tres sectores es que los ajustes sean acordados con varias condiciones, como que el sector obrero no pase como factura directa a las revisiones contractuales, ya que el aumento debe estar relacionado con las capacidades y competitividad de las empresas. 

Confió en que en estos meses se inicie la discusión de este tema y se tomen las determinaciones y pidió que no se polarice; “dejemos esa responsabilidad al Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, quien es la que determina esos ajustes”. 

Juan Carlos Moreno Brid, de la Facultad de Economía de la UNAM, afirmó que el modelo económico actual está agotado y explicó que la razón del deterioro salarial va más allá del mercado laboral, pues tiene que ver con la agenda de desarrollo elegida y la economía política que la sustenta. 

Indicó que, en los últimos años, el Estado abdicó de rol como mediador en la pugna de la distribución funcional del ingreso y se puso, de manera implícita o explicita, del lado de la patronal y en contra de los salarios, además de que no atendió la desigualdad. 

El académico dijo que en las últimas décadas el valor del salario en México no sólo no ha crecido, sino que ha caído en términos reales en comparación con algunos países de Latinoamérica; más de la mitad de la gente no gana ni tres salarios mínimos y sólo 37 por ciento de los ocupados tienen ingresos laborales por más de tres salarios mínimos, refirió.  

Opinó que la solución al problema salarial requiere de una nueva agenda de desarrollo hacia la igualdad y crecimiento, que permita reactivar el mercado interno, como motor de la demanda agregada y aplicar una política industrial, que favorezca el alza de los ingresos de las familias mexicanas.

Para Raymundo Campos Vázquez, especialista del Colegio de México, es el momento para poder optimizar el salario mínimo y el Estado tiene herramientas para impulsar una política salarial que mejore los ingresos de la población mexicana.

Consideró que en los siguientes años se tendrá una discusión más abierta y menos ideológica en promover la recuperación de los salarios para alcanzar los niveles que tenía hace 30 años.

·         La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión deberá trabajar para cumplir con  los puntos pendientes en materia laboral.    

·         México tiene un mercado laboral con muchos problemas, y  de los peores a escala regional.

La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión tendrá que trabajar en los puntos pendientes o en cumplir con las metas que no alcanzó la Reforma Laboral, señalaron especialistas durante el foro “Balance de la reforma laboral”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.    

Jesuswaldo Martínez Soria, investigador del IBD, dijo que uno de los objetivos de la reforma era aumentar el número de empleos formales en 21 por ciento, lo cual se logró y se rebasó en los últimos seis años, con más de tres millones 800 mil. 

Sin embargo, el crecimiento está asociado a las contrataciones temporales, en contraste con las permanentes que sólo aumentaron en 2.3 por ciento; lo anterior “atenta contra la estabilidad del empleo” y está asociada a bajos salario, ya que 80 por ciento ganan entre uno y dos salarios mínimos.      

Refirió que se debe elevar la eficacia de las acciones que permitan garantizar los derechos laborales fundamentales – seguridad social, trabajo digno y desarrollo- mediante la reforma a los sistemas institucionales del Estado, en concreto, la seguridad social y el sistema de salud. 

Además, se tienen que crear y mejorar los mecanismos para asegurar el cumplimiento de la Ley; fortalecer el registro y control de trabajadores y empresas en los sistemas fiscales y de seguridad social; reducir los costos de cumplimiento de la regulación; y consolidar la regulación de las actividades de subcontratación. 

Arturo Alcalde Justiniani, titular de Asesoría Jurídica Laboral, comentó que muchos de los temas importantes de la reforma han sido ignorados, como la reducción de los juicios laborales y las reglas para controlar la subcontratación, la cual creció en lugar de reducirse. 

Dijo que una de las primeras tareas del Senado de la República, en la nueva Legislatura, debe ser la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado por el Presidente de México, en 2015, relativo a la libertad sindical y la contratación colectiva. 

David Kaplan, especialista en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, explicó que México tiene un mercado laboral con muchos problemas, y es de los peores a escala regional; con una informalidad muy alta, y para ejemplificar explicó que es 30 por ciento mayor que la de Brasil, “que incluso es algo más pobre”. 

En la reforma laboral del 2012, apuntó, se desatendió la problemática de los trabajadores; la legislación secundariam agregó, representa una oportunidad para lograr un buen proceso de conciliación, fortalecer el voto secreto y la transparencia de los sindicatos. 

Lorenzo Roel Hernández, presidente de la Comisión Laboral de la Coparmex, señaló que en la Ley Federal del Trabajo aún existen candados en cuanto a derechos de los trabajadores, como la cláusula obligatoria de inclusión a un sindicato. 

Abundó en que la nueva Legislatura del Senado deberá trabajar en la ley secundaria y poner énfasis en las conciliaciones para evitar un procedimiento ante los tribunales laborales en el Poder Judicial, y la expectativa de un juicio ágil y transparente. 

Ángel García, senador electo, advirtió que el Congreso de la Unión y las Legislaturas locales no han realizado las adecuaciones legislativas necesarias, acorde con la reforma, para lo cual tenían un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto.

·         Beneficiarios de programas deberán cumplir con el eficiente aprovechamiento personal y familiar de los recursos recibidos. 

A nombre de diversos integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, la diputada Ruth Tiscareño Agoitia presentó una propuesta de modificación a la Ley General de Desarrollo Social para fortalecer las políticas públicas en la materia. 

El proyecto de decreto plantea fortalecer la política en materia de desarrollo social, así como ampliar los mecanismos de eficiencia, productividad, distribución y aprovechamiento en la ejecución de programas. 

En los principios de la Política de Desarrollo Social, incorpora los criterios de accesibilidad, desarrollo de capacidades, inclusión financiera, movilidad social, transversalidad, eficiencia, continuidad, evaluación y transparencia. 

Establece que los beneficiarios de dichos programas deberán cumplir con el eficiente aprovechamiento personal y familiar de los beneficios recibidos. 

Se prevé contemplar los principios de justicia, eficiencia y productividad en la distribución de los recursos y fondos en la materia, así como en la integración del padrón de beneficiarios. 

El proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, se turnó a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

 

Por Nancy Rodríguez

La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoció y felicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por la campaña "Sin popote está bien" por considerar que fomenta la concientización entre la población sobre la problemática ambiental que representa el uso de plásticos, específicamente el popote, y exhorta a las autoridades federales y locales para que continúen con estas acciones.

Lo anterior fue un punto de acuerdo que resultó del dictamen de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas el (fecha), en donde se reconoció a la campaña “Sin popote está bien” como una medida para desincentivar el uso de este artefacto de plástico y en consecuencia aminorar el impacto ambiental por el uso del mismo. 

De acuerdo con información gubernamental, en México cada persona utiliza 38 mil popotes en su vida, es decir, 500 millones diarios en el mundo; plásticos que tardan 100 años en degradarse.

El senador Isidro Pedraza Chávez consideró que la campaña debe estar enfocada al uso de plásticos biodegradables y sus impactos en el cambio climático, ya que que hay empresas que producen popotes con materiales como la cáscara de aguacate.

El senador Jesús Casillas Romero dijo que el material que se utiliza en la elaboración de popotes de plástico tarda más de 100 años en degradarse y afecta a más especies en diversos ecosistemas, no solo a los marinos. Por ello, felicitó a la SEMARNAT por promover esta campaña.

Los integrantes de la Tercera Comisión señalaron que a fin de preservar el medio ambiente es importante hacer conciencia en las personas de las consecuencias que trae el uso del popote y de plásticos en general, ya que solo el 10% de los residuos de plásticos se reciclan, el 12% se incinera y el 79% restante tiene como destino vertederos o basureros. Es por eso que exhorta a esta Secretaría federal “a continuar con la promoción de campañas como ''Sin popote está bien", con la finalidad de concienciar a la población acerca de la problemática ambiental que representa el uso de plásticos como el popote." 

Al respecto, la SEMARNAT saluda este reconocimiento por parte del Poder Legislativo y reitera su compromiso de seguir difundiendo información y mensajes sobre contaminación por plásticos para fomentar un consumo responsable en la población a favor del medio ambiente. 

Es importante recordar que el 17 de abril del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó la adición de la fracción VIII, al artículo 35 de la ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual está pendiente de aprobarse por la Cámara de Senadores, y que señala: 

"Artículo 35. El Gobierno Federal, los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en la esfera de su competencia, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad en la prevención de la generación, la valorización y gestión integral de residuos, para lo cual: 

VIII. Fomentaran acciones encaminadas a que los establecimientos de alimentos y bebidas no promuevan el consumo de popotes, salvo que el usuario así lo disponga".

 

  • Presidente de la Mesa Directiva del Senado invita a las nuevas legisladoras a buscar un presupuesto sensible y con perspectiva de género.
  • “Pase de estafeta. Logros y desafíos para la Igualdad Sustantiva”, se llevó a cabo en la Casona de Xicoténcatl.

En el evento denominado “Pase de estafeta. Logros y desafíos para la Igualdad Sustantiva”, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género, el legislador resaltó que en las dos Legislaturas se aprobaron 40 reformas en materia de género, se fortaleció el Instituto Nacional de las Mujeres, se avanzó en la igualdad formal y se impulsaron los Refugios para Víctimas de Violencia y la armonización del tipo penal de feminicidio.

También se aprobó la integración paritaria de las candidaturas al Congreso, por lo que se seguirá avanzando hacia una integración 50-50. El nuevo Congreso, agregó, está casi 50-50; 65 hombres y 63 mujeres en la Cámara Alta, y en la Cámara de Diputados, 243 mujeres y 256 hombres.

En el Senado, agregó, se creó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto para las mujeres mexicanas destacadas en la lucha social, cultural, política y económica, en favor de los derechos humanos de las mujeres para lograr una igualdad de género; nos unimos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, a los 16 días de activismo contra la violencia de género, y se creó la Unidad de Género.

Cordero Arroyo recomendó a las diputadas electas a enfocarse y hacer presupuestos fuertes, sensibles y que tengan perspectiva de género, que sean auditables, que sean evaluables y que les puedan ir reportando los avances cada trimestre en los informes que hace la Secretaría de Hacienda, lo que fortalecerá la agenda por la que se ha trabajado y “que me da mucho orgullo haber sido parte, aunque en pequeños episodios”.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, señaló que todas las leyes, aunque no fueron dictaminadas por la Comisión, se les inscribió la perspectiva de género, planteada de manera transversal junto con los principios rectores de los derechos de las mujeres, igualdad sustantiva y del interés superior de la niñez.

Se pronunció porque a la Unidad de Género del Senado se le cuide como “a la niña de sus ojos”, que se reconozca todo lo que plantea, la expertise que debe caracterizarla. “No lo trastoquen, no permitan que se trastoque sino que cumpla su función”, agregó.

Dijo que falta revisar la alerta de violencia de género, órdenes de protección emergentes y preventivas, el banco nacional de datos de violencia contra las mujeres y el diagnóstico de violencia a nivel nacional; así como impulsar reformas sobre violencia política, y lo relativo a nombramientos de mujeres para garantizar la igualdad, cuotas en el sector empresarial.

La senadora Pilar Ortega Martínez precisó que se debe celebrar la representación histórica de las mujeres en el próximo Congreso. Se debe hacer valer y reflejar no solo en cantidad sino en calidad y, pidió que las mujeres estén representadas en los espacios de toma de decisión.

Reconoció la apertura del Senado para dar paso al principio de paridad, ahora establecido en la Constitución y necesario para México, que finalmente se ve reflejado en los números que hoy se presentan.

Entre los pendientes, destacó temas como la violencia política, la consolidación de una mejor reforma electoral y el acceso a la educación, la violencia obstétrica, el acceso de las mujeres a la toma de decisiones políticas y a decidir sobre un nuevo modelo de democracia participativa, activa y firme de las mujeres, así como una reforma en materia laboral.

La senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, dijo que es fundamental que se impulse una causa común que permita definir una agenda con los temas que debe impulsar el Legislativo en materia de igualdad en el ingreso económico, acceso al mercado laboral, educación continua, así como poner un freno a los feminicidios en el país.

Aseguró que para las legisladoras electas se les viene una lucha para estar paritariamente al frente de las comisiones, sobre todo, en las que son estratégicas, “por lo que es necesario empoderar a las nuevas generaciones, para que poco a poco abran más lugares en los espacios de decisión”.

La senadora del PRI, Margarita Flores Sánchez, expresó que es necesario dar seguimiento puntual a la violencia política de género, a la salud, educación y trabajo, con un enfoque incluyente, pensando en las mujeres del campo, indígenas, madres solteras o quienes tienen alguna discapacidad.

“Las mujeres están listas para trabajar por las siguientes generaciones porque en la medida que avancemos y nos empoderemos, el país avanzará y crecerá, ya que en este tema no hay colores, sino unidad”, apuntó.

Gloria Ramírez Hernández, galardonada con el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, manifestó que es necesario garantizar todos los derechos para las mujeres en todos los estados y en todas las regiones del país.

Afirmó que se tienen muchos retos por delante, pero que el principal es terminar con la violencia de género, “no olviden siempre caminar de la mano con aquellas voces jóvenes, mujeres indígenas, movimiento LGBT, quienes levantan la voz y piden escucharlas”.

Luis Raúl González Pérez, presidente Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que en México y en el mundo las mujeres están en situación de desventaja frente a los hombres, obstaculizando su ejercicio pleno de derechos.

Para que haya igualdad sustantiva, añadió, es necesario generar condiciones para que las mujeres hagan efectivos sus derechos, situándose en el terreno de las prácticas y la igualdad de oportunidades. Coincidió con los temas pendientes, entre los que destacó la trata de personas, la desaparición forzada, atención a víctimas, tortura, igualdad sustantiva, ciberacoso y despenalización del aborto, entre otros.

Por su parte, Marcela Eternod Aramburu, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, precisó que hay una lista de pendientes legislativos de mayor trascendencia, pero que las nuevas integrantes del Congreso sabrán de la responsabilidad que tienen para consolidar y avanzar en esta agenda.

Queremos que el nuevo gobierno y la nueva Legislatura enfrente la impunidad y corrupción, pero sobre todo la omisión y la indiferencia de no hacer lo que tiene que hacer; que enfrente clara y directamente la construcción de una cultura de paz y de una civilidad para el desarrollo. La nueva Legislatura debe lograr que el presupuesto tenga como centro a las personas y sobre todo a las mujeres y niñas, acotó.

La senadora sin partido, Martha Tagle Martínez, propuso organizar una bancada de mujeres y que se defina una agenda en la que se consensen mecanismos internos de difusión, una meta conjunta para que en la siguiente legislatura se entreguen buenas cuentas y pasando la estafeta a quienes vienen detrás.

Luis Castro Obregón, presidente Nacional de Nueva Alianza, subrayó que se han conquistado espacios, y ahora se tiene que ejercer espacios para feminizar el Congreso. Con este pase de estafeta se corresponsabiliza y se deja mucho trabajo para no ceder un paso atrás y culminar con lo iniciado.

En el evento organizado por la Comisión para la Igualdad de Género, que preside la senadora Diva Gastélum Bajo, también participaron la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD y Guadalupe Perea Santos, del PES; las diputadas electas Lilia Aguilar Gil, del PT; Beatriz Manrique Guevara, del PVEM, y Martha Lucía Mícher Camarena de Morena.

Asimismo, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso; la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas, quienes manifestaron que desde su trinchera, cada mujer deben impulsar un frente común que permita el empoderamiento de las mujeres sin distingo de colores.

·         Impulso de la apicultura y el desarrollo sostenible, entre sus objetivos.

En el Senado de la República se presentó el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas, cuyo objetivo es integrar y sistematizar información para el diseño de políticas públicas dirigidas a la preservación de estos insectos, al impulso de la apicultura y el desarrollo sostenible. 

El presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, destacó que las abejas son responsables de que existan los vegetales y de que los animales puedan alimentarse, por lo que “sin ellas sería prácticamente imposible la vida en la tierra”.

Agregó que 90 por ciento de nuestros alimentos provienen de la polinización de estos insectos, así como también buena parte del forraje para el ganado. 

Pese a estos datos, advirtió el Presidente del Senado, en los últimos 15 años, la población mundial de abejas ha decrecido alrededor del 20 por ciento, a causa de parásitos, hongos y pesticidas. 

Cordero Arroyo refirió que la apicultura tiene un enorme valor para nuestra economía, pues México es el séptimo productor mundial de miel, con 57 mil toneladas, en 2016 y con 50 mil toneladas, en 2017. Gracias a esta actividad, dijo, 45 mil personas, en su mayoría pequeños productores, tienen trabajo. 

El senador electo, Jorge Carlos Ramírez Marín, advirtió que la disminución de la población de abejas es el problema más importante para la agricultura en México, así como para alcanzar la independencia y soberanía alimentaria. 

Afirmó que en la actualidad este sector está amenazado por “la competencia desleal que representa un sustituto de miel creado en China” y que ha sido aprobado para su comercialización. 

Jezarela López Aguilar, directora de Análisis y Gestión del Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano, refirió que el Atlas es el resultado de un esfuerzo conjunto con los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de organizaciones civiles para reconocer la importancia de las abejas en la producción de cultivos, frutas y hortalizas. 

Este instrumento, precisó, tiene el objetivo de integrar información para el diseño de políticas públicas para la preservación de dichos insectos, el impulso de la apicultura y el desarrollo sostenible. 

Javier Aguilar Lara, director de Soluciones Geoespaciales del SIAP, indicó que este año la producción de miel en el país es de 57 mil toneladas y su valor asciende a 2 mil millones de pesos.

Mencionó que los estados que más producen este alimento son Jalisco, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Oaxaca; refirió que la miel mexicana se exporta a más de 26 países, siendo Alemania y Estados Unidos los principales consumidores. 

En su turno, Francisco Javier Jiménez Nava, director general adjunto de Recurso Naturales y Medio Ambiente del INEGI, explicó que el Atlas es una herramienta que le permitirá al sector apícola identificar la situación en que se encuentran esta actividad y las especies de abejas. 

Se trata, agregó, de un producto de amplio acceso que se encuentra en un formato legible en Internet y que contiene un atlas digital que usa una plataforma institucional, a efecto de la información que contiene pueda ser actualizada día con día.

·         Combatir la corrupción mediante la persecución de servidores públicos, es un proyecto que está destinado al fracaso.     

El gran problema del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, es la ausencia de una visión sistémica, y ello la aleja mucho de sus propósitos, expusieron los analistas que participaron en el “Balance de la reforma en materia de justicia penal”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.  

Señalaron que el error deriva de que la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio  implica también la reforma de las policías, los ministerios públicos, los jueces, el sistema penitenciario y de la práctica de los abogados; y además se ha olvidado la creación de las fiscalías. 

En cuanto al fenómeno de la corrupción, combatirla con una estrategia que se base principalmente en la persecución de servidores públicos, es un proyecto que está destinado al fracaso, comentaron. 

La corrupción en México es un fenómeno de carácter sistémico, institucional que implica la existencia de redes de intereses en las que participan actores públicos y privados en todos los niveles de gobierno, acotaron. 

Carlos Galindo López, investigador del IBD, refirió que a partir de 2006, cuando iniciaron los operativos militarizados permanentes en las calles, se elevó la cifra de homicidios y generó una ola de violencia que aún continúa en el país. 

Dijo que el nuevo sistema acusatorio ofrece una oportunidad distinta para lidiar con la criminalidad, porque sólo los casos más graves son llevados a juicio; lo que impacta en la efectividad para combatir los delitos, ya que en el antiguo sistema se calcula en 21 por ciento, y con el nuevo incrementó hasta 60 por ciento. 

Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, advirtió que regresar al modelo de prisión preventiva oficiosa para todos los delitos sería un grave error, “hago un llamado al Senado a que resistan las tentaciones de regresión”; y exhortó a los legisladores a concentrarse en el funcionamiento de la fiscalía anticorrupción. 

Explicó que no existe una fórmula única para reducir la corrupción, ya que en la experiencia internacional, pocos esfuerzos, con diversos modelos de intervención, han sido exitosos; “las posibilidades de error son altas, y continuamente se deben hacer cambios sobre la marcha”. 

La coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa, María Novoa,  señaló que apenas el 75 por ciento de las procuradurías en los estados se han transformado en fiscalía, y la mayoría aplican aún un modelo de sistema acusatorio obsoleto. 

Dijo que una de las prioridades es fortalecer el sistema de justicia penal, o de lo contrario no habrá pacificación en el país.    

El director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco Solís, sostuvo que existe un riesgo de contrarreforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, debido a la falta de visión sistemática de la misma, además de carecer de recursos y evaluaciones. 

Subrayó que se debe fortalecer el ministerio público para tener un óptimo sistema de justicia penal.   

Durante la mesa de “Balance de la reforma político-electoral”, Jaime Cárdenas Gracia, de la Facultad de Derecho de la UNAM, mencionó que no se han garantizado las elecciones libres y auténticas, a pesar de las reformas iniciadas desde la década de los sesenta y hasta la reforma del año 2014. “Sin esas garantías el sistema democrático no es real”, dijo. 

La reforma electoral mejoró algunas cosas, respecto a la previa de 2007, pero no fue aceptable, en términos democráticos, comentó. “Los mexicanos debemos de aspirar a otro tipo de democracia más amplia y radical”, para que las decisiones fundamentales sean tomadas por la sociedad, añadió.  

También participaron, Perla Gris Legorreta, del IBD, y Salvador Nava Gomar, especialista en materia político-electoral. A las mesas de análisis asistió la senadora electa Xóchitl Gálvez.

 

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