MUJERES DE ORO SÓLIDO

MUJERES DE ORO SÓLIDO (143)

·  Exhortan a autoridades locales a poner en práctica Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres

·  Inequidad en tiempos oficiales, designación en distritos perdedores y agresiones, entre otros, casos de violencia política contra mujeres

Con el objetivo de atender casos de violencia política contra las mujeres, senadoras del PAN demandaron a autoridades locales y federales implementar protocolos para evitar actos de impunidad, discriminación y desigualdad, que buscan menoscabar o anular el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales.

En un punto de acuerdo, solicitaron a organismos públicos locales, procuradurías y fiscalías generales de justicia y tribunales electorales de las entidades federativas a que, en el ámbito de su competencia y conforme a los estándares internacionales, establezcan mecanismos claros, certeros y didácticos que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata, oportuna y adecuada, en casos de violencia política ejercida contra las mujeres.

A nombre de las legisladoras del PAN, la senadora Pilar Ortega Martínez propuso que en la elaboración de sus respectivos protocolos, las autoridades tomen como base el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional de las Mujeres.

Asimismo, Ortega Martínez resaltó que la Fepade tiene registrados un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en 2015 se atendieron 38, derivados del proceso electoral de 2014-2015 y, en lo que va de 2016, se tiene conocimiento de 103.

Ortega Martínez subrayó que entre los casos de violencia política que actualmente enfrentan las funcionarias públicas, legisladoras o candidatas, están la inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión, el registro de mujeres exclusivamente en distritos perdedores, la inequidad en la distribución de los recursos para las campañas, así agresiones verbales, gráficas o escritas basadas en extereotipos y visiones discriminatorias contra las mujeres, además de acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso homicidio.

Recordó que, a partir de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, México ha avanzado a fin de concretar esa igualdad; ejemplo de ello, dijo, fue la reforma política de 2014, en la que se estableció la obligación a los partidos políticos aplicar el principio de paridad en materia legislativa.

Sin embargo, la legisladora por Guanajuato destacó que la mayor presencia de mujeres en cargos de designación o de elección popular ha traido también un incremento de la violencia política contra ellas, “quienes en ocasiones tienen que enfrentarse a circunstancias de género, que tienen por objeto menoscabar o anular el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales o el pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.

“Ante tales circunstancias es necesario promover acciones e instrumentos operativos en defensa de la violencia política hacia las mujeres, preservando sus derechos políticos, ciudadanos y civiles”, afirma la senadora Pilar Ortega.

·         Muy pocos donan voluntariamente, asegura la diputada Melissa Torres Sandoval

·         Este lunes 19 de septiembre inicia el periodo de información

Se estima que en México menos del 5 por ciento de la sangre que se encuentra en los bancos especializados, es producto de donaciones voluntarias, informó la diputada Melissa Torres Sandoval, quien anunció una campaña de información y donación del 19 al 29 de septiembre en la Cámara de Diputados.

Precisó que a partir del lunes 19, en un horario de 08:00 a 14:00 horas, se ofrecerá información en módulos que se instalarán en la Explanada y Puerta 1 del Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre los requisitos para ser donante o para aclarar alguna duda respecto al proceso de donación.

Quienes lo decidan, podrán realizar una cita previa para llevar a cabo la donación de sangre los días 27, 28 y 29 de septiembre en el Patio Sur de la Cámara de Diputados, en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

La legisladora federal del Partido Encuentro Social y secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara baja, confió en que participen en esta campaña de información y donación de sangre, las y los diputados de todos los partidos políticos representados en San Lázaro.

Asimismo, el personal que labora en la Cámara y todas aquellas personas que quieran sumarse “a tan importante y noble causa” para que la campaña tenga éxito.

Torres Sandoval señaló que en nuestro país impera el modelo de donación por reposición; es decir, las personas donan sangre cuando un familiar o un amigo requieren de una trasfusión sanguínea o va a ser intervenido quirúrgicamente, lo que significa que no existe una cultura de la donación altruista.

Por ello, la diputada de Encuentro Social destacó que la donación voluntaria es un acto de solidaridad que contribuye a salvar vidas, de ahí que es necesario realizar donaciones periódicas y sin remuneración para asegurar el adecuado y suficiente abasto de sangre en los centros hospitalarios de todo el país.

Por Nancy Rodríguez

*Pensar en accesibilidad es pensar en Ciudades Humanas

*El edifico del Senado es de los más inaccesibles en todo el país.

*Son muchos años de lucha y seguimos careciendo de accesibilidad adecuada

*Dijo que hay que abonar y orientar la acción pública, en todos los órdenes y niveles del gobierno en esta materia.

*Asimismo, el tema de la accesibilidad debe comprenderse también desde la transición demográfica del país, señaló.   

VIDEO de su intervención

 https://youtu.be/MEw3Rsrh2hU

 La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para adicionar el párrafo décimo cuarto al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de incorporar el principio de accesibilidad.

Asimismo, hizo un llamado a la sensibilidad del presidente del Senado Pablo Escudero para que se avance en los temas de accesibilidad.

La senadora señaló “hemos construido ciudades diseñadas para la circulación masiva de vehículos, de objetos y mercancías, para la construcción de portentosos edificios, parques y jardines disfuncionales, y para la circulación de objetos y mercancías, pero no para la convivencia ciudadana y para la construcción de espacios a los que pueda denominárseles espacios para la civilidad”.

Explicó que el principio de accesibilidad implica cuatro criterios elementales: la disponibilidad que se refiere a la existencia del servicio o bien; el acceso efectivo que se tiene a éste; la aceptabilidad a que el servicio cuente con la calidad necesaria; y la adaptabilidad a las necesidades de las personas en su contexto cultural, social o demográfico.

Incorporar el principio de accesibilidad a la Constitución, agregó, es un acto de justicia elemental para millones de personas, porque clarifica y orienta la acción pública, en todos los órdenes y niveles del gobierno, comentó ante el Pleno.

Dijo que las decisiones del gobierno tienen la responsabilidad de considerar que nadie, debido a barreras físicas o arquitectónicas, enfrente no sólo un menoscabo o limitación para el cumplimiento de sus derechos, sino, como ya ocurre en millones de casos, a su completa privación.

El principio de accesibilidad debe ser un criterio fundamental e irrenunciable, con base en el cual los Estados deben tomar sus decisiones más relevantes en todos los ámbitos de la vida pública, advirtió la senadora Yolanda de la Torre.

Además de la relevancia que tiene el tema de la accesibilidad para las personas con algún tipo de discapacidad, debe comprenderse que la transición demográfica obliga al Estado a extenderlo y comprender que se trata de un concepto asociado a los distintos ciclos de vida, independientemente de la condición en que se encuentren las personas, señaló.

Por ejemplo, pensar en las personas adultas mayores implica asumir una nueva lógica de desarrollo urbano, en el que haya espacios accesibles e incluyentes adaptados y que respondan a los derechos que tienen las personas mayores de 65 años, como: aceras y guarniciones que no constituyan barreras, temporización de semáforos para el cruce de calles, prestación de servicios públicos y privados.

Abundó en que también es importante considerar el alcance que tiene el principio de accesibilidad en los espacios públicos para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o crianza temprana.

La iniciativa también es propuesta de los senadores Emilio Gamboa Patrón, Enrique Burgos García, Raúl Cervantes Andrade, Carmen Dorantes Martínez, Daniel Amador Gaxiola, María Lorena Marín Moreno, Hilda Ceballos Llerenas, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del PRI; y fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis.  

Miércoles, 14 Septiembre 2016 05:47

Reconfigurar rumbo social para reducir pobreza: Diputada @EdithMtzG

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·                 Hay que revisar algunas estrategias, como las relacionadas al tema del empleo, indicó la diputada Martínez Guzmán

El rumbo social requiere ser reconfigurado, pero sin ideologías, con el ánimo de sumar y que la crítica beneficie el verdadero desarrollo social, indicó la diputada Norma Edith Martínez Guzmán al referirse, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), que coordina el diputado Alejandro González Murillo, al 4º Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, en materia de Política Social.

Desde la tribuna de San Lázaro, la legisladora federal jalisciense reconoció que en materia social los avances son múltiples y en variados temas, la numeralia parece descriptivamente alentadora.

En el análisis del informe presidencial, Martínez Guzmán destacó que, en materia de Política Social, se habla de que se ha pasado de un enfoque asistencialista a uno de combate a la pobreza; que se cuenta con una perspectiva de género como eje transversal, y que se ha mejorado la calidad de vida en temas como alimentación, en los que la ampliación de las redes de Diconsa y Liconsa es algo que vale la pena aplaudir.

Refirió que se habla de medidas que hicieron posibles evitar abusos y monopolios en el precio del huevo y la tortilla, además de logros anteriores como el seguro de vida para jefas de familia, la consolidación del INFONAVIT, el gran crecimiento del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario en beneficio de las mujeres, y de un positivo incremento en la matrícula de educación media superior y superior.

“Todo lo anterior es sumamente positivo, sin embargo, el rumbo, insisto, debe ser puesto a revisión, sin ideologías, y lo digo con el ánimo apasionado de sumar a lo que de manera real, y no sólo como pose desdibujada de critica grillera, beneficie el verdadero desarrollo social”, expresó.

Dijo que el vector debe ir clara y linealmente hacia el fortalecimiento de la única institución que podría redundar en mayor capital humano y atesoramiento de fortalezas y valores sociales, hacia la única y más noble institución, que es la familia.

En ese sentido, la legisladora consideró que se deben revisar algunas estrategias, como las relacionadas al tema del empleo, fortalecer el INFONAVIT concediendo créditos conjuntos a parejas contractuales y trabajar fuertemente en desarrollar socialmente a nuestro país volviendo al tema de la familia, porque ahí está el desarrollo social por excelencia.

*El propósito es que se pueda llevar a cabo la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México.

*Además, le pide a la Secretaría de Salud del gobierno federal que asigne los recursos suficientes para realizar esta encuesta

En el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados debe asignar mayores recursos al sector salud, con el propósito de llevar a cabo la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, exhortó la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Andrea García García.

A través de una proposición con punto de acuerdo, publicada en la Gaceta del Senado el pasado 8 de septiembre y turnada a la Comisión de Salud del Senado de la República, la legisladora solicitó también a la Secretaría de Salud que asigne los recursos suficientes para llevar a cabo dicha Encuesta.

La senadora subrayó que el acceso, diagnóstico y tratamiento de la salud mental es uno de los temas más olvidados en nuestro país; sin embargo, es indispensable contar con los datos suficientes y recientes, que ayuden a desarrollar los instrumentos jurídicos e implementar las políticas públicas adecuadas a la realidad de la población mexicana.

Expuso que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición, dijo, fue retomada y plasmada en la Ley General de Salud.

Asimismo en su artículo 72, párrafo segundo, define la salud mental como “el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”.

En el documento publicado, la senadora García García resalta que actualmente el Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018, plantea como objetivos el desarrollar acciones de protección y promoción de salud mental, así como detección oportuna y prevención de los trastornos mentales.

También propone fortalecer la cobertura de los servicios de salud mental; promover la mejora de atención en los servicios de salud mental, coordinar la elaboración e instrumentar Programas Específicos de Intervención en las unidades que conforman la red de servicios; establecer las prioridades de capacitación y entrenamiento de recursos humanos calificados, e incidir en la protección de los Derechos Humanos de las y los usuarios de los servicios de salud mental.

A pesar de lo anterior, subraya la legisladora, el Diagnóstico que se plantea, refiere a datos y estadísticas realizadas hace más de una década, como la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica en México, Salud Mental, 2003.

Debido a ello, considera necesario que la creación y actualización de políticas públicas enfocadas a la salud mental de la población esté fundamentada en datos y estadísticas conforme a la evolución demográfica y epidemiológica del país.

Por ello afirma que es oportuno solicitar a Cámara de Diputados que incremente el Presupuesto asignado al Sector Salud para que, a su vez, la Secretaría de Salud destine recursos suficientes que ayuden a realizar en 2017 la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica.

 

·         Promover la cultura culinaria de Iztapalapa a través de sus olores y sabores

·         Enchiladas de camarón con queso philadelphia, de suadero y las iztapalapenses

·         300 variedades de enchiladas en la Feria; 250 mil visitantes las han probado en sólo 9 días

La diputada local del PRD, Janeth Hernández Sotelo, presentó en las instalaciones de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la Feria de la Enchilada en la cual se exhiben 300 variedades de este típico platillo mexicano y en particular de las realizadas en la delegación Iztapalapa.

Son ya 250 mil visitantes que han acudido a la Feria de la Enchilada que se exhibe en la explanada de la Macroplaza de la delegación Iztapalapa que inició el pasado 1 de septiembre y que fue presentada en la ALDF, donde acudieron los primeros lugares del concurso que se realiza en el evento.

Las hay verdes, rojas, de mole y especiales como las de suadero, de camarón con queso philadelphia, enchiladas con crema de tomate, iztapalapenses, hay para todos los gustos afirmó la asambleísta a quienes fueron a degustar los guisos de 6 exponentes de los 44 que ofrecen enchiladas en la Feria.

Hernández Sotelo dijo que es la 14va Edición de la Feria que ya es conocida y concurrida por habitantes de la demarcación y de visitantes fuera de ella, la misma estará exhibiendo las 300 variedades hasta el 13 de septiembre próximo.

·                    Contiene la firma de 310 mil ciudadanos que proponen reformas al artículo 4º de la Constitución

 

·                    La suscriben diputados de seis fracciones parlamentarias

La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, presentó una iniciativa ciudadana para reformar el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de proteger la familia y el derecho a la vida.

Está suscrita por 51 legisladores de seis fracciones parlamentarias y lleva la firma de 310 mil ciudadanos, quienes proponen que desde la Carta Magna, el Estado reconozca el derecho humano al matrimonio conformado entre un hombre y una mujer, así como el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos, conforme a sus convicciones éticas, de conciencia y de religión.

También se plantea que el Estado, respetando su carácter laico, no podrá promover en la educación obligatoria ninguna ideología que contravenga la protección del matrimonio.

En el proyecto de reforma, se establece que el Estado garantice a la familia, elemento natural y fundamental de la sociedad, la protección de la vida de sus miembros desde el momento de la fecundación hasta el término del ciclo natural de la vida.

Durante su participación en la tribuna de San Lázaro, la diputada Martínez Guzmán señaló que los mexicanos merecen un país que respete, desde su Constitución, el matrimonio entre hombre y mujer, como fundamento de la familia.

La legisladora federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, sostuvo que la protección de la vida humana, desde la fecundación hasta la muerte natural, y el matrimonio entre un hombre y una mujer, como fundamento de la familia, son el cimiento para la paz.

La iniciativa ciudadana fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados.

Miércoles, 07 Septiembre 2016 00:25

Asiste @IvonneOP a la Convención Nacional de la @CANIETI

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Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2016.- La presidenta de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, legisladora Ivonne Ortega Pacheco, asistió este día a la inauguración de la XXXVII Convención Nacional Anual de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI).

El acto, que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental Presidente Polanco,  estuvo presidido por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y contó con la presencia del Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar;  la Subsecretaria de Comunicaciones, Mónica Aspe Bernal; el presidente de la CANIETI, Mario de la Cruz Sarabia, y numerosos personalidades relacionadas con el medio.

*Modelo de economía social y solidaria es lo que las mujeres requieren para superar la situación de pobreza, marginación y violencia, afirma senadora Martha Tagle.

*Es necesario que la formación de cooperativista se integre en la reforma educativa y se fomente a nivel estatal, federal y local, consideran.

Al clausurar el “4º Encuentro de Mujeres Cooperativistas”, la senadora ciudadana Martha Tagle Martínez reiteró su compromiso de impulsar iniciativas de ley que busquen el fortalecimiento y crecimiento de estas asociaciones como un medio de empoderamiento de las mujeres.

En el encuentro, en el que participaron representantes de estas agrupaciones, la legisladora dijo que retomará las propuestas legislativas para trabajar en una iniciativa que modifique “las leyes que sea necesario reformar, para presentar esa iniciativa” y que ésta sea construida de forma coordinada con las cooperativas.

Recordó que el trabajo cooperativo puede convertirse en una estrategia de desarrollo para las mujeres en sus comunidades, pues el modelo de economía social y solidaria “es lo que las mujeres requerimos para superar la situación de pobreza, marginación y violencia”.

Advirtió que el buen trabajo en la red de cooperativas y el impulso a proyectos piloto en las comunidades se convertirán en una herramienta para potenciar las habilidades de las mujeres en sus sociedades.

Durante los dos días de trabajo que sostuvieron integrantes de la Red Nacional de Mujeres Cooperativistas y Economía Social A. C., se planteó la necesidad de añadir a la reforma educativa la formación cooperativista en todos los niveles, fomentarlas a nivel estatal, federal y local, incorporarlas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y que las cooperativas sean reconocidas como un eje de la economía en los diferentes órdenes de gobierno.

En lo que refiere a los lineamientos para un mejor funcionamiento, las participantes consideraron la urgencia de contar con un padrón de cooperativas, para evitar la simulación de cooperativas falsas y llevar a cabo un reglamento de estatutos incluyente, para hombres y mujeres.

La presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente de la Mora, expresó que el combate a la corrupción, a la opacidad o a cualquier impedimento al ejercicio de los derechos humanos, es responsabilidad de todos y “la solución pasa por la firmeza y solvencia de nuestras decisiones y, particularmente, por la prevalencia del interés público”.

Al presentar el “Informe de labores 2015” del Instituto ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la comisionada dijo que la transparencia ha probado ser un factor determinante para inducir cambios positivos en la manera en que se asume y desempeña el servicio público.

Sin embargo, agregó, “es necesario reconocer que a la par de estos avances nuestro país enfrenta también grandes retos derivados de los reajustes económicos a nivel mundial, la implementación de las reformas estructurales y, particularmente, del descontento generalizado de la sociedad a causa de la corrupción”.

Así, dijo, lo demuestra el estudio sobre la corrupción impulsado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde se refiere que “92 por ciento de los mexicanos consideran que en México hay corrupción y que es en el sector público donde más se presenta”.

“Todo ello, aunado a un déficit de credibilidad de los ciudadanos en sus autoridades que dificulta en muchos casos, la capacidad de generar soluciones compartidas entre gobierno y sociedad”.

Puente de la Mora consideró necesario reconocer que, en términos de ánimo, credibilidad en las instituciones y confianza en las autoridades, es precisamente la opinión de los ciudadanos la que marca la pauta y la importancia del tema.

Ante senadores y diputados expresó: “Es momento de mostrar que gobierno y sociedad asumimos la alta responsabilidad que implica sentar las bases de un México abierto, plural y transparente”. “Veámonos y actuemos, instituciones y autoridades, como ejemplos de transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, como vínculos de confianza entre gobierno y sociedad”.

Informó que entre las acciones emprendidas por el INAI para garantizar y promover la protección de datos personales en el sector privado destacan los procedimientos de imposición de sanciones que interpuso en 2015, por un monto de multas que ascendió a casi 84 millones de pesos, lo que representó un incremento prácticamente del doble respecto a los casi 43 millones de 2014 por el mismo concepto.

Además, inició 205 procedimientos de protección de este derecho, lo cual equivale a 56.5 por ciento más que el año previo; creó el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante y los Parámetros de Autorregulación en materia de Datos Personales, elaborados en conjunto con la Secretaría de Economía; y puso a disposición en línea de la Guía para prevenir el robo de identidad.

Dijo que el sector de servicios financieros y de seguros fue el más sancionado, con un monto de más de 58 millones de pesos; seguido del sector de información en medios masivos, quien recibió multas por casi 12 millones y medio de pesos; y el sector de transportes, correos y almacenamiento, el cual se hizo acreedor a sanciones por casi 8.5 millones de pesos.

Consideró que una sociedad informada es condición esencial para contar con un mejor gobierno, por lo que es alentador apreciar el progresivo interés de la sociedad en el ejercicio de su derecho a saber; mismo que se ve reflejado en las 120 mil 813 solicitudes de información ingresadas a la Administración Pública Federal durante 2015, mismas que representan un crecimiento de 5.3 por ciento con respecto a 2014.

La comisionada destacó que las solicitudes de información recibidas durante este período denotan que los temas que más suscitan el interés de las personas son la salud y la educación, tal como lo demuestra el hecho de que las tres instituciones que registraron un mayor número de solicitudes durante 2015 fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud.

Aunado a ello, es posible constatar el interés ciudadano en el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de las más de 42 millones de visitas registradas en los Portales de Obligaciones de Transparencia de las instituciones de la Administración Pública Federal.

También advirtió que --derivado de un notable crecimiento en la incidencia de problemas como el robo de identidad, el bullying por redes sociales o el sexting-- en el ámbito del sector público, el INAI recibió una cifra récord de casi 33 mil solicitudes de acceso y corrección de datos personales durante 2015, 12.8 por ciento más en comparación con el año anterior.

El senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que, bajo el pretexto de la información clasificada, no se han transparentado en su totalidad casos como las concesiones en el sector energético, o lo ocurrido en Tlatlaya, en Ayotzinapa o el enfrentamiento entre maestros y policías en Oaxaca.

Cuestionó a la comisionada, en relación al aumento constante de las solicitudes ingresadas al Instituto, pero más del 50 por ciento fueron realizadas sólo en dos entidades, el Estado de México y la Ciudad de México, ¿qué acciones llevará a cabo el INAI para revertir esta tendencia?

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, cuestionó si se ha logrado el objetivo de la reforma, es decir garantizar la autonomía de los órganos garantes locales y la armonización en materia de transparencia en todas las entidades federativas.

También preguntó cuáles son los criterios que ha establecido el INAI para ejercer la facultad de atracción cuando los órganos garantes locales no han permitido el acceso a la información de los ciudadanos. Y ¿cómo ejerce el Instituto su facultad en la exposición de los medios que permitan mantener el control de constitucionalidad en el ejercicio de sus funciones?

Laura Angélica Rojas Hernández, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que el Congreso está consciente de los temas que tiene pendientes para lograr la consolidación del sistema nacional de transparencia, y se está trabajando en las leyes pendientes.

Preguntó sobre los retos que el INAI ha tenido en la implementación de la ley general en los nuevos sujetos obligados. 

La senadora Carmen Dorantes Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, reconoció el compromiso del INAI para impulsar la transparencia como un bien indispensable de la vida democrática; “es una institución sólida que garantiza el derecho de los ciudadanos a acceder a cualquier información pública”, dijo.

Preguntó a la comisionada presidenta, ¿de qué manera el sistema nacional de transparencia se coordinará con el Sistema Nacional Anticorrupción para promover la transparencia y el acceso a la información?  

La diputada Angélica Reyes Ávila dijo que en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza “reconocemos que estamos en medio de una crisis de credibilidad social, generada por esta falta de transparencia y rendición de cuentas de manera generalizada; se trata, agregó, de un justo reclamo de la sociedad, que “está cansada de la opacidad con la que se manejan los recursos en los tres niveles de gobierno”.

Por ello, la legisladora consideró que combatir la corrupción y la impunidad debe ser una prioridad, pues sólo así se podrá recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, pero para alcanzar este objetivo se requiere de la participación de todos.

José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, coincidió: “Sin lugar a dudas el INAI tiene una tarea crucial de cara a los retos que enfrenta México en materia de combate a la corrupción y de fomento a la transparencia y de protección de datos personales”.

Refirió que luego de entrar en operación, la Plataforma Nacional de Transparencia fue señalada por múltiples inconsistencias por parte de usuarios, académicos y organizaciones civiles y “nos inquieta que una falla” de este mecanismo afecte el ejercicio del derecho a la información.

A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Virgilio Caballero Pedraza dijo que, pese a que el INAI han solicitado que se haga pública la información generada por dependencias gubernamentales, “éstas han sido omisas a las resoluciones del único Instituto en toda Latinoamérica que goza de autonomía”.

También señaló que sólo cuatro entidades cumplen con lo que se estableció en la Ley General y que el organismo garante se ha visto en la necesidad de promover acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por considerar que en estados como Oaxaca, Querétaro, Morelos y Ciudad de México sus leyes no armonizan con el artículo 6 de la Constitución.

Por el Grupo Parlamentario del PVEM, la diputada Sharon Cuenca Ayala comentó que los legisladores de su bancada seguirán abonando en la construcción de un nuevo marco normativo, porque aún existe mucho trabajo por hacer en materia de transparencia, anticorrupción y fiscalización, por mencionar algunos rubros. 

Preguntó: ¿se ha logrado construir el piso mínimo para que los ciudadanos del país tengan las garantías mínimas respecto al ejercicio del derecho al acceso a la información y el derecho de protección de datos personales?

Ximena Puente de la Mora respondió que se trabajarán en dos vertientes: primero, en que la información en posesión de las autoridades esté pública, es decir, ir más allá del cumplimiento de la ley; y coadyuvar en el fortalecimiento de los órganos garantes para hacer frente a la nueva realidad en materia de transparencia.

La presidenta comisionada contestó que está pendiente la aprobación de la ley general de datos personales en posesión de las autoridades, la ley general de transparencia y la ley general de archivos; necesarias para terminar de articular los esfuerzos que se conjugan en el Sistema Nacional de Transparencia.

La comisionada Puente de la Mora respondió que el Instituto siempre ha mantenido autonomía en sus decisiones, y se refleja en la publicidad y transparencia de las mismas, al difundir el criterio de interpretación que tienen los comisionados. También refirió que se está trabajando en el sistema nacional de transparencia para crear los lineamientos de interpretación de los órganos garantes de las entidades federativas.

En cuanto al control de constitucionalidad señaló que, por ejemplo, en el caso de Tlatlaya se tiene suspensión, y por ello no se abrió la información, por lo que en tanto se resuelva el caso, se reserva la información.

La presidenta del Instituto respondió que, en relación a los nuevos sujetos obligados, ya existe un acercamiento con los sindicatos y están dispuestos a acompañar esta etapa para que éstos cumplan con las nuevas obligaciones en materia de transparencia; y en cuanto a los partidos políticos, existe disposición.

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