MUJERES DE ORO SÓLIDO

MUJERES DE ORO SÓLIDO (150)

*La situación que viven miles de mujeres con discapacidad en este país daña, lastima y lacera a la sociedad en su conjunto, afirma la Senadora Yolanda de la Torre.

*Mujeres y niñas con discapacidad sufren una doble discriminación, se advierte en el dictamen avalado por el Pleno.

Por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de decreto que reforma al artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, para que la administración pública impulse el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres con discapacidad.

En el dictamen, aprobado en la sesión de este martes con 74 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores asentaron que las mujeres y niñas con discapacidad sufren una doble discriminación en razón de su género.

También se destaca que, en México, las mujeres tienen un porcentaje de población con discapacidad ligeramente más alto que los hombres, esto es 52.3 por ciento frente a 47.7 por ciento.

En nuestro país, se agrega en el documento, el 7.7 por ciento de personas vive con discapacidad, es decir, nueve millones 240 mil personas, de las cuales cuatro millones, 832 mil 520 son mujeres, “sujetas a discriminación múltiple no sólo por los prejuicios y las desigualdades de que son víctimas, sino por las limitaciones y las funciones asignadas tradicionalmente a cada género.

Al presentar la propuesta, la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que “la situación que viven miles de mujeres con discapacidad en este país daña, lastima y lacera a la sociedad en su conjunto”.

Por ello, la reforma al artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad busca “erradicar esos actos misóginos y retrógrados que perjudican a la mujer y a la sociedad, y que no permiten que este sector acceda al desarrollo.

“Porque eso es lo que queremos, que las mujeres con discapacidad se empoderen para que ellas decidan sobre su vida y hagan pleno ejercicio de sus derechos humanos”, asentó la legisladora.

También responde a observaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que ha sugerido poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, a fin de la discriminación en todos los ámbitos de la vida.

El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados.

*La titular de la Procuraduría General de la República compareció ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, en el marco del Glosa del IV Informe de Gobierno.

*Caso Ayotzinapa, avances en sistema penal acusatorio y violación a los derechos humanos, entre los temas que expusieron los grupos parlamentarios

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, reiteró a senadores que se están explorando todas las líneas de investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y “se siguen concentrando todos los esfuerzos para esclarecer los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014”, pues se trata de una deuda con los padres de las víctimas y con la sociedad.

La funcionaria compareció este lunes ante la Comisión de Justicia del Senado de la República como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal.

En su intervención inicial, Gómez González afirmó a los legisladores que en México no habrá circunstancia alguna que haga que la PGR claudique en su búsqueda por cumplir y hacer cumplir la Constitución, y esta voluntad de transparencia y rendición de cuentas es indispensable en sucesos dolorosos como los ocurridos en Iguala y que han afligido profundamente a nuestra nación.

Dio a conocer que se han cumplido 93 por ciento de las 941 peticiones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron aceptadas y se han estado atendiendo en coordinación con esa institución.

La procuradora agregó que se ha emprendido una investigación exhaustiva sin precedentes que, a esta fecha, comprende 271 tomos, 851 acciones de búsqueda, mil 705 intervenciones periciales, la toma de 951 declaraciones, 135 muestras de ADN y 20 cateos, lo que ha derivado en la consignación de más de 160 personas y más de 120 detenidos.

Dijo que se utilizan tecnologías de última generación como el sistema LIDAR para que, en compañía de los representantes legales y forenses de los padres, se ubiquen posibles lugares en donde pudieran encontrarse fosas clandestinas. Además, se ha profundizado el rastreo de llamadas entrantes, salientes, así como las ubicaciones y desplazamientos de más de dos mil 300 números telefónicos.

En este sentido, Arely Gómez expresó su confianza en que pronto se tengan resultados ministeriales a raíz de estos nuevos elementos.

En el encuentro, aseveró que los derechos humanos se protegen con acciones concretas, así como mediante el abandono de prácticas que constituyen transgresiones a estos derechos. Para ello, añadió, impulsó la aprobación de protocolos homologados para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y de tortura, publicados el 23 de septiembre del 2015.

En materia de arraigo, informó que esta medida preventiva se redujo en 98 por ciento y que el número de testigos colaboradores, mejor conocidos como testigos protegidos, disminuyó 94 por ciento.

Además, destacó que desde el comienzo de su encargo se han iniciado dos mil 358 expedientes en las áreas de control interno, derivados de probables conductas irregulares desde el punto de vista administrativo, lo que representa un incremento del 48 por ciento en la investigación, en comparación con el promedio mensual de expedientes iniciados en años previos.

En el periodo que va del 1 de septiembre de 2015 al 30 junio de 2016, enfatizó, se consignaron 156 averiguaciones previas por la comisión de conductas posiblemente constitutivas de un delito, por parte de servidores públicos de la institución y se ejerció acción penal contra 209 personas.

Por lo que hace a las obligaciones constitucionales y legales de la Procuraduría General de la República, la funcionaria comentó que el 18 de junio de 2016 se alcanzó el 100 por ciento en el proceso de implementación del sistema de justicia penal.

“La eficacia en la procuración de justicia demanda un sólido entramado normativo que siente las bases, las reglas y los principios para atender a las víctimas del delito y asegurar sus derechos humanos, incluyendo el de acceso a la justicia”, consideró Gómez González.

Al fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Ivonne Álvarez García, reconoció el avance que ha tenido la Procuraduría en la implementación del sistema penal acusatorio a nivel local, estatal y federal, y que este ayuda a consolidar la impartición de justicia pronta y expedita.

Reconoció que, si bien hay avances en la procuración de justicia, hay hechos que afectan a la sociedad y que demandan al Estado una respuesta contundente dentro del marco legal, como es la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que la Procuraduría continúa investigando.

La senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, aseguró que México sigue siendo referente internacional en materia de violación a los derechos humanos y al mismo tiempo señaló que los mexicanos continúan esperando respuestas a casos como el de Ayotzinapa; ¿cuáles son los avances en el tema? y ¿qué respuesta se les ha dado a los padres de los 43 estudiantes?, preguntó.

La legisladora también hizo referencia a las fosas clandestinas encontradas en Coahuila, con tres mil 147 restos humanos, aparentemente enterrados por el crimen organizado. Además, se refirió al aumento en la incidencia delictiva en el fuero federal, en los secuestros, robo con violencia y extorsión, entre otros. Aunado a esto cuestionó la posición de la Procuraduría sobre el presupuesto para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que se ve con satisfacción que Tomás Zerón saliera de la institución, porque es el artífice de lo que se ha señalado como el “gran error de la PGR al querer tergiversar lo que aconteció en Ayotzinapa y contra los 43 estudiantes”. Agregó que es importante dar a conocer qué ha pasado con los acuerdos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), sobre el caso con el propósito de llegar a la verdad y justicia.

La senadora perredista también se refirió a casos como Tanhuato, Tlatltaya, Nochixtlán y San Fernando, así como el de Coahuila, señalado por la senadora Ortega. En este sentido, advirtió que de no haber una respuesta puntual a los hechos, todas las instituciones podrían sufrir un resquebrajamiento, situación que no es nada buena para la República, pues se tiene que hablar y llegar a la verdad, con lo que se abonará a la correcta transformación de la PGR a la Fiscalía General de la República.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PT, el senador David Monreal Ávila aseguró que uno de los principales retos de esta institución es el de recuperar la confianza en la población. “Es innegable que la ciudadanía no acude a levantar sus denuncias sencillamente porque no tiene confianza, la aplicación y homologación de la procuración de justicia sigue estando rezagada”.

Es fundamental que la titular de la PGR realice todas aquellas tareas pendientes que estén encaminadas a erradicar la corrupción desde el ámbito de su competencia, no sólo ejerciendo su facultad de atracción ante los casos relevantes, sino también haciendo todo lo posible para que se apliquen las leyes en los casos concretos, precisó.

El senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, manifestó que el compromiso de Arely Gómez al frente de la PGR ha permitido transformar la procuración de justicia en México, ya que impulsó la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a través del cual se ha estimulado la creación de unidades administrativas y de investigación, con el fin de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente los de las víctimas.

El legislador refirió que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Ciudadana revela que la PGR subió 8.2 puntos porcentuales en la percepción ciudadana; “es admirable que a tan sólo año y medio al frente de esta institución, la confianza de la ciudadanía haya dado un giro sustancial”.

*Se le otorgó en reconocimiento por su plena y desinteresada entrega a favor del país.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Lorena Cuéllar Cisneros, recibió el Premio Nacional de Liderazgo 2016, en reconocimiento a su plena y desinteresada entrega a favor del país y por fortalecer a través de su trabajo profesional la democracia, libertad e igualdad de todos los mexicanos.

En la ceremonia realizada en el Senado de la República, la Fundación Liderazgo Hoy y el Claustro Doctoral Iberoamericano entregó el galardón a la legisladora, quien dijo que México atraviesa por enormes condiciones de desigualdad. “Ya no podemos permitir que los malos gobiernos se conformen con administrar la decadencia”.

Por ello, agregó, quiero reafirmar mi convicción de continuar por el camino del cambio que desde hace muchos años hemos trabajado, porque toda unidad marca siempre una diferencia y esta es la base de toda transformación humana.

Previamente participó en la entrega de los “Doctorados Honoris Causa” a funcionarios, académicos, abogados y contadores fiscales por su destacado liderazgo en el campo del conocimiento humano y actividad política.

*Al participar en una de las mesas de análisis del “VII Foro de la Democracia Latinoamericana”, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones señaló que el clientelismo “atenta contra la esencia de las instituciones, lucra políticamente con la pobreza y corta la libertad”.

Ciudad de México, 8 de octubre de 2016.- Al participar en una de las mesas de análisis del VII Foro de la Democracia Latinoamericana”, la legisladora federal Ivonne Ortega Pacheco señaló que “el clientelismo es el principal enemigo de la libertad y, en consecuencia, de la democracia, ya que atenta contra la esencia de las instituciones, lucra políticamente con la pobreza y corta la libertad”.

En las mesas del Foro participaron personalidades de diversas naciones, entre quienes estuvieron la embajadora de los Estados Unidos en México, Roberta S. Jacobson; los ex presidentes de Bolivia (2003-2005) Carlos Mesa; de Guatemala (1986-1991) Vinicio Cerezo; entre otros.

En la sede del evento, el Palacio de Minería de esta ciudad, la presidenta de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados presentó su ponencia “Electores y ciudadanía. Ética pública y clientelismo en las elecciones de América Latina”, enla que señaló las razones más relevantes para combatir el clientelismo.

Ivonne Ortega Pacheco expuso su experienciaderivada del huracán Isidoro, cuando algunos políticos recurrieron al clientelismo como práctica y comentó que durante la campaña para diputada federal  la oposición recurrió al clientelismo para combatirla, mientras que yo seguí escuchando y trabajando para todos, con lo que me sobrepuse a esa actuación del gobierno panista de Yucatán”, indicó.

La diputada enfatizó también que quienes usan esos métodos de política social, erróneamente comunican que “tener más beneficiarios es un logro, cuando en realidad debe ser al revés, ya que si el programa cumple su objetivo, el número de beneficiarios debe reducirse, precisamente ese sería su éxito”, subrayó.

Ivonne Ortega expresó a los que asistieron al foro que contra ese tipo de prácticas nocivas “deben imponerse acciones como la transparencia, eficiencia, gobiernos ágiles y concientizar a la ciudadanía sobre sus derechos”.

La exgobernadora de Yucatán manifestó a los presentes: “Tomemos lo que sirve del sistema y actuemos, es lo que creo que puede salvar a nuestro país y a los países de Latinoamérica”.

Finalmente, la legisladora priista invitó a los jóvenes a tomar acción en los temas trascendentales:“Necesitamos escuelas, sí, pero también más conectividad a todos los estados, tenemos que entender que no se debe medir el género sino la capacidad y que, como gobernadores o legisladores debemos evitar la corrupción”, enfatizó.

La mesa donde participó la diputada Ivonne Ortega estuvo compuesta por José Roberto Ruiz Saldaña, como moderador; Salvador Romero, académico boliviano;  Flavia Freidenberg, académica argentina-española; Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad De México; y Hernán Larraín, senador chileno y presidente de la Unión Democrática Independiente.

  Por Nancy Rodríguez

*X aniversario de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres

*Asistió el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez

*Aspiramos a un mundo en el que mujeres y hombres podamos desplegar todas nuestras potencialidades

*Persisten retos en materia económica y combate a la violencia contra las mujeres para garantizar igualdad de género

*El principio de igualdad de género no es una potestad sino un derecho que se tiene que cumplir, afirma CNDH.

En el marco del X aniversario de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la senadora Lucero Saldaña del PRI consideró necesario eliminar la barrera cultural que le da menor valor a las mujeres, así como los prejuicios, estereotipos y mitos que, incluso, han causado asesinatos de género.

Exaltó el trabajo que ha costado cambiar las leyes para avanzar en este tema, pero sostuvo que lo más complicado ha sido modificar esta cultura en el país. “La tarea está lejos de ser concluida. Nuestras políticas deben enfocarse en las áreas que aún se mantienen en rezago”, afirmó.

Durante la mesa de análisis de “10x la igualdad”, a la que asistió el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, señaló que la igualdad es un principio expansible, y mientras más amplio sea su efecto, mayor será el beneficio para la humanidad.

Refirió que de acuerdo al Índice de Violencia de Género del Foro Económico Mundial, México ocupa la posición 71 de 145 países, en los cuatro rubros que mide; en uno de ellos, indica que ha reducido la brecha de género en materia de salud, está en vías de eliminar la educativa y política, abonando para ello a la paridad.

Sin embargo, persiste la desigualdad en el rubro económico en el que México baja a la posición 126.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales manifestó que ya en México la totalidad de los estados cuenta con la Ley de Igualdad y el nivel de armonización con la legislación general es alto, aunque debe mejorarse en aspectos de planeación y en la observación de la aplicación de la norma.

Por su parte, la senadora Diva Gastélum estimó conveniente trabajar en la igualdad de género en el ámbito laboral, y promover reformas para lograr este propósito, que es uno de los grandes pendientes en el tema.

Pilar Ortega Martínez, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, coincidió que los avances en las políticas públicas no son suficientes, toda vez que las mujeres siguen teniendo una subrepresentación en empresas y en el ámbito político, sobre todo en los municipios.

“Siendo mayoría en la población –advirtió– seguimos siendo una minoría en cuanto a nuestra representación en la toma de decisiones y esto es algo por lo que tenemos que seguir luchando”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, afirmó que la igualdad sustantiva tiene que ver con la eliminación de todas las formas de discriminación que mantienen en una situación de desventaja a las mujeres respecto a los hombres, fundamentalmente en el espacio público.

Por ello, añadió la legisladora del Grupo Parlamentario del PRD, se requiere crear las condiciones para que las mujeres puedan concretar su proyecto de vida, y en este sentido es fundamental un sistema nacional que articule a la federación, estados y municipios.

En tanto, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, asentó que el principio de igualdad de género no es una potestad sino un derecho que se tiene que cumplir.

Reconoció que México se ha fortalecido con un marco normativo y ordenamiento jurídicos que buscan garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos humanos para la población en general y, específicamente, para las mujeres y niñas.

Sin embargo, aún existen retos en materia de armonización legislativa y es imperativo que el Estado mexicano atienda las recomendaciones emanadas de organismos e instrumentos internacionales, como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de igualdad y género.

Subrayó la importancia de atender las recomendaciones de organismos como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en materia de armonización legislativa y en la derogación de las leyes discriminatorias.

Afirmó que dentro de la compleja problemática que enfrenta nuestro país en materia de derechos humanos, lograr la igualdad entre hombres y mujeres es un aspecto prioritario, pues sin la misma no podemos hablar de una verdadera vigencia y respeto de los derechos fundamentales, ni consolidar la cultura democrática a la que aspiramos.

Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres en México, consideró que se requiere una inversión presupuestal en acciones afirmativas mucho más fuerte que la que tenemos en la actualidad.

Advirtió que actualmente se vive un periodo de desaceleración económica en muchos países de la región y en México, que puede tener un enorme impacto en la vida de los hogares pobres, principalmente en el de las mujeres; “esto nos preocupa y necesitamos blindar los programas en la materia”.

También manifestó su preocupación por los crecientes mensajes en contra de la igualdad de género, y al respecto enfatizó que el mensaje de ONU Mujeres es contundente: “la igualdad de género es una obligación de derechos humanos, establece correlaciones jurídicas, programáticas y sociales, y el principio de no discriminación y reconocimiento a la diversidad es fundamental”.

Al evento también asistió la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Hass Paciuc, entre otros.

La senadora panista Sonia Rocha Acosta solicitó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, no recortar el presupuesto destinado al desarrollo de 68 pueblos indígenas de diversos estados.

El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2017 plantea un recorte adicional al de 2016, en el que se asignaron 11 millones 900 mil 503 pesos; y para 2017 se prevé reducirlo hasta 5 millones 806 mil pesos, es decir, cerca del 52 por ciento, señaló la legisladora por Querétaro.

Durante la comparecencia del titular de la SHCP en el marco de la Glosa del IV Informe  de Gobierno, Rocha Acosta afirmó que las políticas públicas no pueden dejar de lado a las poblaciones indígenas de estados como Oaxaca, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Chiapas, Puebla, Guerrero, Querétaro, los cuales suman más de 25 millones de personas que no pueden quedar excluidos de apoyos presupuestales.

“De cumplirse este recorte presupuestal, miles de obras quedarán paralizadas e infinidad de proyectos indígenas se arruinarán”, advirtió la Senadora Sonia Rocha.

·       La senadora Hilda Esthela Flores Escalera dijo que será el órgano coordinador de esfuerzos entre los sectores público, privado y social para evitar el desperdicio de alimentos.   

·       En México se desperdicia hasta 37 por ciento de alimentos cada año, con lo que se podría beneficiar hasta a siete millones de personas.    

La senadora Hilda Esthela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para expedir la Ley que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos, pues en México se desperdicia hasta 37 por ciento de alimentos cada año, con lo que se podría beneficiar hasta a siete millones de personas. 

Dijo que la solución a este fenómeno debe ser integral y multisectorial, y por ello es urgente diseñar y poner en marcha una política nacional para reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, así como impulsar un aprovechamiento eficiente de los mismos.

La iniciativa tiene por objetivo la creación de un Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos, que funja como órgano coordinador de esfuerzos entre los sectores público, privado y social en esta lucha común.

El consejo se integraría por diversas dependencias como la Secretarías de Desarrollo Social; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud, y  Economía; así como de la Procuraduría Federal del Consumidor y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se trata de dependencias y entidades involucradas en la producción, comercialización, consumo e inocuidad de los alimentos, así como con los efectos de cada uno de estos rubros, detalló la senadora Flores Escalera.

También formarán parte del Consejo representantes de las organizaciones de producción de alimentos, comercializadoras, organizaciones de la sociedad civil involucradas, e instituciones académicas y de investigación con especialidad en la materia.

Asimismo, el Consejo será el encargado de diseñar la política nacional en materia de reducción del desperdicio y pérdida de alimentos; de promover la coordinación de los sectores público, privado y social involucrados en la producción, transporte, comercialización y consumo de alimentos.

Además, de promover el desarrollo de infraestructura para su producción, comercialización y transporte eficiente; estimular la participación del sector privado; promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional e internacional; y de promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre la población y los sectores involucrados.

El Consejo establecerá indicadores comunes que permitan sumar todas las acciones en una misma dirección, y con ello evitar su dispersión y por ende su efectividad, señala la iniciativa.

El proyecto también prevé el diseño, la aprobación y la puesta en práctica de la Estrategia Nacional para la Reducción del Desperdicio y Pérdida de Alimentos, como instrumento rector de la política nacional en la materia.

En el documento presentado se señala que en México se utilizan alrededor de mil 400 millones de hectáreas para producir alimento que no es consumido.

Además el costo global del desecho de alimentos, en 2009, fue aproximadamente de 750 mil millones de dólares. También refiere que a escala regional, en América Latina, se desperdician 127 millones de toneladas de alimentos al año; lo que sería suficiente para satisfacer las necesidades de 300 millones de personas.

La iniciativa respaldada por las senadoras Lilia Merodio Reza, Diva Gastélum Bajo, Hilaria Domínguez Arvizu, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, Anabel Acosta Islas, Lisbeth Hernández Lecona, Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI; María Elena Barrera Tapia, del Partido Verde Ecologista de México; y Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Partido del Trabajo.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictaminación.

explica que se busca también reducir el impacto ambiental que causa la pérdida y desperdicio de alimentos.

·  Exhortan a autoridades locales a poner en práctica Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres

·  Inequidad en tiempos oficiales, designación en distritos perdedores y agresiones, entre otros, casos de violencia política contra mujeres

Con el objetivo de atender casos de violencia política contra las mujeres, senadoras del PAN demandaron a autoridades locales y federales implementar protocolos para evitar actos de impunidad, discriminación y desigualdad, que buscan menoscabar o anular el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales.

En un punto de acuerdo, solicitaron a organismos públicos locales, procuradurías y fiscalías generales de justicia y tribunales electorales de las entidades federativas a que, en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales, establezcan mecanismos claros, certeros y didácticos que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, oportuna y adecuada, en casos de violencia política ejercida contra las mujeres.

A nombre de las legisladoras del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez propuso que en la elaboración de sus respectivos protocolos, las autoridades tomen como base el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Asimismo, Ortega Martínez resaltó que la Fepade tiene registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral de 2014-2015 y, en lo que va de 2016, se tiene conocimiento de 103.

Ortega Martínez subrayó que entre los casos de violencia política que actualmente enfrentan las funcionarias públicas, legisladoras o candidatas, están la inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión, el registro de mujeres exclusivamente en distritos perdedores, la inequidad en la distribución de los recursos para las campañas, así agresiones verbales, gráficas o escritas basadas en extereotipos y visiones discriminatorias contra las mujeres, además de acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso homicidio.

Recordó que, a partir de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, México ha avanzado a fin de concretar esa igualdad; ejemplo de ello, dijo, fue la reforma política de 2014, en la que se estableció la obligación a los partidos políticos aplicar el principio de paridad en materia legislativa.

Sin embargo, la legisladora por Guanajuato destacó que la mayor presencia de mujeres en cargos de designación o de elección popular ha traido también un incremento de la violencia política contra ellas, “quienes en ocasiones tienen que enfrentarse a circunstancias de género, que tienen por objeto menoscabar o anular el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales o el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.

“Ante tales circunstancias es necesario promover acciones e instrumentos operativos en defensa de la violencia política hacia las mujeres, preservando sus derechos políticos, ciudadanos y civiles”, afirma la senadora Pilar Ortega.

·         Muy pocos donan voluntariamente, asegura la diputada Melissa Torres Sandoval

·         Este lunes 19 de septiembre inicia el periodo de información

Se estima que en México menos del 5 por ciento de la sangre que se encuentra en los bancos especializados, es producto de donaciones voluntarias, informó la diputada Melissa Torres Sandoval, quien anunció una campaña de información y donación del 19 al 29 de septiembre en la Cámara de Diputados.

Precisó que a partir del lunes 19, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, se ofrecerá información en módulos que se instalarán en la Explanada y Puerta 1 del Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre los requisitos para ser donante o para aclarar alguna duda respecto al proceso de donación.

Quienes lo decidan, podrán realizar una cita previa para llevar a cabo la donación de sangre los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Patio Sur de la Cámara de Diputados, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

La legisladora federal del Partido Encuentro Social y secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara baja, confió en que participen en esta campaña de información y donación de sangre, las y los diputados de todos los partidos políticos representados en San Lázaro.

Asimismo, el personal que labora en la Cámara y todas aquellas personas que quieran sumarse “a tan importante y noble causa” para que la campaña tenga éxito.

Torres Sandoval señaló que en nuestro país impera el modelo de donación por reposición; es decir, las personas donan sangre cuando un familiar o un amigo requieren de una trasfusión sanguínea o va a ser intervenido quirúrgicamente, lo que significa que no existe una cultura de la donación altruista.

Por ello, la diputada de Encuentro Social destacó que la donación voluntaria es un acto de solidaridad que contribuye a salvar vidas, de ahí que es necesario realizar donaciones periódicas y sin remuneración para asegurar el adecuado y suficiente abasto de sangre en los centros hospitalarios de todo el país.

Por Nancy Rodríguez

*Pensar en accesibilidad es pensar en Ciudades Humanas

*El edifico del Senado es de los más inaccesibles en todo el país.

*Son muchos años de lucha y seguimos careciendo de accesibilidad adecuada

*Dijo que hay que abonar y orientar la acción pública, en todos los órdenes y niveles del gobierno en esta materia.

*Asimismo, el tema de la accesibilidad debe comprenderse también desde la transición demográfica del país, señaló.   

VIDEO de su intervención

 https://youtu.be/MEw3Rsrh2hU

 La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para adicionar el párrafo décimo cuarto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de incorporar el principio de accesibilidad.

Asimismo, hizo un llamado a la sensibilidad del presidente del Senado Pablo Escudero para que se avance en los temas de accesibilidad.

La senadora señaló “hemos construido ciudades diseñadas para la circulación masiva de vehículos, de objetos y mercancías, para la construcción de portentosos edificios, parques y jardines disfuncionales, y para la circulación de objetos y mercancías, pero no para la convivencia ciudadana y para la construcción de espacios a los que pueda denominárseles espacios para la civilidad”.

Explicó que el principio de accesibilidad implica cuatro criterios elementales: la disponibilidad que se refiere a la existencia del servicio o bien; el acceso efectivo que se tiene a éste; la aceptabilidad a que el servicio cuente con la calidad necesaria; y la adaptabilidad a las necesidades de las personas en su contexto cultural, social o demográfico.

Incorporar el principio de accesibilidad a la Constitución, agregó, es un acto de justicia elemental para millones de personas, porque clarifica y orienta la acción pública, en todos los órdenes y niveles del gobierno, comentó ante el Pleno.

Dijo que las decisiones del gobierno tienen la responsabilidad de considerar que nadie, debido a barreras físicas o arquitectónicas, enfrente no sólo un menoscabo o limitación para el cumplimiento de sus derechos, sino, como ya ocurre en millones de casos, a su completa privación.

El principio de accesibilidad debe ser un criterio fundamental e irrenunciable, con base en el cual los Estados deben tomar sus decisiones más relevantes en todos los ámbitos de la vida pública, advirtió la senadora Yolanda de la Torre.

Además de la relevancia que tiene el tema de la accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad, debe comprenderse que la transición demográfica obliga al Estado a extenderlo y comprender que se trata de un concepto asociado a los distintos ciclos de vida, independientemente de la condición en que se encuentren las personas, señaló.

Por ejemplo, pensar en las personas adultas mayores implica asumir una nueva lógica de desarrollo urbano, en el que haya espacios accesibles e incluyentes adaptados y que respondan a los derechos que tienen las personas mayores de 65 años, como: aceras y guarniciones que no constituyan barreras, temporización de semáforos para el cruce de calles, prestación de servicios públicos y privados.

Abundó en que también es importante considerar el alcance que tiene el principio de accesibilidad en los espacios públicos para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o crianza temprana.

La iniciativa también es propuesta de los senadores Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena Marín Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI; y fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis.  

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